Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.

Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.

Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.

Lima, 7 de diciembre de 2025.- Hace exactamente tres años, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones fue brutalmente destituido del poder por una derecha parlamentaria que, en un acto de venganza política, lo acusó injustamente de intento de golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, Castillo denunció la interferencia constante del Congreso en su gestión, proponiendo medidas excepcionales para restablecer el Estado de derecho ante el bloqueo sistemático de la oligárquica que rechazaba al líder rural elegido por millones de peruanos. Sin embargo, el pleno congresal, dominado por intereses neoliberales y conservadores, lo vacó con 101 votos a favor, ignorando el clamor popular y las evidencias de un linchamiento institucional. Detenido ese mismo día y recluido en el penal de Barbadillo, Castillo se convirtió en símbolo de la resistencia contra un sistema que pisotea la voluntad democrática.

A pesar de las graves imputaciones de golpe de Estado y rebelión, el Poder Judicial, en una sentencia confirmada este mes, descartó por completo la calificación de golpe de Estado y rebelión al no encontrar pruebas de alzamiento armado o ejecución efectiva de las medidas anunciadas. La Corte Suprema ratificó solo una condena por conspiración, con 11 años de prisión y dos de inhabilitación, pero el fallo enfatiza la ausencia de evidencias concretas que justifiquen la narrativa golpista impulsada por la oposición burguesa y oligárquica. «No hubo golpe de Estado y rebelión ni abuso de autoridad probados», se lee en la resolución del 4 de diciembre, que reduce la pena inicial solicitada por la Fiscalía de 34 años a una sanción menor, reconociendo implícitamente la persecución política. Castillo, desde su celda, ha reiterado que su proclama fue un acto de defensa ante un «golpe permanente» orquestado por la mayoría neoliberal del Congreso y aliados mediáticos, un discurso que resuena hoy en las bases populares que lo ven como mártir de la izquierda.

En un giro que ilustra la resiliencia del pueblo peruano, Pedro Castillo, aún preso, se perfila como el número 1 en la lista al Senado por Juntos por el Perú, liderado por su ex ministro y actual congresista Roberto Sánchez Palomino, para las elecciones de 2026, flanqueado por líderes de la izquierda popular como Margot Palacios, Jaime Quito, Jorge Espelucín e Iver Maraví. A pesar de la inhabilitación temporal, su candidatura simbólica moviliza un caudal electoral masivo, con encuestas que lo proyectan ganando con amplia votación en regiones andinas y amazónicas, donde su figura encarna la lucha contra la corrupción elitista. Sánchez, candidato presidencial de la agrupación, califica esta postulación como «el retorno de la voz del pueblo al poder». Si las urnas confirman su triunfo, Castillo podría presidir la nueva Cámara de Senadores, transformando su injusta reclusión en un mandato popular que desafíe al establishment limeño y reactive el debate por una nueva Constitución. El 7 de diciembre, fecha de traición para unos, se erige como hito de esperanza para el Perú profundo.

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.

La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.

Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.

La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.