En el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, Apurímac, las comunidades campesinas han alzado su voz contra la presencia de la minera Southern Copper Corporation, denunciando que ni la empresa ni el Estado peruano han atendido sus demandas. Los comuneros, que dependen de la agricultura y la ganadería como pilares de sus actividades ancestrales y su subsistencia, aseguran que las operaciones mineras están afectando gravemente sus tierras, fuentes de agua y medios de vida. La falta de diálogo y soluciones concretas llevó a los pobladores a manifestar su descontento de manera contundente, incendiando el campamento minero de Choquemarca el pasado 14 de marzo.

Los habitantes de Tapairihua dejaron claro que no desean abandonar sus prácticas agrícolas y ganaderas, profundamente arraigadas en su cultura e identidad, para dar paso a proyectos extractivos que, según ellos, solo benefician a la empresa minera y no a sus comunidades. Denuncian que las actividades de Southern Copper Corporation han contaminado sus recursos hídricos y degradado las tierras que han trabajado por generaciones, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y su forma de vida.

El incidente ocurrió en horas de la mañana de ese día, cuando los comuneros, en un acto de desesperación, prendieron fuego al campamento minero. Según Radio Titanka, los pobladores también han iniciado un paro indefinido, bloqueando carreteras y organizando movilizaciones para exigir el retiro definitivo de la minera de sus territorios. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales no han mostrado avances significativos en atender las preocupaciones de las comunidades ni en establecer un diálogo genuino que respete sus derechos y prioridades.

Por su parte, la respuesta del Estado ha sido meramente policiaca. Más de 20 efectivos policiales destacados en la zona se vieron superados por los manifestantes y tuvieron que retirarse hacia el sector de Masupama, donde fueron apoyados por otro contingente policial. Un equipo de fiscales y policías se trasladó al área para investigar los daños y denunciar a los comuneros, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre medidas concretas para abordar las demandas de los comuneros.

Este conflicto pone en evidencia la histórica desatención del Estado peruano y de empresas privadas como Southern Copper Corporation hacia las comunidades campesinas, que solo buscan proteger sus territorios y recursos naturales. La ausencia de soluciones reales y el menosprecio a las actividades tradicionales de Tapairihua han generado un clima de tensión que amenaza con escalar aún más, mientras las familias campesinas continúan defendiendo su derecho a vivir de la tierra que han trabajado durante siglos.

Cusco enfrenta una jornada de tensión y movilización social tras el inicio de un paro regional de 48 horas, convocado por la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) y diversas organizaciones sociales. La medida, que se desarrolla los días 12 y 13 de marzo, busca exigir la reactivación del Gasoducto Sur Andino, un proyecto considerado vital para la seguridad energética y el desarrollo del sur del Perú, y rechazar la propuesta del gasoducto costero impulsado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Desde las primeras horas del paro, se han registrado bloqueos y piquetes en varias zonas del departamento. En la provincia de Anta, los accesos a Izcuchaca fueron cerrados, mientras que en la ciudad del Cusco, manifestantes tomaron las principales avenidas. Los protestantes argumentan que la paralización del Gasoducto Sur Andino ha afectado gravemente el acceso al gas para hogares e industrias, y exigen su inmediata reactivación.

El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, junto a otras autoridades locales, se reunió con la presidenta Dina Boluarte, quien anunció la paralización definitiva del proyecto. Esta decisión ha sido duramente criticada por los manifestantes, quienes consideran que el gasoducto costero solo beneficiaría a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), sin atender las necesidades del sur peruano. Los líderes sociales exigen un compromiso firme del Gobierno con el desarrollo energético de la región.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, no tardó en responder a las protestas, calificando el paro como “absolutamente inconsecuente” y perjudicial para los intereses de Cusco. “Es lamentable que primen intereses políticos sobre los grandes intereses de la región, que vive fundamentalmente del turismo”, declaró Adrianzén durante una rueda de prensa. Además, señaló que el paro ha causado pérdidas millonarias, afectando gravemente la actividad económica y el turismo, principal fuente de ingresos de la región.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco suspendió las clases en toda la provincia y en Quillabamba como medida preventiva, debido a los bloqueos y para evitar poner en riesgo a los escolares. Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco también se sumaron a las protestas, tomando las instalaciones de su campus.

El secretario general de la FDTC, Juan Castillo, reiteró que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno atienda sus demandas, incluyendo el reinicio del Gasoducto Sur Andino y la instalación de una mesa de diálogo con compromisos vinculantes. “Si no hay avances, evaluaremos continuar con medidas de fuerza”, advirtió Castillo.

Mientras tanto, el paro ha generado caos en el transporte urbano, afectando a miles de cusqueños que no pudieron llegar a sus trabajos o centros de estudio. La situación sigue en tensión, con la posibilidad de que las protestas se intensifiquen si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno.

El 12 y 13 de marzo de 2025, el departamento de Cusco, especialmente la provincia de La Convención, vivirá un paro regional preventivo de 48 horas convocado por el Comité Central de Lucha de la Provincia de la Convención. Esta medida, respaldada por diversas organizaciones sociales, busca presionar al Gobierno Central para que avance en la ejecución de proyectos estratégicos como el gaseoducto sur andino, la planta de Kepashiato, la masificación del gas y la electrificación. Además, los manifestantes exigen la conformación de una mesa de diálogo regional vinculante y ejecutiva, que garantice el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Entre las principales demandas destacan la conclusión del gaseoducto sur andino, que mejoraría el abastecimiento de gas en la región, y la construcción de la planta de Kepashiato, clave para aprovechar los recursos energéticos locales. Asimismo, se reclama la masificación del gas y una mayor cobertura de electrificación, especialmente en zonas rurales, para impulsar el desarrollo económico y social. Los manifestantes insisten en que estos proyectos son vitales para mejorar la calidad de vida de las familias y empresas de la región.

El paro ha sido respaldado por actores sociales clave como la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC).

También se han sumado sindicatos como el de Construcción Civil de Cusco y el Sindicato Unificado de Trabajadores Públicos del Hospital Antonio Lorena, quienes destacan la importancia de la inversión en infraestructura y salud pública. Transportistas y trabajadores de mercados locales también apoyan la medida, reclamando mejores condiciones laborales y mayor inversión en proyectos que beneficien a sus sectores.

El Gobierno Nacional ha expresado preocupación por el paro y ha instado a continuar el diálogo. El Ministerio de Energía y Minas asegura que los proyectos están en evaluación, aunque reconoce retrasos en su ejecución. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que los planes de electrificación y masificación del gas avanzan, pero requieren tiempo debido a su complejidad técnica y financiera. El Gobierno Regional de Cusco, aunque comprometido con la gestión, ha subrayado que el Gobierno Central debe asumir una mayor responsabilidad en la ejecución de estas obras.

El paro refleja el descontento generalizado en Cusco por la falta de avances en proyectos estratégicos, agravado por la ausencia de una mesa de diálogo efectiva. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de presión legítima, otros temen que afecte negativamente al turismo, uno de los pilares de la economía regional. La situación evidencia la necesidad de soluciones concretas y diálogo para evitar mayores tensiones sociales.