Lima – La gestión del alcalde Rafael López Aliaga enfrenta un nuevo revés: solo el 40% de los limeños aprueba su labor, mientras que un contundente 57% la desaprueba, según la reciente encuesta de Datum publicada por El Comercio. Estos números no solo reflejan el creciente descontento ciudadano, sino que evidencian una administración que parece navegar en contra de los intereses y necesidades de la mayoría de la capital.

Desde su campaña, López Aliaga prometió transformar Lima en «potencia mundial» con proyectos ambiciosos como la entrega de 10 mil motos para reforzar la seguridad ciudadana, agua para todos y ciudad moderna. Sin embargo, a más de dos años de gestión, estas promesas se han diluido en un mar de excusas y críticas. La inseguridad, uno de los principales problemas de los limeños —con un alarmante 94% que se siente vulnerable según encuestas previas—, sigue sin respuesta efectiva.

En lugar de soluciones concretas, la ciudadanía ha visto iniciativas cuestionadas, como la propuesta de una playa artificial en San Juan de Lurigancho, que muchos consideran un despilfarro frente a necesidades urgentes como el transporte público o la infraestructura básica, porque no cumplen los objetivos de dar acceso al mar y recreación a los ciudadanos de la capital peruana.

El descontento no se limita a la falta de resultados. Las posturas del burgomaestre han generado una percepción de desconexión con los intereses de la mayoría. Sus declaraciones polarizantes sobre quienes protestan contra la mandataria Dina Boluarte y su enfoque en proyectos de dudosa prioridad contrastan con las demandas de una ciudad que clama por seguridad, orden y servicios básicos. Analistas coinciden en que López Aliaga ha priorizado una agenda política personal por encima del bienestar colectivo, lo que ha erosionado su credibilidad incluso entre quienes inicialmente lo apoyaron.

Mientras Lima enfrenta retos históricos como el caos vehicular, la informalidad y la vulnerabilidad ante desastres naturales, la gestión municipal parece estancada en promesas vacías y gestos mediáticos un tanto burdos. La desaprobación ciudadana no es solo un número: es un grito de una ciudad que exige liderazgo, empatía y acción.

López Aliaga aún tiene tiempo para rectificar, pero el reloj avanza y la paciencia de los limeños se agota. Sí no hay cambios sustanciales en su gestión municipal, la población podrá castigarle en las elecciones generales del 2026, porque todo parece que igual postulará a la presidencia de la República de Perú, liderando su partido Renovación Popular, con apoyo de sectores empresariales dudosos y discursos populistas a la que ya los tiene acostumbrados.

Piura atraviesa una nueva crisis sanitaria y social tras la intoxicación de más de 80 escolares que consumieron alimentos del programa estatal Wasi Mikuy, implementado por el gobierno de Dina Boluarte para garantizar la alimentación en escuelas públicas. El hecho ocurrió en el distrito de La Unión, provincia de Piura, donde estudiantes del nivel primario comenzaron a presentar «síntomas de vómitos, diarrea y malestar general» luego de ingerir productos distribuidos por el programa.

Familiares y docentes trasladaron de urgencia a los menores a centros de salud cercanos. Aunque ninguno se encuentra en estado grave, la situación ha generado una profunda indignación en la comunidad. Algunos padres de familia denunciaron que los alimentos entregados estaban vencidos o en mal estado. Uno de los testimonios que más eco ha tenido en redes sociales fue el de una madre, que, entre lágrimas, exclamó: “Que los alimentos vencidos se los traguen los congresistas y Dina Boluarte. Están matando a nuestros niños”.

Frente al escándalo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció una investigación inmediata y suspendió temporalmente la distribución en la zona mientras se realizan los análisis sanitarios correspondientes. Hasta el momento, no hay responsables identificados.

Organizaciones civiles y especialistas en políticas públicas han cuestionado la falta de fiscalización y control de calidad en la cadena de suministro del programa. Asimismo, exigen al Ejecutivo una respuesta firme y transparente, además de una revisión integral del programa Wasi Mikuy, que atiende a miles de niños en situación de vulnerabilidad en todo el país.

En un conversatorio realizado en la provincia de Lucanas, autoridades regionales y locales ratificaron su compromiso con la implementación de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur (UNATSUR), creada mediante la Ley 32268, impulsada por la congresista Margot Palacios Huamán. Esta iniciativa beneficiará a miles de jóvenes egresados de nivel secundaria de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sarasara de Ayacucho, así como a estudiantes de las provincias aledañas de los departamentos de Arequipa, Ica, Apurímac y Huancavelica, quienes hasta ahora han debido migrar a otras ciudades de la costa para acceder a educación superior.

Compromisos concretos para avanzar con la UNATSUR

El presidente del Consejo Regional de Ayacucho, Cristian Navarrete, junto al consejero por Lucanas, César Rojas, anunció que la implementación de la UNATSUR será un tema prioritario en la próxima sesión del consejo, con el objetivo de acelerar su puesta en marcha y garantizar su sostenibilidad.

Por su parte, el alcalde provincial de Lucanas, Jhony Atoccsa Morales, se comprometió a gestionar la asignación presupuestal para los estudios de preinversión y agilizar el saneamiento físico-legal del terreno donde se construirá la universidad, facilitando así su pronta ejecución.

Durante el evento, la congresista Margot Palacios, acompañada por el congresista de Moquegua, Víctor Cutipa Ccama, presentó el proyecto declarativo aprobado, reafirmando su compromiso de apoyar a las autoridades regionales y locales hasta la puesta en funcionamiento de la universidad.

Un proyecto clave para el desarrollo educativo del sur de Ayacucho

La creación de la UNATSUR responde a la histórica necesidad de educación superior en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sarasara, donde miles de jóvenes egresados de colegios secundarios deben trasladarse hasta ciudades de la costa peruana para continuar con su formación profesional. Con la implementación de esta universidad, se espera reducir la migración juvenil y fomentar el desarrollo local.

Asimismo, la UNATSUR se proyecta como un motor de desarrollo económico y social, impulsando la generación de empleo y la capacitación de profesionales que contribuirán al crecimiento de la región. Las carreras a ofrecer estarán alineadas con las necesidades productivas del sur de Ayacucho, priorizando especialidades tecnológicas, agropecuarias e industriales.

Las autoridades coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada para garantizar que la universidad se concrete en el menor tiempo posible, beneficiando a las futuras generaciones del sur de Ayacucho.

Margot Palacios: Impulsora de la educación en el sur de Ayacucho

La congresista Margot Palacios, oriunda de la región, ha sido una figura clave en la aprobación de la Ley 32268, que dio origen a la UNATSUR. Sin embargo, al tratarse de una ley declarativa, publicada el 22 de marzo de 2025, se requiere un nuevo marco normativo para su asignación presupuestal. Por ello, acaba de presentar el proyecto de ley N.º 10617, destinado a garantizar la asignación de recursos desde el gobierno nacional y acelerar su funcionamiento efectivo.

Su propuesta establece la creación de una partida presupuestaria exclusiva para la UNATSUR, asegurando que «se destinarán los recursos necesarios a través del Ministerio de Economía y Finanzas para el funcionamiento de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur (UNATSUR) con cargo al presupuesto del Sector Público, siguiendo los procedimientos contemplados para este fin«. Este mecanismo es similar al utilizado en la creación de la Universidad Tecnológica de San Juan de Lurigancho en Lima, también promovida por Palacios, que actualmente cuenta con una comisión organizadora para su implementación.

Con estos avances, la UNATSUR se encamina a convertirse en una realidad para el sur de Ayacucho, ofreciendo oportunidades educativas a miles de jóvenes y fortaleciendo el desarrollo regional.