Lima, 27 de septiembre de 2025 – Un paro de 48 horas convocado por la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP) mantiene en vilo a la capital, con bloqueos parciales en distritos como San Juan de Lurigancho y concentraciones frente al Congreso. Los transportistas, golpeados por más de 40 asesinatos y extorsiones desde 2024, demandan reformas legales urgentes y la renuncia de ministros por la inseguridad galopante. A ellos se han sumado miles de jóvenes de la Generación Z, quienes protestan contra las AFP y la ausencia de un Estado protector, en una alianza que ha colapsado rutas clave y generado tensión en el centro de Lima.

Con una adhesión del 30% de las empresas de transporte, según la Confederación Nacional de Transportistas, el paro ha afectado principalmente Lima Norte y Sur, con caravanas de buses avanzando hacia el Congreso por avenidas como Abancay. En la Plaza San Martín, estudiantes y activistas corean consignas como “#YaBasta” junto a choferes, denunciando un sistema que los deja vulnerables ante la violencia. La Policía Nacional ha desplegado patrulleros, pero las críticas apuntan a su incapacidad para frenar las mafias extorsionadoras, que exigen hasta S/500 semanales por unidad.

El gobierno, a través del Ministerio de Transportes, prometió “diálogo”, pero sin medidas concretas, mientras en redes sociales el hashtag #ParoTransportistas suma apoyo para un posible paro indefinido. La convergencia de transportistas y jóvenes refleja un malestar generalizado que podría escalar si no hay respuestas. Analistas advierten que esta protesta, más allá de la inseguridad, canaliza demandas estructurales como la reforma de pensiones y la lucha contra la corrupción, en un país al borde del hartazgo social.

La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es un hecho aislado. Se trata de un episodio dentro de una ofensiva más amplia destinada a subordinar los aparatos de justicia a los intereses del régimen y de la derecha corrupta. La medida, adoptada en apenas dos minutos de sesión y sin las mínimas garantías de imparcialidad ni debido proceso, desnuda la verdadera naturaleza de la JNJ: lejos de ser garante de la legalidad, se ha transformado en un instrumento político al servicio de la captura institucional.

El mensaje es inequívoco: se sanciona y se aparta a quien ose enfrentar a las mafias enquistadas en el poder. La inconstitucionalidad de esta decisión, que invade competencias exclusivas de la Junta de Fiscales Supremos, abre el camino a un copamiento del Ministerio Público. El objetivo es reinstalar a operadores funcionales a la impunidad y neutralizar investigaciones que comprometen a redes de corrupción política y económica.

Si este proceso continúa, el país se encamina hacia una peligrosa reconfiguración autoritaria de la justicia. No se trata solo de controlar la Fiscalía, sino de imponer una lógica más amplia: alinear al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los órganos electorales bajo un esquema de subordinación que blinde al régimen frente a cualquier forma de fiscalización. Este copamiento equivale a un golpe institucional silencioso, en el que la independencia de poderes se sacrifica para consolidar un proyecto de control político total.

Las consecuencias serían devastadoras: judicialización selectiva de adversarios, impunidad para las redes de corrupción y un colapso aún mayor de la confianza ciudadana en las instituciones. Bajo el disfraz de la “legalidad”, se avanza hacia un autoritarismo de nuevo cuño que busca desmantelar los contrapesos republicanos.

La lucha contra la corrupción no puede quedar en manos de quienes la manipulan como arma de control político. Si este proceso no se frena, el Perú terminará con un aparato de justicia reducido a una oficina de blindaje para el crimen organizado y el poder político de turno.

En este contexto, resulta imprescindible un pronunciamiento firme y coordinado de las fuerzas democráticas y populares en el Congreso. Más allá de matices o coyunturas, corresponde levantar una posición principista frente a una medida abiertamente inconstitucional, propia de regímenes autoritarios y avalada por el gobierno junto a sus operadores parlamentarios. La defensa de la autonomía del Ministerio Público y de la independencia de poderes debe convertirse en una bandera común, porque lo que está en juego no es solo una coyuntura política, sino la posibilidad misma de construir una democracia real al servicio del pueblo, y no del crimen organizado.

El activista conservador Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA y figura prominente en el espectro derechista estadounidense, fue asesinado a tiros durante un evento en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025. El incidente, descrito por autoridades como un «asesinato político», ha desatado una ola de indignación y un llamado urgente a la reflexión sobre la creciente inseguridad en el país norteamericano.

Más de 48 horas después del crimen, el sospechoso permanece en libertad, pese a la difusión de videos y fotos de un «interés en la investigación» por parte del FBI y la policía de Utah, que muestran a un individuo huyendo de un tejado tras el disparo. Dos personas han sido interrogadas temporalmente, pero liberadas, mientras el director del FBI, Kash Patel, supervisa una cacería que ha recibido más de 200 pistas ciudadanas, sin avances concretos hasta el 12 de septiembre. Este suceso no es aislado: se suma a una cadena de violencia que incluye más de 300 tiroteos masivos en lo que va del año, con 302 muertos y 1.354 heridos, según datos preliminares de la Gun Violence Archive.

En un contexto donde un crimen violento ocurre cada 25.9 segundos, el asesinato de Kirk subraya cómo la polarización ideológica se ha convertido en combustible para un caos social que amenaza con desestabilizar la democracia estadounidense. La muerte de Kirk llega en un momento en que las estadísticas revelan una inseguridad rampante que trasciende fronteras partidarias, aunque las cifras oficiales del FBI y el Consejo sobre Justicia Criminal muestren una ligera caída en homicidios del 17% en la primera mitad de 2025 comparado con 2024. Sin embargo, esta aparente mejoría esconde realidades alarmantes: en ciudades como Memphis o Washington D.C., los crímenes violentos –incluyendo asaltos agravados y robos– siguen disparados, con casi 1.600 incidentes graves reportados en la capital federal solo este año.

La proliferación de armas de fuego, exacerbada por políticas laxas en su control, y la retórica incendiaria de figuras políticas han fomentado un ambiente donde disidentes como Kirk pagan con su vida. Críticos argumentan que el gobierno de Trump, pese a sus promesas de «ley y orden», ha fallado en abordar las raíces profundas de esta inseguridad: desigualdad económica, donde el 13.5% de hogares enfrentan inseguridad alimentaria, y un sistema de salud mental colapsado que deja a millones vulnerables. Este asesinato no solo silencia una voz controvertida, sino que expone la fragilidad de una nación que prioriza el divisionismo sobre la cohesión social. Desde Perú, donde observamos con recelo cómo Estados Unidos opina y se entromete en la seguridad de países latinoamericanos –promoviendo intervenciones, financiando golpes y exportando inestabilidad bajo el pretexto de la «guerra contra las drogas» o la «democracia»–, el caso Kirk nos obliga a cuestionar el doble rasero de la potencia del norte.

Mientras el gobernador de Utah, Spencer Cox, clama por «sanación» y ofrece recompensas de hasta 100.000 dólares por información sobre el tirador, urge una crítica global: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que Washington implemente reformas reales en control de armas y justicia social? La inseguridad en EE.UU. no es solo un problema interno; es un espejo de su hipocresía transnacional que demanda vigilancia latinoamericana para contrarrestar sus injerencias. En memoria de Kirk, esperamos que este crimen impulse no venganza, sino un debate honesto sobre la erosión de la paz en la potencia del norte, sin olvidar sus sombras en nuestra región.