Domingo 19 de abril 2026.- La movilización encabezada por Rafael López Aliaga, ex candidato del partido derechista Renovación Popular, en el contexto postelectoral 2026 constituye un episodio relevante para entender la reconfiguración del espacio político conservador en el Perú, que expone la división y críticas a la principal representante del sector capitalista neoliberal. Más allá de su carácter coyuntural, la protesta se inscribe en una dinámica de cuestionamiento institucional que ha sido recurrente en procesos electorales recientes, marcada por denuncias de fraude no probadas.

Durante la jornada, López Aliaga reiteró acusaciones contra el proceso de conteo de votos y dirigió críticas explícitas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Sus declaraciones, que incluyeron señalamientos de presuntas irregularidades, se producen en un contexto de competencia directa por un electorado ideológicamente cercano, lo que sugiere una estrategia de diferenciación dentro del mismo espectro político antes que una simple confrontación episódica.

En términos de movilización social, la protesta evidenció patrones geográficos y sociopolíticos consistentes con la base electoral del liderazgo convocante. Distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja han mostrado históricamente una mayor afinidad con propuestas de derecha liberal y conservadora, lo que permite inferir una participación significativa de sectores de ingresos medios y altos en este tipo de convocatorias.

No obstante, desde una perspectiva metodológica, es necesario matizar dicha inferencia. La ausencia de datos sistemáticos sobre la composición sociodemográfica de los asistentes impide afirmar con precisión la predominancia de un determinado grupo social en la movilización. En ese sentido, cualquier caracterización de la protesta como representativa de la “élite limeña” debe ser entendida como una hipótesis interpretativa basada en correlaciones electorales, no como una conclusión empíricamente verificada, a pesar que la mayoría de ellos fueron a la marcha desde esos distritos acomodados.

El discurso desplegado por López Aliaga también revela una estrategia de construcción narrativa orientada a cuestionar la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La reiteración de denuncias sin sustento comprobado se alinea con patrones observados en otros contextos regionales, donde actores políticos recurren a la impugnación preventiva o posterior de resultados como mecanismo de presión o reposicionamiento político.

Al mismo tiempo, el enfrentamiento con Fujimori pone en evidencia la fragmentación del bloque conservador. A pesar de compartir posiciones programáticas en temas económicos y sociales, ambos liderazgos compiten por un electorado similar, lo que intensifica la confrontación y reduce los márgenes para una eventual articulación política en el corto plazo.

En suma, la marcha liderada por López Aliaga debe ser leída no solo como una expresión de protesta frente al proceso electoral, sino como un síntoma de división interna de la derecha peruana, lo que favorece a oponente que queda en segundo lugar. Las tensiones entre sus principales figuras, sumadas a la utilización de narrativas de fraude, configuran el deseo de generar un escenario de incertidumbre que podría tener implicancias tanto en la estabilidad institucional en lo posterior.

Los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 90% de actas procesadas, muestran un escenario de alta fragmentación política. En el plano legislativo, varias organizaciones ya superan la valla electoral del 5%, lo que les permitiría obtener representación en el Congreso. Fuerza Popular encabeza las preferencias con alrededor de 17%, seguida por otras agrupaciones que se mantienen por encima del umbral mínimo.

Entre los principales partidos que estarían pasando la valla destacan el liderado por Keiko Fujimori con aproximadamente 17% de los votos; así como las fuerzas vinculadas a Roberto Sánchez con cerca de 12% y Rafael López Aliaga con alrededor de 11.9%. Otras agrupaciones se ubican entre el 6% y 8%, consolidando su ingreso al Parlamento. Las proyecciones indican que estos porcentajes variarían levemente, manteniéndose dentro de esos rangos al cierre del conteo.

En la contienda presidencial, Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, lo que prácticamente asegura su presencia en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (≈12%) y Rafael López Aliaga (≈11.9%), quienes mantienen una diferencia mínima dentro del margen estadístico. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre quién acompañará en el balotaje.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa evaluando actas observadas y recursos de nulidad. Este proceso será determinante para oficializar tanto a los partidos que superan la valla electoral como a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, una vez concluya el escrutinio total.

En este contexto, el país se encamina a una definición ajustada, con una segunda vuelta aún abierta y un Congreso fragmentado. Pero, casi definido a que Juntos por el Perú liderado por Roberto Sánchez obtenga su pase a la segunda vuelta electoral, como ya lo habíamos advertido en las notas anteriores a las elecciones generales del 12 de abril.

El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.

La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.

En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.

Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.

En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.

Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.

En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.