Economía
Exigimos la renuncia del directorio de Petroperú

El Directorio de Petroperú presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera la empresa, señalando que requería 2,200 millones de dólares adicionales para su reflotamiento y planteando la necesidad de una «gestión privada» de la empresa estatal. Esta propuesta generó preocupaciones sobre una posible privatización encubierta.
En el Portal institucional de Petroperú se publicaron cinco informes que fueron elaborados por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam, el cual tenía como objetivo reforzar la gobernanza, sostenibilidad financiera y las operaciones a nivel nacional de la compañía, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 023-2022.
Los informes, fueron aprobados por el Directorio y presentados a la Junta General de Accionistas en julio de 2023, así mismo en el mismo espacio virtual están publicadas las acciones de restructuración que aprobó el Directorio de la empresa y que supuestamente se ejecutarían durante el presente año, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 004-2024. (https://petroperu.com.pe/transparencia/plan-de-reestructuracion/)

Entonces ¿Qué paso?
El Directorio de Petro Perú publicó un sorpresivo y alarmante comunicado bajo un informe de la consultora Arthur D. Little/Columbus; planteando la instalación de una administración privada como “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”
El directorio parece tener una visión sesgada y desfavorable hacia la empresa estatal, buscando potencialmente su «remate» a empresas privadas, regalando activos y subsidiando posibles pérdidas.
Por su parte el gobierno, a través del portavoz presidencial, desestimó categóricamente la propuesta de gestión privada y ha asegurado que Petroperú no será privatizada.
Frente a los hechos, por la transparencia de los hechos, el Directorio pleno de Petroperú debe renunciar renuncie debido a su concepto sesgado sobre la empresa estatal y su enfoque limitado, que no considera aspectos cruciales como la seguridad energética.
Ante estos hechos presentados, el directorio de Petroperú ha perdido la confianza del gobierno y su propuesta de gestión privada ha generado dudas sobre sus intenciones. Por lo tanto, se puede argumentar que, en aras de la transparencia y para restablecer la confianza en la empresa estatal, el directorio completo debería renunciar y permitir un nuevo liderazgo que aborde los desafíos de Petroperú desde una perspectiva más equilibrada y acorde con los intereses nacionales.
El Silencio del Gobierno ante una Propuesta Polémica
El directorio de Petroperú presentó el pasado 8 de mayo un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera de la empresa estatal, proponiendo una «gestión privada» como la mejor opción para hacer frente a la crisis. Esta propuesta generó inmediatas sospechas de una posible privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
A pesar de la gravedad de la propuesta y las preocupaciones que suscitó, el gobierno guardó un preocupante silencio durante casi una semana. No fue hasta el 14 de mayo que el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, salió a desestimar categóricamente la propuesta de gestión privada, asegurando que Petroperú no sería privatizada.
Este prolongado silencio por parte del Ejecutivo es inaceptable y genera dudas sobre la transparencia y la defensa de los intereses nacionales en torno a este tema crucial. ¿Acaso el gobierno estaba considerando seriamente la propuesta del directorio? ¿Qué motivó esta demora en tomar una posición clara frente a una iniciativa que amenazaba con entregar un activo estratégico a manos privadas?
Es fundamental que el gobierno brinde una explicación detallada a la ciudadanía sobre los hechos que rodearon esta polémica propuesta. ¿Qué llevó al directorio a plantear esta opción tan controversial? ¿Se realizaron los análisis adecuados para proteger los intereses nacionales? ¿Existieron influencias externas o conflictos de intereses que pudieron haber sesgado la decisión?
Además, el gobierno debe aclarar su posición sobre el futuro de Petroperú y cómo abordará los desafíos financieros y operativos de la empresa sin comprometer su carácter estatal y su importancia estratégica para el país.
La ciudadanía merece respuestas claras y transparencia absoluta en un tema tan sensible como este. El silencio inicial del gobierno y la falta de una estrategia definida para Petroperú solo alimentan la desconfianza y las sospechas sobre posibles intereses ocultos.
Es momento de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y renueve totalmente el Directorio de Petroperú afín de garantizar que los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú serán salvaguardados en cualquier decisión sobre el futuro de Petroperú.
Economía
Keiko Fujimori declara S/1,13 millones ante la Contraloría: S/1,016 millones figuran en «otros»

La presidente registra S/1’016,123.31 en el rubro “otros”, principalmente asociado a ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Como candidata declaró solamente un Subaru valorizado en S/115,998.
Lima, 25 de agosto de 2026.- La presidente Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría General de la República un patrimonio total de S/1’132,121.31 al inicio de su gestión, según su primera declaración jurada de ingresos, bienes y rentas como jefa de Estado.
El documento registra S/115,998 en el rubro bienes y S/1’016,123.31 en “otros”, categoría que comprende principalmente ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Además, Fujimori consignó ingresos mensuales de S/35,568 provenientes del sector público.
¿Qué declaró como candidata?
El contraste adquiere relevancia porque en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026, Fujimori declaró como bien mueble un Subaru Forester, adquirido en 2017, valorizado en S/115,998. No registró bienes inmuebles a su nombre.
En esa misma declaración consignó S/271,853.45 de ingresos correspondientes al año 2024, provenientes del sector privado.
La diferencia entre los S/1’132,121.31 declarados actualmente y los S/115,998 correspondientes al vehículo es de S/1’016,123.31. Sin embargo, esta diferencia no puede interpretarse automáticamente como un incremento patrimonial irregular, debido a que las declaraciones responden a formatos y categorías diferentes.
El millón está registrado como “otros”
El principal elemento que requiere seguimiento es el rubro “otros”, donde la actual declaración ante Contraloría registra S/1’016,123.31.
Las fuentes públicas consultadas señalan que esta categoría comprende ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Sin embargo, la información pública no permite identificar todos los detalles de las cuentas o instrumentos financieros involucrados.
Por ello, con la información disponible no es posible afirmar que se trate de dinero adquirido recientemente ni atribuirle un origen irregular.
El antecedente de 2011
La comparación con su última declaración como congresista ofrece otro dato relevante. Al culminar su periodo parlamentario en 2011, Fujimori declaró S/117,500 en bienes y S/603,700 en el rubro “otros”, por un total de S/721,200.
La pregunta pendiente
El dato que requiere mayor explicación pública no es únicamente el monto total declarado, sino la composición y origen de los S/1’016,123.31 registrados actualmente en “otros” y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales anteriores.
La información publicada por la Contraloría permite conocer los montos generales, pero no todos los detalles de los activos financieros declarados.
Pulso27.com considera que la transparencia patrimonial de los altos funcionarios debe permitir a la ciudadanía comprender no solo cuánto se declara, sino también cómo está compuesto el patrimonio y cómo evolucionó entre una declaración y otra.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha incorporado una explicación de la presidenta Keiko Fujimori sobre la composición específica del monto registrado en el rubro “otros”.
Economía
Transportistas de Lima y Callao anuncian paro del 25 de agosto contra extorsión y sicariato

Lima, 20 de agosto de 2026.- La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización del transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las propuestas que aseguran haber presentado.
El reclamo: seguridad para trabajar
Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.
Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.
Una violencia que ya deja víctimas
La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.
Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.
El paro todavía puede evitarse
La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.
El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.
Actualidad
Ministro Elmer Cuba genera rechazo por plantear reducción de ministerios

Lima, 18 de agosto de 2026.- El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, genera rechazo por sus declaraciones sobre las lluvias que afectan a Lima y por confirmar que el Gobierno evalúa reducir el número de ministerios. El titular del MEF señaló que podrían fusionarse dos o tres carteras, mientras sectores políticos cuestionan sus expresiones frente a la emergencia que afecta a familias de Lima Sur.
Cuba sostuvo que las lluvias ocurren en distintas ciudades del mundo y pidió no exagerar por las inundaciones registradas en la capital. Sus declaraciones fueron cuestionadas debido a los aniegos que afectan sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde vecinos han enfrentado acumulación de agua, dificultades para desplazarse y afectaciones en sus viviendas y calles.
La controversia aumentó luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori cuestionara la posición de su ministro. La mandataria sostuvo que Cuba no estaría considerando la magnitud de los daños, las pérdidas materiales y el dolor que vienen soportando las familias afectadas por las lluvias.
En medio de esta polémica, Cuba confirmó que el Ejecutivo evalúa fusionar dos o tres ministerios pequeños con otras carteras. Según explicó, no se trataría de eliminar las funciones del Estado, sino de redistribuirlas dentro de una estructura gubernamental diferente para buscar una administración más eficiente.
La propuesta, sin embargo, abre un debate mayor: ¿reducir ministerios hará realmente más eficiente al Estado? La reorganización podría implicar modificaciones en competencias, presupuestos y estructuras administrativas, por lo que cualquier decisión requeriría una evaluación técnica y política antes de convertirse en una reforma concreta.
El titular del MEF precisó que la reducción de ministerios todavía se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una decisión definitiva ni una prioridad inmediata del Ejecutivo. Actualmente, el Gobierno tiene entre sus principales preocupaciones la respuesta frente al fenómeno de El Niño, el abastecimiento y precio de los combustibles y la situación de Petroperú.
La discusión llega cuando el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta sus primeras pruebas de gestión. Mientras el Ejecutivo analiza cómo reorganizar el aparato estatal, las lluvias han puesto nuevamente sobre la mesa problemas estructurales de Lima, como el drenaje urbano, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.
Para sus críticos, las declaraciones de Cuba reflejan una preocupante distancia entre la mirada económica del Gobierno y la realidad cotidiana de las familias afectadas. Para el ministro, en cambio, el debate debería centrarse en qué estructura estatal permite prestar mejores servicios públicos y utilizar mejor los recursos del país.
La polémica deja dos preguntas sobre la mesa: ¿la reducción de ministerios será una verdadera reforma para hacer más eficiente al Estado o solo una reorganización administrativa? Y, frente a las lluvias que ya afectan a miles de ciudadanos, ¿está el Gobierno preparado para demostrar que puede responder con eficiencia cuando la emergencia golpea directamente a la población?
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