Crónica
Caída de los gobernantes neoliberales del Perú

En la cúspide del poder, rodeados de halagos, algunos mandatarios del Perú vieron su luz apagarse entre juicios, condenas y huida. Lo que en su momento fue promesa de prosperidad y desarrollo, quedó manchado por una oscura sombra de corrupción, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La historia reciente del Perú parece estar marcada por un ciclo inquebrantable de escándalos que envuelven a sus expresidentes. Desde los años 90 hasta la actualidad, casi todos los jefes de Estado han sido investigados, acusados o condenados, tanto por corrupción como por violaciones a los derechos fundamentales. Es una historia plagada de traiciones al pueblo, pero también de luchas por la justicia.

Fernando Belaúnde Terry (1963-1968, 1980-1985)
Acusado de corrupción en el primer y segundo gobierno. Su segundo gobierno coincidió con el inicio de la violencia armada en el Perú. Las críticas no solo apuntaban a su incapacidad para frenar al terrorismo, sino también a su indiferencia ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometían las fuerzas de seguridad en su lucha contra los insurgentes por lo que, se cree que la represión fue una política de gobierno. En la pospresidencia, fue salpicado por el «Petroaudios», una controversia que involucraba negociaciones irregulares en torno al petróleo.
Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000)
Condenado a 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, Fujimori representa el caso más emblemático de la corrupción en el poder. Su alianza con Vladimiro Montesinos, su jefe de inteligencia, lo hundió en una serie de escándalos como el «Vladivideo», donde quedó evidenciado el pago de sobornos a políticos y empresarios. Pero más allá de la corrupción, su gobierno es recordado por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y esterilizaciones forzadas. Estos crímenes han sido considerados de lesa humanidad. Murió en el 2024 llevándose muchas incógnitas para el país.
Valentín Paniagua (2000)
Paniagua asumió el poder tras la caída de Fujimori, y si bien su gobierno no estuvo marcado por la corrupción galopante, enfrentó la difícil tarea de manejar una crisis política y económica severa. Ya falleció y su legado es uno de transición democrática, y su figura es vista como una excepción dentro del sombrío panorama de los mandatarios peruanos. Aunque, a decir la verdad, no se hizo una investigación completa de su gobierno.
Alejandro Toledo (2001-2006)
Toledo huyó del país en medio de acusaciones de haber recibido millonarios sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El «Caso Ecoteva» reveló compras irregulares de propiedades que involucraban a su familia directa. Más allá de la corrupción, Toledo también enfrentó críticas por la represión violenta de manifestaciones sociales. A pesar de su promesa de un gobierno democrático y transparente, su caída en desgracia sigue el mismo patrón que sus antecesores.
Alan García (1985-1990, 2006-2011)
García, cuyo primer mandato estuvo marcado por la hiperinflación y la represión, fue vinculado en su segundo gobierno al escándalo Odebrecht. La orden de detención preliminar en su contra por lavado de activos lo llevó a quitarse la vida en 2019. Además de los casos de corrupción, su gobierno fue denunciado por la represión brutal en las protestas de Bagua en 2009, donde murieron decenas de indígenas amazónicos. Este episodio, conocido como el «Baguazo», sigue siendo un símbolo del choque entre el Estado y las comunidades indígenas. Pero no es único, existen varias otras denuncias mas de crímenes de lesa humanidad que de no haberse quitado la vida, las investigaciones ya hubieran concluido en alguna denuncia concreta del Poder Judicial.
Ollanta Humala (2011-2016)
El caso de Humala destaca por la implicación de su esposa, Nadine Heredia, en un supuesto lavado de activos relacionado con aportes ilegales de campaña. Ambos fueron absueltos en primera instancia, aunque las investigaciones continúan. Durante su gobierno, se produjeron graves episodios de represión de protestas sociales, particularmente en las regiones mineras, donde comunidades indígenas luchaban contra proyectos extractivos que, alegaban, afectaban sus territorios y sus derechos, el mismo que en parte fue aplacado por la creación de mesas de diálogo, luego de la represión. A pesar de haber prometidos cambios estructurales, para la opinión pública fue el gobierno que se sumó a los gobernantes neoliberales que continuaron profundizando el modelo económico desigual.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
Pese a llegar al poder con la promesa de un «gobierno limpio», Kuczynski renunció en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht por contratos públicos. Aunque sigue enfrentando investigaciones, su renuncia precipitó una crisis política que no ha cesado hasta la fecha.
Martín Vizcarra (2018-2020)
Vizcarra fue destituido por el Congreso tras revelarse que había recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Además, el «Vacunagate» lo colocó en el centro de la indignación ciudadana, tras descubrirse que él y otros altos funcionarios se habían vacunado de manera secreta contra la COVID-19 antes que el resto de la población. Su mandato también estuvo manchado por el mal manejo de la pandemia y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en las protestas que marcaron su caída.
Pedro Castillo (2021-2022)
El último mandatario elegido por voto popular, Pedro Castillo, fue destituido tras intentar disolver el Congreso en lo que fue considerado un golpe de Estado por la derecha política y financiera. Castillo enfrenta múltiples investigaciones por corrupción, con acusaciones que lo señalan por presuntamente favorecer a empresas vinculadas a su entorno, sin condena alguna. Su destitución provocó violentas protestas, durante las cuales se denunciaron numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Fue detenido y está en la cárcel de manera preliminar, lo que es condenado por la mayoría de peruanos porque lo consideran un secuestro injusto y artero de los enemigos de un gobierno popular.
Dina Boluarte (2022-presente)
Boluarte asumió la presidencia tras la caída de Castillo, y su mandato ha sido marcado por la represión de las protestas, que ha dejado decenas de muertos y heridos. Aunque no ha sido condenada aún por corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido bajo su gobierno han generado crecientes críticas tanto a nivel nacional como internacional, y lidia con las investigaciones fiscales y judiciales, que una vez que deje Palacio de Gobierno, definitivamente, le tocarán la puerta, muy a pesar de las leyes que sus aliados del Congreso de la República como Fuerza Popular y Perú Libre pretendan aprobar para salvarla de ser condenada por lesa humanidad y corrupción cada vez más ostensible.
Las causas de la corrupción y la violencia institucional
Las raíces del problema son profundas: moral del sistema, modelo económico, falta de transparencia, corrupción estatal y, sobre todo, impunidad y complicidad. La corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también deja una estela de pobreza y desigualdad. Cada presidente ha dejado huellas difíciles de borrar en la memoria colectiva del Perú, un país que lucha por romper este ciclo.
¿Un futuro sin corrupción?
La pregunta que queda en el aire es si el Perú podrá alguna vez superar esta “maldición” de sus mandatarios. El futuro político del país parece incierto, pero lo que está claro es que los ciudadanos han comenzado a exigir más transparencia y justicia. ¿Será suficiente para cambiar el rumbo de la historia?
Actualidad
Indulto a Pedro Castillo vuelve a generar tensión política durante la transición de José María Balcázar

Lima, 3 de junio de 2026.– El debate sobre un posible indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo ha vuelto a instalarse en el centro de la agenda política durante el gobierno transitorio de José María Balcázar. Desde febrero de este año, declaraciones ambiguas del mandatario, solicitudes legales presentadas por el entorno del exjefe de Estado y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo han alimentado una creciente incertidumbre en medio del proceso electoral.
La controversia se reactivó incluso antes de la llegada de Balcázar al poder. Un día antes de su elección como presidente de transición, la defensa de Castillo, liderada por Walter Ayala, presentó una solicitud formal de indulto alegando una presunta persecución política. La situación despertó sospechas debido a declaraciones previas del entonces congresista, quien había señalado que una eventual gracia presidencial podría ser evaluada.
Las dudas se intensificaron durante las primeras semanas de gobierno. Mientras el 19 y 20 de febrero el Ejecutivo aseguró que el indulto “no estaba en agenda”, apenas un día después Balcázar afirmó que revisaría cualquier solicitud presentada formalmente. El aparente cambio de posición generó cuestionamientos desde el Congreso y abrió un intenso debate político sobre el alcance de las decisiones de un gobierno cuya principal misión era garantizar la estabilidad y conducir las elecciones generales.
Entre marzo y abril, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia recibió diversas solicitudes vinculadas al exmandatario recluido en el penal de Barbadillo. Sin embargo, una de las más relevantes fue declarada inadmisible el 30 de abril por observaciones administrativas y falta de documentación. Pese a ello, nuevos pedidos y gestiones continuaron llegando desde simpatizantes y sectores cercanos a Castillo.
La polémica volvió a escalar el 13 de mayo durante una actividad oficial en Iquitos, cuando Balcázar respondió sobre el tema señalando que cualquier decisión “depende de que presente su solicitud correspondiente”. Paralelamente, reportes periodísticos y versiones difundidas en medios y redes sociales mencionaron presuntas presiones internas y cambios dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales, mientras el Ministerio de Justicia insistía en negar una liberación inminente.
Especialistas consultados sostienen que el principal obstáculo sigue siendo jurídico. La sentencia contra Pedro Castillo aún se encuentra en etapa de apelación y no tiene carácter firme, requisito habitual para un indulto convencional. En ese escenario, cualquier derecho de gracia de carácter humanitario requeriría la acreditación de condiciones médicas excepcionales. Mientras tanto, el gobierno mantiene una posición cautelosa que evita cerrar definitivamente una posibilidad que continúa generando polarización política en la recta final de la transición.
Actualidad
José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.
Actualidad
Lima cumple 491 años: entre la fundación española, el centralismo y la inseguridad

Lima, 18 de enero de 2026 — La capital peruana conmemora este domingo sus 491 años de fundación española, en una jornada que mezcla actos protocolares, actividades culturales y deportivas gratuitas, pero bajo un tono de sobriedad marcado por la suspensión de la tradicional Serenata a Lima en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente vial.
Todo comenzó el 18 de enero de 1535, cuando el verdugo español Francisco Pizarro clavó el rollo en el valle del Rímac para erigir la Ciudad de los Reyes, elegida por su fertilidad, proximidad al puerto del Callao y trazado en damero español sobre el paisaje prehispánico. El nombre indígena Limaq (deformado a Lima) prevaleció sobre la denominación oficial, dando inicio a una urbe que se convertiría en capital del Virreinato más rico de América, resistiendo terremotos como el de 1746, invasiones de otros imperios y la ocupación chilena de 1881.
Sin embargo, a lo largo de casi cinco siglos, el centralismo limeño se consolidó como una estructura agobiante que concentra poder político, económico y administrativo en la capital, atrayendo recursos y población del interior de Perú. Hoy, con más de 10.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Lima representa cerca de un tercio del padrón electoral nacional y recibe la mayor parte del presupuesto nacional, perpetuando críticas por desigualdad territorial real y brechas que alimentan percepciones de que el país “no funciona para la mayoría”, según encuestas recientes, pero según datos oficiales, planteando escenarios de cambios urgentes por los nuevos habitantes de este territorio de fundación española.
Esta vez, la celebración se ve opacada por la inseguridad galopante, considerada una de las peores épocas desde la implementación del sistema y su modelo económico desigual. En los primeros días de enero de 2026 ya se registran decenas de muertes violentas, con Lima liderando las cifras de homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, un estudio de Ipsos revela que el 73% de los limeños vive con miedo a la delincuencia, y el 48% no se siente a gusto en la ciudad, un deterioro drástico que coincide con protestas de transportistas y comerciantes exigiendo medidas efectivas al Estado.
A 491 años de su fundación, Lima enfrenta su paradoja histórica: una metrópoli diversa que se reinventa diariamente para mantenerse habitable, pero atrapada entre su legado fundacional, el peso del centralismo y la urgencia de combatir una criminalidad originada en sus estructuras económicas que amenaza su vitalidad cotidiana. Hoy, entre la carrera Lima Corre 10K, pasacalles multiculturales, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala, la capital se mira a sí misma con orgullo y preocupación real, recordando que su historia no es solo de resistencias pasadas, sino de desafíos presentes que demandan respuestas urgentes, cambios urgentes para dar fin a las grandes desigualdades como factores de sus grandes males que podrían tocar la puerta más temprano que tarde.
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