El acceso a Machu Picchu permanece suspendido debido a bloqueos en la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, iniciados el 14 de septiembre. Las empresas PeruRail y Ferrocarril Transandino detuvieron sus operaciones por seguridad ante obstrucciones con piedras, árboles y excavaciones no autorizadas en el sector de Qoriwayrachina, afectando a cientos de turistas nacionales y extranjeros.

El conflicto surge tras el cambio en la concesión del servicio de buses entre Aguas Calientes y la ciudadela, pasando de Consettur Machupicchu S.A.C. a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó protestas de pobladores y gremios.

Algunos turistas han sido evacuados mediante operaciones coordinadas, mientras otros han usado plataformas artesanales para trasladarse. La Defensoría del Pueblo informó que los bloqueos se suspendieron temporalmente hasta las 08:00 horas del 17 de septiembre para facilitar el traslado de los afectados.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y autoridades locales acordaron un plan de contingencia para resolver la logística del transporte en un plazo de cinco días a partir del 19 de septiembre. Los visitantes pueden reprogramar entradas o solicitar reembolsos, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El impacto económico se estima en más de S/ 2 millones diarios, afectando a miles de negocios turísticos en la región.

La congresista Margot Palacios Huamán, no agrupada, presentó el Proyecto de Ley N° 11385/2024-CR el pasado 30 de mayo, proponiendo un octavo retiro de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/26,750, de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hoy, durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, Palacios defendió la iniciativa destacando la necesidad de proteger los intereses de los afiliados frente a las restricciones impuestas por la reciente reforma previsional (Ley N° 32123). La congresista criticó la mala administración de las AFP, señalando que, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas han generado pérdidas económicas significativas para los aportantes en los últimos 20 años.

Palacios argumentó que el retiro de fondos es una medida urgente para aliviar la crisis económica que enfrentan millones de peruanos, en un contexto de pobreza monetaria que afecta al 29% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En su exposición, la legisladora enfatizó que el dinero pertenece a los trabajadores y debe estar disponible para cubrir necesidades inmediatas, como salud, educación y alimentación. Además, cuestionó la legitimidad del sistema previsional actual, afirmando que “ha perdido credibilidad” debido a las bajas pensiones que reciben los afiliados, muchas de las cuales no superan los S/600 tras décadas de aportes.

El proyecto de Palacios, que busca superar los límites establecidos por la reforma previsional, se suma a otras 24 iniciativas similares en debate en la Comisión de Economía, que este 17 de septiembre aprobó por mayoría un dictamen para autorizar un retiro de hasta 4 UIT (S/21,400). Aunque el respaldo del Ejecutivo y la presión ciudadana fortalecen la viabilidad de estas propuestas, el BCRP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierten que un nuevo retiro podría dejar a 8.6 millones de afiliados sin fondos para su jubilación, agravando el riesgo de pobreza en la vejez. El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se espera un intenso debate antes de su posible aprobación.

El 14 de septiembre de 2000 se difundió el primer Vladivideo, una grabación en la que Vladimiro Montesinos, entonces asesor presidencial de Alberto Fujimori, entregaba fajos de dinero al congresista Alberto Kouri a cambio de su pase al oficialismo. Esa revelación marcó el inicio del colapso del régimen fujimontesinista y destapó una red de corrupción que alcanzó a congresistas, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.

Hoy, a 25 años de aquel episodio, el país vuelve a poner la mirada sobre un hecho que evidenció cómo el poder político y económico se entrelazaba con prácticas mafiosas. Aunque la caída de Fujimori y la captura de Montesinos parecían cerrar esa etapa, las secuelas aún persisten: la impunidad de varios implicados y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones siguen siendo heridas abiertas en la democracia peruana.

La congresista Margot Palacios, a través de su cuenta de Facebook, recordó la fecha señalando: «Hoy, a 25 años de los Vladivideos, recordamos uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. Aquellas grabaciones nos mostraron sin máscaras cómo se compraban congresistas con fajos de dinero, cómo se sometía a jueces y fiscales, cómo los medios eran silenciados a cambio de sobornos. No fue un hecho aislado, fue la radiografía de un sistema político y económico podrido, dirigido desde las sombras por mafias que traicionaron al Perú. El daño no terminó con la caída de Fujimori ni con la captura de Montesinos. La herencia más grave fue la impunidad y la desconfianza que hasta hoy marcan nuestra democracia.«

El recuerdo de los Vladivideos también plantea una reflexión sobre la continuidad de los actores ligados a aquel régimen. A pesar de la magnitud del escándalo, sus herederos políticos mantienen presencia activa a través del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, así como por exfuncionarios y cuadros políticos que reivindican el legado neoliberal y capitalista instaurado en la década de los noventa. Desde el Congreso y otras instancias de poder, estos grupos han buscado preservar un modelo económico que, ha profundizado las desigualdades y debilitado los mecanismos de transparencia y control frente a la corrupción.

La conmemoración de este aniversario no solo revive la memoria de un escándalo, sino que reabre el debate sobre los límites de la democracia peruana frente a la captura del Estado por intereses mafiosos. Recordar los Vladivideos es, hoy más que nunca, una advertencia sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y evitar que la historia se siga repitiendo bajo nuevas máscaras políticas.