El paro de transportistas en Perú, que se inició el 10 de octubre y reunió a diversos sectores afectados por la extorsión, ha dejado en evidencia una de las mayores crisis de seguridad que atraviesa el país. La protesta, que inicialmente parecía tomar un respiro con la suspensión anunciada por Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha escalado tras la cancelación del diálogo con el Congreso.

Ahora, la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú anunció este domingo la convocatoria a un paro nacional para el próximo 12 de noviembre a raíz de la crisis de seguridad que afronta el país. Mientras Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que este lunes 14 de octubre no habrá ningún paro de transportistas, pero reiteró la intención de su gremio de convocar a un paro nacional con fecha aún por definir juntamente con otros gremios a nivel nacional, a la que se podrían unir otros sectores sociales descontentos en el país.

El reclamo central del sector transporte, que agrupa a conductores de buses, taxis, mototaxis, y pequeños comerciantes, gira en torno a la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, que, según ellos, solo benefician a delincuentes. Estas leyes, afirman, han retrasado las investigaciones y allanamientos, favoreciendo la expansión del crimen organizado que asfixia a los sectores más vulnerables.

Pero detrás de esta convocatoria no solo hay una demanda jurídica. Se trata de una respuesta desesperada a la creciente inseguridad que enfrenta el país. El paro refleja la desesperación de ciudadanos que, sintiéndose desprotegidos, han decidido hacer frente a la delincuencia de manera activa, al tiempo que cuestionan la capacidad del gobierno de Dina Boluarte para garantizar lo más básico: la seguridad ciudadana.

La raíz del conflicto: la democratización del crimen organizado

Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis es lo que varios expertos han calificado como la «democratización de la extorsión». Juan De la Puente, politólogo y abogado, analiza el fenómeno como un cambio cualitativo en la naturaleza del crimen organizado en el Perú. Ya no se trata únicamente de grandes bandas, sino de una miríada de pequeñas células delictivas que operan a nivel familiar y barrial. Este «emprendimiento delictivo» ha superado la capacidad del Estado para enfrentarlo de manera efectiva, sobrecargando al sistema de seguridad.

«La incapacidad del gobierno para desentrañar la naturaleza de estas redes criminales ha convertido al crimen en una especie de «pyme de la extorsión», que afecta directamente a transportistas, pequeños comerciantes y ciudadanos de a pie», señaló De la Puente en una reciente entrevista. Esto, sumado a economías ilegales como el contrabando y la minería informal, ha generado una sobrecarga para las fuerzas de seguridad.

Un Congreso que legisla para el crimen

La desconfianza en el Poder Legislativo es otro de los motores detrás de las protestas. Los gremios acusan al Congreso de aprobar leyes que favorecen a mafias y extorsionadores, con la excusa de mejorar la seguridad. Según Campos, “las medidas tomadas por el Congreso no solo son ineficaces, sino que facilitan el avance del crimen organizado”. La Ley 32108 y otras normativas recientes han sido duramente criticadas por su supuesta protección a los investigados, lo que refuerza la sensación de que las autoridades están más interesadas en blindar sus propios intereses que en proteger a la ciudadanía.

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, fue categórica en su crítica al Congreso: «Vivimos en una organización criminal y el brazo legal está dado por el Congreso». Para Ledesma, la incapacidad del Ejecutivo y la complicidad del Legislativo son factores clave que explican el colapso de la seguridad en el país.

Una crisis sin salida inmediata

Aunque la movilización de los transportistas se perfila como un llamado urgente a la acción por parte del Estado, las perspectivas de una solución inmediata parecen lejanas. El diálogo entre el Ejecutivo y los gremios se ha roto, y las próximas movilizaciones prometen ser más intensas, con fechas clave en octubre y noviembre. En el norte del país, ciudades como Trujillo se preparan para una movilización el 22 de octubre, mientras que Lima y el resto del país se sumarán el 31 de octubre.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno que ya enfrenta múltiples crisis. Las protestas revelan un descontento profundo y transversal en la sociedad peruana, que ya no confía en las instituciones para ofrecer soluciones efectivas. La criminalización de la protesta, como lo sugiere el proyecto de «terrorismo urbano», solo ha exacerbado la tensión, lo que podría derivar en un ciclo de paros continuos que desgasten aún más la ya frágil estructura política del país.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y con él, la expectativa de un cambio que detenga esta espiral de violencia e inseguridad que azota a Perú.