La publicación oficial consigna que «El Senado de la República ha dado la Ley siguiente», omite la referencia a la Cámara de Diputados y solo incluye las firmas de autoridades del Senado. El caso motivó una denuncia penal y un pedido de rectificación de la autógrafa.

LIMA | 23 de octubre de 2026 | Pulso27

La promulgación de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño, abrió una controversia sobre las formalidades del procedimiento legislativo en el nuevo Congreso bicameral. La norma, publicada el 22 de octubre en el diario oficial El Peruano, contiene una fórmula que atribuye al Senado de la República la aprobación de la ley, en lugar de identificar al Congreso como órgano legislativo.

El cuestionamiento se centra en el encabezado de la norma, que señala textualmente: EL SENADO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente. Además, la autógrafa publicada incluye las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres, y de su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, sin las rúbricas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la primera vicepresidenta de esa cámara, Analí Márquez.

Denuncia penal alcanza a autoridades del Ejecutivo y del Senado

El abogado Javier Adrianzén Carreño presentó el viernes 23 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de abuso de autoridad. La denuncia comprende a la presidenta de la República, Keiko Fujimori; al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y a los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante. También incluye al gerente de Publicaciones Oficiales de El Peruano, Ricardo Montero, a quien atribuye una presunta participación como cómplice primario.

Según lo reportado por La República, el abogado cuestiona que la Ley 32743 se publicara sin las firmas de las autoridades de la Cámara de Diputados. Asimismo, solicita que la Fiscalía investigue los hechos y determine las responsabilidades que correspondan.

La presentación de una denuncia no acredita por sí misma la comisión de un delito. La eventual responsabilidad penal de las personas señaladas deberá determinarse mediante las actuaciones fiscales y judiciales correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia.

Óscar Reto exige medidas correctivas

La controversia también llegó al ámbito parlamentario. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, remitió un oficio a Miguel Torres para expresar su preocupación por las formalidades aplicadas en la elaboración y publicación de la autógrafa.

Reto pidió adoptar medidas correctivas al considerar que el documento omitió la referencia al Congreso de la República y las firmas de los representantes de la Cámara de Diputados. En su comunicación, sostuvo que el Parlamento está integrado por ambas cámaras y que la autógrafa debe reflejar la voluntad institucional del Congreso dentro del marco constitucional.

El titular de Diputados también advirtió sobre la importancia de establecer criterios claros durante el primer año de funcionamiento del nuevo sistema bicameral, a fin de evitar controversias similares en los procedimientos legislativos posteriores.

¿Qué establece el marco constitucional?

El punto central de la discusión es la diferencia entre las competencias de cada cámara y la titularidad de la función legislativa. En el sistema bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados cumplen funciones diferenciadas dentro del procedimiento de formación de las leyes.

El portal institucional del Congreso señala que la función legislativa comprende la presentación, el debate y la aprobación de las normas, conforme a la Constitución y los reglamentos parlamentarios. Por su parte, la información oficial del Senado describe sus atribuciones respecto de la revisión, el debate, la aprobación, la modificación o el rechazo de las propuestas legislativas remitidas por Diputados.

En ese contexto, especialistas en derecho constitucional han cuestionado que la fórmula de la Ley 32743 atribuya exclusivamente al Senado la aprobación de la norma.

El constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la ley corresponde al Congreso de la República y no exclusivamente a una de sus cámaras. Otros especialistas, como Aníbal Quiroga, César Delgado-Guembes y Luciano López, también cuestionaron la redacción y las formalidades de la autógrafa, aunque sus apreciaciones sobre el alcance jurídico y la vía para corregir el documento no son necesariamente idénticas.

Miguel Torres defiende el procedimiento

Frente a las críticas, Miguel Torres defendió la actuación del Senado y señaló que la Constitución le encarga a su presidente remitir la autógrafa al Poder Ejecutivo. En declaraciones recogidas por La República, sostuvo que corresponde al presidente del Senado efectuar esa remisión y descartó que la ausencia de la firma del titular de Diputados impida necesariamente la promulgación.

Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, también descartó que la situación constituya una irregularidad que invalide automáticamente la publicación, aunque dejó abierta la posibilidad de subsanar el documento si correspondiera.

Estas posiciones mantienen abierta la discusión sobre si el problema es una deficiencia formal subsanable o si requiere un procedimiento jurídico específico para corregir la autógrafa. La determinación de sus efectos legales corresponde a las instancias competentes.

Una controversia que va más allá de una fórmula

La discusión adquiere relevancia porque la Ley 32743 delega al Ejecutivo facultades para legislar mediante decretos legislativos durante 90 días calendario, exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño.

De acuerdo con su artículo 1, la delegación debe ejercerse dentro de los parámetros establecidos por la propia ley y la Constitución. Por ello, la controversia sobre la autógrafa plantea interrogantes acerca de las formalidades que deben observarse en la producción de normas durante la implementación del Congreso bicameral.

El debate no se limita a la frase utilizada en el encabezado. También comprende la participación de ambas cámaras, las firmas de sus representantes y el procedimiento aplicable para corregir eventuales defectos documentales.

Hasta el cierre de esta nota, las fuentes consultadas dan cuenta de la denuncia penal y del pedido de medidas correctivas, pero no permiten confirmar que se haya publicado una rectificación oficial de la Ley 32743 ni que exista una decisión fiscal definitiva sobre la denuncia.

Comisión de Constitución aprobó por siete votos el paquete legislativo que incorpora nuevas medidas de seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. La ausencia de bancadas opositoras permitió sesionar con el quórum mínimo.

Lima, 19 de octubre de 2026.- La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes el dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, con un total de 27 materias vinculadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La propuesta incorpora siete puntos adicionales a los 20 remitidos por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno del Senado.

La votación se realizó con siete senadores presentes: Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras. El resultado fue de siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según la información difundida por el Congreso. La presencia de Astucuri permitió completar el quórum necesario para la sesión.

La aprobación se produjo en medio de las discrepancias sobre la posibilidad de que el Senado incorpore materias que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Según La República, representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no asistieron a la sesión. Su ausencia dejó a las bancadas presentes en condiciones de deliberar y votar sin la participación de esos sectores opositores.

Los siete puntos añadidos comprenden la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad; el seguimiento pospenitenciario de condenados por delitos graves con riesgo concreto de reincidencia; y criterios para calificar determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia. También incluyen medidas especiales de investigación frente a organizaciones que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, ajustes a las reglas de legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La séptima materia adicional busca facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, entre ellos puentes, carreteras y obras de protección contra inundaciones. El alcance concreto de estas facultades dependerá del texto definitivo que apruebe el Parlamento y de las disposiciones que se emitan en su aplicación.

El respaldo del representante de Obras tiene relevancia política porque su presencia permitió completar el número necesario para sesionar y su voto integró la mayoría que aprobó el dictamen ampliado. La República informó que el senador Roger Astucuri había planteado observaciones sobre el apartado referido a inteligencia y solicitado excluir la referencia a la DINI, pero el texto final mantuvo esa materia. El episodio evidencia las diferencias entre la posición expresada previamente por sectores opositores y la decisión adoptada en esta sesión.

La aprobación en comisión no significa que el Ejecutivo ya tenga autorización definitiva para legislar sobre las 27 materias. El siguiente paso corresponde al Pleno del Senado, que deberá debatir y votar la propuesta. El desenlace determinará si el paquete se convierte en una autorización legislativa y cuáles serán sus límites. Por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos, las competencias estatales y las obras preventivas frente a emergencias climáticas, el contenido del dictamen requiere seguimiento público y evaluación del texto final.

Un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, el senador Iber Maraví y otros legisladores obligó a suspender temporalmente la sesión del 10 de octubre. El incidente reavivó las críticas contra el Gobierno de Keiko Fujimori, cuestionado por su presión política para obtener facultades legislativas.

Lima, 10 de octubre de 2026.- La disputa por las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori escaló este sábado 10 de octubre a un enfrentamiento verbal en la Comisión de Constitución del Senado. El incidente involucró al ministro del Interior, César Astudillo; al senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú; y a otros parlamentarios, y obligó a interrumpir temporalmente la sesión en la que se evaluaba la propuesta del Ejecutivo.

El episodio reforzó los cuestionamientos de sectores opositores sobre el comportamiento de representantes del oficialismo y sus aliados. Maraví calificó de prepotente la actuación que atribuyó al ministro y denunció un presunto intento de agresión física por parte del senador José Giampietri, de Renovación Popular. Estas últimas afirmaciones corresponden a la versión del legislador y no deben confundirse con una agresión físicamente acreditada.

El cruce comenzó con un cuestionamiento a la reforma policial

La confrontación se desencadenó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó al titular del Interior por su posición frente a la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional. La legisladora sostuvo que el ministro parecía tener miedo de reconocer esa necesidad, en el contexto de las medidas de seguridad que el Gobierno pretende implementar.

Astudillo reaccionó ante esas expresiones y reclamó que se retiraran, lo que provocó la intervención de Maraví. El senador pidió al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que garantizara el uso de la palabra de Luque y llamara al orden al ministro. La discusión subió de tono y se extendió a otros participantes, entre ellos el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, y el senador Giampietri.

Según el relato de Maraví, el ministro lo increpó de manera descortés y se produjeron gestos y expresiones que consideró intimidatorios. El legislador también denunció que Giampietri se acercó físicamente a él en una actitud que interpretó como una amenaza. El incidente llevó a suspender la sesión durante varios minutos; posteriormente, el debate fue retomado. La controversia quedó marcada por versiones enfrentadas sobre las responsabilidades de los participantes.

Fujimori respalda al ministro tras el incidente

Horas después, la presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo a Astudillo tras el altercado en el Senado. Su pronunciamiento trasladó la controversia al terreno político nacional y profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y sus críticos, que cuestionan tanto el tono de sus declaraciones como la forma en que sus representantes afrontan las discrepancias institucionales.

Para los sectores opositores, el incidente refleja una preocupante escalada de confrontación en un debate que debería concentrarse en la seguridad ciudadana, la reforma policial y la prevención del fenómeno El Niño. Las acusaciones de prepotencia y actitud matonesca forman parte de esa crítica política; su evaluación requiere distinguir los hechos observables, las declaraciones de cada participante y las responsabilidades que puedan establecerse.

De la “paciencia democrática” al enfrentamiento parlamentario

El episodio del Senado se suma a la controversia iniciada el 29 de septiembre, cuando Fujimori afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba nuestra paciencia”. La mandataria defendió la urgencia de las medidas contra la delincuencia y sostuvo que su Gobierno actuaría “nos otorguen o no nos otorguen facultades”. También aseguró que “el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

El premier Luis Galarreta había señalado que el Ejecutivo mantuvo “paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento” y pidió a las bancadas reconsiderar su posición. Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición apuntaron a que ese lenguaje podía interpretarse como presión sobre el Legislativo para acelerar la aprobación de la delegación solicitada.

El Congreso recortó el pedido de 66 a 20 medidas

A finales de agosto, el Gobierno solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 medidas distribuidas en materias como seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, simplificación administrativa, reforma del Estado, empleo, tributación, desarrollo productivo y vivienda. La amplitud de la propuesta generó resistencias parlamentarias, incluido un predictamen que recomendaba archivar el pedido completo.

Después de una sesión de más de 12 horas, el 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una versión reducida: 20 medidas, circunscritas a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días. La votación final fue de 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El texto pasó al Senado, donde el Ejecutivo buscaba recuperar parte de las atribuciones excluidas.

La Comisión de Constitución del Senado continuó el análisis el 10 de octubre, pero el altercado entre ministros y legisladores desplazó momentáneamente la discusión de sus aspectos técnicos hacia una confrontación política. Al cierre de la jornada, la comisión anunció que retomaría el debate el miércoles 14 de octubre, por lo que la delegación de facultades todavía no tenía una decisión definitiva del Senado.

La disputa pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

El Gobierno de Fujimori enfrenta así dos desafíos simultáneos: obtener respaldo parlamentario para sus medidas de seguridad y contener una confrontación política que amenaza con desviar el debate de sus objetivos declarados. La delegación de facultades no constituye una autorización irrestricta para gobernar por decreto: su alcance depende de la aprobación legislativa y de los límites que establezca el Congreso.

Las críticas sobre una supuesta pérdida de la “careta democrática” expresan la interpretación de los sectores que consideran que el Ejecutivo pasó de invocar la paciencia institucional a ejercer presión pública y confrontarse con sus críticos. No obstante, el incidente del Senado, por sí solo, no demuestra una ruptura del orden constitucional; sí evidencia una escalada de tensión que exige explicaciones, respeto por las reglas parlamentarias y responsabilidad de todos los participantes.

El desenlace dependerá de la discusión que continúe en el Senado y de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sin recurrir a intimidaciones ni descalificaciones. Mientras el Ejecutivo reclama herramientas para enfrentar la criminalidad, la controversia deja una pregunta central: ¿podrá el Gobierno demostrar que su defensa de la seguridad ciudadana es compatible con el respeto a la deliberación democrática?