La comunidad campesina de Huaripampa, en el distrito de San Marcos, Huaraz, Áncash, mantiene un paro indefinido contra la empresa minera Antamina, denunciando la usurpación de 184 hectáreas de sus tierras ancestrales. Reconocida bajo la Ley de Comunidades Campesinas de 1973, la comunidad acusa a la compañía de dañar ríos, arroyos y pastizales esenciales para su subsistencia, exigiendo una compensación justa y el cumplimiento de acuerdos previos. Desde el 15 de agosto de 2025, los comuneros ocuparon la zona de Huacacocha, cerca del relave de Antamina, intensificando el conflicto y rechazando propuestas económicas que consideran insuficientes.

El 23 de agosto, la protesta escaló con violentos enfrentamientos tras la intervención de la Policía, respaldada por Antamina, para desalojar el área. Los comuneros denuncian represión policial, uso de gases lacrimógenos y la quema de sus refugios y pertenencias, acusando a las autoridades de intentar criminalizar su lucha. El saldo incluye varios heridos, cinco detenidos y la destrucción de maquinaria pesada valorada en más de 20 millones de soles, además de incendios forestales en la zona que han generado alarma ambiental. La comunidad, liderada por figuras como Duberli Pintado, insiste en la defensa de sus derechos territoriales y acusa a Antamina de emplear táticas de división.

Antamina, por su parte, asegura tener la propiedad legal de las tierras desde 1998, respaldada por acuerdos documentados con Huaripampa, y califica la ocupación como ilegal, argumentando riesgos de seguridad cerca del relave. La empresa propone un diálogo para el 28 de agosto en Huaraz, destacando una relación de 25 años de inversión social en la comunidad. Sin embargo, los comuneros exigen el reconocimiento de sus derechos y una compensación adecuada, prometiendo continuar la protesta hasta lograr justicia. La Defensoría del Pueblo y autoridades locales buscan mediar en el conflicto, mientras la tensión persiste en la región.

Tras una intensa jornada de diálogo en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo y autoridades regionales, provinciales y distritales de Moquegua alcanzaron acuerdos clave para resolver la problemática ambiental del río Coralaque y frenar el avance del proyecto minero Huatipuka, lo que permitirá levantar el paro regional que se venía desarrollando.

Entre los compromisos figura la entrega de expedientes técnicos de los estudios de mitigación antes de octubre, la instalación de una mesa de trabajo con comunidades y gobiernos locales, y la ejecución de un monitoreo ambiental semanal a la Unidad Minera Florencia Tucari. Asimismo, se gestionará de inmediato la declaratoria de emergencia por contaminación.

En cuanto al cuestionado proyecto minero Huatipuka, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) notificará mañana a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto sobre la admisión del recurso impugnatorio que suspende el procedimiento de revocatoria, impidiendo el avance de certificaciones y licencias municipales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) también anunció la conformación de una mesa ejecutiva para continuar negociaciones sobre el Fondo Social del proyecto San Gabriel, con miras a su aprobación en septiembre.

Un punto central del acuerdo fue el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de reponer los 115 millones de soles recortados del presupuesto regional, garantizando así la ejecución de obras y servicios para el 2025.

Además, se estableció que en un plazo máximo de 15 días se realizará una reunión en Moquegua con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y ministros involucrados, a fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Con ello, las autoridades regionales anunciaron la suspensión del paro, abriendo paso a un seguimiento cercano de las acciones pactadas.

La congresista peruana Margot Palacios Huamán destacó en la II Cumbre Parlamentaria sobre Cambio Climático y Transición Justa de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia, con un discurso enérgico en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y originarios.

Palacios denunció los daños ambientales causados por empresas transnacionales, como el derrame de 12,000 barriles de petróleo de Repsol en Ventanilla en 2022, criticando la falta de remediación total y la inacción institucional. También señaló el impacto de proyectos extractivistas, como Las Bambas en Apurímac, que afectan a comunidades originarias y contaminan sus territorios, según informes del Ministerio de Salud y el OEFA.

Como presidenta de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso peruano, propuso iniciativas como la protección de cabeceras de cuenca, licencias sociales para proyectos extractivos y un fondo de contingencia para la remediación ambiental, aunque lamentó su bloqueo por sectores mayoritarios de la derecha en el Congreso peruano. Entre sus propuestas, destacó la creación de un banco público de innovación para financiar la reconversión ecológica y una ley marco de transición energética justa.

Condenando el negacionismo climático en la región, Palacios llamó a evitar que América Latina sea una “zona de sacrificio”. Su intervención reafirma su compromiso con un Perú sostenible, donde los recursos naturales beneficien primero a las comunidades y no a las grandes industrias foráneas.