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Política

Renovación Popular recibió financiamiento ilegal de Odebrecht y OAS

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El partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, enfrenta serias acusaciones por presunto financiamiento ilegal en campañas electorales de la extinta Solidaridad Nacional, según el fiscal José Domingo Pérez. La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato solicita incluir al partido como tercero civil responsable, exigiendo una reparación civil de US$238 millones por lavado de activos. Las investigaciones señalan que Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular, habría recibido US$200,000 en 2011 y US$500,000 en 2014 de Odebrecht, además de US$480,000 de OAS en 2014, para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio.

Renovación Popular, fundado en 2020 por López Aliaga, rechaza las acusaciones, argumentando que no existía como partido en las fechas señaladas y niega vínculos con exmilitantes de Solidaridad Nacional investigados, como José Luna Gálvez. En un comunicado, el partido calificó las afirmaciones del fiscal como “falsas e infundadas”, exigiendo el cese de lo que consideran un uso indebido del cargo para desprestigiarlos. Sin embargo, la continuidad jurídica entre ambos partidos mantiene a Renovación Popular bajo escrutinio, mientras el Poder Judicial evalúa su responsabilidad en el caso.

Por si fuera poco, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuestionó en 2024 el uso indebido de fondos públicos por parte de Renovación Popular, incluyendo pagos para promocionar la imagen de López Aliaga en TikTok y asesorías legales ligadas a investigaciones por lavado de activos. Estas irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas, intensificando la controversia en torno al partido. Mientras el caso avanza, el debate sobre la transparencia en el financiamiento político en Perú se reaviva, poniendo presión sobre una de las fuerzas políticas más visibles del país.

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López Chau, líder de Ahora Nación, impulsa nuevo texto de facultades y se distancia de la censura a Astudillo

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Lima, 30 de setiembre de 2026.- El dirigente de Ahora Nación anunció que cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. El movimiento ocurre mientras su agrupación se distancia de la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, confirmó que este viernes las cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Según explicó a Epicentro, cada agrupación formulará su propia propuesta para luego coordinarlas y sumar coincidencias en un documento común.

El anuncio coloca a López Chau como uno de los principales articuladores de una alternativa frente al pedido del Ejecutivo, haciendo ya no de opositor sino de nuevo articulador ante el fracaso del propio Premier Galarreta. La discusión ya no se concentra únicamente en rechazar o aprobar las facultades, sino en definir qué materias serán delegadas, durante cuánto tiempo y bajo qué límites y mecanismos de control parlamentario.

La propuesta también abre una interrogante política: ¿hasta dónde llegará la oposición en su disposición a conceder facultades a un Gobierno al que ha cuestionado en otros frentes? La respuesta estará en el contenido definitivo del texto sustitutorio y, especialmente, en las materias que finalmente sean incorporadas.

Cuatro bancadas buscan una fórmula común

López Chau señaló que Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP), Obras y Buen Gobierno (BG) coordinarán sus planteamientos. Cada bancada presentará sus propias propuestas y posteriormente estas serán articuladas para construir una posición conjunta.

El mecanismo supone pasar de una oposición fragmentada a una negociación sobre el alcance de las facultades. La clave estará en determinar si las bancadas logran mantener una delegación restringida o si algunas de las materias solicitadas originalmente por el Ejecutivo terminan reincorporándose durante el proceso de coordinación.

La negociación también expone las diferencias dentro de la oposición. Mientras algunas agrupaciones buscan limitar las facultades principalmente a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, existen posiciones que plantean incorporar otros ámbitos de la administración pública y la economía.

La distancia frente a la censura de Astudillo

El movimiento de López Chau ocurre paralelamente al debate sobre la censura del ministro del Interior, César Astudillo. La moción cuestiona la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad y plantea la responsabilidad política del titular del sector.

Sin embargo, Ahora Nación decidió no respaldar como bancada la censura de Astudillo, aunque algunos de sus integrantes mantienen una posición favorable a ella. Esta diferencia evidencia que no existe una postura uniforme dentro de la agrupación.

La combinación de ambos episodios genera una discusión política relevante: mientras López Chau participa en la construcción de un acuerdo que podría permitir al Ejecutivo legislar mediante facultades delegadas, su bancada adopta una posición menos confrontacional frente a uno de los ministros cuestionados por la oposición.

¿Negociación política o delimitación de facultades?

Hasta el momento, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que López Chau esté negociando cargos, beneficios, cuotas de poder u otros acuerdos particulares con el Gobierno. Esa hipótesis no puede presentarse como un hecho sin documentación que la sustente.

Lo que sí está ocurriendo es una negociación política sobre el contenido, alcance y condiciones de las facultades legislativas. Por ello, el punto central de fiscalización será conocer qué materias acepta incorporar la oposición, cuáles quedan fuera y qué controles exige a cambio de permitir que el Ejecutivo legisle.

La eventual incorporación de JP, Obras y BG al documento común también será un elemento determinante. Si las cuatro bancadas consiguen presentar una sola propuesta, López Chau habrá logrado articular una posición opositora con capacidad para modificar sustancialmente el pedido original del Ejecutivo.

La prueba estará en el texto final

Más que las declaraciones públicas, el documento que llegue al Pleno permitirá establecer el verdadero alcance de esta negociación. Allí podrá determinarse si las bancadas mantienen una posición de facultades limitadas y sujetas a controles o si terminan ampliando la delegación solicitada por el Gobierno.

Para Ahora Nación, además, quedará pendiente explicar cómo compatibiliza su participación en esta negociación con su decisión de no apoyar la censura de Astudillo. Ambas decisiones son formalmente independientes, pero políticamente contribuyen a definir la relación que la agrupación mantiene actualmente con el Ejecutivo.

López Chau, que llegó al escenario político con un discurso crítico frente a Keiko Fujimori, ocupa ahora un papel diferente: es uno de los dirigentes opositores que participa directamente en la construcción de una fórmula que podría otorgar facultades legislativas al Gobierno.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Keiko Fujimori recibirá facultades, sino qué está dispuesta a conceder la oposición para aprobarlas, qué límites impondrá y cuáles serán las condiciones de fiscalización. El texto sustitutorio anunciado para este viernes será la primera evidencia concreta para responder esas interrogantes.

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Lula entra en la recta final en Brasil con una campaña centrada en soberanía, economía y defensa de la democracia

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Brasil, 27 de setiembre de 2027.- A una semana de las elecciones, el presidente busca un cuarto mandato frente a Flávio Bolsonaro. La disputa llega ajustada, mientras Lula refuerza su discurso contra la injerencia extranjera, reivindica sus políticas sociales y enfrenta una campaña marcada por la desinformación y la polarización.

Luiz Inácio Lula da Silva entra en la última semana de campaña para las elecciones presidenciales de Brasil con el objetivo de mantenerse al frente del Ejecutivo y obtener un cuarto mandato no consecutivo. El primer turno será el 4 de octubre, y una eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE). En total, 158,7 millones de electores están habilitados para votar.

El principal adversario de Lula es el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La campaña llega a su tramo decisivo con ambos como los principales protagonistas de la disputa presidencial y con mediciones recientes que muestran diferencias reducidas dentro de los márgenes de error. Una encuesta Quaest y otra de BTG Pactual/Nexus, difundidas en septiembre, registraron escenarios de empate estadístico entre ambos para una eventual segunda vuelta.

Soberanía como bandera electoral

Uno de los principales ejes de la campaña de Lula es la soberanía nacional, un discurso que adquirió mayor peso después de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El mandatario ha cuestionado cualquier presión externa sobre las decisiones económicas y políticas brasileñas y ha colocado la defensa de los recursos naturales y de la autonomía del país en el centro de sus intervenciones públicas.

El mensaje fue reiterado el 22 de septiembre durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Lula sostuvo que Brasil no aceptará interferencias externas en su proceso electoral y vinculó la defensa de la democracia con la soberanía nacional.

La estrategia también aparece en su discurso interno. Durante el mensaje por el Día de la Independencia, el presidente defendió la autonomía brasileña frente a intereses extranjeros y destacó recursos considerados estratégicos, entre ellos las tierras raras, el agua y el petróleo.

Políticas sociales en el centro

La campaña oficialista también busca convertir las políticas sociales en un argumento para la continuidad del gobierno. En septiembre, el Ejecutivo anunció un aumento de 15% en el beneficio mínimo del Bolsa Família, que pasó de 600 a 691 reales mensuales. La medida representa un gasto estimado de 5.800 millones de reales durante 2026 y 22.000 millones en 2027, según Reuters.

La decisión se produjo durante la campaña electoral y generó cuestionamientos desde el sector de Flávio Bolsonaro, que señaló el momento de la medida como electoralista. El gobierno, por su parte, sostiene que el incremento puede ejecutarse dentro de las asignaciones presupuestarias y sin incumplir las metas fiscales.

Otro asunto incorporado al tramo final de la campaña es la regulación de las apuestas digitales. El 25 de septiembre, Lula firmó una medida provisional que dispone el fin de la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las denominadas bets en Brasil. La decisión fue defendida por el gobierno como una respuesta a un problema de salud pública y endeudamiento.

Desinformación y choque con el bolsonarismo

La campaña también se desarrolla en medio de una intensa disputa en redes sociales. La coalición Brasil Pronto Pra Mais, que respalda a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin, llevó ante el TSE acciones contra Flávio Bolsonaro, el diputado Nikolas Ferreira y el PL por la difusión de contenidos que, según la campaña oficialista, manipularon declaraciones del presidente.

El escenario electoral está marcado además por una fuerte polarización. Mientras Lula presenta la elección como una disputa sobre democracia, soberanía y continuidad de políticas sociales, Flávio Bolsonaro concentra buena parte de su discurso en cuestionamientos al gobierno del PT y en temas vinculados con seguridad, corrupción y oposición al actual campo político gobernante.

Las encuestas de septiembre reflejan esa confrontación sin ofrecer, a una semana de la votación, un resultado definitivo. Un levantamiento Palver divulgado el 21 de septiembre registró 42% para Flávio Bolsonaro y 41% para Lula en un escenario de primer turno, dentro del margen de error. Otras mediciones han mostrado resultados diferentes, por lo que los sondeos deben interpretarse según su fecha, metodología y margen de error.

Lula acelera en la última semana

El último fin de semana antes del primer turno, Lula llevó la campaña a las calles con una caminata en la zona este de São Paulo. Allí volvió a defender la prohibición de las apuestas digitales, una de las decisiones recientes que busca incorporar al discurso electoral en la recta final.

La agenda internacional también se convirtió en parte de la campaña. Su presencia en Nueva York y el discurso ante Naciones Unidas permitieron al mandatario proyectar una imagen de defensa del multilateralismo, la soberanía y la democracia. Al mismo tiempo, sus intervenciones sobre las relaciones con Estados Unidos reflejan que la política exterior se ha incorporado directamente al debate electoral.

El antecedente de la candidatura

Lula fue oficializado como candidato presidencial por el PT el 2 de agosto de 2026, durante una convención en São Paulo. Su compañero de fórmula volvió a ser Geraldo Alckmin, del PSB, quien ya lo acompañó en la elección de 2022. La coalición Brasil Pronto Pra Mais quedó integrada por PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL y Rede.

La elección representa la séptima candidatura presidencial de Lula. El dirigente comenzó su trayectoria electoral hacia la Presidencia en 1989, fue candidato nuevamente en 1994 y 1998, ganó las elecciones de 2002 y 2006 y regresó al poder en 2022. En 2026 busca prolongar nuevamente su ciclo político, esta vez en una contienda frente a Flávio Bolsonaro y otras diez candidaturas presidenciales registradas ante el TSE.

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López Aliaga, el candidato a regidor que busca convertirse en alcalde de Lima

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Lima, 27 de setiembre de 2026.- A una semana de las elecciones municipales, Renovación Popular compite por Lima sin candidato a alcalde. Rafael López Aliaga figura como primer regidor después de la renuncia de Luis Rubio, pero sostiene que podría asumir nuevamente la alcaldía si su lista gana. El JNE ha confirmado su candidatura a regidor, pero la controversia sobre la eventual entrega de una credencial de alcalde aún coloca al organismo electoral en el centro de la disputa.

Una elección con una candidatura atípica

Las elecciones del 4 de octubre de 2026 llegan a Lima con una situación que no se presentó de la misma manera en las anteriores contiendas municipales: uno de los principales protagonistas de la carrera por el Palacio Municipal no aparece formalmente como candidato a alcalde.

Rafael López Aliaga, quien gobernó Lima entre enero de 2023 y octubre de 2025, integra actualmente la lista de Renovación Popular como primer regidor. La inscripción de su candidatura fue habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones después de que el organismo revocara la decisión inicial del Jurado Electoral Especial que había declarado improcedente su postulación.

El escenario cambió cuando Luis Rubio, quien originalmente postulaba a la alcaldía por Renovación Popular, renunció a su candidatura el 4 de agosto. Desde entonces, la lista de Renovación Popular quedó sin un postulante nominal al cargo de alcalde, mientras López Aliaga pasó a convertirse en el rostro central de la campaña municipal.

El punto que el JNE todavía debe resolver

La controversia no está en si López Aliaga puede ser candidato a regidor. El JNE ya permitió su inscripción. El problema está en qué ocurriría si Renovación Popular obtiene la mayor votación para el Concejo Metropolitano.

López Aliaga sostiene que podría asumir la alcaldía porque el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece la sucesión del alcalde por el regidor que corresponda cuando se produce una vacancia o ausencia. Su interpretación es que, al ser primer regidor de la lista ganadora, le correspondería asumir el cargo.

Sin embargo, 14 organizaciones políticas que compiten contra Renovación Popular solicitaron al JNE que establezca de manera expresa si López Aliaga podría recibir la credencial de alcalde en ese escenario. La preocupación de sus adversarios está vinculada además con la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el pleno del organismo deberá debatir el asunto, pero señaló que no existía una fecha definida para adoptar esa decisión. Al mismo tiempo, precisó que el pleno ya había establecido que un alcalde en ejercicio no tiene impedimento para participar como primer regidor. Son, por tanto, dos cuestiones diferentes: la posibilidad de postular como regidor y la eventual posibilidad de recibir posteriormente la credencial de alcalde.

¿Una reelección por otra vía?

La fórmula ha sido calificada por adversarios políticos y especialistas como una “reelección encubierta”, debido a que López Aliaga busca regresar al cargo que ocupó hasta 2025 mediante su incorporación como primer regidor de la lista.

Esa interpretación, sin embargo, es objeto de controversia jurídica. El especialista electoral José Tello ha sostenido que López Aliaga podría asumir si la lista obtiene la victoria, mientras otros sectores cuestionan que esa posibilidad pueda utilizarse para sortear la prohibición constitucional de la reelección inmediata. El propio JNE aún debía fijar una posición específica sobre la entrega de credenciales en este escenario.

La discusión tiene una consecuencia política inmediata: los electores pueden votar por una lista que no presenta un candidato formal a alcalde, pero cuyo primer regidor afirma que podría terminar ocupando ese cargo.

Bruce, Urresti, Allison y una disputa fragmentada

Mientras Renovación Popular concentra la controversia jurídica, la alcaldía es disputada formalmente por 26 agrupaciones políticas. El JNE organizó dos jornadas de debate con los candidatos inscritos y confirmó la participación de 26 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Entre los nombres con mayor presencia en la campaña aparecen Carlos Bruce, de Somos Perú; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Francis Allison, de Avanza País. Los tres han confrontado públicamente con López Aliaga durante la campaña y han cuestionado la situación jurídica creada alrededor de su candidatura como primer regidor.

Bruce, en particular, llegó a plantear que las organizaciones que cuestionaban el caso podían condicionar su participación en el debate municipal a una respuesta del JNE. Finalmente, el debate se realizó y López Aliaga participó en la segunda jornada, aunque bajo su condición formal de candidato a primer regidor.

El voto del 4 de octubre

La elección del próximo domingo definirá al nuevo Concejo Metropolitano y la lista que obtenga la alcaldía de Lima. En el caso de Renovación Popular, el resultado tendrá una particularidad: la organización compite sin un candidato nominal al cargo de alcalde después de la renuncia de Rubio.

Por eso, el resultado electoral podría abrir un segundo capítulo institucional. Si Renovación Popular obtiene la victoria, el JNE tendrá que determinar si López Aliaga, elegido como primer regidor, puede recibir la credencial de alcalde o si corresponde aplicar otra solución jurídica.

La respuesta no solo afectará al exalcalde. Establecerá un criterio para otros casos similares de autoridades que participaron en las elecciones municipales de 2022 y ahora buscan continuar políticamente en sus respectivas jurisdicciones mediante candidaturas a regidores.

Lima, nuevamente en el centro

La importancia de la elección trasciende el cambio de una administración municipal. Lima concentra más de diez millones de habitantes y es el principal escenario económico, político y mediático del país. El control de su municipalidad proporciona una plataforma política de alcance nacional.

A una semana de las urnas, la campaña enfrenta así dos preguntas distintas: quién obtendrá el respaldo ciudadano para gobernar Lima y qué ocurrirá con la lista ganadora de Renovación Popular si esta obtiene el primer lugar.

El antecedente de López Aliaga como alcalde, su actual candidatura como primer regidor y la falta de una definición específica del JNE sobre una eventual credencial de alcalde han convertido esta elección en uno de los principales focos de la disputa electoral de 2026.

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