El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.

El periodismo peruano despide a una de sus figuras más emblemáticas con el repentino fallecimiento de Jaime Chincha, conductor y analista político de 48 años, quien murió este domingo por un infarto fulminante en su hogar en Miraflores. Chincha, con una trayectoria de más de dos décadas en medios como Canal N, América Televisión y RPP, se había consolidado en sus últimos meses como una voz disidente en el canal de YouTube de La República, donde moderaba el programa «Del Hecho al Hecho». Su partida, confirmada por fuentes médicas y policiales, ha generado conmoción y tributos de colegas, quienes destacan su valentía en un contexto de tensiones políticas. El velatorio se realiza en privado, y entidades como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) lo recuerdan como un defensor incansable de la libertad de expresión.

Enfocado en sus intervenciones recientes, Chincha había intensificado sus críticas contra la presidenta Dina Boluarte, cuestionando abiertamente su gestión en materia de seguridad y economía. En el programa del 3 de septiembre, apenas días antes de su muerte, arremetió contra la propuesta de reabrir la prisión de El Frontón como solución a la crisis carcelaria, tildándola de «medida populista e irresponsable» que ignoraba la existencia de cinco megapenales inconclusos en regiones como Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa. «El Gobierno de Boluarte prefiere fuegos artificiales a soluciones reales», afirmó, señalando al ministro de Justicia, José Luis Santiváñez, como un actor en esta «distracción» que agrava la sobrepoblación penitenciaria y la inseguridad ciudadana. Estas declaraciones resonaron en un país azotado por el aumento de la delincuencia, posicionando a Chincha como un crítico frontal del Ejecutivo.

El impacto de sus últimas apariciones se extiende a otros temas, donde Chincha no escatimó en acusaciones directas contra Boluarte por acciones que consideraba hipócritas y elitistas. En emisiones previas, denunció el aumento salarial de la presidenta en medio de una austeridad impuesta a la población, llamándolo «descarado» y destacando que su sueldo superaba «30 veces el ingreso promedio» de los peruanos, lo que evidenciaba una desconexión con la realidad social. Asimismo, criticó el sobrevuelo en helicóptero de Boluarte sobre zonas de emergencia como una «burla» a los esfuerzos contra la delincuencia, y cuestionó la normalización de regalos lujosos como relojes Rolex en medio de investigaciones fiscales, viéndolo como un signo de corrupción encubierta. Colegas como Mónica Delta y Augusto Townsend lo han elogiado por esta «complicidad con la verdad», subrayando que su legado fortalece el periodismo independiente en tiempos de presiones gubernamentales. Su ausencia deja un vacío en el debate público, reavivando discusiones sobre su responsabilidad en el poder.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juramentó el 23 de agosto de 2025 a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una decisión que ha desatado fuertes críticas debido a los antecedentes del exfuncionario. Santiváñez, quien previamente ocupó el cargo de ministro del Interior, fue censurado por el Congreso en marzo de este año por su «manifiesta incapacidad» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Este nombramiento, realizado en el marco de una reorganización del Gabinete a menos de un año del fin de la gestión de Boluarte, ha sido calificado por sectores de la oposición como un acto de «reciclaje» de figuras cuestionadas, lo que pone en tela de juicio el compromiso del gobierno con la transparencia y la meritocracia.

El historial de Santiváñez genera preocupación entre analistas y congresistas, quienes advierten sobre las implicancias de designar a una figura censurada en un ministerio clave como el de Justicia. Durante su paso por el Ministerio del Interior, Santiváñez enfrentó críticas por su gestión ineficaz frente a la delincuencia y por decisiones controversiales que debilitaron la confianza pública. Tras su salida, asumió un cargo en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, lo que ya había sido señalado como una maniobra para mantenerlo en la esfera gubernamental. La congresista Ruth Luque calificó el nombramiento como un reflejo de «impunidad» y cuestionó la idoneidad de Santiváñez para liderar una cartera tan sensible como la de Justicia y Derechos Humanos.

La designación de Santiváñez se suma a una serie de movimientos en el Gabinete de Boluarte que han generado críticas por la falta de renovación y el aparente reciclaje de figuras políticas. Mientras el gobierno defiende la experiencia de los nuevos ministros, la opinión pública y diversos sectores exigen mayor transparencia en los criterios de selección. Con el país enfrentando desafíos en materia de seguridad, derechos humanos y confianza institucional, el nombramiento de Santiváñez plantea interrogantes sobre la dirección del Ejecutivo en el tramo final de su mandato.