Lima, 9 de septiembre de 2026. La llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Perú coloca al gobierno de Keiko Fujimori ante una de sus primeras controversias de política exterior: la incorporación del país al denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para coordinar a gobiernos del continente contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Rubio anunció el martes 8 de septiembre que Perú se incorporaba a esta arquitectura regional, antes de reunirse con Fujimori. La presidenta ya había comunicado desde agosto su interés en que el país formara parte de la iniciativa. El jueves 10, ambos tienen previsto reunirse en Palacio de Gobierno para abordar seguridad, lucha contra el crimen organizado, defensa, comercio, inversiones y cooperación frente al fenómeno El Niño.

El anuncio ha generado dos lecturas contrapuestas. Para el Ejecutivo, representa una oportunidad para ampliar la cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Para sectores de izquierda y organizaciones críticas de la política exterior de Washington, supone un nuevo nivel de alineamiento con Estados Unidos y abre interrogantes sobre soberanía, autonomía estratégica y posibles compromisos militares.

El «Escudo de las Américas» busca articular a los gobiernos del continente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia transnacional. Sin embargo, su implementación en Perú se ha realizado sin debate parlamentario ni tratado formal, lo que ha generado desconfianza. La excongresista Margot Palacios lo calificó como una «entrega de territorio» y un retorno a la condición de «patio trasero», advirtiendo que el país podría quedar subordinado a los intereses geopolíticos de EE.UU.

Pero hay una pregunta que va más allá de la disputa ideológica: ¿qué significa jurídicamente que Perú haya ingresado al “Escudo de las Américas” y qué obligaciones concretas asumió el Estado?

Una incorporación anunciada, pero todavía bajo interrogantes jurídicos

La principal controversia ya no es si Perú entrará o no al mecanismo. Rubio confirmó públicamente su incorporación y el Gobierno peruano ha asumido esa decisión como parte de su política exterior.

Lo que permanece sin suficiente explicación pública son los alcances jurídicos, políticos y operativos de esa incorporación.

La preocupación llegó al Congreso. El Senado aprobó por unanimidad, con 52 votos, que el canciller Carlos Espá explique ante el Pleno la naturaleza jurídica de la incorporación, los compromisos asumidos, su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Parlamento. La presentación fue programada para el 16 de septiembre.

La senadora Ruth Luque, una de las impulsoras de la iniciativa, planteó una pregunta central: si la incorporación ya constituye un hecho, ¿cuál es exactamente el instrumento jurídico que la sustenta y a qué se comprometió el Estado peruano? También se ha solicitado precisar si hubo evaluación del Consejo de Ministros y opiniones del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Policía Nacional.

Por ello, presentar el asunto simplemente como una adhesión realizada “sin debate parlamentario” resulta incompleto. Sí existe ahora un proceso de fiscalización parlamentaria, aunque el debate se produce después de que el Ejecutivo anunciara la incorporación.

La calle también responde

La controversia llegó este miércoles a las calles de Lima. Un grupo de manifestantes, compuesto por unas decenas de personas, se concentró en la Plaza San Martín para protestar contra la visita de Rubio y el ingreso peruano al “Escudo de las Américas”. Los participantes exhibieron pancartas con consignas como “¡Fuera Marco Rubio del Perú!” y “¡No al Escudo de las Américas!”.

La movilización había sido convocada previamente por el Partido Comunista del Perú–Patria Roja, que llamó a trabajadores, estudiantes e intelectuales a rechazar la visita del funcionario estadounidense.

En un pronunciamiento fechado el 9 de septiembre, Patria Roja rechazó la incorporación y sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe desarrollarse mediante una estrategia soberana y mecanismos de cooperación entre Estados en condiciones de igualdad. La organización también vinculó la discusión de seguridad con la disputa internacional por los minerales estratégicos y rechazó convertir al Perú en parte de una política de bloques frente a China u otros países.

Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento no muestra una movilización social masiva contra la visita. El rechazo callejero registrado este miércoles aparece, por ahora, como una expresión minoritaria, aunque políticamente significativa por el contenido de sus demandas.

El dato que cambia la historia: Perú ya era aliado principal de EE.UU.

Existe además un antecedente que no debería quedar fuera del análisis. El 14 de enero de 2026, Donald Trump designó oficialmente a Perú como Major Non-NATO Ally (MNNA), es decir, Aliado Principal Extra-OTAN. La determinación estadounidense señala que la medida busca ampliar la cooperación en seguridad entre ambos países y facilitar ámbitos como investigación y desarrollo, tecnología satelital, arrendamiento de material de defensa y cooperación antiterrorista.

Por tanto, el “Escudo de las Américas” no constituye el comienzo de la relación estratégica de seguridad entre Lima y Washington. Es un paso adicional dentro de un proceso iniciado antes del gobierno de Keiko Fujimori.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ya había señalado en julio que entre las prioridades de la nueva administración estaba reforzar la coordinación con países vecinos en materia de seguridad y continuar con la incorporación del Perú al “Escudo de las Américas”.

La cuestión de fondo pasa entonces de “¿Perú se está acercando a Estados Unidos?” a una pregunta más precisa: ¿hasta dónde llegará ese acercamiento y bajo qué condiciones?

Rubio, China y el puerto de Chancay

La visita tampoco puede analizarse exclusivamente desde la lucha contra el narcotráfico. En su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio ha colocado la relación con China entre las preocupaciones estratégicas de Washington. En el caso peruano, sus declaraciones hicieron referencia directa a inversiones chinas y a sectores considerados estratégicos.

Uno de los puntos sensibles es el puerto de Chancay, operado por COSCO Shipping, empresa estatal china. Rubio cuestionó públicamente el modelo de inversiones respaldadas por Beijing y sostuvo que determinados proyectos chinos pueden generar problemas de transparencia y seguridad.

La respuesta china no tardó. Su embajada en Lima defendió las inversiones de su país y afirmó que estas respetan la legislación peruana.

Así, detrás del discurso de cooperación contra el crimen organizado aparece una disputa mayor: la competencia entre Washington y Beijing por influencia económica, tecnológica, comercial y estratégica en América Latina. Y Perú ocupa una posición especialmente sensible por su relación simultánea con ambas potencias.

¿Seguridad contra el crimen o nueva arquitectura geopolítica?

El Gobierno estadounidense presenta el “Escudo de las Américas” como una herramienta para enfrentar amenazas transnacionales. La iniciativa fue lanzada por Trump en marzo de 2026 y reúne a gobiernos latinoamericanos interesados en coordinar acciones contra organizaciones criminales y redes vinculadas al narcotráfico.

Pero la iniciativa también tiene una dimensión geopolítica. La actual administración estadounidense busca reforzar su influencia en el hemisferio occidental y contener la creciente presencia de actores externos, especialmente China. La gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú se desarrolla precisamente en ese contexto. Reuters ha descrito el recorrido como parte del esfuerzo de Washington por profundizar la cooperación antidrogas y reforzar su influencia regional.

El contraste regional también es revelador. En Colombia, la cooperación con Estados Unidos ya contempla asistencia en inteligencia, entrenamiento y equipamiento, mientras Ecuador mantiene una relación de seguridad todavía más intensa con Washington.

Eso convierte al caso peruano en un asunto que merece seguimiento: ¿el Escudo será para Lima principalmente un mecanismo de intercambio de información y cooperación policial, o terminará ampliándose hacia ámbitos militares, inteligencia, equipamiento y operaciones conjuntas? Esa respuesta todavía no está completamente expuesta.

Los actores y sus intereses

El Gobierno de Keiko Fujimori busca presentar el acercamiento como una respuesta a una preocupación concreta de la población: la expansión del crimen organizado, las extorsiones, el narcotráfico y otras formas de delincuencia transnacional.

Estados Unidos, por su parte, obtiene un socio estratégico en un país que ya posee la condición de Aliado Principal Extra-OTAN y que además ocupa una posición relevante en el Pacífico sudamericano.

La oposición de izquierda cuestiona que la seguridad pueda convertirse en una puerta de entrada para compromisos geopolíticos más amplios. Senadores de Ahora Nación y Juntos por el Perú han solicitado conocer los alcances jurídicos y operativos de la incorporación y sus eventuales efectos sobre la soberanía.

China representa el tercer actor de esta ecuación. Beijing tiene importantes intereses económicos en Perú y observa con atención el nuevo acercamiento entre Lima y Washington.

En consecuencia, el debate ya no es solamente Perú contra Estados Unidos. El verdadero escenario es triangular: Lima intenta fortalecer su seguridad mientras se encuentra en medio de la competencia estratégica entre Washington y Beijing.

Lo que todavía falta saber

La investigación sobre el “Escudo de las Américas” debería concentrarse ahora en documentos y decisiones concretas:

1. ¿Cuál es el instrumento jurídico que formaliza la incorporación del Perú?
2. ¿Qué compromisos específicos asumió el Ejecutivo?
3. ¿Existe intercambio de inteligencia y bajo qué reglas de protección de información?
4. ¿Se contempla participación de las Fuerzas Armadas peruanas en operaciones conjuntas?
5. ¿Puede ingresar personal militar estadounidense al territorio peruano bajo este mecanismo o se requiere autorización independiente?
6. ¿Qué papel tendrán el Congreso, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional?
7. ¿Existen compromisos relacionados con infraestructura estratégica, minerales críticos, tecnología o inversiones?
8. ¿La cooperación está limitada a la lucha contra el crimen o incorpora explícitamente objetivos geopolíticos frente a China, Irán u otros actores?

Estas preguntas adquieren mayor importancia porque el Congreso ya ha solicitado respuestas oficiales al canciller.

Cooperación o subordinación: la pregunta sigue abierta

La evidencia disponible permite afirmar que Perú está profundizando su asociación estratégica con Estados Unidos. También permite afirmar que el Gobierno de Fujimori considera esa relación un instrumento para enfrentar problemas de seguridad y fortalecer la posición internacional del país.

Lo que todavía no permite afirmar, sin mayores pruebas, es que la incorporación al “Escudo de las Américas” implique por sí misma una pérdida de soberanía o una subordinación militar del Perú.

Ese es precisamente el punto que debe investigarse.

La discusión no debería reducirse a consignas de “entreguismo” o “alianza estratégica”. La verdadera prueba será documental: qué firmó Perú, qué obligaciones aceptó, quién las negoció, qué controles institucionales existen y cuáles son los límites de la cooperación con Washington.

El próximo hito será la presentación del canciller Carlos Espá ante el Senado, el 16 de septiembre. Allí el Gobierno tendrá que explicar aquello que hasta ahora permanece parcialmente opaco: qué significa, en términos jurídicos y operativos, que Perú ya forme parte del “Escudo de las Américas”.

Mientras tanto, la visita de Rubio deja una conclusión preliminar: el debate sobre seguridad está empezando a mezclarse con otro mucho más profundo, el de la posición del Perú frente a la disputa de poder entre Estados Unidos y China en América Latina.

Santiago, 7 de setiembre de 2026.- Miles de personas volvieron este domingo 6 de septiembre a las calles de Santiago para participar en la tradicional romería hacia el Cementerio General, en el marco de las actividades por el 53° aniversario del golpe de Estado de 1973. La movilización fue convocada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y organizaciones de derechos humanos.

La jornada de memoria ocurre en un escenario político especialmente tensionado por la llegada al poder del presidente José Antonio Kast, cuyo Gobierno de derecha enfrenta críticas de organizaciones sociales y sectores de oposición por su agenda de seguridad, sus políticas económicas y su posición frente a la memoria histórica.

Memoria frente a un Gobierno de derecha

Las movilizaciones de septiembre tienen como eje la memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero también se han convertido en un espacio de cuestionamiento político al actual Gobierno. Sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos vinculan las posiciones de Kast con una tradición política de derecha que, según sus críticos, mantiene una relación problemática con el legado de la dictadura.

Kast, sin embargo, decidió no realizar actos oficiales del Gobierno por el aniversario del golpe. El mandatario señaló que las fechas forman parte de la historia de Chile, pero descartó programar homenajes institucionales desde La Moneda y optó por mantener su agenda habitual.

Protestas y agenda de seguridad

La conmemoración se produce después de varias semanas de movilización social contra políticas del Ejecutivo. Las protestas estudiantiles han cuestionado los recortes presupuestarios y, especialmente, las propuestas de seguridad que amplían las facultades del Estado frente al crimen organizado.

La agenda de seguridad constituye uno de los principales puntos de tensión. Una encuesta Cadem de agosto mostró que existe amplio respaldo ciudadano a varias medidas contra el crimen organizado, pero el apoyo es mucho menor cuando se trata de restringir libertades públicas: 49% respaldaba un nuevo estado de excepción, frente a 44% que lo rechazaba.

Kast llega debilitado a septiembre

El contexto político también juega un papel relevante. La aprobación presidencial cayó a 30% en la medición Criteria del 6 de septiembre, mientras la desaprobación llegó a 58%, el peor registro de Kast desde el inicio de su administración.

Cadem había registrado pocos días antes una aprobación de 34% y una desaprobación de 61%, además de un aumento de la percepción de que Chile marcha por un mal camino: 63% de los encuestados compartía esa opinión.

La combinación de baja aprobación, conflicto social sectorial, debate sobre seguridad y una fuerte disputa sobre la memoria histórica configura un escenario complejo para el Gobierno. Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten hablar de un nuevo estallido social comparable al de 2019.

La memoria vuelve al centro del debate

La movilización hacia el Cementerio General muestra que la memoria de la dictadura continúa siendo un componente activo de la política chilena. Este año, además, adquiere una dimensión adicional: por primera vez en el actual ciclo político, las organizaciones de derechos humanos conmemoran el 11 de septiembre bajo un Gobierno encabezado por Kast.

El desafío para Chile no se limita a recordar el golpe y a sus víctimas. La discusión actual pone nuevamente sobre la mesa qué relación debe mantener el Estado con la memoria histórica, cómo deben equilibrarse seguridad y libertades públicas y hasta dónde puede avanzar un Gobierno de derecha en una sociedad todavía marcada por las consecuencias de la dictadura.

Lima, 1 de setiembre de 2026.- Fernando Cerimedo, consultor político y operador digital argentino actualmente detenido en Bolivia, ingresó a Lima el 27 de julio y salió el 28, coincidiendo con el día en que Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú. Los registros migratorios fueron reportados por el Diario La República.

Una visita en una fecha clave

La presencia de Cerimedo adquiere relevancia porque, según investigaciones periodísticas, ya mantenía contactos con personas vinculadas al entorno fujimorista desde 2025. La República documentó además una fotografía de marzo de 2025 en la que aparece junto a Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo cercano de Fujimori.

Según el testimonio de Nadia Beller, expareja de Cerimedo, el argentino le envió el 28 de julio una fotografía tomada en el hotel Marriott de Miraflores junto a una mujer a quien habría presentado como enlace con el equipo de Fujimori. Beller sostuvo que ambos desayunaron ese día en el hotel. La identidad de la mujer y la naturaleza del supuesto encuentro no han sido corroboradas de manera independiente.

Los registros migratorios

Los movimientos migratorios citados por La República muestran otros ingresos de Cerimedo al Perú durante 2025. El 9 de noviembre y el 9 de diciembre ingresó desde Bolivia y salió el mismo día hacia otros destinos. Entre el 28 y el 30 de diciembre permaneció nuevamente en Lima.

El 27 de julio de 2026 volvió a ingresar desde Bolivia y abandonó el país al día siguiente. La coincidencia con la ceremonia de asunción presidencial constituye uno de los principales elementos que ahora requieren explicación.

Coincidencias en el entorno de Fujimori

La investigación también registra la presencia en Lima, el 28 de julio, de Carlos Díaz-Rosillo y del empresario argentino Damián Valenzuela, ambos relacionados públicamente con el entorno de Fujimori. La coincidencia migratoria, sin embargo, no demuestra que los tres hayan sostenido una reunión.

A esta red se suma Javier Negre, socio español de Cerimedo en La Derecha Diario, quien asistió como invitado a la ceremonia de asunción de Fujimori. El medio difundió durante la campaña contenidos favorables a la entonces candidata.

Cerimedo y sus investigaciones en Bolivia

Cerimedo permanece detenido en Bolivia en una investigación por el presunto intento de feminicidio contra Beller. También enfrenta otras pesquisas, entre ellas una relacionada con un supuesto enriquecimiento ilícito. El argentino niega las acusaciones.

Las autoridades bolivianas investigan además una infraestructura digital que habría sido utilizada para operar cuentas falsas y distribuir contenido en redes sociales. Estos hechos forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una condena judicial.

Lo que está por probarse

La presencia de Cerimedo en Lima durante la asunción de Fujimori sí aparece respaldada por los registros migratorios citados por La República. También existe el testimonio de Beller y documentación periodística sobre sus vínculos con personas cercanas a la presidenta.

Pero no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Cerimedo fue contratado por Fujimori, que recibió pagos de Fuerza Popular o del Estado peruano, o que dirigió una operación digital para la campaña o el Gobierno.

La principal pregunta permanece abierta: ¿con quién se reunió Cerimedo en Lima el 28 de julio, quién coordinó su presencia y qué actividad desarrolló durante esas horas?

Responderla requiere revisar agendas, registros de ingreso, comunicaciones, documentos de campaña y eventuales movimientos económicos. Para Pulso27.com, esa es la ruta que permitirá determinar si se trató de una coincidencia, un encuentro político o parte de una relación más amplia con el nuevo poder presidencial.