El próximo paro de transportistas, anunciado para el jueves 10 de octubre y que se extenderá por 72 horas, ha generado preocupación entre los ciudadanos de Lima y otras regiones del país…
Internacional
Protestas contra el APEC 2024 en Perú: Paro nacional contra la criminalidad y la pobreza estructural

Lima, 13 de noviembre de 2024 — En medio de la celebración de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, que se lleva a cabo en Lima con la presencia de líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, el Perú vive una protesta social sin precedentes.
Diversos gremios de transportistas y organizaciones sociales han convocado a un paro nacional de 72 horas que coincide con el evento multilateral, con el objetivo de poner en evidencia la creciente ola de criminalidad, las extorsiones y la crisis de pobreza que azotan al país.

El paro, que comenzó el miércoles 13 de noviembre, se extiende hasta el 15 de noviembre, y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Alianza Nacional de Transportistas, Asotrani, la Coordinadora Nacional de Lucha (Conal) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), entre otras.
La principal exigencia de los manifestantes es la derogación de la Ley 32108, que regula el crimen organizado, y el archivo de una controversial ley que sanciona el terrorismo urbano, así como una mayor atención a la creciente inseguridad ciudadana.

En su mayoría, los transportistas denuncian un ambiente insostenible debido a las constantes extorsiones de bandas criminales, que exigen pagos millonarios a cambio de protección. «Nos están pidiendo entre 5.000 y 10.000 soles, cantidades que son imposibles de cubrir para un conductor que no gana más de 70 soles diarios«, declaró Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional.
La situación es tal que algunos gremios de transportistas de Piura, Ica y Arequipa han decidido suspender sus operaciones, afectando a miles de usuarios diarios.
Los transportistas aseguran que el gobierno no ha hecho nada efectivo para frenar las extorsiones y las amenazas de muerte que enfrentan, lo que ha motivado a una creciente cantidad de sectores a unirse a la protesta. «La situación se ha vuelto insostenible. Necesitamos una respuesta inmediata del gobierno«, expresó Wilmer Yovera Coello, dirigente de Emtrubapi, empresa de transporte interurbano en Piura.
Los manifestantes intentan aprovechar la atención internacional que acapara el país por la realización del APEC 2024 para visibilizar la grave situación de inseguridad y pobreza que atraviesa Perú. Gremios de transporte, federaciones estudiantiles y organizaciones sociales han anunciado su intención de movilizarse hacia las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima, donde se celebran las actividades del APEC, para hacer llegar su mensaje a los líderes mundiales presentes.
En Lima, los transportistas se concentrarán en la Plaza San Martín antes de avanzar hacia San Borja, donde se celebran los encuentros entre los dignatarios internacionales. «Nos sentimos ignorados por el gobierno, y es hora de que el mundo vea lo que está pasando en Perú. Mientras ellos hablan de comercio y cooperación, nosotros vivimos bajo la amenaza constante de la delincuencia«, explicó Richard Bernachea, presidente de la Alianza Gremial Nacional de Transportistas del Perú.

Más allá de las demandas por seguridad, el paro también subraya las profundas desigualdades estructurales del país. Según datos oficiales, la pobreza en el Perú alcanzó al 52,9% de la población en el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento alarmante respecto al año anterior.
La pobreza extrema, por su parte, se duplicó en solo un año, afectando al 18,1% de la población. Las comunidades más golpeadas son, en su mayoría, las rurales y las poblaciones indígenas, que enfrentan índices de pobreza mucho más elevados que los mestizos y blancos.
En regiones como Cusco, por ejemplo, más del 97% de la población vive en pobreza total, mientras que en los distritos rurales de Lares y Omacha la pobreza extrema afecta a más del 89% de los habitantes. Estos datos reflejan una realidad que el gobierno de Dina Boluarte no ha logrado revertir, al igual que los gobiernos anteriores de tendencia neoliberal, pese a las promesas de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

En medio de la crisis, las autoridades han mostrado una falta de respuesta ante las demandas de los sectores sociales. La presidenta Dina Boluarte y los congresistas, por su parte, han permanecido en silencio respecto a las preocupaciones expresadas por los transportistas y otros gremios. Para los organizadores del paro, esta indiferencia ha sido una constante desde el inicio de las movilizaciones en 2022, especialmente después de las violentas protestas que sacudieron el país y que dejaron decenas de muertos en la Macrorregión Sur.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, enfatizó que el paro no solo es una protesta contra la extorsión, sino también contra un sistema político que no escucha a las bases. «Si no nos escuchan en estos tres días, habrá más paros, más huelgas. No nos van a callar», advirtió, anticipando nuevas movilizaciones si sus demandas siguen siendo ignoradas.
Las protestas contra el APEC 2024 exponen de forma clara las grietas del gobierno peruano: una inseguridad creciente, un sistema económico que margina a millones y una clase política distante de las necesidades de su pueblo.

Mientras los líderes mundiales se reúnen para discutir sobre economía y comercio, el Perú se enfrenta a una crisis social que, al parecer, sigue siendo ignorada por quienes deben actuar. En este contexto, las protestas de esta semana no solo buscan visibilizar los problemas internos del país, sino también una oportunidad para que el Perú reciba la atención que hasta ahora le ha sido negada.
El futuro de las protestas es incierto, pero lo que está claro es que la indignación popular en torno a la criminalidad, la pobreza y la falta de acción gubernamental sigue creciendo.
Actualidad
México hace historia y elimina a Ecuador rumbo a octavos del Mundial

México, 30 de junio 2026.- La selección de México derrotó 2-0 a Ecuador la noche del martes en el Estadio Azteca y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido en el que mostró contundencia, solidez defensiva y el respaldo de más de 80 mil aficionados que convirtieron el recinto en una auténtica fortaleza. El encuentro comenzó con una hora de retraso debido a una tormenta eléctrica sobre la capital mexicana.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre abrió el marcador a los 22 minutos gracias a un potente remate de Julián Quiñones, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja al minuto 31 tras una gran asistencia del propio Quiñones. La selección ecuatoriana intentó reaccionar en el complemento, pero se encontró con una defensa mexicana bien organizada y un inspirado arquero Raúl Rangel.
Con este resultado, México rompió una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, logro que no conseguía desde el Mundial de 1986. Además, el Tri mantiene una destacada racha sin recibir goles en el torneo y llega fortalecido a la siguiente ronda.
Para Ecuador, la derrota significó el final de su participación mundialista pese a haber llegado con buenas expectativas tras superar una exigente fase de grupos. La expulsión de Piero Hincapié en los minutos finales reflejó la frustración de una selección que no logró imponer su juego frente al anfitrión.
México enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, nuevamente con el apoyo de su afición en territorio mexicano. La victoria reafirma al Tri como uno de los equipos más sólidos del campeonato y alimenta la ilusión de llegar lejos en el Mundial que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.
Actualidad
Venezuela: terremoto deja 1.430 muertos y millones de afectados mientras avanza la ayuda internacional

Caracas, 27 de junio 2026.- El balance del devastador terremoto que sacudió a Venezuela continúa agravándose. Hasta el 27 de junio, las autoridades reportan 1.430 personas fallecidas y más de 3.360 heridas, mientras los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que hasta 6,76 millones de personas podrían resultar afectadas por la emergencia, considerada una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente del país.
El fenómeno consistió en un doblete sísmico sin precedentes: un primer movimiento telúrico de magnitud 7,2 fue seguido apenas 39 segundos después por un segundo terremoto de magnitud 7,5, ambos con epicentro en el estado Yaracuy y una profundidad superficial de entre 10 y 22 kilómetros, lo que incrementó significativamente su poder destructivo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta PAGER roja, el nivel máximo de riesgo, al estimar daños catastróficos y una elevada probabilidad de víctimas masivas.
Las evaluaciones preliminares indican que 3,9 millones de personas estuvieron expuestas a fuertes sacudidas, mientras más de 712.000 habitantes residen en las zonas de mayor intensidad sísmica. Además, el análisis identificó 91 hospitales ubicados en áreas severamente afectadas, de los cuales 20 se encuentran en las zonas de mayor impacto. El diputado Jorge Rodríguez informó que se contabilizan 383 edificios dañados, incluidos 13 hospitales y 25 centros comerciales, además de aproximadamente 1.000 infraestructuras afectadas. Solo en La Guaira colapsaron más de 250 edificios residenciales, mientras el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a daños estructurales. Hasta el momento se han registrado más de 137 réplicas.
La emergencia continúa en evolución y las cifras siguen siendo provisionales. La OIM estima que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas bajo los escombros, aunque aclaró que se trata de una proyección basada en la magnitud del desastre y no de un registro oficial definitivo. La portavoz del organismo, Zoe Brennan, indicó que las estimaciones serán actualizadas conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.
Frente a la magnitud del desastre, el gobierno venezolano dispuso la militarización de La Guaira, restringiendo el acceso civil para facilitar las operaciones de emergencia y evitar el colapso vial provocado por caravanas espontáneas de ayuda. Asimismo, un análisis satelital elaborado por la OIM junto con el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft reveló que el 31,5 % de los edificios de Catia La Mar sufrió daños, dato utilizado para priorizar la distribución de asistencia. No obstante, la centralización de centros de acopio en sedes del PSUV en algunas localidades ha generado cuestionamientos por parte de ciudadanos y organizaciones civiles.
La respuesta internacional se ha fortalecido en las últimas horas. Estados Unidos anunció 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y autorizó temporalmente operaciones financieras mediante una licencia especial de la OFAC para facilitar el ingreso de asistencia. Equipos de rescate de México, España, Colombia, El Salvador, Suiza y Alemania ya operan en las zonas afectadas, mientras Corea del Sur comprometió 5 millones de dólares, el papa León XIV donó 100.000 euros y la Cruz Roja Internacional lanzó un llamamiento por 50 millones de francos suizos para ampliar la atención de emergencia.
Las labores de búsqueda continúan sin descanso y la comunidad internacional mantiene el apoyo al país sudamericano. Organizaciones humanitarias, gobiernos y comunidades de venezolanos en el exterior han habilitado centros de acopio para enviar alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos esenciales. Entretanto, las autoridades insisten en que el balance de víctimas podría incrementarse en las próximas horas, conforme los rescatistas logren acceder a las zonas más devastadas.
Actualidad
Colombia confirma triunfo de De la Espriella y entra en una nueva etapa política marcada por la división del país

Caracas, 23 de junio 2026.- Colombia vive horas decisivas luego de que el escrutinio oficial ratificara la victoria del candidato conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio. Según los datos actualizados de la Registraduría Nacional, el presidente electo obtuvo 12,95 millones de votos, equivalentes al 49,66% del total, mientras que el candidato de izquierda Iván Cepeda alcanzó 12,70 millones de votos, con el 48,70%. La diferencia final fue de aproximadamente 250.830 sufragios en una elección que movilizó a más de 26 millones de colombianos.
Las autoridades electorales informaron que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio supera el 99,99%, una diferencia mínima que representa menos de mil votos en todo el proceso. Este resultado ha sido presentado por la Registraduría como una muestra de la solidez y transparencia del sistema electoral colombiano, pese a las controversias surgidas tras la jornada electoral.
Sin embargo, la disputa política no ha terminado. El equipo de Iván Cepeda mantiene más de 57.000 reclamaciones electorales relacionadas con cerca de 33.000 mesas de votación. Aunque las primeras revisiones no han modificado la tendencia general de los resultados, dirigentes y simpatizantes del bloque progresista exigen que todas las observaciones sean revisadas exhaustivamente antes de dar por cerrado el proceso.
En Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades se realizaron concentraciones de militantes de izquierda que pidieron transparencia y respeto al voto popular. Muchos manifestantes expresaron su preocupación por el estrecho margen de diferencia y señalaron que continuarán vigilando el desarrollo del escrutinio. A pesar de ello, las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes de consideración.
Mientras tanto, miles de simpatizantes de De la Espriella celebraron en distintas regiones del país la llegada de un nuevo gobierno. En sus primeras declaraciones tras la confirmación de los resultados, el mandatario electo llamó a la unidad nacional y afirmó que gobernará para todos los colombianos, incluidos quienes respaldaron a su rival. También anunció que buscará acuerdos políticos para enfrentar los problemas económicos, la inseguridad y el desempleo.
El presidente saliente, Gustavo Petro, pidió respetar los canales institucionales y esperar la culminación formal de todas las etapas del proceso electoral. Organismos nacionales e internacionales de observación electoral destacaron que la jornada transcurrió con normalidad y que no se han identificado irregularidades capaces de alterar el resultado final de la elección.
Con el triunfo confirmado de De la Espriella, Colombia inicia una nueva etapa política marcada por una fuerte polarización. Los resultados muestran a un país prácticamente dividido en dos grandes bloques electorales, lo que plantea importantes desafíos para la gobernabilidad y la construcción de consensos durante el período presidencial 2026-2030.
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