Lima, 9 de septiembre de 2026. La llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Perú coloca al gobierno de Keiko Fujimori ante una de sus primeras controversias de política exterior: la incorporación del país al denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para coordinar a gobiernos del continente contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Rubio anunció el martes 8 de septiembre que Perú se incorporaba a esta arquitectura regional, antes de reunirse con Fujimori. La presidenta ya había comunicado desde agosto su interés en que el país formara parte de la iniciativa. El jueves 10, ambos tienen previsto reunirse en Palacio de Gobierno para abordar seguridad, lucha contra el crimen organizado, defensa, comercio, inversiones y cooperación frente al fenómeno El Niño.

El anuncio ha generado dos lecturas contrapuestas. Para el Ejecutivo, representa una oportunidad para ampliar la cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Para sectores de izquierda y organizaciones críticas de la política exterior de Washington, supone un nuevo nivel de alineamiento con Estados Unidos y abre interrogantes sobre soberanía, autonomía estratégica y posibles compromisos militares.

El «Escudo de las Américas» busca articular a los gobiernos del continente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia transnacional. Sin embargo, su implementación en Perú se ha realizado sin debate parlamentario ni tratado formal, lo que ha generado desconfianza. La excongresista Margot Palacios lo calificó como una «entrega de territorio» y un retorno a la condición de «patio trasero», advirtiendo que el país podría quedar subordinado a los intereses geopolíticos de EE.UU.

Pero hay una pregunta que va más allá de la disputa ideológica: ¿qué significa jurídicamente que Perú haya ingresado al “Escudo de las Américas” y qué obligaciones concretas asumió el Estado?

Una incorporación anunciada, pero todavía bajo interrogantes jurídicos

La principal controversia ya no es si Perú entrará o no al mecanismo. Rubio confirmó públicamente su incorporación y el Gobierno peruano ha asumido esa decisión como parte de su política exterior.

Lo que permanece sin suficiente explicación pública son los alcances jurídicos, políticos y operativos de esa incorporación.

La preocupación llegó al Congreso. El Senado aprobó por unanimidad, con 52 votos, que el canciller Carlos Espá explique ante el Pleno la naturaleza jurídica de la incorporación, los compromisos asumidos, su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Parlamento. La presentación fue programada para el 16 de septiembre.

La senadora Ruth Luque, una de las impulsoras de la iniciativa, planteó una pregunta central: si la incorporación ya constituye un hecho, ¿cuál es exactamente el instrumento jurídico que la sustenta y a qué se comprometió el Estado peruano? También se ha solicitado precisar si hubo evaluación del Consejo de Ministros y opiniones del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Policía Nacional.

Por ello, presentar el asunto simplemente como una adhesión realizada “sin debate parlamentario” resulta incompleto. Sí existe ahora un proceso de fiscalización parlamentaria, aunque el debate se produce después de que el Ejecutivo anunciara la incorporación.

La calle también responde

La controversia llegó este miércoles a las calles de Lima. Un grupo de manifestantes, compuesto por unas decenas de personas, se concentró en la Plaza San Martín para protestar contra la visita de Rubio y el ingreso peruano al “Escudo de las Américas”. Los participantes exhibieron pancartas con consignas como “¡Fuera Marco Rubio del Perú!” y “¡No al Escudo de las Américas!”.

La movilización había sido convocada previamente por el Partido Comunista del Perú–Patria Roja, que llamó a trabajadores, estudiantes e intelectuales a rechazar la visita del funcionario estadounidense.

En un pronunciamiento fechado el 9 de septiembre, Patria Roja rechazó la incorporación y sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe desarrollarse mediante una estrategia soberana y mecanismos de cooperación entre Estados en condiciones de igualdad. La organización también vinculó la discusión de seguridad con la disputa internacional por los minerales estratégicos y rechazó convertir al Perú en parte de una política de bloques frente a China u otros países.

Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento no muestra una movilización social masiva contra la visita. El rechazo callejero registrado este miércoles aparece, por ahora, como una expresión minoritaria, aunque políticamente significativa por el contenido de sus demandas.

El dato que cambia la historia: Perú ya era aliado principal de EE.UU.

Existe además un antecedente que no debería quedar fuera del análisis. El 14 de enero de 2026, Donald Trump designó oficialmente a Perú como Major Non-NATO Ally (MNNA), es decir, Aliado Principal Extra-OTAN. La determinación estadounidense señala que la medida busca ampliar la cooperación en seguridad entre ambos países y facilitar ámbitos como investigación y desarrollo, tecnología satelital, arrendamiento de material de defensa y cooperación antiterrorista.

Por tanto, el “Escudo de las Américas” no constituye el comienzo de la relación estratégica de seguridad entre Lima y Washington. Es un paso adicional dentro de un proceso iniciado antes del gobierno de Keiko Fujimori.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ya había señalado en julio que entre las prioridades de la nueva administración estaba reforzar la coordinación con países vecinos en materia de seguridad y continuar con la incorporación del Perú al “Escudo de las Américas”.

La cuestión de fondo pasa entonces de “¿Perú se está acercando a Estados Unidos?” a una pregunta más precisa: ¿hasta dónde llegará ese acercamiento y bajo qué condiciones?

Rubio, China y el puerto de Chancay

La visita tampoco puede analizarse exclusivamente desde la lucha contra el narcotráfico. En su gira por Colombia, Ecuador y Perú, Rubio ha colocado la relación con China entre las preocupaciones estratégicas de Washington. En el caso peruano, sus declaraciones hicieron referencia directa a inversiones chinas y a sectores considerados estratégicos.

Uno de los puntos sensibles es el puerto de Chancay, operado por COSCO Shipping, empresa estatal china. Rubio cuestionó públicamente el modelo de inversiones respaldadas por Beijing y sostuvo que determinados proyectos chinos pueden generar problemas de transparencia y seguridad.

La respuesta china no tardó. Su embajada en Lima defendió las inversiones de su país y afirmó que estas respetan la legislación peruana.

Así, detrás del discurso de cooperación contra el crimen organizado aparece una disputa mayor: la competencia entre Washington y Beijing por influencia económica, tecnológica, comercial y estratégica en América Latina. Y Perú ocupa una posición especialmente sensible por su relación simultánea con ambas potencias.

¿Seguridad contra el crimen o nueva arquitectura geopolítica?

El Gobierno estadounidense presenta el “Escudo de las Américas” como una herramienta para enfrentar amenazas transnacionales. La iniciativa fue lanzada por Trump en marzo de 2026 y reúne a gobiernos latinoamericanos interesados en coordinar acciones contra organizaciones criminales y redes vinculadas al narcotráfico.

Pero la iniciativa también tiene una dimensión geopolítica. La actual administración estadounidense busca reforzar su influencia en el hemisferio occidental y contener la creciente presencia de actores externos, especialmente China. La gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú se desarrolla precisamente en ese contexto. Reuters ha descrito el recorrido como parte del esfuerzo de Washington por profundizar la cooperación antidrogas y reforzar su influencia regional.

El contraste regional también es revelador. En Colombia, la cooperación con Estados Unidos ya contempla asistencia en inteligencia, entrenamiento y equipamiento, mientras Ecuador mantiene una relación de seguridad todavía más intensa con Washington.

Eso convierte al caso peruano en un asunto que merece seguimiento: ¿el Escudo será para Lima principalmente un mecanismo de intercambio de información y cooperación policial, o terminará ampliándose hacia ámbitos militares, inteligencia, equipamiento y operaciones conjuntas? Esa respuesta todavía no está completamente expuesta.

Los actores y sus intereses

El Gobierno de Keiko Fujimori busca presentar el acercamiento como una respuesta a una preocupación concreta de la población: la expansión del crimen organizado, las extorsiones, el narcotráfico y otras formas de delincuencia transnacional.

Estados Unidos, por su parte, obtiene un socio estratégico en un país que ya posee la condición de Aliado Principal Extra-OTAN y que además ocupa una posición relevante en el Pacífico sudamericano.

La oposición de izquierda cuestiona que la seguridad pueda convertirse en una puerta de entrada para compromisos geopolíticos más amplios. Senadores de Ahora Nación y Juntos por el Perú han solicitado conocer los alcances jurídicos y operativos de la incorporación y sus eventuales efectos sobre la soberanía.

China representa el tercer actor de esta ecuación. Beijing tiene importantes intereses económicos en Perú y observa con atención el nuevo acercamiento entre Lima y Washington.

En consecuencia, el debate ya no es solamente Perú contra Estados Unidos. El verdadero escenario es triangular: Lima intenta fortalecer su seguridad mientras se encuentra en medio de la competencia estratégica entre Washington y Beijing.

Lo que todavía falta saber

La investigación sobre el “Escudo de las Américas” debería concentrarse ahora en documentos y decisiones concretas:

1. ¿Cuál es el instrumento jurídico que formaliza la incorporación del Perú?
2. ¿Qué compromisos específicos asumió el Ejecutivo?
3. ¿Existe intercambio de inteligencia y bajo qué reglas de protección de información?
4. ¿Se contempla participación de las Fuerzas Armadas peruanas en operaciones conjuntas?
5. ¿Puede ingresar personal militar estadounidense al territorio peruano bajo este mecanismo o se requiere autorización independiente?
6. ¿Qué papel tendrán el Congreso, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional?
7. ¿Existen compromisos relacionados con infraestructura estratégica, minerales críticos, tecnología o inversiones?
8. ¿La cooperación está limitada a la lucha contra el crimen o incorpora explícitamente objetivos geopolíticos frente a China, Irán u otros actores?

Estas preguntas adquieren mayor importancia porque el Congreso ya ha solicitado respuestas oficiales al canciller.

Cooperación o subordinación: la pregunta sigue abierta

La evidencia disponible permite afirmar que Perú está profundizando su asociación estratégica con Estados Unidos. También permite afirmar que el Gobierno de Fujimori considera esa relación un instrumento para enfrentar problemas de seguridad y fortalecer la posición internacional del país.

Lo que todavía no permite afirmar, sin mayores pruebas, es que la incorporación al “Escudo de las Américas” implique por sí misma una pérdida de soberanía o una subordinación militar del Perú.

Ese es precisamente el punto que debe investigarse.

La discusión no debería reducirse a consignas de “entreguismo” o “alianza estratégica”. La verdadera prueba será documental: qué firmó Perú, qué obligaciones aceptó, quién las negoció, qué controles institucionales existen y cuáles son los límites de la cooperación con Washington.

El próximo hito será la presentación del canciller Carlos Espá ante el Senado, el 16 de septiembre. Allí el Gobierno tendrá que explicar aquello que hasta ahora permanece parcialmente opaco: qué significa, en términos jurídicos y operativos, que Perú ya forme parte del “Escudo de las Américas”.

Mientras tanto, la visita de Rubio deja una conclusión preliminar: el debate sobre seguridad está empezando a mezclarse con otro mucho más profundo, el de la posición del Perú frente a la disputa de poder entre Estados Unidos y China en América Latina.

El azúcar rubia nacional a granel pasó de S/2,10 a S/3,05 por kilo en los mercados mayoristas entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre. Comerciantes reportan que el saco de 50 kilos llega hasta S/190.

La Libertad, 9 de setiembre de 2026.- El precio del azúcar viene registrando un fuerte incremento en el mercado peruano y la subida ya comienza a trasladarse a los consumidores. De acuerdo con los precios reportados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el mayor aumento corresponde al azúcar rubia nacional a granel, cuyo precio mayorista se incrementó 45% en menos de un mes.

Entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre, el kilo pasó de S/2,10 a S/3,05, una diferencia de S/0,95 por kilo. En el caso de la venta por saco, comerciantes reportaron que el precio de 50 kilos pasó de aproximadamente S/114 a S/170, mientras que en algunos canales comerciales se ofrece incluso hasta en S/190.

El alza ya llegó a los mercados minoristas

El incremento registrado en los centros mayoristas también empieza a sentirse en los puntos de venta. En Lima, el precio minorista del azúcar rubia pasó de S/3,04 a S/3,55 por kilo, lo que representa un aumento de alrededor de 17%.

La azúcar blanca nacional también registró una subida, aunque menor. En los mercados mayoristas pasó de S/2,47 a S/2,97 por kilo, un incremento de 20%; mientras que en los mercados minoristas de Lima aumentó de S/3,74 a S/4,11.

Para las familias, el impacto puede parecer pequeño cuando se observa solamente el precio de un kilo. Sin embargo, la situación adquiere otra dimensión cuando el azúcar forma parte de las compras habituales de los hogares y cuando el aumento se suma a las variaciones de otros alimentos.

¿Por qué está subiendo el precio?

La explicación todavía no es única. Productores azucareros consultados por RPP descartaron, por el momento, que el Fenómeno El Niño esté afectando directamente los cultivos de caña en el norte del país. Según sus declaraciones, las plantaciones se encuentran en condiciones para la cosecha.

Uno de los factores señalados está relacionado con el mercado internacional. Luis Cruz Cuadros, gerente general de Conveagro, explicó que el azúcar es un commodity y que las variaciones de las cotizaciones internacionales pueden repercutir en el mercado peruano.

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en agosto un incremento de 1,9% respecto de julio y, dentro de ese indicador, el azúcar fue el producto que más aumentó, con una subida de 11,9% durante el mes. No obstante, este comportamiento internacional no significa que el precio peruano tenga que aumentar automáticamente ni en la misma proporción.

Productores cuestionan el precio que reciben por la caña

El incremento también abrió otro frente de preocupación: la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el ingreso que reciben los productores por la materia prima.

Dirigentes agrícolas señalaron que productores de Lambayeque acudieron al Midagri para expresar su preocupación por esta situación. Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación de Productores de Caña, indicó que algunos compradores ofrecen actualmente entre S/50 y S/60 por tonelada de caña y sostuvo que una tonelada permite obtener aproximadamente 120 kilos de azúcar, además de derivados como melaza y bagazo.

El cuestionamiento apunta, por tanto, no solamente al precio final del azúcar, sino también a cómo se distribuye el valor generado dentro de la cadena productiva.

Un mercado que requiere seguimiento

El aumento del azúcar plantea un doble desafío: evitar que una subida coyuntural termine profundizándose y determinar con mayor precisión qué factores están detrás de la variación de precios en cada eslabón de la cadena.

El Midagri mantiene información sobre la evolución de los precios mayoristas y el mercado azucarero, mientras que el comportamiento internacional constituye otro indicador relevante para seguir la tendencia.

Por ahora, los datos muestran un hecho concreto: el azúcar rubia nacional ya cuesta significativamente más en los mercados mayoristas y una parte de ese incremento comienza a llegar al consumidor. La evolución durante las próximas semanas permitirá determinar si se trata de un repunte temporal o del inicio de una tendencia más prolongada.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba política de envergadura: conseguir que el nuevo Congreso bicameral le delegue facultades para legislar durante 120 días. El pedido comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, promoción de las MYPE, empleo, desarrollo productivo, materias tributarias, simplificación administrativa y modernización del Estado.

Un Ejecutivo sin mayoría propia

La aritmética parlamentaria explica la necesidad de negociar. Fuerza Popular es la primera fuerza en ambas cámaras, pero está lejos de controlar por sí sola el Congreso: tiene 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores. Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados y 14 senadores; Renovación Popular, 15 y 8, respectivamente; mientras que las otras tres fuerzas completan la composición.

El escenario obliga al oficialismo a construir mayorías caso por caso. De hecho, un análisis del trámite parlamentario identifica a Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras como fuerzas determinantes para que el oficialismo pueda alcanzar los votos necesarios, aunque estas bancadas han expresado reparos sobre materias financieras y laborales y mantienen su alianza con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, aliado del ex presidente Pedro Castillo Terrones.

Facultades: el primer campo de negociación

El Ejecutivo presentó el pedido con carácter de “muy urgente” y la presidenta Fujimori ha defendido públicamente la necesidad de aprobarlo con rapidez, especialmente para adoptar medidas contra la criminalidad, enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño y reducir trabas administrativas.

Pero una delegación de facultades no es un cheque en blanco. El Congreso debe determinar qué materias delega, durante cuánto tiempo y bajo qué límites. En un Parlamento fragmentado, el texto final dependerá de las modificaciones que se negocien entre el Ejecutivo y las bancadas.

Presupuesto, obras y cargos: ¿coincidencia o moneda política?

Es sabido que en política no hay coincidencias. En paralelo avanza la discusión del Presupuesto 2027, se organizan las comisiones del nuevo Congreso y continúan los procesos ordinarios de inversión pública y asignación presupuestal. La Comisión Bicameral de Presupuesto, por ejemplo, quedó integrada proporcionalmente por 19 senadores y 19 diputados, con Fuerza Popular como la primera fuerza en ambos grupos.

También existen decisiones sobre designaciones de funcionarios relacionados con Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar, cotizaciones para el viaje parlamentarios y mecanismos de inversión como las IOARR. Todos son ámbitos susceptibles de negociación política, pero su coincidencia temporal con el pedido de facultades no demuestra por sí misma un intercambio de votos por beneficios con parlamentarios, sobre todo del interior del país.

Aquí está la diferencia fundamental para una investigación periodística: una cosa es la negociación parlamentaria legítima —apoyo político a cambio de incorporar modificaciones, prioridades regionales o compromisos de gestión— y otra muy distinta sería ofrecer cargos, obras, presupuesto, viajes u otros beneficios particulares a cambio de votos determinados para que el pedido de facultades se mantenga en gran parte tal como lo envión el gobierno fujimorista.

¿Existe evidencia de una “píldora”?

Hasta el momento, no hay documentos públicos, registros parlamentarios o denuncias un acuerdo concreto mediante el cual el Gobierno haya ofrecido beneficios específicos a congresistas a cambio de aprobar las facultades.

La hipótesis de una eventual “repartija” puede ser políticamente plausible en un sistema donde el Ejecutivo necesita construir mayorías, sin convertirse en una afirmación periodística sin evidencia.

Pero sin duda, el Gobierno necesita aliados. Fuerza Popular obtuvo 41 diputados y 22 senadores, mientras que la aprobación del pedido dependerá de acuerdos con otras fuerzas y ¿cuál es el mecanismo que usan los partidos de derecha para este tipo de acuerdos?.

La investigación recién comienza

Por ello, la ruta de investigación debe ser concreta: comparar el voto de cada congresista con sus pedidos, iniciativas, designaciones vinculadas, obras priorizadas, modificaciones presupuestales y beneficios institucionales obtenidos durante la negociación.

También será necesario estar atentos a las reuniones entre el Ejecutivo y las bancadas, las declaraciones públicas de algunos que han logrado acuerdos no públicos, las modificaciones que experimente el proyecto de facultades y la votación de cada uno de los congresistas de ambas cámaras.