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Nacional

Defensoría del Pueblo: Junta Directiva acusa a Josué Gutiérrez de incumplir derechos laborales

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En un comunicado conjunto, la Junta Directiva de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha puesto en el ojo de la tormenta a la institución y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), denunciando graves incumplimientos que afectan los derechos laborales de su personal. La declaración, emitida el 1 de mayo, expone una serie de irregularidades que contradicen el supuesto compromiso con los trabajadores.

Entre las acusaciones más serias está el incumplimiento de un compromiso para adjudicar las plazas 728 a los trabajadores de la Defensoría, una promesa que, según el comunicado, no se ha materializado. Asimismo, se señala al MEF por errores en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), que registra contratos a plazo indeterminado como temporales, afectando a direcciones clave como las de conflictos sociales y derechos humanos. Esta falta de diligencia, atribuida a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, ha generado indignación entre los trabajadores.

Otro punto crítico es el desacato a sentencias judiciales que ordenan la incorporación de trabajadores al régimen 728 y el pago de intereses de la CTS, evidenciando un desprecio por las resoluciones legales. Pero la controversia no termina ahí: la mudanza técnica de un piso a otro en la sede central, sin un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ni un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pone en riesgo la vida e integridad del personal y visitantes, según el comunicado. La infraestructura, aseguran, no está preparada para la cantidad de empleados que han ingresado desde el inicio de la actual gestión.

“Es una gestión que declara compromiso con los trabajadores, pero los hechos demuestran lo contrario”, reza el comunicado, que también llama a los trabajadores a unirse y prepararse para nuevas jornadas de lucha, incluso acudiendo a instancias internacionales si es necesario. Este panorama opaca la labor defensorial de la institución, que debería velar por los derechos de los más vulnerables, mientras enfrenta críticas por no garantizar los de su propio personal.

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Actualidad

Senasa declara emergencia sanitaria por influenza aviar: amenaza a la canasta familiar peruana

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Lima, 15 de julio de 2026 .- El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró el estado de emergencia sanitaria por 90 días en todo el territorio nacional ante la confirmación de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves de corral en San Vicente de Cañete, región Lima. La medida, oficializada mediante resolución jefatural, busca contener la rápida propagación del virus altamente contagioso y proteger una industria clave que suministra el 70% de la proteína de origen animal consumida por los peruanos.

Autoridades sanitarias activaron de inmediato el sacrificio sanitario de aves en el predio afectado, cuarentena estricta y delimitación de una zona perifocal. Senasa intensificará la vigilancia epidemiológica en todo el país, con restricciones a la movilización de aves vivas y productos avícolas sin certificación. Además, se prohíben eventos gallísticos, ferias y concentraciones de aves en las zonas bajo control.

El pollo y el huevo fresco, pilares de la alimentación diaria en miles de hogares peruanos, enfrentan riesgo de escasez temporal y alzas de precios si el brote se expande. Familias de estratos medios y bajos ya ajustan sus compras en mercados y ferias, optando por cantidades menores y más frecuentes para controlar el gasto ante posibles incrementos en la canasta familiar.Productores y trabajadores del sector avícola expresan preocupación.

Granjas y plantas de procesamiento podrían enfrentar paralizaciones parciales, afectando empleos directos e indirectos. En crisis anteriores, suspensiones y deudas salariales agravaron la situación de miles de familias que dependen de esta cadena productiva.

Ante esta emergencia, las familias peruanas evalúan alternativas nutricionales. Mientras el pollo y huevos bien cocidos permanecen seguros para el consumo, muchos planean incorporar más legumbres, pescados en conserva y vegetales para diversificar proteínas y mitigar el impacto económico en el presupuesto doméstico.

Senasa insta a los avicultores a reforzar medidas de bioseguridad, reportar inmediatamente cualquier síntoma y cumplir estrictos protocolos de desinfección. El incumplimiento podría derivar en sanciones y apoyo de la fuerza pública para hacer cumplir las disposiciones.

Especialistas indican que, de controlarse rápidamente el foco, el impacto sería limitado. Sin embargo, una propagación nacional pondría en jaque la estabilidad de precios y el abastecimiento de alimentos esenciales para millones de peruanos.

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Economía

¡Impulso histórico al interior! Congreso aprueba crédito de S/9,596 millones para obras en regiones

Redactor

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Lima, 14 de julio 2026.- El Congreso de la República, a través de su Comisión Permanente, aprobó en sesión nocturna el crédito suplementario por S/ 9,596 millones de soles destinado principalmente a impulsar proyectos de inversión en el interior del país. Esta medida, solicitada por el Ejecutivo, busca reactivar la economía regional y cerrar brechas históricas en infraestructura, con énfasis en gobiernos regionales y locales que recibirán una parte significativa de los recursos.

Según el dictamen aprobado, más de S/ 4,160 millones se incorporan directamente vía crédito suplementario al Presupuesto del Sector Público 2026, priorizando inversiones en regiones alejadas de la capital. Estos fondos financiarán la continuidad de obras paralizadas, nuevos proyectos de agua y saneamiento, carreteras y electrificación rural, beneficiando directamente a millones de peruanos en el interior.

Entre los principales destinos destacan los gobiernos regionales de Cusco, Arequipa, La Libertad, Piura y Junín, donde se ejecutarán proyectos de optimización, ampliación marginal y rehabilitación de infraestructura crítica. Autoridades regionales han destacado que estos recursos permitirán destrabar decenas de iniciativas de reconstrucción por El Niño y cierre de brechas sociales pendientes.

Un componente clave del paquete es la emisión de bonos internos por hasta S/ 1,260 millones, orientados específicamente a Proyectos de Inversión (PI), Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), así como Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI). Estas herramientas buscan acelerar la ejecución en zonas donde la inversión pública ha sido históricamente baja.

En el sector de transportes e irrigación, se prevé un fuerte impulso a carreteras y sistemas de riego en la sierra y selva, mientras que en salud y educación los fondos apoyarán la culminación de hospitales y colegios en provincias. Gobiernos locales de diversas regiones ya alistan expedientes técnicos para ejecutar los recursos en los próximos meses.

Especialistas del MEF estiman que una ejecución eficiente de este crédito podría aportar hasta un punto porcentual al crecimiento del PBI, con mayor impacto en las economías regionales que dependen de la obra pública. Sin embargo, advirtieron que el éxito dependerá de la capacidad de las regiones para absorber y ejecutar los recursos sin demoras.

Con esta aprobación, el Gobierno busca garantizar la transición democrática con obras concretas en el interior del país. Los pliegos beneficiados deberán reportar avances trimestrales para asegurar transparencia en el uso de los fondos millonarios.

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Actualidad

Equipo de transferencia de Keiko Fujimori bajo la lupa: exfuncionarios investigados y cuestionados perfilan el próximo gabinete

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Lima, 12 de julio 2026.- La conformación de los equipos de transferencia del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori ha abierto un intenso debate político, luego de que diversos medios revelaran que entre los 69 integrantes designados para revisar la situación de los ministerios figuran exfuncionarios con investigaciones fiscales, procesos judiciales, informes de la Contraloría, renuncias polémicas y cuestionamientos por su actuación en anteriores gobiernos. Aunque ninguno de estos antecedentes implica por sí mismo una condena, organizaciones civiles y sectores de la oposición advierten que varios de ellos podrían convertirse en ministros o altos funcionarios desde el 28 de julio.

El equipo es encabezado por el economista Marco Vinelli Ruiz, responsable de coordinar la transferencia con el Ejecutivo saliente. Sin embargo, las críticas se centran en otros integrantes vinculados a sectores estratégicos. De acuerdo con investigaciones periodísticas, en las comisiones aparecen exfuncionarios de las gestiones de Alan García, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte e incluso del régimen de Alberto Fujimori, algunos de ellos investigados por presuntos delitos de corrupción, negociación incompatible, favorecimiento indebido, irregularidades en contrataciones públicas o mencionados en informes de control.

Entre los nombres que han generado mayor controversia figuran Daniel Soria Luján, exprocurador general; José Elice Navarro, exministro del Interior; Juan Silva Villegas, exfuncionarios y asesores provenientes de distintos gobiernos, además de cuadros técnicos relacionados con sectores como Energía y Minas, Transportes, Salud, Producción y Vivienda. A ellos se suman exautoridades cuestionadas por presunto favorecimiento en contrataciones, investigaciones fiscales abiertas, observaciones de la Contraloría o denuncias por decisiones administrativas durante su paso por el Estado. Varios de estos casos permanecen en investigación y no cuentan con sentencia firme. (La República)

Otro grupo de cuestionamientos apunta al retorno de antiguos operadores políticos y técnicos que participaron en administraciones anteriores y que ahora tendrían a su cargo la revisión de información sensible sobre presupuesto, contrataciones, proyectos de inversión, arbitrajes y ejecución de obras públicas. Analistas consideran que esta participación suele anticipar los futuros nombramientos ministeriales, ya que quienes lideran la transferencia terminan ocupando cargos de confianza en el nuevo gobierno. (Rumbo Minero)

Las críticas también alcanzan al criterio utilizado para la selección de los equipos. El programa La Encerrona y otros medios señalaron que entre los designados existen personas investigadas por presuntos actos de corrupción, casos relacionados con la desaparición de evidencias, denuncias por favorecimiento y hasta exfuncionarios vinculados a episodios emblemáticos de la política peruana, lo que ha alimentado el debate sobre si la transición representa una renovación técnica o el retorno de antiguos cuadros políticos. (La República)

Desde Fuerza Popular no han respondido individualmente a los cuestionamientos y sostienen que las designaciones obedecen a criterios de experiencia y capacidad técnica para garantizar una transferencia ordenada. No obstante, la expectativa ahora se concentra en la conformación del primer Consejo de Ministros, ya que varios integrantes de las comisiones son considerados favoritos para asumir carteras como Economía, Interior, Energía y Minas, Transportes, Salud y Producción. Su eventual nombramiento marcará una de las primeras pruebas de credibilidad y transparencia del gobierno que iniciará funciones el próximo 28 de julio. (Rumbo Minero)

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