Sorprendente, el escenario político en Perú se ve sacudido por la detención preliminar del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, acusado de presunta participación en una organización criminal. Esta medida,…
Política
El hermano de Dina Boluarte, Nicanor, fuga tras orden de prisión preventiva

Lima, 21 de noviembre de 2024 – Un nuevo escándalo de corrupción golpea al ya debilitado gobierno de Dina Boluarte. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, se convirtió en prófugo de la justicia luego de que un juez dictara el martes pasado una orden de prisión preventiva de tres años en su contra, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La medida fue adoptada dentro del marco de una investigación fiscal sobre su presunta participación en una red ilegal conocida como “los waykis (hermanos en quechua) en la sombra”, acusada de nombrar funcionarios públicos a cambio de pagos y utilizar recursos estatales para recoger firmas y crear un partido político.
Aunque Nicanor Boluarte no ocupa un cargo público formal, es señalado como una figura clave dentro de la estructura de poder del gobierno, con una gran influencia sobre los nombramientos de funcionarios.
Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no ha emitido ninguna declaración sobre la fuga de su hermano ni sobre la orden judicial en su contra. Anteriormente, la mandataria defendió públicamente a Nicanor, descalificando las acusaciones de corrupción que recaen sobre él. La evasión de la justicia, que hasta ahora ha dejado a Nicanor Boluarte en paradero desconocido, ha encendido las alarmas sobre posibles protecciones políticas desde el más alto nivel del gobierno.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que la policía tiene instrucciones de cumplir con la orden de captura, pero existe escepticismo sobre la efectividad de la búsqueda, dado que el propio Santiváñez ha sido objeto de fuertes críticas por presuntas obstrucciones a las investigaciones de corrupción en el entorno presidencial. “La sensación general es que el gobierno está protegiendo a Nicanor Boluarte”, afirmó el exministro de Trabajo, Juan Sheput, quien calificó al actual premier, Gustavo Adrianzén, como el «escudero» del hermano de la presidenta.

Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se refirió a la decisión judicial como “politizada” sin ofrecer mayores argumentos. Además, justificó la fuga de Nicanor Boluarte, argumentando que “es una decisión personal” y que la medida afecta su derecho a la libertad.
Este nuevo escándalo llega en un momento crítico para la administración de Dina Boluarte, cuyo gobierno atraviesa una grave crisis de legitimidad. Según el más reciente sondeo de la encuesta Datum, la aprobación de la presidenta ha caído a un mínimo histórico de apenas 3%, un récord negativo que refleja el creciente descontento de la ciudadanía con su gestión, marcada por escándalos de corrupción, la crisis económica y los conflictos sociales.
El congresista Roberto Sánchez, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo y compartió gabinete con Boluarte, también se pronunció sobre la situación, señalando que la evasión de la justicia de Nicanor Boluarte es “lamentable” y advirtió sobre la protección que el gobierno parece brindar a su familia. “Es evidente que existe un blindaje”, expresó.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha optado por no hacer comentarios directos sobre la fuga de Nicanor, aludiendo a la imparcialidad que debe caracterizar la justicia y respetando el debido proceso. Sin embargo, Maurate hizo un llamado generalizado para que se respeten los derechos fundamentales de todos los peruanos, aunque no abordó específicamente la situación del hermano de la presidenta.
El caso de Nicanor Boluarte es solo el último en una serie de escándalos de corrupción que han socavado aún más la imagen del gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta presiones tanto internas como internacionales. La fuga de su hermano, sumada a la crisis de gobernabilidad y a la creciente desaprobación popular, ha dejado al ejecutivo en una situación aún más precaria. Las próximas semanas serán claves para determinar si la justicia logrará dar con el paradero de Nicanor Boluarte, y si el gobierno será capaz de superar este nuevo desafío político y social.
Actualidad
Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.
La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.
El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.
El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.
Actualidad
Ataque al Poder Judicial: Investigación contra magistrados pone en riesgo la independencia y fomenta la impunidad

En un hecho que ha generado una fuerte controversia política y jurídica, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado una investigación disciplinaria contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros magistrados de la Corte Suprema. Este proceso, impulsado por una mayoría parlamentaria afín a la derecha y sectores aliados como Perú Libre, ha sido denunciado como un intento de debilitar la independencia judicial y garantizar la impunidad de figuras políticas vinculadas a casos de corrupción y crimen organizado.
La decisión de la JNJ, organismo encargado de evaluar y sancionar a los jueces y fiscales del país, ha sido calificada por expertos y organizaciones de la sociedad civil como una maniobra política más que administrativa. Según los críticos, el objetivo real de esta investigación no es corregir supuestas faltas disciplinarias, sino remover a magistrados incómodos para el poder político y reemplazarlos con jueces afines a los intereses de grupos como el fujimorismo y sus aliados.

Conflictos de interés y falta de legitimidad
Uno de los aspectos más cuestionados de esta investigación es la participación de una consejera de la JNJ, exjueza con vínculos evidentes con un partido político cuyos líderes enfrentan graves procesos judiciales. Esta situación ha sido denunciada como un claro conflicto de interés, ya que su intervención en el caso carece de imparcialidad y pone en duda la legitimidad del proceso. Además, se ha señalado que la supuesta falta atribuida a los magistrados es de carácter jurisdiccional y no debería ser competencia de la JNJ, sino resuelta por la propia Sala mediante los mecanismos legales establecidos.
Doble rasero en la lucha contra la corrupción
La rapidez con la que se ha impulsado esta investigación contrasta con la lentitud y pasividad mostrada por la JNJ y otros organismos de control frente a denuncias de corrupción y violaciones al debido proceso. Mientras los grandes casos de lavado de activos y crimen organizado avanzan con una lentitud sospechosa, esta investigación exprés contra los máximos representantes del Poder Judicial ha sido interpretada como un intento de desviar la atención y proteger a quienes buscan evadir la justicia.
En los últimos años, el Congreso ha sido utilizado como un refugio para bloquear investigaciones y reformas que buscan fortalecer la rendición de cuentas. Mediante cambios legislativos, se han reducido penas y se han creado obstáculos para las investigaciones contra políticos y empresarios vinculados a actos de corrupción. Este contexto ha llevado a muchos a ver la investigación contra Tello Gilardi y otros magistrados como parte de una estrategia más amplia para garantizar la impunidad de los poderosos.

Un precedente peligroso para la democracia
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permitir que el poder político utilice organismos de control para remover jueces y fiscales a conveniencia no solo debilita la institucionalidad democrática, sino que también sienta un precedente peligroso para el futuro de la justicia en el país. Si esta maniobra prospera, se pondrá en riesgo la lucha contra la corrupción y se consolidará un sistema en el que la impunidad sea la norma.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han llamado a la ciudadanía a estar alerta ante lo que consideran un ataque directo al Estado de derecho. Lo que está en juego no es solo el destino de algunos jueces, sino el futuro de la justicia y la democracia en el Perú. La comunidad internacional también ha comenzado a expresar su preocupación, señalando que la independencia judicial es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
La investigación contra la presidenta del Poder Judicial y otros magistrados de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en la batalla por el control de la justicia en el Perú. Lo que comenzó como una disputa política podría convertirse en una crisis institucional si no se toman medidas para proteger la independencia del Poder Judicial. En un momento en el que la corrupción y la impunidad amenazan con socavar los cimientos del Estado de derecho, la defensa de la justicia independiente se ha convertido en una tarea urgente para todos los peruanos.
Actualidad
La candidata Luisa Gonzáles se perfila como ganadora de la segunda vuelta electoral en Ecuador

Tras una primera vuelta electoral ajustada, la candidata izquierdista Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, se posiciona como una fuerte contendiente para la segunda vuelta presidencial en Ecuador, programada para el 13 de abril. Con el 92,96% de las actas escrutadas, González obtuvo el 43,87% de los votos, apenas 40,000 votos por detrás del actual presidente, Daniel Noboa, quien alcanzó el 44,25%. La estrecha diferencia ha generado un intenso debate sobre las estrategias que ambos candidatos deberán implementar para asegurar la victoria.

González ha denunciado inconsistencias en el proceso de escrutinio, especialmente en provincias clave como Esmeraldas, Manabí y Guayas, donde afirma que su movimiento tiene mayor fuerza. La candidata asegura que, de resolverse estas irregularidades, su ventaja sobre Noboa sería de al menos dos puntos porcentuales. Además, ha criticado al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir que Noboa realizara campaña sin pedir licencia de su cargo, lo que considera una violación a la legislación electoral.
La estrategia de González para la segunda vuelta se centrará en consolidar el apoyo de su base correísta y atraer a los votantes del movimiento indígena, liderado por Leonidas Iza, quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta. Iza, con un discurso enfocado en la defensa de los derechos indígenas y la justicia social, podría ser un aliado clave para González, ya que su apoyo podría inclinar la balanza a su favor.

Por su parte, Noboa, quien se declaró ganador de la primera vuelta, deberá reforzar su imagen como un líder capaz de mantener la estabilidad económica y enfrentar la inseguridad, temas que han dominado la agenda política en Ecuador. Sin embargo, su cercanía con sectores empresariales y su manejo del poder durante la campaña podrían restarle apoyo entre los votantes más críticos.
La segunda vuelta promete ser un enfrentamiento polarizado entre dos visiones opuestas: el correísmo, que busca retomar el poder después de ocho años en la oposición, y el oficialismo, que apuesta por la continuidad. Con más de 13,7 millones de ecuatorianos llamados a las urnas, el resultado final dependerá de la capacidad de ambos candidatos para movilizar a sus bases y atraer a los indecisos.
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