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CONTROVERSIAS EN EL ESCENARIO POLÍTICO Y JURÍDICO

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y su reciente demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio.
Esta acción ha desencadenado un intenso debate sobre el papel del Defensor del Pueblo, la integridad de las instituciones públicas y la lucha contra la criminalidad en el Perú.
La demanda del Defensor del Pueblo podría debilitar los esfuerzos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, pues contraviene tratados internacionales como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida.
El Decreto Legislativo n.° 1373, promulgado con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos graves, se ha convertido en el centro de una controversia que trasciende lo meramente legal para adentrarse en cuestiones de ética pública y gobernanza. La demanda presentada por Gutiérrez no solo cuestiona aspectos específicos de la ley, sino que también pone en tela de juicio la alineación de las acciones del Defensor del Pueblo con el interés público y la seguridad nacional.
La presentación de esta demanda por parte de Gutiérrez, genera suspicacias. El hecho de que admitiera no haber consultado con especialistas externos a la Defensoría para desarrollar el informe y la demanda, levanta cuestionamientos sobre la objetividad y rigurosidad del proceso.
Algunos aspectos controversiales
La naturaleza del Decreto Legislativo n.° 1373, busca combatir la adquisición ilícita de bienes y fondos de procedencia ilegal. La oposición del Defensor a esta ley podría interpretarse como una protección indirecta a las actividades ilícitas.
El Ministerio Público (MP) argumenta que la Constitución no protege la propiedad adquirida ilícitamente, mientras que la posición del Defensor del Pueblo (DP), ignora este principio fundamental, haciendo una interpretación sesgada de la Constitución.
El MP enfatiza que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación, sino una restauración del orden jurídico. La oposición del DP a este concepto podría interpretarse como una falta de comprensión de esta distinción legal crucial.
Mientras el MP sostiene que el proceso no viola este principio, ya que solo aborda situaciones preexistentes de origen ilícito, la posición del DP, malinterpreta la aplicación de este principio en el contexto de la extinción de dominio.
Se subraya que la ley incluye garantías del debido proceso. La demanda del DP subestima estas salvaguardias legales existentes.
El MP advierte que el éxito de la demanda representaría un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica, por ello la acción del DP, nos plantea serias preocupaciones sobre las motivaciones y el impacto de la acción
Cuestionamiento de motivos:
1) La demanda del Defensor genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones, especialmente considerando los casos anteriormente mencionados que lo involucran.
2) La acción del Defensor podría interpretarse como un intento de obstaculizar herramientas legales importantes para combatir la criminalidad.
3) La posición del Defensor parece basarse en una interpretación discutible de la Constitución y las leyes, lo que podría indicar una falta de rigor jurídico o una intención deliberada de tergiversar la ley.
4) De prosperar la demanda, podría debilitar significativamente la capacidad del Estado para combatir delitos graves, lo que tendría implicaciones serias para la seguridad nacional.
5) Esta acción del Defensor del Pueblo podría dañar seriamente la credibilidad de la institución que representa, cuyo propósito es proteger los derechos de los ciudadanos, no potencialmente facilitar actividades ilícitas.
6) En conclusión, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra la Ley de Extinción de Dominio parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional. Esta acción, junto con los casos anteriormente mencionados, plantea serias dudas sobre la idoneidad de Josué Gutiérrez para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y sugiere la necesidad de una revisión urgente de su posición y acciones en este importante cargo público.
Finalmente
La demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra aspectos clave del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio representa un momento crítico en la historia reciente del Perú. Esta acción no solo desafía una herramienta legal crucial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sino que también pone de manifiesto preocupantes interrogantes sobre la integridad y las motivaciones de una de las figuras que debería ser garante de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
El rechazo categórico de esta demanda por parte del Ministerio Público, respaldado por argumentos sólidos basados en el derecho nacional e internacional, subraya la gravedad de la situación. La posición del Defensor del Pueblo no solo parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional, sino que también amenaza con socavar años de esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica en el país.
Este episodio sirve como un llamado de atención sobre la importancia de mantener la integridad y la independencia de las instituciones públicas. También resalta la necesidad urgente de reevaluar los mecanismos de selección y supervisión de altos funcionarios públicos, para asegurar que quienes ocupan cargos de tal relevancia actúen siempre en beneficio del interés común y no en función de agendas personales o políticas cuestionables.
En última instancia, el desenlace de esta controversia no solo determinará el futuro de una importante herramienta legal, sino que también pondrá a prueba la solidez del sistema democrático peruano y su capacidad para defender el estado de derecho frente a acciones que podrían comprometer la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
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Huracán Melissa golpea Cuba sin víctimas fatales: defensa civil demostró su eficacia

La Habana, 2 de noviembre de 2025 | El huracán Melissa, un poderoso ciclón de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 200 km/h, cruzó el oriente de Cuba el 29 de octubre, dejando un rastro de devastación en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas. Inundaciones extensas, viviendas destruidas y cultivos arrasados marcaron su paso, evocando en los holguineros la memoria de tormentas históricas como Flora (1963), Ike (2008) y Sandy (2012).
Sin embargo, Cuba alcanzó un resultado excepcional: ninguna pérdida humana. La eficacia de su sistema nacional de defensa civil volvió a ser determinante, consolidando un modelo de prevención y respuesta reconocido internacionalmente.
La clave del éxito radicó en la preparación anticipada y la coordinación institucional. Más de 735.000 personas fueron evacuadas hacia refugios seguros antes del impacto, con prioridad en las zonas más vulnerables, como las riberas del río Cauto y la Sierra Maestra. El Instituto de Meteorología (INSMET), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, emitió alertas tempranas que permitieron una movilización oportuna. Brigadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias realizaron operaciones de rescate en áreas afectadas por deslizamientos e inundaciones, sin que se reportara un solo fallecimiento.

Mientras Melissa causó al menos 31 muertes en Haití, 19 en Jamaica y decenas más en otras islas del Caribe, Cuba se distingue una vez más por su resiliencia organizada. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 90.000 personas en la isla requieren asistencia urgente. En respuesta, el gobierno anunció subsidios del 50 % para materiales de construcción, financiados por el Estado. Países aliados como China y Venezuela ya han enviado ayuda humanitaria, acompañada por muestras de solidaridad ciudadana, como la de un niño en Holguín que donó sus juguetes a otros niños damnificados.
A pesar de los cortes eléctricos, los daños en telecomunicaciones y el impacto económico, el espíritu de recuperación se mantiene firme. En Holguín, brigadas de ETECSA trabajan ininterrumpidamente para restablecer los servicios, mientras el Hospital Lenin atendió a más de 400 pacientes durante la tormenta, incluidos 22 nacimientos.
Desde la zona afectada, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó: “Salvamos lo más importante: la vida de nuestra gente.”
Ya debilitado y en ruta hacia las Bahamas, Melissa deja tras de sí una lección de esperanza y unidad. Forjada en la experiencia de múltiples huracanes, Cuba inicia su recuperación con determinación, disciplina y solidaridad.
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¿Cuál es el futuro de la izquierda en las elecciones generales 2026?

A menos de cinco meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la llamada izquierda peruana enfrenta un panorama complejo para competir con éxito en la primera vuelta. Con 43 partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo tres agrupaciones del espectro progresista y/o izquierda destacan por su presencia nacional: Juntos por el Perú, Perú Libre y la alianza Venceremos. Sin embargo, la fragmentación, los liderazgos cuestionados por sus ambigüedades y los procesos judiciales limitan su potencial de crecimiento electoral.
En un escenario marcado por la crisis política y social post-Dina Boluarte y un Ejecutivo encabezado por José Jerí, enfocado en la llamada “guerra contra la delincuencia”, la derecha mantiene una posición dominante: Rafael López Aliaga (10%) y Keiko Fujimori (8%) encabezan las preferencias, según Ipsos (octubre 2025). En conjunto, aparentemente las opciones progresistas y de izquierda no superan el 15% de intención de voto, reflejando una pérdida de influencia en amplios sectores urbanos y de clase media, por falta de la unidad bajo un liderazgo claro, principalmente.
Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, mantiene una base electoral andina cercana al 2%, con un discurso antisistema que conserva arraigo en el sur y centro del país. Pero Cerrón, inscrito como precandidato presidencial este 31 de octubre, afronta una orden de captura por lavado de activos y su asociación con el régimen de Dina Boluarte, debilita su candidatura. Además, la imagen de Cerrón y del partido se han deteriorado tras acusaciones de pactar con Fuerza Popular y sus aliados del Congreso y el Ejecutivo durante el periodo 2021-2025 (gobierno de Dina Boluarte), con un rechazo contundente de más del 65%. Si la audiencia judicial del 26 de noviembre concluye con su inhabilitación, su reemplazo probable Flavio Cruz, limitará aún más el desempeño del partido, que aspiraría sólo pasar la valla con algunos escaños en el nuevo Congreso bicameral.
Por su parte, la alianza Venceremos, con Ronald Atencio como precandidato tras la condena de Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo y el retiro voluntario de Verónica Mendoza, busca posicionarse con un discurso democrático y ecologista. Sin embargo, la campaña enfrenta el peso del “terruqueo” de la derecha y de la “caviarada” de la izquierda. Atencio y la alianza Venceremos son desconocidos y contaría con un mínimo respaldo en Lima. Por lo que, la plaza del centro o de la social democracia podría optar por respaldar a Juntos por el Perú al filo de la primera vuelta o centrar su estrategia a superar únicamente la valla y representación congresal mínima, pero es casi nula la posibilidad así como están planteadas las cosas.
Finalmente, Juntos por el Perú (JP), encabezado por Roberto Sánchez junto a Analí Márquez y Brígida Curo, lidera hoy el espacio progresista con un enfoque popular que alcanza entre 6% y 8% de intención de voto. Su eventual alianza con Antauro Humala y Pedro Castillo que postularían al Senado, así como la presencia de figuras del campo popular como la congresista Margot Palacios (Ayacucho) y Wilber Aduviri (Puno) al parlamento, refuerza su posicionamiento anti-establishment, con discursos de justicia social, soberanía nacional y cambio constitucional. Por lo que, JP podría acercarse al 10% – 15%, aunque su ingreso a la segunda vuelta dependerá tanto de errores de la derecha como de su capacidad para capitalizar el 38% de electores indecisos o disconformes.
En ese sentido, la izquierda peruana llega a las elecciones del 2026 sin un liderazgo nacional claro ni una estrategia unificadora. Juntos por el Perú aparece como la fuerza con mejores perspectivas, aunque todavía distante de la segunda vuelva. Las primarias del 30 de noviembre y 7 de diciembre serán decisivas para definir planchas presidenciales y listas parlamentarias en general, así como para medir la posibilidad real de convergencia entre las distintas corrientes progresistas y de izquierda. Por ahora, el escenario más probable es que la izquierda obtenga entre 15 y 20 escaños en el nuevo Congreso, mientras la segunda vuelta se percibe como una disputa entre las derechas.
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Partidos Políticos Inscriben Planchas Presidenciales ante Órganos Internos de Cara a Elecciones 2026

Lima, 31 de octubre de 2025.- En cumplimiento del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), diversos partidos y alianzas políticas del Perú presentaron este viernes sus planchas presidenciales y listas de precandidatos ante sus respectivos órganos electorales internos. Esta inscripción, que vence hoy, marca un paso clave en la preparación de las elecciones primarias programadas para noviembre y diciembre, previas a los comicios generales del 12 de abril de 2026. La medida responde a la nueva normativa que elimina las elecciones primarias abiertas, obligando a las organizaciones a seleccionar internamente a sus representantes para el período 2026-2031.
Entre las planchas destacadas se encuentra la de Renovación Popular, encabezada por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien aspira a la Presidencia acompañada de una fórmula que incluye figuras como el ingeniero industrial Juan Carlos Ramos Malpica en la primera vicepresidencia. De igual modo, Fuerza Popular inscribió a Keiko Fujimori como precandidata principal, con Luis Galarreta y Miki Torres como posibles vicepresidentes, y Luis Alberto Oliden en un rol accesitario. Estas inscripciones buscan consolidar la presencia de la derecha en el Congreso, según fuentes partidarias consultadas.
Avanza País presentó la plancha liderada por el periodista Phillip Butters Rivadeneira, mientras que Ahora Nación oficializó la candidatura de Alfonso López Chau, con Luis Alberto Villanueva Carbajal como primer vicepresidente y Ruth Buendía Mestoquiari en la segunda posición. Por su parte, País para Todos inscribió al humorista Carlos Álvarez al frente de su fórmula, en un esfuerzo por diversificar las opciones conservadoras. Alianza para el Progreso (APP) también avanzó con César Acuña como precandidato, y Somos Perú respaldó nuevamente a George Forsyth, confirmando su continuidad en la contienda.
En el espectro de centro, Acción Popular registró seis fórmulas presidenciales para competir en sus internas, incluyendo nombres como los de sus principales militantes, con elecciones programadas para el 30 de noviembre entre afiliados y el 7 de diciembre entre delegados. Perú Primero optó por una plancha encabezada por Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, en medio de debates sobre posibles inhabilitaciones. Otras agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC) en alianza con Unidad y Paz postularon a Roberto Chiabra, y Fe en el Perú a Álvaro Paz de la Barra, ampliando el abanico de opciones disponibles. En el ámbito de la izquierda, Juntos por el Perú presentó la plancha liderada por el congresista Roberto Sánchez Palomino, acompañado de la abogada Analí Márquez Huanca en la primera vicepresidencia y Brígida Curo en la segunda, respaldada por el expresidente Pedro Castillo durante una audiencia judicial.
La alianza Venceremos, integrada por Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, inscribió la plancha encabezada por el abogado Ronald Atencio, quien asumió la precandidatura tras la condena del congresista Guillermo Bermejo por afiliación a organización terrorista, dejando expedita la fórmula que incluye a Vicente Alanoca como alternativa inicial. El JNE supervisará el proceso de validación de estas inscripciones, con un plazo para apelaciones hasta el 13 de marzo de 2026 y la inscripción formal de candidaturas el 14 de marzo.
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