Lima, 13 de junio de 2025 – En un nuevo capítulo de tensión en Oriente Medio, Israel lanzó la Operación León Naciente contra instalaciones nucleares y militares de Irán, dejando un saldo de al menos 78 muertos, en su mayoría civiles, según la ONU. Este ataque, ejecutado el 13 de junio, contó con el respaldo tácito de potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, quienes han justificado la acción como una medida preventiva contra el programa nuclear iraní. Sin embargo, esta agresión no solo agrava la inestabilidad regional, sino que también pone en evidencia los intereses de los países más desarrollados armamentísticamente, que se lucran a costa de la devastación.

El ataque israelí, descrito como «sin precedentes» por su magnitud, destruyó parcialmente el sitio de enriquecimiento de uranio en Natanz y otras infraestructuras clave. Irán respondió con la Operación Promesa Verdadera III, lanzando más de 150 misiles balísticos contra Israel, causando daños en Tel Aviv y al menos 63 heridos. La escalada ha disparado los precios del petróleo en más del 10%, afectando la economía global, incluido Perú, donde el costo de los combustibles ya impacta a los consumidores. Esta dinámica beneficia a las grandes corporaciones energéticas y armamentísticas de Estados Unidos y Europa, que ven en el conflicto una oportunidad para expandir mercados.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha reforzado su apoyo con miles de millones en asistencia militar, mientras empresas como Lockheed Martin y Raytheon incrementan sus contratos para suministrar sistemas de defensa. Reino Unido y Francia, que en abril de 2024 ayudaron a interceptar misiles iraníes, también se benefician al demostrar la eficacia de sus tecnologías militares. Este complejo militar-industrial prospera con la prolongación de conflictos, mientras los civiles iraníes e israelíes pagan el precio con vidas y destrucción.

La región de Oriente Medio, rica en petróleo y gas, se convierte una vez más en un tablero de ajedrez para las potencias occidentales. El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está en riesgo, lo que favorece a países como Arabia Saudita y a multinacionales como ExxonMobil y Chevron, que buscan consolidar su control sobre los recursos energéticos. Mientras tanto, Irán, debilitado por sanciones y ahora por estos ataques, enfrenta una crisis interna que podría facilitar la influencia extranjera en sus yacimientos.

Desde Perú, esta situación nos interpela. La dependencia de combustibles importados nos hace vulnerables a las fluctuaciones causadas por conflictos lejanos, mientras el comercio de armas enriquece a las potencias del norte. Organizaciones internacionales han llamado a la desescalada, pero la falta de acción concreta refleja la complicidad de los países desarrollados en perpetuar esta crisis por intereses económicos y geopolíticos.

Es imperativo cuestionar el rol de las potencias occidentales en este conflicto. Su apoyo a Israel, bajo el pretexto de la seguridad, parece más una estrategia para mantener su hegemonía en Oriente Medio y alimentar sus industrias bélicas. Los peruanos, como ciudadanos de un país en desarrollo, debemos exigir un orden global más justo, donde la paz prevalezca sobre los intereses de las élites armamentísticas.

La comunidad internacional debe priorizar el diálogo y sanciones diplomáticas sobre la violencia. Mientras las bombas caen en Irán y los misiles en Israel, son los pueblos los que sufren, y los verdaderos ganadores están en los consejos de administración de las corporaciones de Occidente. Perú, desde su posición en el concierto global, debe abogar por una solución pacífica que ponga fin a este ciclo de destrucción.

Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.

Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.

El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.

“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.

“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.

Margot Palacios lidera la acusación que será debatida en el Pleno. El informe vincula a la presidenta con el presunto uso indebido de un vehículo oficial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

Lima, 6 de junio de 2025 – La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó este jueves, por mayoría, el informe final que recomienda declarar la vacancia por incapacidad moral permanente de la presidenta Dina Boluarte. El documento la vincula con el caso denominado “Cofre Presidencial”, que investiga el presunto uso indebido de un vehículo oficial para facilitar la fuga del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, el informe será elevado al Pleno del Congreso, donde se definirá si la moción de vacancia es admitida a debate. De ser así, se requerirá el voto favorable de al menos 87 congresistas para concretar la salida de la mandataria.

¿Qué dice el informe?

El documento aprobado acusa a Dina Boluarte de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes funcionales y encubrimiento personal, por su supuesta responsabilidad política y funcional en los hechos que rodean la fuga de Cerrón.

Según el informe, un vehículo del Despacho Presidencial habría sido utilizado para facilitar el traslado clandestino del exgobernador de Junín, actualmente con orden de captura. La investigación también apunta a la supuesta interferencia de la mandataria en el trabajo del equipo policial que apoyaba al Ministerio Público en casos que involucran a su entorno, incluido su hermano Nicanor Boluarte.

Así votaron los congresistas
A favor (9 votos):

• Margot Palacios (No agrupada)
• Juan Burgos (Podemos Perú)
• Héctor Acuña (APP)
• Patricia Chirinos (Renovación Popular)
• Ariana Orué (Podemos Perú)
• Marleny Portero (Acción Popular)
• Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular)
• Carlos Zeballos (Podemos Perú)
• Pasión Dávila (Bancada Socialista)
• 
  En contra (3 votos):
• Isaac Mita (Perú Libre)
• Segundo Montalvo (Perú Libre)
• Elizabeth Medina (Bloque Magisterial)
• 
  Abstención (1 voto):
• Kelly Portalatino (Perú Libre)
• Margot Palacios, la figura clave detrás del informe
• La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, ha sido una de las principales impulsoras del proceso contra la presidenta. Desde el inicio del gobierno de Boluarte, ha promovido varias mociones de vacancia, incluyendo las relacionadas con los casos “Rolex” y “Waykis en la sombra”.
• En esta ocasión, Palacios denunció la reunión de la mandataria con el jefe de la Diviac, Franco Moreno, y cuestionó la posterior desactivación del equipo especial que colaboraba con la Fiscalía. Según la legisladora, estos hechos revelan un intento de encubrimiento desde el Ejecutivo.
• Palacios ha sostenido en diversas declaraciones públicas que “la permanencia de Boluarte en el cargo denigra la investidura presidencial” y ha criticado su giro político hacia sectores de derecha, a los que acusa de «blindarla» desde el Congreso.
• ¿Qué sigue en el proceso?
• El informe será presentado ante el Pleno del Congreso. De acuerdo con el reglamento, se necesitan 52 votos para admitir la moción de vacancia a debate. Si se alcanza ese umbral, el siguiente paso será la votación definitiva, donde se requieren 87 votos para declarar la incapacidad moral permanente de la presidenta y proceder con su vacancia.
• El escenario es complejo. A pesar del respaldo de sectores de izquierda, bancadas como Fuerza Popular, APP, Avanza País y parte de Acción Popular han defendido a Boluarte en anteriores intentos de destitución, lo que hace incierto el desenlace.