Desde la medianoche del 28 de octubre, Ayacucho se encuentra en paro regional convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) para protestar contra la creciente ola de criminalidad…
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Dos años de impunidad tras la masacre del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho
Este 15 de diciembre se conmemoran dos años de la trágica masacre en Ayacucho, donde diez personas, incluyendo un adolescente de 15 años, fueron asesinadas por la represión militar en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. A pesar de que un teniente coronel del Ejército ha sido identificado como el presunto responsable de la muerte de dos de las víctimas, la justicia sigue siendo esquiva para los deudos.
La masacre, ocurrida en los alrededores del aeropuerto de la ciudad, dejó a los familiares en un estado de desamparo y frustración. Según testimonios, Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra, ambos sin conexión directa con las manifestaciones, murieron por disparos de militares que respondieron con violencia a una protesta social. La madre de Christopher, Hilaria Aime, recordó que su hijo solo había salido a trabajar al cementerio. En el caso de José Luis, su madre, Edith Aguilar, relató que su hijo, sensible a la balacera, intentó refugiarse y recibió un disparo mortal. Estos relatos desgarradores evidencian no solo la pérdida de vidas inocentes, sino la asombrosa falta de rendición de cuentas por parte del Estado.
En octubre de 2023, el Ministerio Público identificó al teniente coronel Jimmy Alex Vengoa Bellota como el posible ejecutor de los homicidios. Sin embargo, a dos años de la tragedia, la investigación no ha avanzado significativamente. Aunque se han relacionado a cerca de veinte militares con el caso, solo uno ha sido destacado como presunto autor directo y este no ha comparecido ante la justicia. La abogada de los familiares, Yuri Martínez, indicó que el proceso ha sido calificado como complejo y se ha extendido el plazo de investigación hasta febrero de 2025, dejando a las víctimas en un limbo legal que parece no tener fin.
La Asociación de Familiares de Heridos y Fallecidos del 15 de diciembre (Asfah) recuerda a los caídos a través de una serie de actos conmemorativos que comenzaron el 10 de diciembre, buscando no solo honrar la memoria de los fallecidos, sino también exigir justicia. Sin embargo, las familias expresan su impotencia al señalar que “no tenemos nada que celebrar”. La situación es particularmente dolorosa considerando que han pasado dos años y aun se enfrenta un “apagón informativo” sobre lo ocurrido, tanto por parte del gobierno como de medios de comunicación.
Mientras tanto, la presencia de militares involucrados en la masacre, así como la falta de avances claros en la justicia, ha despertado manifestaciones en el sur del país, redoblando los llamados a renunciar a la actual administración y demandando un cambio estructural en el sistema político. Este sentido de urgencia se hace más palpable en Ayacucho, donde la memoria de los diez asesinados sigue viva entre quienes claman por un cambio y una justicia real.
Los actos de este 15 de diciembre incluyen una misa y una romería hacia los lugares de los asesinatos, donde se develará una placa conmemorativa. Sin embargo, la lucha por la justicia por las víctimas de la masacre de Ayacucho aún está lejos de concluir, y su recuerdo permanecerá como símbolo de la resistencia a la impunidad.
Por su parte, la congresista ayacuchana Margot Palacios organizó el foro denominado “Actualidad de los derechos humanos en el Perú: a dos años de la masacre en Ayacucho”, en un contexto en el que se recuerda con dolor y firmeza la trágica pérdida de 10 compatriotas ayacuchanos, quienes fueron asesinados por las fuerzas militares bajo el régimen de Dina Boluarte. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de apenas 15 años, cuyas vidas fueron arrebatadas el 15 de diciembre de 2022. El evento se convirtió en un espacio crucial de reflexión, exigencia de justicia y reparación para las víctimas de esta masacre, y un recordatorio de la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los rincones de nuestro país, sin distinción ni impunidad.
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Pobladores de Cotabambas están descontentos con el convenio marco aprobado por el gobernador regional de Apurímac
En la emblemática plaza de Tambobamba se realizó una trascendental reunión convocada por el Frente de Defensa Provincial de Cotabambas, liderado por Alex Farfán Paniura. Con la participación de dirigentes de los seis distritos, el alcalde provincial Dante Contreras Gayoso y otras autoridades locales, se abordaron temas críticos para la provincia. Sin embargo, la ausencia de los alcaldes distritales de Challhuahuacho, Haquira y Mara, así como del gobernador regional Percy Godoy Medina, marcó el encuentro con un profundo descontento.
El convenio firmado en 2024 ha generado desconfianza en la población, que percibe que los beneficios acordados no responden a las necesidades de la provincia. Los dirigentes exigieron renegociar los términos para garantizar un impacto positivo y sostenible en las comunidades.
El limitado presupuesto asignado a Cotabambas fue motivo de fuertes críticas.
La población demanda una redistribución justa que permita atender prioridades en infraestructura, salud y educación, sectores clave donde la provincia muestra carencias significativas.
Los participantes enfatizaron la necesidad de mayor transparencia en los procesos de consulta previa sobre el MEIA presentado por Minera Las Bambas, destacando su impacto ambiental y social en las comunidades locales.
Cotabambas, que representa una de las mayores contribuciones económicas a Apurímac gracias a Las Bambas, se siente ignorada por Percy Godoy. Su reiterada ausencia en reuniones técnicas fue calificada como un acto de desinterés. “El gobernador parece haber dado la espalda a Cotabambas”, señalaron los dirigentes, quienes le dieron un ultimátum para que asista a la reunión técnica programada para el 4 de febrero en Tambobamba.
De no participar, la población declarará al gobernador como persona no grata, una decisión respaldada por el malestar generalizado.
El 1 de febrero se realizará una reunión descentralizada en Mara para continuar el debate con las autoridades ausentes. Los asistentes reiteraron que la paciencia de Cotabambas se agota y demandaron unidad y compromiso para superar los retos de la provincia.
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Emergencia por lluvias torrenciales y granizadas que afectan varios departamentos del Perú: agricultores exigen acciones concretas al Gobierno
Las intensas lluvias y granizadas están causando graves daños en diversas regiones del Perú, dejando a miles de familias afectadas. En La Libertad, el distrito de Quiruvilca sufrió inundaciones que anegaron viviendas y calles, mientras un deslizamiento en la carretera de la Sierra bloqueó el tránsito y aisló a comunidades enteras.
En Huánuco, las lluvias activaron quebradas que arrastraron piedras y lodo, destruyendo viviendas y cultivos. En el distrito de Amarilis, una menor de 13 años fue rescatada tras ser arrastrada por el lodo, y varias calles colapsaron por la acumulación de agua.
Áncash enfrenta una situación similar. En Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, las granizadas destruyeron 369 hectáreas de cultivos, afectaron viviendas y dañaron centros educativos y de salud, dejando a más de 120 personas en situación vulnerable.
En Cusco, las lluvias y granizadas han perjudicado viviendas, carreteras y sembríos en provincias como Paruro y Canchis. En el distrito de Echarati, las vías quedaron intransitables, afectando la conexión con comunidades rurales.
Apurímac no ha sido ajeno a la afectación de las lluvias y vientos uracanados, acompañado de granizadas. El distrito de Huancaray de la provincia de Andahuaylas, sufrió la afectaciones de sus cultivos de maíz, habas y fregoles, además de plantaciones de árboles frutales.
Otras regiones, como Ayacucho y Cajamarca, también reportaron graves pérdidas. Miles de hectáreas de cultivos de maíz, papa y habas han sido arrasadas. En Celendín, las lluvias destruyeron viviendas y sembríos, afectando a más de 30 familias que requieren ayuda inmediata.
La respuesta del gobierno ha sido criticada por los afectados. Aunque funcionarios han visitado las zonas dañadas, las acciones se han limitado a evaluaciones y diagnósticos, sin ofrecer soluciones concretas. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego activó el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para compensar las pérdidas, pero muchos consideran que el apoyo es insuficiente y exigen una revisión de las políticas relacionadas con este seguro.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán, especialmente en zonas por encima de los 2,800 metros, donde se esperan lluvias, granizadas y nevadas. Estas condiciones agravan el riesgo en comunidades ya afectadas, que piden ayuda urgente en alimentos, abrigo y reconstrucción de infraestructuras.
La situación evidencia la necesidad de una estrategia integral y efectiva para mitigar los impactos climáticos y proteger a las poblaciones más vulnerables.
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Protestas en Suiza contra Dina Boluarte: críticas y sospechas en torno a su viaje al Foro Económico Mundial en Davos
Peruanos protestan en la ciudad de Klosters y otras ciudades de Suiza, expresando su rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte. Las manifestaciones ocurren en la antesala de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, donde la mandataria buscaría posicionar al Perú como un destino atractivo para la inversión extranjera.
Los manifestantes criticaron las denuncias de corrupción y las más de 60 muertes registradas durante las protestas sociales en el Perú desde diciembre de 2022. Además, cuestionaron que el viaje oficial pueda servir para la fuga similar al ocurrido con Alberto Fujimori, dado el contexto de investigaciones abiertas contra Boluarte y su círculo cercano.
Boluarte viajará acompañada de una delegación oficial que incluye cinco figuras clave, entre ellas Carmen Giordano Velásquez, asesora del Gabinete Técnico y amiga personal de la presidenta, vinculada al caso Rolex. También estarán presentes dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú, mencionados en el caso Cofre. Ambos procesos están relacionados con presuntos actos de corrupción y omisiones en el uso de recursos públicos, lo que ha generado polémica.
Durante su participación en el Foro, Boluarte tiene programadas reuniones bilaterales con líderes empresariales y políticos globales. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, uno de los principales objetivos es promover inversiones en sectores clave como minería sostenible, agroindustria, transición energética y turismo. Además, la presidenta participará en foros sobre sostenibilidad y comercio internacional, buscando reactivar la economía peruana y proyectar una imagen de estabilidad política.
Sin embargo, su presencia en el evento no ha estado exenta de críticas, tanto por el costo del viaje en un contexto de crisis social, como por las dudas sobre la legitimidad de su gestión. Las protestas en Suiza reflejan el eco internacional del descontento hacia el gobierno peruano.
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