Desde la medianoche del 28 de octubre, Ayacucho se encuentra en paro regional convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) para protestar contra la creciente ola de criminalidad…
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Dos años de impunidad tras la masacre del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho

Este 15 de diciembre se conmemoran dos años de la trágica masacre en Ayacucho, donde diez personas, incluyendo un adolescente de 15 años, fueron asesinadas por la represión militar en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. A pesar de que un teniente coronel del Ejército ha sido identificado como el presunto responsable de la muerte de dos de las víctimas, la justicia sigue siendo esquiva para los deudos.
La masacre, ocurrida en los alrededores del aeropuerto de la ciudad, dejó a los familiares en un estado de desamparo y frustración. Según testimonios, Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra, ambos sin conexión directa con las manifestaciones, murieron por disparos de militares que respondieron con violencia a una protesta social. La madre de Christopher, Hilaria Aime, recordó que su hijo solo había salido a trabajar al cementerio. En el caso de José Luis, su madre, Edith Aguilar, relató que su hijo, sensible a la balacera, intentó refugiarse y recibió un disparo mortal. Estos relatos desgarradores evidencian no solo la pérdida de vidas inocentes, sino la asombrosa falta de rendición de cuentas por parte del Estado.

En octubre de 2023, el Ministerio Público identificó al teniente coronel Jimmy Alex Vengoa Bellota como el posible ejecutor de los homicidios. Sin embargo, a dos años de la tragedia, la investigación no ha avanzado significativamente. Aunque se han relacionado a cerca de veinte militares con el caso, solo uno ha sido destacado como presunto autor directo y este no ha comparecido ante la justicia. La abogada de los familiares, Yuri Martínez, indicó que el proceso ha sido calificado como complejo y se ha extendido el plazo de investigación hasta febrero de 2025, dejando a las víctimas en un limbo legal que parece no tener fin.
La Asociación de Familiares de Heridos y Fallecidos del 15 de diciembre (Asfah) recuerda a los caídos a través de una serie de actos conmemorativos que comenzaron el 10 de diciembre, buscando no solo honrar la memoria de los fallecidos, sino también exigir justicia. Sin embargo, las familias expresan su impotencia al señalar que “no tenemos nada que celebrar”. La situación es particularmente dolorosa considerando que han pasado dos años y aun se enfrenta un “apagón informativo” sobre lo ocurrido, tanto por parte del gobierno como de medios de comunicación.

Mientras tanto, la presencia de militares involucrados en la masacre, así como la falta de avances claros en la justicia, ha despertado manifestaciones en el sur del país, redoblando los llamados a renunciar a la actual administración y demandando un cambio estructural en el sistema político. Este sentido de urgencia se hace más palpable en Ayacucho, donde la memoria de los diez asesinados sigue viva entre quienes claman por un cambio y una justicia real.
Los actos de este 15 de diciembre incluyen una misa y una romería hacia los lugares de los asesinatos, donde se develará una placa conmemorativa. Sin embargo, la lucha por la justicia por las víctimas de la masacre de Ayacucho aún está lejos de concluir, y su recuerdo permanecerá como símbolo de la resistencia a la impunidad.

Por su parte, la congresista ayacuchana Margot Palacios organizó el foro denominado “Actualidad de los derechos humanos en el Perú: a dos años de la masacre en Ayacucho”, en un contexto en el que se recuerda con dolor y firmeza la trágica pérdida de 10 compatriotas ayacuchanos, quienes fueron asesinados por las fuerzas militares bajo el régimen de Dina Boluarte. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de apenas 15 años, cuyas vidas fueron arrebatadas el 15 de diciembre de 2022. El evento se convirtió en un espacio crucial de reflexión, exigencia de justicia y reparación para las víctimas de esta masacre, y un recordatorio de la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los rincones de nuestro país, sin distinción ni impunidad.
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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.
La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.
El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.
El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.
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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.
En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.
Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.
Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.
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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.
Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.
Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.
Medidas adoptadas por Telefónica del Perú
Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.
Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.
Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.
En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.
Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.
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