Sorprendente, el escenario político en Perú se ve sacudido por la detención preliminar del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, acusado de presunta participación en una organización criminal. Esta medida,…
Política
El hermano de Dina Boluarte, Nicanor, fuga tras orden de prisión preventiva

Lima, 21 de noviembre de 2024 – Un nuevo escándalo de corrupción golpea al ya debilitado gobierno de Dina Boluarte. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, se convirtió en prófugo de la justicia luego de que un juez dictara el martes pasado una orden de prisión preventiva de tres años en su contra, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La medida fue adoptada dentro del marco de una investigación fiscal sobre su presunta participación en una red ilegal conocida como “los waykis (hermanos en quechua) en la sombra”, acusada de nombrar funcionarios públicos a cambio de pagos y utilizar recursos estatales para recoger firmas y crear un partido político.
Aunque Nicanor Boluarte no ocupa un cargo público formal, es señalado como una figura clave dentro de la estructura de poder del gobierno, con una gran influencia sobre los nombramientos de funcionarios.
Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no ha emitido ninguna declaración sobre la fuga de su hermano ni sobre la orden judicial en su contra. Anteriormente, la mandataria defendió públicamente a Nicanor, descalificando las acusaciones de corrupción que recaen sobre él. La evasión de la justicia, que hasta ahora ha dejado a Nicanor Boluarte en paradero desconocido, ha encendido las alarmas sobre posibles protecciones políticas desde el más alto nivel del gobierno.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que la policía tiene instrucciones de cumplir con la orden de captura, pero existe escepticismo sobre la efectividad de la búsqueda, dado que el propio Santiváñez ha sido objeto de fuertes críticas por presuntas obstrucciones a las investigaciones de corrupción en el entorno presidencial. “La sensación general es que el gobierno está protegiendo a Nicanor Boluarte”, afirmó el exministro de Trabajo, Juan Sheput, quien calificó al actual premier, Gustavo Adrianzén, como el «escudero» del hermano de la presidenta.

Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se refirió a la decisión judicial como “politizada” sin ofrecer mayores argumentos. Además, justificó la fuga de Nicanor Boluarte, argumentando que “es una decisión personal” y que la medida afecta su derecho a la libertad.
Este nuevo escándalo llega en un momento crítico para la administración de Dina Boluarte, cuyo gobierno atraviesa una grave crisis de legitimidad. Según el más reciente sondeo de la encuesta Datum, la aprobación de la presidenta ha caído a un mínimo histórico de apenas 3%, un récord negativo que refleja el creciente descontento de la ciudadanía con su gestión, marcada por escándalos de corrupción, la crisis económica y los conflictos sociales.
El congresista Roberto Sánchez, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo y compartió gabinete con Boluarte, también se pronunció sobre la situación, señalando que la evasión de la justicia de Nicanor Boluarte es “lamentable” y advirtió sobre la protección que el gobierno parece brindar a su familia. “Es evidente que existe un blindaje”, expresó.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha optado por no hacer comentarios directos sobre la fuga de Nicanor, aludiendo a la imparcialidad que debe caracterizar la justicia y respetando el debido proceso. Sin embargo, Maurate hizo un llamado generalizado para que se respeten los derechos fundamentales de todos los peruanos, aunque no abordó específicamente la situación del hermano de la presidenta.
El caso de Nicanor Boluarte es solo el último en una serie de escándalos de corrupción que han socavado aún más la imagen del gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta presiones tanto internas como internacionales. La fuga de su hermano, sumada a la crisis de gobernabilidad y a la creciente desaprobación popular, ha dejado al ejecutivo en una situación aún más precaria. Las próximas semanas serán claves para determinar si la justicia logrará dar con el paradero de Nicanor Boluarte, y si el gobierno será capaz de superar este nuevo desafío político y social.
Actualidad
Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.
Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.
Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.
Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.
Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.
Actualidad
Bolivia elige a Rodrigo Paz como presidente: retorna la centro-derecha tras inhabilitación de Evo Morales

La Paz, Bolivia – En un reñido balotaje presidencial, el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se alzó con la victoria al obtener el 54,5% de los votos frente al 45,5% del conservador Jorge «Tuto» Quiroga, de la Alianza Libre, según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del domingo 19 de octubre. Este triunfo marca el retorno de la centro-derecha al poder tras casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales. Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá la presidencia el 8 de noviembre, prometiendo un «capitalismo inclusivo» para enfrentar la crisis económica, caracterizada por escasez de combustible y devaluación del boliviano
El ascenso de Paz solo fue posible por la inhabilitación de Evo Morales, prescrito de participar en las elecciones por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2023, que ratificó la prohibición de la reelección indefinida. Esta decisión, que excluyó al líder del MAS, provocó una profunda división en el partido oficialista. Morales, desde su bastión en el Chapare, llamó a sus seguidores a votar en blanco o nulo, generando un 20% de boletas inválidas que fragmentaron aún más el apoyo al MAS. Aunque la jornada electoral fue calificada como transparente por observadores de la Unión Europea, las tensiones por la exclusión de Morales alimentaron denuncias de irregularidades en redes sociales, sin que estas alteraran el resultado oficial.
Para Perú, el cambio de rumbo en Bolivia plantea oportunidades y desafíos en la integración regional. Paz ha prometido fortalecer lazos con Estados Unidos y atraer inversiones extranjeras, lo que podría dinamizar el comercio con Lima en sectores como minería y agroindustria. Sin embargo, la sombra de Morales, con una base leal en el altiplano, podría desencadenar protestas si las demandas rurales no son atendidas.
Actualidad
Alcalde de Pataz fue expulsado de la Plaza San Martín tras reunión con presidente José Jerí Oré

Lima, 12 de octubre de 2025 – Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, fue confrontado por una multitud enardecida en la Plaza San Martín de Lima tras su encuentro con el presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno. La reunión, ocurrida el mismo día, fue vista por muchos como un acto de traición, dado que Mariños había liderado una «Marcha del Sacrificio» de 45 días desde Pataz hasta Lima para exigir obras de infraestructura, salud y seguridad, demandas que no habían sido atendidas por anteriores gobiernos. Pero el movimiento popular que crece en Perú busca cambios estructurales que denotan en mensajes y discursos durante sus movilizaciones. Como se puede apreciar en el link: https://x.com/RPPNoticias/status/1977571808464298271
La multitud, compuesta por simpatizantes de partidos progresistas y de izquierda, además de ciudadanos comunes, lo acusó de «vendido» y «oportunista,» durante su presentación en la Plaza San Martín, donde aparentemente pretendía dar informe de la reunión sostenida con el presidente interino de Perú, reflejando la profunda desconfianza hacia la clase política peruana, un sentimiento exacerbado por la reciente vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de Jerí, respaldado por los mismos parlamentarios y partidos de la derecha que mantuvieron en el gobierno a Boluarte.
El incidente se produjo horas después de que Jerí invitara públicamente a Mariños a dialogar en Palacio, un gesto que el presidente calificó como una apertura al diálogo constructivo. Sin embargo, para muchos peruanos, esta reunión simbolizó un compromiso con un Congreso y un Ejecutivo percibidos como corruptos y ineficientes, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales es extremadamente baja, especialmente por las muertes producidas en el 2022 y 2023, cuyos deudos aún claman justicia.
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