Lima, Perú – 21 de agosto de 2024 – En un giro controvertido y de amplio impacto, el Congreso de Perú ha promulgado la Ley 32107, conocida como la ley de impunidad. Esta legislación ha generado un intenso debate al buscar liberar a un grupo reducido de militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país, que han sido calificados por los tribunales como crímenes de lesa humanidad. La medida ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, planteando serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia en Perú.

La Ley 32107 y su Contenido

La Ley 32107, aprobada con una mayoría en el Congreso, se enfoca en liberar a ciertos militares condenados por violaciones graves a los derechos humanos. Desde la creación del subsistema penal de derechos humanos en septiembre de 2004, se han dictado 108 sentencias relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. De estas, aproximadamente un 60% han resultado en condenas, y 25 de estos casos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional.

Estos crímenes incluyen eventos atroces como la masacre de Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y violaciones sexuales en Manta y Vilca. Los tribunales han determinado que estos hechos no son delitos comunes, sino crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto.

Controversia y Críticas

La promulgación de la ley ha sido defendida por sus promotores bajo el argumento de que fiscales y jueces han violado el principio de legalidad al calificar hechos históricos como crímenes de lesa humanidad, alegando que estos delitos no estaban tipificados en el momento en que ocurrieron. Esta interpretación ha sido rechazada por diversos sectores, que consideran que los crímenes de lesa humanidad, reconocidos internacionalmente como una norma de ius cogens, están sujetos a persecución y sanción independientemente de las leyes locales vigentes en el momento de la comisión de los delitos.

La ley ha provocado una reacción inmediata de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra las autoridades peruanas por los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando 49 personas murieron durante las protestas sociales. Estas denuncias argumentan que existió un ataque sistemático contra la población civil, lo que califica estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Reacciones Nacionales e Internacionales

La denuncia ante la CPI ha sido respaldada por Harold Forsyth, exembajador peruano ante la OEA, quien aclara que el objetivo no es dividir más a los peruanos, sino buscar justicia. Forsyth subraya que el Perú, como Estado parte del Estatuto de Roma, tiene la obligación de perseguir y sancionar estos crímenes. La denuncia se suma a una creciente preocupación sobre la impunidad y la falta de avances en la justicia para las víctimas de las protestas.

Óscar Vidarte, internacionalista y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la demora en las investigaciones a nivel nacional justifica la intervención de la CPI. Según Vidarte, la naturaleza de los crímenes perpetrados durante las protestas cumple con el criterio del artículo 7 del Estatuto de Roma, que define el asesinato como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque sistemático contra una población civil.

Posición de la Corte Suprema y de los Oficiales Militares

El juez supremo César San Martín ha indicado que la Ley 32107 presenta un desafío legal significativo, dado que los crímenes de lesa humanidad están regulados por el derecho internacional penal. San Martín destaca que la Corte Suprema deberá decidir si aplicar o no las disposiciones de esta nueva ley, mientras que la Sala Penal Permanente aún no ha abordado un caso similar.

Por otro lado, los oficiales militares implicados en las violaciones han cuestionado las afirmaciones de los fiscales sobre la vulneración de la autonomía judicial, argumentando que dicha autonomía está sujeta a las normas legales que deben cumplirse.

Situación Política y Social en Perú

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra una alta insatisfacción con la democracia en Perú, con más de la mitad de los encuestados expresando falta de apoyo al sistema democrático actual. Este descontento refleja una creciente demanda por una democracia más genuina y participativa.

En un contexto de crisis política y social, la promulgación de la Ley 32107 añade una capa de complejidad al ya fracturado panorama peruano. La ley no solo afecta a los militares condenados, sino que también plantea serias preguntas sobre el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia internacional. A medida que la comunidad internacional observa de cerca, Perú se enfrenta al desafío de reconciliar su historia reciente con los estándares globales de derechos humanos.

Fuente: Webs y redes de noticias