Lima, 13 de noviembre de 2024 — En medio de la celebración de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, que se lleva a cabo en Lima con la presencia de líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, el Perú vive una protesta social sin precedentes.

Diversos gremios de transportistas y organizaciones sociales han convocado a un paro nacional de 72 horas que coincide con el evento multilateral, con el objetivo de poner en evidencia la creciente ola de criminalidad, las extorsiones y la crisis de pobreza que azotan al país.

El paro, que comenzó el miércoles 13 de noviembre, se extiende hasta el 15 de noviembre, y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Alianza Nacional de Transportistas, Asotrani, la Coordinadora Nacional de Lucha (Conal) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), entre otras.

La principal exigencia de los manifestantes es la derogación de la Ley 32108, que regula el crimen organizado, y el archivo de una controversial ley que sanciona el terrorismo urbano, así como una mayor atención a la creciente inseguridad ciudadana.

En su mayoría, los transportistas denuncian un ambiente insostenible debido a las constantes extorsiones de bandas criminales, que exigen pagos millonarios a cambio de protección. «Nos están pidiendo entre 5.000 y 10.000 soles, cantidades que son imposibles de cubrir para un conductor que no gana más de 70 soles diarios«, declaró Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional.

La situación es tal que algunos gremios de transportistas de Piura, Ica y Arequipa han decidido suspender sus operaciones, afectando a miles de usuarios diarios.

Los transportistas aseguran que el gobierno no ha hecho nada efectivo para frenar las extorsiones y las amenazas de muerte que enfrentan, lo que ha motivado a una creciente cantidad de sectores a unirse a la protesta. «La situación se ha vuelto insostenible. Necesitamos una respuesta inmediata del gobierno«, expresó Wilmer Yovera Coello, dirigente de Emtrubapi, empresa de transporte interurbano en Piura.

Los manifestantes intentan aprovechar la atención internacional que acapara el país por la realización del APEC 2024 para visibilizar la grave situación de inseguridad y pobreza que atraviesa Perú. Gremios de transporte, federaciones estudiantiles y organizaciones sociales han anunciado su intención de movilizarse hacia las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima, donde se celebran las actividades del APEC, para hacer llegar su mensaje a los líderes mundiales presentes.

En Lima, los transportistas se concentrarán en la Plaza San Martín antes de avanzar hacia San Borja, donde se celebran los encuentros entre los dignatarios internacionales. «Nos sentimos ignorados por el gobierno, y es hora de que el mundo vea lo que está pasando en Perú. Mientras ellos hablan de comercio y cooperación, nosotros vivimos bajo la amenaza constante de la delincuencia«, explicó Richard Bernachea, presidente de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú.

Más allá de las demandas por seguridad, el paro también subraya las profundas desigualdades estructurales del país. Según datos oficiales, la pobreza en el Perú alcanzó al 52,9% de la población en el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento alarmante respecto al año anterior.

La pobreza extrema, por su parte, se duplicó en solo un año, afectando al 18,1% de la población. Las comunidades más golpeadas son, en su mayoría, las rurales y las poblaciones indígenas, que enfrentan índices de pobreza mucho más elevados que los mestizos y blancos.

En regiones como Cusco, por ejemplo, más del 97% de la población vive en pobreza total, mientras que en los distritos rurales de Lares y Omacha la pobreza extrema afecta a más del 89% de los habitantes. Estos datos reflejan una realidad que el gobierno de Dina Boluarte no ha logrado revertir, al igual que los gobiernos anteriores de tendencia neoliberal, pese a las promesas de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

En medio de la crisis, las autoridades han mostrado una falta de respuesta ante las demandas de los sectores sociales. La presidenta Dina Boluarte y los congresistas, por su parte, han permanecido en silencio respecto a las preocupaciones expresadas por los transportistas y otros gremios. Para los organizadores del paro, esta indiferencia ha sido una constante desde el inicio de las movilizaciones en 2022, especialmente después de las violentas protestas que sacudieron el país y que dejaron decenas de muertos en la Macrorregión Sur.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, enfatizó que el paro no solo es una protesta contra la extorsión, sino también contra un sistema político que no escucha a las bases. «Si no nos escuchan en estos tres días, habrá más paros, más huelgas. No nos van a callar», advirtió, anticipando nuevas movilizaciones si sus demandas siguen siendo ignoradas.

Las protestas contra el APEC 2024 exponen de forma clara las grietas del gobierno peruano: una inseguridad creciente, un sistema económico que margina a millones y una clase política distante de las necesidades de su pueblo.

Mientras los líderes mundiales se reúnen para discutir sobre economía y comercio, el Perú se enfrenta a una crisis social que, al parecer, sigue siendo ignorada por quienes deben actuar. En este contexto, las protestas de esta semana no solo buscan visibilizar los problemas internos del país, sino también una oportunidad para que el Perú reciba la atención que hasta ahora le ha sido negada.

El futuro de las protestas es incierto, pero lo que está claro es que la indignación popular en torno a la criminalidad, la pobreza y la falta de acción gubernamental sigue creciendo.