Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.

Lima, 25 de julio 2026.- Las principales fuerzas políticas de oposición al fujimorismo presentaron este sábado listas unitarias para disputar las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objetivo de garantizar una conducción plural del nuevo Congreso bicameral e impedir que la derecha encabezada por Fuerza Popular concentre el control de ambas cámaras durante el periodo legislativo 2026-2027.

En la Cámara de Diputados, la alianza integrada por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación inscribió como candidato a la presidencia a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), acompañado por Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) en la tercera vicepresidencia. De acuerdo con la actual correlación de fuerzas, este bloque reuniría alrededor de 74 votos, suficientes para alcanzar la mayoría frente a los aproximadamente 56 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular.

En el Senado también quedó conformado un bloque democrático integrado por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, que postula a Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) a la presidencia de la Cámara Alta. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) como primer vicepresidente, Jaime Delgado (Ahora Nación) como segundo vicepresidente y Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) como tercera vicepresidenta. Frente a ellos compite la lista conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Ángel Torres Morales, junto con Alejandro Muñante, Nilza Chacón Trujillo y Estanislao Mancha Pineda.

La conformación de estas candidaturas refleja la decisión de las fuerzas democráticas de la social democracia y el progresismo de actuar de manera coordinada para preservar el equilibrio de poderes en el Parlamento. Sus representantes sostienen que el resultado electoral otorgó una representación diversa a la ciudadanía y que ninguna organización política debe ejercer un control hegemónico sobre la agenda legislativa ni sobre los órganos de dirección del Congreso.

La disputa adquiere especial relevancia porque el fujimorismo busca recuperar un amplio margen de conducción parlamentaria, mientras que las bancadas opositoras sostienen que la Mesa Directiva debe responder al carácter plural del nuevo Congreso. Para estos sectores, la unidad parlamentaria constituye un mecanismo para fortalecer la fiscalización, promover el debate democrático y evitar la concentración del poder político en una sola fuerza.

La elección de las Mesas Directivas también tiene un fuerte contenido simbólico para diversos sectores ciudadanos que recuerdan que el fujimorismo mantiene como referente político el gobierno de Alberto Fujimori, cuyo régimen fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y casos de corrupción. En ese contexto, las agrupaciones opositoras consideran que la conducción del Congreso debe estar orientada por principios democráticos, respeto al Estado de derecho y defensa de la institucionalidad.

Las elecciones de este domingo 26 de julio definirán quiénes presidirán la Cámara de Diputados y el Senado durante el primer año del nuevo Congreso bicameral. El resultado marcará el inicio de una etapa política clave para el equilibrio de poderes y para la capacidad de las fuerzas democráticas de ejercer un contrapeso frente a la derecha fujimorista en el Parlamento peruano.

Lima, 24 de julio 2026.- Las principales organizaciones de trabajadores del Estado endurecieron su posición contra el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, al considerar que la norma emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desnaturaliza la Ley N.° 32563, que reconoce gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el personal sujeto al régimen CAS. Además de emitir pronunciamientos públicos, los gremios dieron un paso legal al presentar una demanda constitucional de acción popular ante la Corte Superior de Justicia de Lima para solicitar la nulidad del reglamento.

De acuerdo con el cargo de presentación de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, la Confederación Nacional de Trabajadores de Contrato Administrativo de Servicios (CNT CAS) interpuso la demanda constitucional contra el MEF el 22 de julio de 2026, bajo el expediente 01090-2026-0-1801-SP-DC-02, argumentando que el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF excede la potestad reglamentaria al establecer criterios que, según el gremio, limitan derechos ya reconocidos por el Congreso mediante la Ley N.° 32563.

En paralelo, la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CONFETEP) expresó su rechazo frontal al decreto supremo, señalando que el Ejecutivo únicamente tenía facultades para reglamentar los procedimientos de aplicación de la ley y no para crear gradualidades, restricciones o condiciones que modifiquen el contenido de los beneficios laborales. La organización sostuvo que «ningún reglamento puede estar por encima de una ley» y anunció que defenderá por todas las vías legales el respeto íntegro de los derechos conquistados por los trabajadores CAS.

El rechazo también fue respaldado por la Federación Nacional de Sindicatos de los Organismos Reguladores (FENASOR), que advirtió que cualquier intento de flexibilizar las garantías laborales o estigmatizar a los trabajadores públicos representa un retroceso para el empleo estatal. En un reciente comunicado, la federación recordó que los servidores CAS acceden mediante concursos públicos y afirmó que la solución pasa por fortalecer el empleo público y respetar la dignidad de los trabajadores, no por reducir sus derechos.

Por su parte, el Movimiento Nacional «CAS Nunca Más» vinculó la controversia sobre el decreto con el debate nacional sobre la estabilidad laboral en el Estado. En un pronunciamiento, rechazó los discursos que plantean despidos masivos y la eliminación de derechos laborales, advirtiendo que la precarización del empleo público afectaría a cientos de miles de trabajadores de los regímenes CAS, 276 y 728. Asimismo, convocó a la unidad sindical para enfrentar cualquier intento de recortar conquistas laborales.

Las organizaciones sindicales coinciden en que el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF introduce disposiciones que podrían reducir el alcance de las gratificaciones y de la CTS reconocidas por la Ley N.° 32563. Entre sus principales observaciones figuran la incorporación de mecanismos de aplicación gradual, criterios restrictivos y condicionamientos presupuestales que, según sostienen, vulneran el principio de jerarquía normativa y el derecho a la igualdad de beneficios entre trabajadores del Estado.

Mientras el Poder Judicial evalúa la admisión de la demanda de acción popular, los gremios anunciaron que mantendrán un estado de movilización permanente y no descartan impulsar nuevas medidas de protesta si el Ejecutivo no modifica el reglamento. Para las organizaciones de trabajadores, el proceso judicial marcará un precedente sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y sobre la protección efectiva de los derechos laborales reconocidos por el Congreso a favor de miles de servidores públicos bajo el régimen CAS.