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El Gobierno tambalea ante la crisis hídrica provocada por la minería en la cuenca del río Coralaque

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La situación en Moquegua sigue siendo de máxima preocupación. La región, golpeada por los efectos devastadores de la minería en sus cuencas hídricas, ha dado una última tregua al Gobierno central, exigiendo soluciones urgentes antes del 15 de enero de 2025. Esta medida, resultado de intensas reuniones entre autoridades locales y representantes del Ejecutivo, busca atender la creciente crisis medioambiental y social generada por la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo, así como la peligrosa presencia de metales pesados en la población.

La minería, especialmente la unidad Florencia-Tucari de Aruntani S.A.C., ha sido señalada como la principal responsable de la devastación ecológica. Antes de su intervención, los ríos eran claros y ricos en biodiversidad, siendo vitales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería. Hoy, sin embargo, el agua está envenenada, los peces han desaparecido y la población enfrenta una creciente crisis de salud por la exposición a altos niveles de arsénico y otros contaminantes.

La tregua fue gestándose luego de la visita del ministro de Desarrollo Agrario y Riego

La crisis social y sanitaria: una bomba de tiempo

Uno de los acuerdos alcanzados en las reuniones recientes fue la transferencia de fondos por parte del Ejecutivo para atender a los niños afectados por arsénico, una medida necesaria pero tardía, que llega cuando los daños ya son irreversibles para muchas familias. La población de Moquegua ha vivido durante años con la amenaza de metales pesados en sus venas, y aunque las autoridades han prometido recursos para la atención médica, la urgencia de la situación parece haberse visto eclipsada por la falta de acción en el terreno.

Gabriela Chipana, una de las voces más críticas de la región, ha calificado los avances como «a medio caña», señalando que los esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes y que la respuesta ante los daños causados por las empresas mineras sigue siendo superficial y burocrática. La creación de la «Mesa Técnica para el Desarrollo Integral de Moquegua» es una de las medidas recientes aprobadas por el Gobierno, pero las expectativas son bajas. El temor es que, una vez más, el Estado actúe solo ante la presión y no se comprometa a una solución a largo plazo que garantice la recuperación del agua y la biodiversidad de la región.

Los manifestantes lograron tomar el puente Montalvo de la Panamericana Sur

El cierre de la minera Aruntani

Uno de los acuerdos más mediáticos fue el anuncio del cierre definitivo de la unidad minera Florencia-Tucari, que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Resolución Ministerial 458-2024. Sin embargo, muchos expertos y líderes sociales en Moquegua consideran que este cierre, aunque importante, llega demasiado tarde y no es suficiente para remediar los estragos ya causados. De hecho, las mineras de la misma empresa, como «Arasi», también han sido señaladas por incumplir los planes de cierre desde 2019, lo que pone en evidencia la falta de control y las deficiencias en las políticas medioambientales del Gobierno.

Aunque la resolución contempla la ejecución de un plan de remediación, mitigar los efectos de décadas de explotación minera descontrolada en la cuenca del río Coralaque será una tarea titánica. El agua, esencial para la vida, se ha convertido en un agente de muerte para muchas comunidades, y la solución a esta crisis requiere de un compromiso real y sostenido del Estado, no solo de promesas a corto plazo.

Los plazos se acortan

El 15 de enero será la fecha límite para que el Gobierno demuestre avances significativos. Si no se logran avances concretos en la recuperación de las cuencas hídricas y en la atención integral de las comunidades afectadas, no se descarta un reinicio de huelgas y protestas. El Frente de Lucha Regional, compuesto por las tres provincias de Moquegua, se mantiene firme en su postura y ha advertido que las acciones del Gobierno seguirán bajo estricta vigilancia.

La sociedad civil organizada ha logrado sentar en la mesa a los ministros del Ejecutivo

Los ciudadanos de Moquegua han hablado claro: no hay más tiempo para palabras vacías. Las soluciones deben ser inmediatas y profundas, no solo en términos de cierre de minas, sino en la restauración de los ecosistemas y en la mejora de las condiciones de vida de la población. La crisis hídrica no se resuelve con medidas puntuales, sino con una estrategia integral que incluya la reparación del daño ambiental, la atención de los problemas sanitarios y el impulso a proyectos productivos sostenibles.

La balanza se inclina hacia el abismo

El Gobierno ha mostrado señales de querer actuar, pero los resultados concretos hasta ahora son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La lucha de Moquegua por salvar sus recursos hídricos y su vida, ha sido larga y difícil. El 15 de enero será un día crucial para saber si el Estado está dispuesto a corregir sus errores del pasado o si Moquegua tendrá que seguir luchando por la vida y el agua, sin más que promesas rotas en el horizonte. La tregua social otorgada por la región es solo una pausa, y el tiempo para que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos se agota rápidamente.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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