La petrolera estatal Petroperú se encuentra en el ojo de la tormenta, porque la nueva Junta Directiva de la empresa, presidida por Oliver Stark, ha lanzado una propuesta controvertida: la privatización parcial de la compañía, bajo el argumento de salvarla de la quiebra. Esta iniciativa ha generado un intenso debate político y social en el país, con implicaciones profundas para el futuro energético y económico del Perú.

El Contexto de la Crisis

Petroperú, una empresa clave en el sector energético nacional del Perú, atraviesa una situación financiera crítica, según la nueva Junta Directiva designada por el régimen de Dina Boluarte, con claro interés privatista y entreguista de los recursos energéticos del país al monopolio transnacional. Según el comunicado del directorio, las principales causas del deterioro de la empresa son la injerencia política y sindical, el largo proceso de estabilización de la Nueva Refinería de Talara, y un elevado endeudamiento que ha afectado su solvencia y liquidez. Estos factores, según ellos, habrían llevado a la empresa a una situación de insolvencia, que ha generado incertidumbre sobre su viabilidad futura.

Respecto al cual, dicho directorio ha propuesto tres opciones para enfrentar la crisis: continuar inyectando capital sin cambios organizacionales significativos, aceptar la quiebra y/o liquidación de la empresa, o llevar a cabo una «reestructuración profunda» que implique la entrada de capitales privados, tras un aporte inicial del Estado. Esta última opción, respaldada por la actual administración de Petroperú, como es obvio, ha desatado una polémica en todo el país.

Reacciones y Opiniones Divididas

Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha criticado duramente la gestión de Oliver Stark, calificándola como contraria a las recomendaciones de expertos. Manco señala que Stark, conocido por su rol en la privatización de Aeroperú, fue designado por su cercanía con el ministro Romulo Mucho Mamani, quien tiene intereses concretos en el sector minero. Según Manco, la propuesta de privatización de Petroperú responde a intereses corporativos y podría beneficiar a monopolios extranjeros, como REPSOL, que buscan apropiarse de activos valiosos como la Refinería de Talara.

Por su parte, la congresista Margot Palacios Huamán ha manifestado su rechazo a la privatización de Petroperú, calificándola como una amenaza a la soberanía energética del país. Palacios ha señalado que la venta de la empresa no solo implicaría perder un activo estratégico, sino también poner en riesgo el control sobre los recursos energéticos nacionales. Además, ha advertido sobre los riesgos de permitir que la narrativa de la privatización se imponga como la única solución a la crisis de Petroperú. Por lo que, se reunió con los dirigentes de la Federación de la Unidad Nacional del Petróleo y Energía (FEDUNPE), quienes denunciaron la alarmante situación que enfrenta Petroperú ante la declaratoria fraguada de quiebra y su posterior liquidación de esta empresa estratégica. “Está claro que monopolios extranjeros, incluido REPSOL, aspiran los activos de Petroperú; muchos de ellos obtenidos al precio de fabulosos endeudamientos sobrecosteados. Uno de los activos más codiciados es la Refinería de Talara, cuya inversión ha quintuplicado el presupuesto inicial estimado; superando ya los US$ 6.500 millones», enfatizó la parlamentaria izquierdista.

El Papel del Gobierno y la Respuesta de los Trabajadores

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha reconocido la gravedad de la situación y ha señalado que el gobierno está evaluando las acciones a tomar. Sin embargo, ha sido claro al afirmar que en el presupuesto de 2025 no se asignará «ni un sol» a las empresas estatales con problemas de solvencia, incluyendo Petroperú. Arista ha sugerido que la empresa debería enfocarse en su «core» (centro) de negocio y reducir sus costos administrativos, incluso mencionando la posibilidad de contratar un administrador privado para dirigir la empresa.

Por otro lado, los trabajadores de Petroperú, representados por Antonio Leonardo Manosalva Alarcón, han rechazado las acusaciones de injerencia sindical en la gestión de la empresa. Manosalva ha subrayado que la crisis de Petroperú es responsabilidad del directorio y la Junta General de Accionistas, no de los trabajadores, quienes enfrentan diariamente riesgos significativos en sus labores.

El Futuro de Petroperú: Una Encrucijada Decisiva

La situación de Petroperú representa un desafío complejo para el gobierno de Dina Boluarte, que se encuentra bajo presión para tomar decisiones que podrían definir el futuro del sector energético peruano. Mientras algunos ven la privatización como una solución necesaria para evitar la quiebra, sabiendo que no es real, sino un argumento de la derecha peruana que gobierna actualmente, otros la consideran una amenaza a la soberanía y al control estatal sobre los recursos estratégicos del país.

En este contexto, la próxima decisión del gobierno será crucial. Los peruanos esperan que se encuentre un equilibrio entre la necesidad de estabilizar la empresa y la protección de los intereses nacionales, evitando que Petroperú siga los pasos de otras empresas estatales que, tras su privatización, dejaron un legado de desigualdad y dependencia extranjera.