Arequipa, 7 de julio 2026.- El intenso invierno que atraviesa el país viene golpeando con fuerza a los departamentos altoandinos del sur, donde las heladas, nevadas y granizadas han provocado un escenario de alto riesgo para la población y las actividades agropecuarias. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activas las alertas por el descenso extremo de las temperaturas, mientras las autoridades intensifican las acciones de prevención frente a una crisis climática que afecta principalmente a las comunidades rurales.

Las regiones de Arequipa, Cusco y Puno registran algunas de las condiciones más severas. En localidades ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, el termómetro continúa marcando temperaturas bajo cero durante las madrugadas, acompañadas por nevadas y granizadas que dificultan el tránsito, afectan los cultivos y ponen en riesgo la salud de miles de pobladores.

Uno de los casos más preocupantes se presenta en la provincia de Lampa, en la región Puno, donde las intensas nevadas han causado graves afectaciones al ganado, principal fuente de ingresos para numerosas familias dedicadas a la crianza de alpacas, llamas y ovinos. Productores locales advierten que la falta de alimento y las bajas temperaturas incrementan el riesgo de mortalidad de los animales si las condiciones climáticas persisten durante los próximos días.

En la sierra central, la región Junín también enfrenta un marcado descenso de temperaturas. En ciudades como Huancayo, la sensación de frío se ha intensificado, obligando a reforzar las medidas de prevención. La Dirección Regional de Defensa Civil viene distribuyendo kits de abrigo, frazadas y otros implementos destinados a proteger a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, considerados los grupos con mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias.

El impacto también alcanza al sector agropecuario. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) coordina acciones de emergencia para reducir las pérdidas ocasionadas por el congelamiento de los pastizales, situación que compromete la alimentación de camélidos sudamericanos y del ganado en diversas zonas altoandinas. Especialistas advierten que, de prolongarse las heladas, podrían registrarse importantes pérdidas económicas para miles de pequeños productores.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a evitar la exposición prolongada al frío, utilizar ropa de abrigo en varias capas, proteger especialmente a niños y adultos mayores, además de acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante síntomas de infecciones respiratorias. Asimismo, recomendaron a los ganaderos resguardar a los animales durante las noches y aprovechar los programas de asistencia impulsados por el Estado.

Mientras continúan las alertas meteorológicas, diversas instituciones mantienen el monitoreo permanente de las zonas más vulnerables del país. El avance de este episodio climático vuelve a evidenciar la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, adaptación al cambio climático y atención oportuna en las comunidades altoandinas, donde cada temporada de heladas representa una amenaza para la salud, la economía familiar y la seguridad alimentaria del Perú.

Loreto, 4 de julio 2026.- Las comunidades indígenas, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas de la cuenca del río Nanay protagonizaron una jornada de protesta para rechazar las concesiones mineras otorgadas en esta importante fuente hídrica de la región Loreto. Bajo el lema «El agua no se negocia», los manifestantes exigieron al Gobierno Central la inmediata revisión de los derechos mineros que, según denuncian, ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable para miles de habitantes de Iquitos y la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana.

Los dirigentes sostienen que la expansión de actividades extractivas en la cuenca del Nanay amenaza la biodiversidad, los territorios ancestrales y la seguridad hídrica de la población. Durante la movilización, cuestionaron que el Estado continúe promoviendo concesiones en zonas consideradas estratégicas para la protección ambiental, mientras las comunidades aseguran no haber sido consultadas adecuadamente sobre las decisiones que afectan sus territorios.

La protesta también adquirió un marcado contenido político. Los representantes comunales demandaron la intervención del Congreso de la República, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas para revisar el marco legal que permite el otorgamiento de concesiones en áreas de alta sensibilidad ecológica. Asimismo, advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, impulsarán nuevas movilizaciones regionales y nacionales para defender el derecho al agua y exigir una política de desarrollo que priorice la protección de la Amazonía.

Especialistas en temas ambientales recuerdan que la cuenca del Nanay cumple un papel fundamental en el abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos y alberga una extraordinaria diversidad biológica. En ese contexto, diversos sectores consideran que cualquier proyecto extractivo debe evaluarse bajo estrictos criterios ambientales y sociales, garantizando la participación efectiva de las poblaciones locales y el respeto de los principios de sostenibilidad.

Mientras las comunidades mantienen firme su consigna de que «El agua no se negocia», el conflicto vuelve a colocar sobre la agenda nacional el debate sobre el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de las fuentes de agua. La controversia refleja uno de los principales desafíos políticos del país: conciliar las inversiones con la defensa del ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la seguridad hídrica de las futuras generaciones.

Moquegua, 4 de julio 2026.- Las comunidades campesinas de Moquegua levantaron el bloqueo de la bocatoma de Ite y otorgaron una tregua de apenas tres días al Gobierno para atender el conflicto por la distribución del agua. La decisión fue presentada por los dirigentes como un último gesto de apertura al diálogo, aunque advirtieron que, de no existir respuestas concretas, las protestas podrían reanudarse con mayor fuerza en toda la región.

El conflicto ha trascendido el ámbito local y se ha convertido en un nuevo desafío político para el Ejecutivo, que enfrenta crecientes cuestionamientos por la demora en atender las demandas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos. Los comuneros sostienen que el Estado ha postergado durante años soluciones de fondo, generando un clima de desconfianza entre las poblaciones afectadas.

El desbloqueo de la infraestructura permitió restablecer el flujo del agua y reducir momentáneamente la tensión social. Sin embargo, los dirigentes recalcaron que la medida no representa el fin de la protesta, sino una pausa condicionada al inicio de negociaciones con capacidad de ofrecer compromisos verificables y plazos definidos para resolver el conflicto.

Mientras tanto, autoridades regionales, alcaldes y organizaciones sociales exhortaron al Gobierno a instalar de inmediato una mesa de diálogo de alto nivel que evite una nueva paralización. Diversos sectores advirtieron que un eventual fracaso de las conversaciones podría afectar no solo las actividades agrícolas y económicas de la zona, sino también incrementar la conflictividad social en el sur del país.

La tregua otorgada por los comuneros coloca al Gobierno frente a una prueba política de corto plazo. El manejo que dé a este conflicto será determinante para medir su capacidad de respuesta ante las demandas de las regiones y evitar que la disputa por el agua en Moquegua se convierta en un nuevo foco de crisis con repercusiones nacionales.