Lima, 1 de julio 2026.- El Gobierno declarará, antes de la quincena de julio, el estado de emergencia en ocho regiones del país ante el peligro inminente de un Fenómeno El Niño Costero de magnitud moderada a fuerte, según anunciaron el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). La medida busca acelerar la ejecución de acciones preventivas, fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y reducir el impacto de un eventual escenario de lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos durante los próximos meses.

Las regiones del norte concentran la mayor preocupación de las autoridades. En Tumbes, Piura y Lambayeque ya se ejecutan labores de descolmatación de ríos, limpieza de quebradas y reforzamiento de defensas ribereñas para disminuir el riesgo de desbordes. Estos trabajos buscan proteger a miles de familias, así como la infraestructura vial, agrícola y de servicios básicos, en una zona históricamente afectada por eventos climáticos asociados al calentamiento anómalo del mar.

En Cajamarca, el panorama también genera alerta. Las evaluaciones técnicas advierten que 35 distritos presentan un nivel de riesgo muy alto frente a huaicos e inundaciones, debido a su vulnerabilidad geográfica y a la posibilidad de precipitaciones intensas. Las autoridades regionales y locales han sido exhortadas a reforzar los planes de prevención, identificar zonas seguras y preparar mecanismos de evacuación para reducir los efectos de una posible emergencia.

De manera paralela, el Ejecutivo oficializó la prórroga por 60 días del estado de emergencia en 41 distritos de 11 regiones, con el propósito de continuar las intervenciones destinadas a mitigar los daños ocasionados por el reciente periodo de lluvias intensas. La ampliación permitirá mantener recursos extraordinarios para la rehabilitación de infraestructura, la atención de la población afectada y la ejecución de obras urgentes que reduzcan la exposición al riesgo.

El anuncio refleja que el país ingresa a una etapa decisiva de preparación frente a un fenómeno climático que podría tener importantes repercusiones económicas y sociales. Especialistas coinciden en que la eficacia de las medidas dependerá de la rapidez con la que se ejecuten las acciones preventivas y de la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. En las próximas semanas, el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y meteorológicas será determinante para anticipar nuevos escenarios y proteger a la población más vulnerable.

Huancavelica, 1 de julio 2026.- La corrupción vuelve a golpear a la institución encargada de combatir el delito. En Huancavelica, un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado por cobrar cupos de apenas S/ 100 a postulantes de una escuela policial a cambio de entregarles las respuestas de los exámenes de admisión, conocidas popularmente como «las fijas». El caso ha generado una ola de indignación al evidenciar que prácticas ilícitas pueden infiltrarse desde el mismo proceso de selección de quienes aspiran a vestir el uniforme policial.

De acuerdo con la investigación fiscal y las pruebas valoradas por el Poder Judicial, el oficial aprovechó su posición para ofrecer información privilegiada a cambio de dinero, favoreciendo irregularmente a determinados postulantes. La sentencia confirma que el sistema de admisión fue vulnerado mediante actos de corrupción que atentaron contra los principios de igualdad, mérito y transparencia que deben regir el ingreso a la institución policial.

Aunque el monto exigido por cada postulante era relativamente bajo, especialistas advierten que el verdadero impacto del delito trasciende el aspecto económico. Permitir que personas accedan a una vacante mediante fraude debilita la calidad de la formación policial y pone en riesgo la confianza ciudadana en una institución que enfrenta permanentes cuestionamientos por casos de corrupción y abuso de autoridad.

El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y supervisión en las escuelas policiales del país. Diversos sectores consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para prevenir la filtración de exámenes y sancionar oportunamente a los responsables. La reiteración de este tipo de hechos demuestra que las redes de corrupción continúan encontrando espacios para operar, incluso en procesos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

La condena contra el comandante representa un precedente importante, pero también evidencia que el problema está lejos de resolverse. Organizaciones civiles y expertos en seguridad sostienen que no basta con castigar a los responsables cuando los delitos ya fueron cometidos; resulta indispensable fortalecer los sistemas de selección, implementar controles tecnológicos más rigurosos y garantizar investigaciones independientes. Mientras la corrupción siga contaminando el ingreso a la PNP, continuará debilitándose la legitimidad de una institución que debería inspirar confianza y representar el primer frente de lucha contra la delincuencia.

LIMA, 1 de julio de 2026.- Con el 100% de las actas procesadas por la ONPE, los resultados oficiales preliminares colocan a Keiko Fujimori como virtual presidenta de la República para el periodo 2026-2031. Aunque la proclamación oficial corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuya fecha límite es el 3 de julio, el escenario político parece haber entrado en una nueva etapa marcada por el reconocimiento internacional y por los llamados a respetar la voluntad expresada en las urnas.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en extender sus felicitaciones a la virtual mandataria, mientras diversos gobiernos y actores internacionales siguen de cerca el desenlace del proceso electoral peruano. En paralelo, dirigentes políticos, empresarios, autoridades y representantes de distintos sectores han solicitado al candidato opositor aceptar los resultados oficiales preliminares y permitir que las instituciones electorales concluyan el proceso conforme al marco constitucional.

Sin embargo, la aparente definición de la contienda no pone fin a la crisis política que atraviesa el país. La estrecha diferencia electoral y las denuncias presentadas durante el proceso mantienen abierto un intenso debate sobre la legitimidad política —más allá de la legal— con la que asumirá el próximo gobierno. La pregunta que comienza a instalarse es si la futura administración tendrá la capacidad de construir gobernabilidad en un escenario profundamente polarizado o si el país ingresará a un nuevo ciclo de confrontación.

En ese contexto, distintas voces han advertido que el primer reto de Keiko Fujimori no será únicamente conformar su gabinete, sino enviar señales claras de apertura, diálogo y reconciliación nacional. La futura presidenta enfrentará un Congreso fragmentado, una ciudadanía dividida y demandas urgentes en materia de seguridad, reactivación económica, empleo y lucha contra la corrupción. La expectativa también se centra en si impulsará consensos amplios o priorizará una agenda política que profundice las diferencias.

Mientras el JNE culmina la revisión de las últimas incidencias antes de la proclamación oficial, el Perú se encuentra frente a un momento decisivo. Más allá del resultado electoral, el verdadero examen comenzará con la capacidad del nuevo gobierno para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas. La gran interrogante es si el país dejará atrás años de inestabilidad política o si la polarización continuará marcando el rumbo de la próxima administración.