En el corazón del sistema capitalista estadounidense, bajo la segunda administración de Donald Trump, late un pulso de explotación y descarte humano que se manifiesta en las políticas migratorias más brutales de la historia reciente. Desde enero de 2025, Trump ha transformado la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una maquinaria fascista, racista y clasista, diseñada no solo para expulsar a millones, sino para perpetuar un modelo económico donde los migrantes latinos son mano de obra barata hasta que dejan de ser útiles. Este “capitalismo con esteroides” prioriza los intereses corporativos sobre los derechos humanos, dejando un rastro de muertes, detenciones y devastación económica que afecta directamente a peruanos, venezolanos, cubanos, colombianos y toda América Latina. Los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y organizaciones independientes revelan una realidad cruda: un genocidio administrativo disfrazado de “seguridad nacional”.

Trump prometió “hacer América grande de nuevo”, pero su visión es una distopía donde los latinos pagan el precio de un sistema que los explota y luego los desecha. En 2025, ICE registró 32 muertes en custodia, el año más letal en dos décadas, igualando el récord de 2004, con causas que incluyen negligencia médica, suicidios y al menos un homicidio confirmado. Solo en las primeras semanas de 2026, se sumaron al menos seis muertes más, incluyendo casos en instalaciones como Fort Bliss en Texas, donde las condiciones son descritas por ONGs como “tortura sistemática”: aislamiento prolongado, hacinamiento y abusos físicos. Estas no son anomalías; son el resultado directo de una expansión masiva de ICE, cuyo presupuesto se disparó a $45 mil millones, triplicando las camas de detención y elevando la población diaria a un récord de 73,000 personas, un aumento del 75% desde inicios de 2025.

Las deportaciones son el eje de esta crueldad capitalista: más de 675,000 expulsiones forzadas y 2.2 millones de “autodeportaciones” por miedo, totalizando casi 3 millones de salidas en el primer año de Trump. Los arrestos se cuadruplicaron, con redadas callejeras multiplicadas por once, enfocadas en un 75% en personas sin antecedentes penales. Estados como Texas, California y Florida concentran la incidencia, con Texas liderando en detenciones (hasta 30,000 en picos) y muertes, seguido por Florida con denuncias de tortura en centros como Krome y Alligator Alcatraz. Incluso ciudadanos estadounidenses han sido víctimas: al menos tres muertos por disparos de ICE, como Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis, y detenciones erróneas de cientos de latinos nacidos en EE.UU.

El impacto en latinoamericanos es desproporcionado y revela el clasismo inherente al capitalismo trumpista. Venezolanos, el grupo más golpeado, perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 616,000 personas y el parole humanitario CHNV, lo que disparó sus detenciones 14 veces y deportaciones en miles, incluyendo envíos a prisiones salvadoreñas donde sufren torturas. Cubanos enfrentan más de 1,600 deportaciones en 2025, duplicando cifras previas, mientras colombianos ven aumentos del 40% en arrestos. En Perú, aunque en menor escala, miles de connacionales han sido afectados por redadas generales, con impactos en remesas que sostienen familias enteras. Este no es control migratorio; es una purga étnica que beneficia a corporaciones: migrantes latinos impulsaron el crecimiento laboral post-pandemia, pero ahora, con migración neta negativa por primera vez en 50 años, la economía sufre caídas en sectores como agricultura, construcción y hospitalidad, con pérdidas de $60-110 mil millones en consumo para 2025-2026.

Bajo Trump, el capitalismo se despoja de máscaras: políticas económicas como aranceles y desregulación benefician a elites mientras latinos, que representan el 20% de la fuerza laboral, ven sus comunidades devastadas. Encuestas muestran que el 65% de latinos desaprueba las políticas migratorias de Trump, el 61% dice que empeoraron la economía, y el 78% cree que dañan directamente a hispanos. Pequeños negocios latinos caen un 20% en ventas en áreas como South Florida, y la fuerza laboral en California se contrajo 3.1%, la mayor desde la Gran Recesión. Project 2025, el blueprint republicano, agrava esto al eliminar DEI y promover deportaciones masivas, erosionando derechos civiles y perpetuando desigualdades.

Este sistema no es sostenible ni humano; es un vampirismo capitalista que succiona vidas latinas para engordar ganancias corporativas. En Perú y Latinoamérica, debemos alzar la voz: estas políticas no solo destruyen familias, sino que debilitan nuestras economías dependientes de remesas y diplomacia. Trump no “salva” América; la envenena con racismo institucionalizado. Es hora de resistir, denunciar y construir alternativas solidarias. El futuro de nuestros pueblos no puede depender de un tirano en Washington.

El pleno del Parlamento Europeo votó el 21 de enero de 2026 remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos, especialmente en estándares ambientales, sanitarios y de protección agraria. La votación fue ajustadísima: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

Firmado apenas días antes (el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones), el acuerdo abre la puerta a mayores importaciones de carne, azúcar, soja y pollo de Mercosur, producidos con normas más laxas que las europeas, lo que genera temores de competencia desleal y perjuicio al campo local.
Miles de agricultores protestaron masivamente frente al Parlamento en Estrasburgo el día previo, con tractores bloqueando accesos y concentraciones de más de 5.000 personas. Al conocerse el resultado, estallaron celebraciones: bocinazos, abrazos, banderas ondeando y gritos de «¡La lucha no fue en vano!» en vídeos virales que recorren las redes.
Organizaciones como Copa-Cogeca, FNSEA y COAG calificaron el voto como una «victoria histórica» lograda por la movilización sostenida. Aunque la Comisión Europea lamentó la decisión y podría intentar una aplicación provisional, el Parlamento y varios países se oponen. La revisión del TJUE podría durar 18-24 meses, dando un respiro clave al sector. ¡El campo europeo festeja hoy una conquista ganada con esfuerzo!

Estados Unidos se encuentra sacudido por una ola de protestas en varias ciudades tras la operación militar del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. El presidente Donald Trump justificó la acción como una medida de aplicación de la ley con apoyo militar contra un «narco-dictador», y afirmó que EE.UU. asumirá temporalmente el control de Venezuela para una «transición ordenada», con énfasis en recuperar y reconstruir sus vastas reservas petroleras —las mayores del mundo—. Trump ha señalado que los ingresos del petróleo beneficiarían a Venezuela, a empresas estadounidenses y al gobierno de EE.UU., lo que ha generado acusaciones de intervencionismo motivado por intereses energéticos.

Las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, estallaron inmediatamente tras el anuncio y continuaron durante el fin de semana del 3 al 5 de enero, extendiéndose a ciudades como Nueva York (incluyendo Times Square y frente a la Casa Blanca), Washington D.C., San Francisco, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y Portland. Manifestantes, entre ellos activistas antibélicos de grupos como Code Pink y ANSWER Coalition, portaron pancartas con lemas como “No a la guerra por petróleo”, “Fuera EE.UU. de América Latina” y “No sangre por petróleo”, denunciando la operación como una agresión imperialista e ilegal que viola el derecho internacional. Aunque la mayoría de las protestas han sido no violentas, se reportaron bloqueos y tensiones menores con la policía en algunos puntos.

Este rechazo se entrelaza con el descontento por las políticas internas de Trump, como las deportaciones masivas de inmigrantes —incluyendo venezolanos— y el tiroteo fatal del 7 de enero en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense. Estos eventos han unido a comunidades latinas, progresistas y anti-guerra, que critican el uso de la fuerza tanto en el exterior como en el interior. Analistas destacan que la intervención en Venezuela, enmarcada en una campaña contra el narcotráfico y el control de recursos energéticos, ha intensificado las críticas a una agenda percibida como agresiva hacia Latinoamérica.

El costo político para Trump aumenta de cara a las elecciones de medio término de 2026. Encuestas preliminares muestran una división: alrededor del 33% aprueba la acción militar, pero el 65% expresa preocupación por una mayor implicación estadounidense en Venezuela, con fuerte oposición entre demócratas. Gobernadores y alcaldes en estados clave como California, Nueva York y Pensilvania han condenado la operación, y protestas continuas podrían erosionar el apoyo en distritos con alta población latina e inmigrante.

Desde Perú, donde la diáspora venezolana observa con emociones mixtas —entre celebraciones por el fin del régimen de Maduro y preocupación por la intervención—, estas movilizaciones reflejan un rechazo regional al uso de la fuerza para fines económicos. Organizaciones internacionales y aliados como Francia y España han criticado la acción como violatoria del derecho internacional. El futuro dependerá de si la administración Trump modera su enfoque o si las protestas se consolidan como un desafío significativo a su política exterior.