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Sociedad

Familiares de Víctimas del Régimen de Dina Boluarte Anuncian Protesta Nacional

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Los familiares y allegados de las víctimas de las protestas que siguieron a la destitución del ex presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte en 2022 han convocado una nueva movilización para el 1 de mayo en Lima. A través de un video que circula en redes sociales, la agrupación social ha expresado sus demandas, que incluyen la renuncia de Dina Boluarte, la clausura del Congreso, la garantía de derechos laborales y salarios justos, así como la exigencia de sanciones para los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo.

«La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de la Masacre 2022-2023 convoca a una movilización en la capital para el 1 de mayo. Nuestra plataforma de lucha es el respeto a los derechos humanos, a la vida, al derecho a la protesta, la reunión pacífica y libertad de expresión», declaró un representante de la agrupación.

Además, el vocero destacó que las protestas, programadas para coincidir con el Día del Trabajador, tienen como objetivo central la reivindicación de derechos laborales con salarios justos que permitan una vida digna para todos los peruanos.

El pasado 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los miembros de la asociación de víctimas y heridos por acciones de las Fuerzas Armadas en las protestas contra Dina Boluarte en Puno realizaron una conferencia de prensa titulada «Ninguna mujer con Dina Boluarte». Durante este evento, los participantes exigieron justicia por las muertes ocurridas durante las manifestaciones. «La señora Dina no es una mujer, es una roca, porque no tiene sentimientos y ordenó la muerte de muchas víctimas», afirmó un dirigente de esta asociación.

Hace un mes, las organizaciones de familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2022 y 2023 lograron unirse en una organización nacional. El próximo 1 de mayo protagonizarán su primera movilización nacional en Lima, demandando justicia y castigo para los responsables de las muertes y heridos.

El secretario de esta organización, Óscar Gonzáles, padre del adolescente Jhonatan Tello Claudio, asesinado en diciembre de 2022 en el puente Pichanaqui, explicó que su principal demanda es que las investigaciones del Ministerio Público avancen con mayor celeridad.

Gonzáles se quejó de que, por ejemplo, en el caso de Pichanaqui, las indagaciones no hayan logrado identificar a los responsables de los disparos contra su hijo ni de las otras víctimas, una situación que se repite en todas las ciudades donde se produjeron las muertes por la represión policial o de las fuerzas armadas: Ayacucho, Puno, Juliaca, Pichanaqui, Arequipa y Cusco.

Fuente: Webs y redes de noticias

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Nacional

Perú: marcha en Lima exige el fin del genocidio en Palestina y reivindica su soberanía

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Lima, 10 de octubre de 2026.- Colectivos propalestinos, universitarios y gremios sindicales participaron en una movilización desde la Plaza Washington hasta la Embajada de Israel, en San Isidro, como parte de una jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino.

Lima fue escenario de una nueva movilización en solidaridad con Palestina. Diversos colectivos propalestinos, representantes universitarios y organizaciones sindicales recorrieron calles de la capital bajo la consigna “Fin del genocidio en Palestina”, en una jornada que reivindicó el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad y ejercer su soberanía.

Movilización desde la Plaza Washington

La marcha comenzó en la Plaza Washington y avanzó hacia la Embajada de Israel, ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Los participantes se sumaron a las acciones internacionales que exigen detener la violencia contra la población palestina y reclaman respeto por sus derechos fundamentales.

La movilización reunió a sectores sociales y estudiantiles que expresaron su rechazo a las acciones militares israelíes contra los palestinos y su respaldo a la causa de una Palestina libre y soberana.

Solidaridad internacional con Palestina

La jornada se enmarcó en una convocatoria internacional que busca mantener la atención pública sobre la situación palestina y movilizar a organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes en distintos países.

En Lima, la protesta llevó sus demandas hasta la representación diplomática israelí. La elección de este destino convirtió la movilización en un acto público de denuncia y expresión política frente a la situación que atraviesa el pueblo palestino.

La marcha reafirmó la presencia de la solidaridad propalestina en el espacio público peruano y el reclamo de sectores ciudadanos por una respuesta internacional que priorice la protección de la población civil, el respeto del derecho internacional y una solución que garantice los derechos del pueblo palestino.

Pulso27 | La movilización en Lima se suma a las expresiones internacionales que reclaman el fin de la violencia en Palestina y defienden su derecho a la libertad, la autodeterminación y la soberanía.

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Internacional

Bolivia: Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización

Redactor

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Villa Tunari, 10 de octubre de 2026.- Se reúne organizaciones sociales y representantes internacionales en el Trópico de Cochabamba para debatir una respuesta al Escudo de las Américas, en el Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización, impulsado por RUNASUR. La agenda incluye soberanía, derechos de los pueblos e injerencia extranjera.

El municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, Bolivia, es sede del Primer Encuentro Internacional Antiimperialista y por la Descolonización, una reunión que congrega a delegaciones de ocho países para debatir estrategias de articulación regional frente a las políticas que sus organizadores consideran una amenaza para la soberanía y los derechos de los pueblos.

El encuentro, organizado en el marco de RUNASUR, se desarrolla del 10 al 12 de octubre de 2026 y convoca a representantes de organizaciones sociales, sectores indígenas, movimientos populares y otros actores políticos de la región. Las jornadas buscan establecer una agenda común de trabajo y formular propuestas frente a los desafíos políticos y sociales de América Latina.

Soberanía y descolonización en el centro del debate

La convocatoria plantea fortalecer la unidad de los movimientos sociales, promover la autodeterminación de los pueblos y articular iniciativas contra las distintas formas de dominación política, económica y cultural. Los organizadores sostienen que estos objetivos requieren una mayor coordinación entre las organizaciones populares de los países participantes.

En el mensaje de bienvenida difundido con motivo de la reunión, los promotores expresaron su satisfacción por la llegada de las delegaciones y anunciaron jornadas de trabajo y debate orientadas a construir propuestas conjuntas. La convocatoria también cuestiona lo que califica como una ofensiva neofascista contra los derechos de los pueblos, una interpretación política que forma parte del posicionamiento de los participantes.

Cuestionamientos al Escudo de las Américas

Uno de los principales puntos de controversia es el denominado Escudo de las Américas, una alianza impulsada en marzo de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump junto a gobiernos conservadores de la región, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y fortalecer la cooperación en seguridad.

Desde la perspectiva de los organizadores del encuentro, esta iniciativa representa un riesgo para la soberanía regional y podría facilitar nuevas formas de intervención externa. Por ello, uno de los propósitos de las deliberaciones es definir cómo responder políticamente a la alianza y qué acciones de coordinación pueden impulsar las organizaciones participantes.

La comparación con el Plan Cóndor

El expresidente boliviano Evo Morales, uno de los principales referentes de RUNASUR, cuestionó públicamente el Escudo de las Américas y lo calificó como un «renacimiento del Plan Cóndor». Con esa comparación, Morales establece un paralelismo entre la actual cooperación regional en seguridad y la coordinación represiva que involucró a dictaduras sudamericanas durante las décadas de 1970 y 1980.

La comparación constituye una valoración política del exmandatario y no demuestra, por sí misma, que ambas iniciativas tengan la misma estructura, objetivos o mecanismos de actuación. El debate, sin embargo, refleja la preocupación de sectores de izquierda y organizaciones sociales por las implicaciones de la cooperación en seguridad para los derechos humanos, la soberanía estatal y las libertades políticas.

Mesas de trabajo y propuestas regionales

El programa contempla espacios de análisis y deliberación sobre asuntos relacionados con la soberanía de los pueblos, la injerencia extranjera, los derechos humanos y la defensa de la Madre Tierra. La intención es que los intercambios entre las delegaciones se traduzcan en acuerdos y propuestas de acción compartidas.

El principal desafío será convertir las coincidencias ideológicas en compromisos concretos, con objetivos definidos y mecanismos de coordinación entre las organizaciones participantes. La declaración o documento final permitirá conocer el alcance de los acuerdos alcanzados y las acciones que los promotores prevén desarrollar después del encuentro.

Con estas jornadas, Villa Tunari se convierte en un espacio de articulación política regional en torno a la agenda antiimperialista y descolonizadora. El resultado de las deliberaciones permitirá evaluar si las delegaciones logran establecer una plataforma común frente al Escudo de las Américas y otros asuntos que consideran prioritarios para la soberanía y los derechos de los pueblos.

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Actualidad

Grecia enfrenta una nueva ola de protestas contra las reformas del Gobierno de Mitsotakis

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Atenas, 29 de setiembre de 2026.- Las calles de Atenas y otras ciudades griegas vuelven a convertirse en escenario de movilizaciones sindicales y sociales contra las reformas impulsadas por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Sin embargo, una precisión resulta clave: las fuentes actuales describen a su administración como de centroderecha o conservadora, no como un Gobierno de ultraderecha.

El conflicto se ha concentrado especialmente en el sector público. El 16 de septiembre, trabajadores estatales realizaron una paralización en Atenas y se movilizaron frente al Parlamento contra una propuesta de reforma constitucional que, según la central sindical ADEDY, podría debilitar las garantías laborales de los funcionarios públicos.

La organización sindical también reclama empleo permanente, mejores salarios y la defensa de la educación y la salud públicas. ADEDY anunció nuevas movilizaciones y convocó una jornada nacional de acción para el 1 de octubre, además de una posible huelga durante ese mes.

El conflicto trasciende los salarios

La disputa no se limita a las remuneraciones. Los sindicatos cuestionan modificaciones relacionadas con el empleo público y con la educación, mientras estudiantes también han salido a las calles para reclamar soluciones frente al elevado costo de la vivienda y las dificultades para acceder a residencias universitarias.

El Gobierno, por su parte, sostiene que su estrategia busca mantener la disciplina fiscal al mismo tiempo que aumenta los ingresos disponibles. En septiembre anunció un paquete económico de aproximadamente 3.500 millones de euros hasta 2030, equivalente al 1,5 % del PIB, con rebajas tributarias y aumentos de ingresos para distintos sectores.

Más ingresos, pero también presión sobre el Estado

Entre las medidas anunciadas figuran un pago anual de 400 euros para pensionistas y otro de 500 euros para trabajadores públicos desde 2027, además de reducciones tributarias para agricultores, familias con tres hijos, trabajadores independientes y empresas. El Ejecutivo también plantea elevar progresivamente el salario mínimo hasta 1.000 euros mensuales en 2028.

La contradicción que alimenta el conflicto es que estas medidas de alivio económico conviven con una agenda de reorganización y reforma del sector público. ADEDY sostiene que algunas de las modificaciones constitucionales podrían afectar las garantías de permanencia de los funcionarios y reclama que los servicios públicos continúen siendo universales y gratuitos.

Privatizaciones: qué está confirmado

En cuanto a la afirmación de que el Gobierno está preparando una ola de privatizaciones de servicios públicos, las fuentes revisadas para septiembre de 2026 no permiten sostenerla en esos términos. Lo que sí aparece documentado es una política de impulso a la inversión privada, reformas administrativas y participación de capital privado en sectores estratégicos. El Ejecutivo, además, mantiene como prioridad la reducción de la deuda y una política fiscal prudente.

El Gobierno asegura que Grecia atraviesa una etapa económica diferente a la crisis de la década pasada: estima un crecimiento cercano al 2 % y un superávit primario de alrededor del 4 % en 2026. Al mismo tiempo, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, según sondeos citados por medios griegos.

La presión social crece antes de las elecciones

Mitsotakis descartó adelantar las elecciones y confirmó que los comicios generales se celebrarán en la primavera de 2027. Su Gobierno, que fue reelegido en 2023 con el 40,5 % de los votos, enfrenta actualmente un escenario político más complicado y un descenso del respaldo registrado por las encuestas citadas por Reuters.

El Ejecutivo intenta responder a la presión social con ayudas, rebajas tributarias y aumentos salariales. El 30 de septiembre, además, solicitó a la Unión Europea mayor flexibilidad fiscal para enfrentar la crisis del costo de vida y anunció nuevas medidas sobre combustibles y deudores con dificultades de pago.

Una nueva jornada de movilización

Así, Grecia llega a octubre con un frente abierto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. No está acreditado que el país se encuentre actualmente “paralizado” por una protesta nacional, y Euronews advirtió recientemente que videos difundidos en redes bajo esa afirmación correspondían en realidad a una manifestación de febrero de 2025.

Lo que sí está documentado es una escalada de movilizaciones contra las reformas del sector público, los salarios y el costo de vida, con una jornada nacional anunciada para el 1 de octubre. El alcance de esa convocatoria permitirá determinar si las protestas adquieren una dimensión nacional comparable con las grandes huelgas que históricamente han marcado los conflictos sociales en Grecia.

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