Atenas, 29 de setiembre de 2026.- Las calles de Atenas y otras ciudades griegas vuelven a convertirse en escenario de movilizaciones sindicales y sociales contra las reformas impulsadas por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Sin embargo, una precisión resulta clave: las fuentes actuales describen a su administración como de centroderecha o conservadora, no como un Gobierno de ultraderecha.

El conflicto se ha concentrado especialmente en el sector público. El 16 de septiembre, trabajadores estatales realizaron una paralización en Atenas y se movilizaron frente al Parlamento contra una propuesta de reforma constitucional que, según la central sindical ADEDY, podría debilitar las garantías laborales de los funcionarios públicos.

La organización sindical también reclama empleo permanente, mejores salarios y la defensa de la educación y la salud públicas. ADEDY anunció nuevas movilizaciones y convocó una jornada nacional de acción para el 1 de octubre, además de una posible huelga durante ese mes.

El conflicto trasciende los salarios

La disputa no se limita a las remuneraciones. Los sindicatos cuestionan modificaciones relacionadas con el empleo público y con la educación, mientras estudiantes también han salido a las calles para reclamar soluciones frente al elevado costo de la vivienda y las dificultades para acceder a residencias universitarias.

El Gobierno, por su parte, sostiene que su estrategia busca mantener la disciplina fiscal al mismo tiempo que aumenta los ingresos disponibles. En septiembre anunció un paquete económico de aproximadamente 3.500 millones de euros hasta 2030, equivalente al 1,5 % del PIB, con rebajas tributarias y aumentos de ingresos para distintos sectores.

Más ingresos, pero también presión sobre el Estado

Entre las medidas anunciadas figuran un pago anual de 400 euros para pensionistas y otro de 500 euros para trabajadores públicos desde 2027, además de reducciones tributarias para agricultores, familias con tres hijos, trabajadores independientes y empresas. El Ejecutivo también plantea elevar progresivamente el salario mínimo hasta 1.000 euros mensuales en 2028.

La contradicción que alimenta el conflicto es que estas medidas de alivio económico conviven con una agenda de reorganización y reforma del sector público. ADEDY sostiene que algunas de las modificaciones constitucionales podrían afectar las garantías de permanencia de los funcionarios y reclama que los servicios públicos continúen siendo universales y gratuitos.

Privatizaciones: qué está confirmado

En cuanto a la afirmación de que el Gobierno está preparando una ola de privatizaciones de servicios públicos, las fuentes revisadas para septiembre de 2026 no permiten sostenerla en esos términos. Lo que sí aparece documentado es una política de impulso a la inversión privada, reformas administrativas y participación de capital privado en sectores estratégicos. El Ejecutivo, además, mantiene como prioridad la reducción de la deuda y una política fiscal prudente.

El Gobierno asegura que Grecia atraviesa una etapa económica diferente a la crisis de la década pasada: estima un crecimiento cercano al 2 % y un superávit primario de alrededor del 4 % en 2026. Al mismo tiempo, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, según sondeos citados por medios griegos.

La presión social crece antes de las elecciones

Mitsotakis descartó adelantar las elecciones y confirmó que los comicios generales se celebrarán en la primavera de 2027. Su Gobierno, que fue reelegido en 2023 con el 40,5 % de los votos, enfrenta actualmente un escenario político más complicado y un descenso del respaldo registrado por las encuestas citadas por Reuters.

El Ejecutivo intenta responder a la presión social con ayudas, rebajas tributarias y aumentos salariales. El 30 de septiembre, además, solicitó a la Unión Europea mayor flexibilidad fiscal para enfrentar la crisis del costo de vida y anunció nuevas medidas sobre combustibles y deudores con dificultades de pago.

Una nueva jornada de movilización

Así, Grecia llega a octubre con un frente abierto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. No está acreditado que el país se encuentre actualmente “paralizado” por una protesta nacional, y Euronews advirtió recientemente que videos difundidos en redes bajo esa afirmación correspondían en realidad a una manifestación de febrero de 2025.

Lo que sí está documentado es una escalada de movilizaciones contra las reformas del sector público, los salarios y el costo de vida, con una jornada nacional anunciada para el 1 de octubre. El alcance de esa convocatoria permitirá determinar si las protestas adquieren una dimensión nacional comparable con las grandes huelgas que históricamente han marcado los conflictos sociales en Grecia.

La intervención que comenzó en 2003 con el derrocamiento de Saddam Hussein atravesó ocupación, insurgencia, retirada, retorno para combatir al Estado Islámico y una nueva salida. Este 30 de septiembre termina la misión militar estadounidense en Irak, pero no todas las consecuencias políticas y de seguridad de aquella guerra.

Irak, 29 de setiembre de 2026.- Veintitrés años después de que Estados Unidos y sus aliados iniciaran la invasión de Irak, Washington completó este miércoles 30 de septiembre de 2026 la retirada de sus últimas fuerzas militares del país. Los últimos efectivos abandonaron una base aérea en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, en cumplimiento del proceso acordado entre Bagdad y Washington.

La operación militar que comenzó el 20 de marzo de 2003 tenía como objetivo declarado por Washington y sus aliados acabar con la amenaza que atribuían al régimen de Saddam Hussein. Las fuerzas de la coalición entraron en Irak y tomaron Bagdad el 9 de abril. Poco después, Estados Unidos estableció la Autoridad Provisional de la Coalición para administrar el país mientras se organizaba una transición política.

Pero la caída de Hussein no significó el final de la guerra. La desaparición del régimen abrió un prolongado periodo de insurgencia, violencia sectaria y debilitamiento institucional. La propia investigación británica sobre la guerra concluyó posteriormente que los riesgos de conflicto interno, inestabilidad regional y actividad de Al Qaeda en Irak habían sido advertidos antes de la invasión y que no fueron considerados adecuadamente en la planificación posterior.

Las armas que no aparecieron

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la intervención fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y programas destinados a desarrollarlas. Las investigaciones posteriores cuestionaron seriamente la calidad de la inteligencia utilizada para sustentar esas afirmaciones. El informe de la investigación británica sobre Irak concluyó que la fiabilidad de la información sobre esas armas había sido sobrevalorada y que las evaluaciones resultaron erróneas.

La ausencia de los arsenales que se habían presentado como una amenaza central se convirtió en uno de los mayores problemas políticos de la intervención. La investigación Chilcot también cuestionó la preparación para la etapa posterior al derrocamiento de Hussein y señaló que la planificación de la reconstrucción y la transición política enfrentó dificultades que habían sido advertidas previamente.

Estados Unidos se fue en 2011, pero regresó en 2014

Washington retiró sus fuerzas de combate de Irak a finales de 2011. El acuerdo bilateral establecía que las tropas estadounidenses debían abandonar el territorio iraquí antes del 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, la retirada no significó el cierre definitivo de la intervención estadounidense.

El vacío de seguridad y las disputas políticas internas contribuyeron al fortalecimiento de grupos insurgentes. El Estado Islámico de Irak y Siria, conocido como ISIS o ISIL, aprovechó la inestabilidad y la guerra en la vecina Siria. En 2014, la organización conquistó amplias zonas de Irak y Siria, obligando a Estados Unidos a regresar militarmente al país como parte de una coalición internacional contra el grupo.

Así comenzó otra etapa de la presencia estadounidense: ya no para derrocar al gobierno iraquí, sino para combatir al Estado Islámico y apoyar a las fuerzas de seguridad locales. Aunque ISIS perdió su control territorial en Irak, Washington mantuvo efectivos, asesores y capacidades de inteligencia como parte de la operación internacional contra la organización.

La última retirada

En 2024, Estados Unidos e Irak acordaron una transición en dos fases. La primera contemplaba el cierre de la misión militar de la coalición contra ISIS dentro de Irak; la segunda permitía mantener determinadas capacidades relacionadas con las operaciones contra el grupo en Siria desde territorio iraquí hasta septiembre de 2026.

Ese proceso llegó a su punto final este miércoles. El Pentágono confirmó que las fuerzas estadounidenses completaron su salida de Irak, mientras Washington y Bagdad pasan a una relación de seguridad basada principalmente en cooperación bilateral, entrenamiento e intercambio de inteligencia. La retirada marca así el final de la misión militar estadounidense en territorio iraquí, aunque Estados Unidos mantiene capacidades y operaciones relacionadas con la lucha contra ISIS en la región.

Una nueva ecuación para Irak

La salida estadounidense devuelve al Estado iraquí una responsabilidad mayor sobre su propia seguridad, pero también abre interrogantes sobre el equilibrio de fuerzas dentro del país. Reuters informó que sectores iraquíes celebraron la retirada mientras otros expresaron preocupación por un posible vacío de seguridad y por la capacidad de grupos vinculados a Irán o remanentes del Estado Islámico para aprovechar la nueva situación.

El cambio también tiene una dimensión regional. Durante más de dos décadas, la presencia militar estadounidense fue uno de los principales factores que condicionaron la política de seguridad iraquí y el equilibrio entre Washington, Teherán y las distintas fuerzas políticas y armadas del país. Con la salida de las últimas tropas, Irak entra en una etapa en la que su gobierno deberá sostener el control territorial y enfrentar las amenazas internas con menor presencia militar extranjera directa.

El final de una guerra que no termina en 2003

La cronología explica por qué la retirada de 2026 no puede analizarse como un acontecimiento aislado. La secuencia comenzó con la invasión de 2003, continuó con la administración de la ocupación, la insurgencia y la violencia sectaria, pasó por la retirada de 2011 y desembocó en el regreso de las tropas estadounidenses en 2014 para combatir al Estado Islámico.

El 30 de septiembre de 2026 termina formalmente esa última misión militar estadounidense en Irak. Pero las consecuencias de la intervención iniciada en 2003 —la transformación del sistema político iraquí, el debilitamiento y posterior reconstrucción de sus instituciones de seguridad, la expansión de la influencia iraní y el surgimiento del Estado Islámico— continúan formando parte del escenario regional. Por ello, el acontecimiento de esta semana representa menos un punto final de la historia iraquí que el cierre de un prolongado capítulo de presencia militar estadounidense.

Brasil, 27 de setiembre de 2027.- A una semana de las elecciones, el presidente busca un cuarto mandato frente a Flávio Bolsonaro. La disputa llega ajustada, mientras Lula refuerza su discurso contra la injerencia extranjera, reivindica sus políticas sociales y enfrenta una campaña marcada por la desinformación y la polarización.

Luiz Inácio Lula da Silva entra en la última semana de campaña para las elecciones presidenciales de Brasil con el objetivo de mantenerse al frente del Ejecutivo y obtener un cuarto mandato no consecutivo. El primer turno será el 4 de octubre, y una eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE). En total, 158,7 millones de electores están habilitados para votar.

El principal adversario de Lula es el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La campaña llega a su tramo decisivo con ambos como los principales protagonistas de la disputa presidencial y con mediciones recientes que muestran diferencias reducidas dentro de los márgenes de error. Una encuesta Quaest y otra de BTG Pactual/Nexus, difundidas en septiembre, registraron escenarios de empate estadístico entre ambos para una eventual segunda vuelta.

Soberanía como bandera electoral

Uno de los principales ejes de la campaña de Lula es la soberanía nacional, un discurso que adquirió mayor peso después de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El mandatario ha cuestionado cualquier presión externa sobre las decisiones económicas y políticas brasileñas y ha colocado la defensa de los recursos naturales y de la autonomía del país en el centro de sus intervenciones públicas.

El mensaje fue reiterado el 22 de septiembre durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Lula sostuvo que Brasil no aceptará interferencias externas en su proceso electoral y vinculó la defensa de la democracia con la soberanía nacional.

La estrategia también aparece en su discurso interno. Durante el mensaje por el Día de la Independencia, el presidente defendió la autonomía brasileña frente a intereses extranjeros y destacó recursos considerados estratégicos, entre ellos las tierras raras, el agua y el petróleo.

Políticas sociales en el centro

La campaña oficialista también busca convertir las políticas sociales en un argumento para la continuidad del gobierno. En septiembre, el Ejecutivo anunció un aumento de 15% en el beneficio mínimo del Bolsa Família, que pasó de 600 a 691 reales mensuales. La medida representa un gasto estimado de 5.800 millones de reales durante 2026 y 22.000 millones en 2027, según Reuters.

La decisión se produjo durante la campaña electoral y generó cuestionamientos desde el sector de Flávio Bolsonaro, que señaló el momento de la medida como electoralista. El gobierno, por su parte, sostiene que el incremento puede ejecutarse dentro de las asignaciones presupuestarias y sin incumplir las metas fiscales.

Otro asunto incorporado al tramo final de la campaña es la regulación de las apuestas digitales. El 25 de septiembre, Lula firmó una medida provisional que dispone el fin de la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las denominadas bets en Brasil. La decisión fue defendida por el gobierno como una respuesta a un problema de salud pública y endeudamiento.

Desinformación y choque con el bolsonarismo

La campaña también se desarrolla en medio de una intensa disputa en redes sociales. La coalición Brasil Pronto Pra Mais, que respalda a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin, llevó ante el TSE acciones contra Flávio Bolsonaro, el diputado Nikolas Ferreira y el PL por la difusión de contenidos que, según la campaña oficialista, manipularon declaraciones del presidente.

El escenario electoral está marcado además por una fuerte polarización. Mientras Lula presenta la elección como una disputa sobre democracia, soberanía y continuidad de políticas sociales, Flávio Bolsonaro concentra buena parte de su discurso en cuestionamientos al gobierno del PT y en temas vinculados con seguridad, corrupción y oposición al actual campo político gobernante.

Las encuestas de septiembre reflejan esa confrontación sin ofrecer, a una semana de la votación, un resultado definitivo. Un levantamiento Palver divulgado el 21 de septiembre registró 42% para Flávio Bolsonaro y 41% para Lula en un escenario de primer turno, dentro del margen de error. Otras mediciones han mostrado resultados diferentes, por lo que los sondeos deben interpretarse según su fecha, metodología y margen de error.

Lula acelera en la última semana

El último fin de semana antes del primer turno, Lula llevó la campaña a las calles con una caminata en la zona este de São Paulo. Allí volvió a defender la prohibición de las apuestas digitales, una de las decisiones recientes que busca incorporar al discurso electoral en la recta final.

La agenda internacional también se convirtió en parte de la campaña. Su presencia en Nueva York y el discurso ante Naciones Unidas permitieron al mandatario proyectar una imagen de defensa del multilateralismo, la soberanía y la democracia. Al mismo tiempo, sus intervenciones sobre las relaciones con Estados Unidos reflejan que la política exterior se ha incorporado directamente al debate electoral.

El antecedente de la candidatura

Lula fue oficializado como candidato presidencial por el PT el 2 de agosto de 2026, durante una convención en São Paulo. Su compañero de fórmula volvió a ser Geraldo Alckmin, del PSB, quien ya lo acompañó en la elección de 2022. La coalición Brasil Pronto Pra Mais quedó integrada por PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL y Rede.

La elección representa la séptima candidatura presidencial de Lula. El dirigente comenzó su trayectoria electoral hacia la Presidencia en 1989, fue candidato nuevamente en 1994 y 1998, ganó las elecciones de 2002 y 2006 y regresó al poder en 2022. En 2026 busca prolongar nuevamente su ciclo político, esta vez en una contienda frente a Flávio Bolsonaro y otras diez candidaturas presidenciales registradas ante el TSE.