Comisión de Constitución aprobó por siete votos el paquete legislativo que incorpora nuevas medidas de seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. La ausencia de bancadas opositoras permitió sesionar con el quórum mínimo.

Lima, 19 de octubre de 2026.- La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes el dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, con un total de 27 materias vinculadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La propuesta incorpora siete puntos adicionales a los 20 remitidos por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno del Senado.

La votación se realizó con siete senadores presentes: Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras. El resultado fue de siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según la información difundida por el Congreso. La presencia de Astucuri permitió completar el quórum necesario para la sesión.

La aprobación se produjo en medio de las discrepancias sobre la posibilidad de que el Senado incorpore materias que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Según La República, representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no asistieron a la sesión. Su ausencia dejó a las bancadas presentes en condiciones de deliberar y votar sin la participación de esos sectores opositores.

Los siete puntos añadidos comprenden la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad; el seguimiento pospenitenciario de condenados por delitos graves con riesgo concreto de reincidencia; y criterios para calificar determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia. También incluyen medidas especiales de investigación frente a organizaciones que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, ajustes a las reglas de legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La séptima materia adicional busca facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, entre ellos puentes, carreteras y obras de protección contra inundaciones. El alcance concreto de estas facultades dependerá del texto definitivo que apruebe el Parlamento y de las disposiciones que se emitan en su aplicación.

El respaldo del representante de Obras tiene relevancia política porque su presencia permitió completar el número necesario para sesionar y su voto integró la mayoría que aprobó el dictamen ampliado. La República informó que el senador Roger Astucuri había planteado observaciones sobre el apartado referido a inteligencia y solicitado excluir la referencia a la DINI, pero el texto final mantuvo esa materia. El episodio evidencia las diferencias entre la posición expresada previamente por sectores opositores y la decisión adoptada en esta sesión.

La aprobación en comisión no significa que el Ejecutivo ya tenga autorización definitiva para legislar sobre las 27 materias. El siguiente paso corresponde al Pleno del Senado, que deberá debatir y votar la propuesta. El desenlace determinará si el paquete se convierte en una autorización legislativa y cuáles serán sus límites. Por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos, las competencias estatales y las obras preventivas frente a emergencias climáticas, el contenido del dictamen requiere seguimiento público y evaluación del texto final.

Un altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, el senador Iber Maraví y otros legisladores obligó a suspender temporalmente la sesión del 10 de octubre. El incidente reavivó las críticas contra el Gobierno de Keiko Fujimori, cuestionado por su presión política para obtener facultades legislativas.

Lima, 10 de octubre de 2026.- La disputa por las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori escaló este sábado 10 de octubre a un enfrentamiento verbal en la Comisión de Constitución del Senado. El incidente involucró al ministro del Interior, César Astudillo; al senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú; y a otros parlamentarios, y obligó a interrumpir temporalmente la sesión en la que se evaluaba la propuesta del Ejecutivo.

El episodio reforzó los cuestionamientos de sectores opositores sobre el comportamiento de representantes del oficialismo y sus aliados. Maraví calificó de prepotente la actuación que atribuyó al ministro y denunció un presunto intento de agresión física por parte del senador José Giampietri, de Renovación Popular. Estas últimas afirmaciones corresponden a la versión del legislador y no deben confundirse con una agresión físicamente acreditada.

El cruce comenzó con un cuestionamiento a la reforma policial

La confrontación se desencadenó durante la intervención de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó al titular del Interior por su posición frente a la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional. La legisladora sostuvo que el ministro parecía tener miedo de reconocer esa necesidad, en el contexto de las medidas de seguridad que el Gobierno pretende implementar.

Astudillo reaccionó ante esas expresiones y reclamó que se retiraran, lo que provocó la intervención de Maraví. El senador pidió al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que garantizara el uso de la palabra de Luque y llamara al orden al ministro. La discusión subió de tono y se extendió a otros participantes, entre ellos el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, y el senador Giampietri.

Según el relato de Maraví, el ministro lo increpó de manera descortés y se produjeron gestos y expresiones que consideró intimidatorios. El legislador también denunció que Giampietri se acercó físicamente a él en una actitud que interpretó como una amenaza. El incidente llevó a suspender la sesión durante varios minutos; posteriormente, el debate fue retomado. La controversia quedó marcada por versiones enfrentadas sobre las responsabilidades de los participantes.

Fujimori respalda al ministro tras el incidente

Horas después, la presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo a Astudillo tras el altercado en el Senado. Su pronunciamiento trasladó la controversia al terreno político nacional y profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y sus críticos, que cuestionan tanto el tono de sus declaraciones como la forma en que sus representantes afrontan las discrepancias institucionales.

Para los sectores opositores, el incidente refleja una preocupante escalada de confrontación en un debate que debería concentrarse en la seguridad ciudadana, la reforma policial y la prevención del fenómeno El Niño. Las acusaciones de prepotencia y actitud matonesca forman parte de esa crítica política; su evaluación requiere distinguir los hechos observables, las declaraciones de cada participante y las responsabilidades que puedan establecerse.

De la “paciencia democrática” al enfrentamiento parlamentario

El episodio del Senado se suma a la controversia iniciada el 29 de septiembre, cuando Fujimori afirmó que el Congreso estaba “poniendo a prueba nuestra paciencia”. La mandataria defendió la urgencia de las medidas contra la delincuencia y sostuvo que su Gobierno actuaría “nos otorguen o no nos otorguen facultades”. También aseguró que “el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada”.

El premier Luis Galarreta había señalado que el Ejecutivo mantuvo “paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento” y pidió a las bancadas reconsiderar su posición. Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición apuntaron a que ese lenguaje podía interpretarse como presión sobre el Legislativo para acelerar la aprobación de la delegación solicitada.

El Congreso recortó el pedido de 66 a 20 medidas

A finales de agosto, el Gobierno solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 medidas distribuidas en materias como seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, simplificación administrativa, reforma del Estado, empleo, tributación, desarrollo productivo y vivienda. La amplitud de la propuesta generó resistencias parlamentarias, incluido un predictamen que recomendaba archivar el pedido completo.

Después de una sesión de más de 12 horas, el 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una versión reducida: 20 medidas, circunscritas a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días. La votación final fue de 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El texto pasó al Senado, donde el Ejecutivo buscaba recuperar parte de las atribuciones excluidas.

La Comisión de Constitución del Senado continuó el análisis el 10 de octubre, pero el altercado entre ministros y legisladores desplazó momentáneamente la discusión de sus aspectos técnicos hacia una confrontación política. Al cierre de la jornada, la comisión anunció que retomaría el debate el miércoles 14 de octubre, por lo que la delegación de facultades todavía no tenía una decisión definitiva del Senado.

La disputa pone a prueba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo

El Gobierno de Fujimori enfrenta así dos desafíos simultáneos: obtener respaldo parlamentario para sus medidas de seguridad y contener una confrontación política que amenaza con desviar el debate de sus objetivos declarados. La delegación de facultades no constituye una autorización irrestricta para gobernar por decreto: su alcance depende de la aprobación legislativa y de los límites que establezca el Congreso.

Las críticas sobre una supuesta pérdida de la “careta democrática” expresan la interpretación de los sectores que consideran que el Ejecutivo pasó de invocar la paciencia institucional a ejercer presión pública y confrontarse con sus críticos. No obstante, el incidente del Senado, por sí solo, no demuestra una ruptura del orden constitucional; sí evidencia una escalada de tensión que exige explicaciones, respeto por las reglas parlamentarias y responsabilidad de todos los participantes.

El desenlace dependerá de la discusión que continúe en el Senado y de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sin recurrir a intimidaciones ni descalificaciones. Mientras el Ejecutivo reclama herramientas para enfrentar la criminalidad, la controversia deja una pregunta central: ¿podrá el Gobierno demostrar que su defensa de la seguridad ciudadana es compatible con el respeto a la deliberación democrática?

Perú, 5 de octubre de 2026.- el cómputo de la ONPE avanza tras la jornada del 4 de octubre, pero todavía no permite declarar ganadores definitivos. Las actas pendientes, observadas o sometidas a revisión de los Jurados Electorales Especiales (JEE) pueden modificar el orden y los porcentajes en varias circunscripciones.

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 movilizaron el domingo 4 de octubre a más de 26 millones de electores para renovar las autoridades regionales, provinciales y distritales del país para el periodo 2027-2030. En total, el proceso contempla la elección de 25 gobernadores y 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 10.842 regidores, lo que suma 13.148 autoridades.

ONPE concentra el cómputo y los JEE resuelven las actas observadas

La ONPE inició el procesamiento de las actas después del cierre de las mesas y habilitó su plataforma de resultados para que la ciudadanía pueda seguir el cómputo oficial. El organismo electoral señaló que el procesamiento se realiza a través de sus 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El resultado que aparece en la plataforma de la ONPE, sin embargo, no equivale todavía a una proclamación definitiva. Las actas observadas, votos impugnados y eventuales pedidos de nulidad son remitidos a los JEE, que deben resolverlos dentro del procedimiento electoral. Posteriormente corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar los resultados que hayan quedado firmes.

El 30 % define si una región evita la segunda vuelta

La elección de gobernador y vicegobernador tiene una regla diferente a la municipal. Una fórmula regional debe alcanzar no menos del 30 % de los votos válidos para imponerse en primera elección. Si ninguna llega a ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasan a la Segunda Elección Regional (SER 2026).

El JNE fijó el 29 de noviembre de 2026 como fecha para la eventual segunda elección regional. Asimismo, estableció el 28 de octubre como fecha límite para las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales y dispuso medidas para acelerar la resolución de las actas observadas.

Callao, Cusco e Ica aparecen por encima del umbral

En los cortes parciales de resultados publicados durante el 5 de octubre, varias regiones mostraban a sus primeros candidatos por encima del 30 %. En Callao, Pedro Spadaro, de Renovación Popular, superaba ampliamente ese porcentaje, mientras que en Cusco Verónika Mendoza, de Venceremos, aparecía alrededor del 31 % con más del 90 % de las actas contabilizadas en uno de los cortes consultados.

También aparecían por encima del umbral Ica, Ucayali, Madre de Dios y San Martín, aunque en algunos casos el porcentaje de actas contabilizadas todavía no alcanzaba el 100 %. Por esa razón, un resultado superior al 30 % en un corte parcial debe considerarse una ventaja provisional hasta que concluya el procesamiento y se resuelvan las controversias electorales.

En Ayacucho y Apurímac la situación también mostraba fórmulas por encima del 30 %, pero con una particularidad: en Apurímac la diferencia entre las dos primeras candidaturas era estrecha. Los resultados publicados durante el avance del cómputo mostraban a Guido Chahuaylla y Elvyn Díaz disputando los primeros lugares, mientras que en Ayacucho las primeras posiciones también presentaban una competencia relevante.

Quince regiones todavía sin fórmula por encima del 30 %

En otras circunscripciones, los primeros cortes de la ONPE mostraban que ninguna fórmula había alcanzado el porcentaje exigido. Entre ellas figuran, según los avances disponibles, Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La situación no puede considerarse cerrada en estas regiones. Un candidato ubicado cerca del 30 % todavía puede superar el umbral cuando se incorporen nuevas actas, mientras que el orden de las candidaturas que eventualmente disputarían una segunda elección también puede variar durante el proceso de revisión.

Un ejemplo es Junín, donde los primeros resultados mostraban a Fernando Orihuela cerca del límite del 30 %, mientras que en otras regiones como Amazonas y Áncash los porcentajes de las primeras candidaturas se encontraban bastante más distribuidos. Estas diferencias explican por qué la fotografía electoral del 5 de octubre todavía no equivale al resultado final.

Municipios no tendrán segunda vuelta

En las elecciones municipales no existe un mecanismo equivalente a la segunda vuelta regional. La elección de alcaldes se define por la lista que obtiene la mayor votación, de acuerdo con las reglas electorales aplicables a cada concejo.

Por ello, mientras la atención regional se concentra en determinar qué fórmulas alcanzan el 30 % y cuáles deberán disputar una SER, en las provincias y distritos el procesamiento de actas permitirá establecer progresivamente qué listas encabezan cada jurisdicción. Las cifras municipales también permanecen sujetas al cómputo de actas observadas y a las decisiones de los órganos electorales competentes.

El resultado definitivo todavía está en manos del proceso electoral

La principal conclusión de las primeras horas de cómputo es que el mapa regional todavía no está completamente definido. La ONPE continúa incorporando actas a su sistema, mientras los JEE reciben y resuelven aquellas que presentan observaciones, impugnaciones u otras incidencias.

Por ello, los porcentajes difundidos durante estos primeros días deben ser entendidos como resultados parciales y dinámicos, no como proclamaciones. La definición definitiva de los ganadores dependerá del cierre del cómputo, la resolución de las controversias y las proclamaciones correspondientes del JNE.

La ciudadanía puede consultar el avance oficial directamente en la plataforma de resultados de la ONPE. El proceso continuará durante las próximas semanas y será especialmente relevante en las regiones donde las candidaturas se encuentran cerca del umbral del 30 % o donde existe poca diferencia entre quienes ocupan los primeros lugares.