El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció su cuarta candidatura presidencial para las elecciones de 2026 durante el «Gran Encuentro Fujimorista». Acompañada por Luis Galarreta y Miki Torres como precandidatos a las vicepresidencias, Fujimori prometió combatir la inseguridad y el crimen organizado, evocando un discurso populista que recuerda sus campañas de 2011, 2016 y 2021. Sin embargo, el evento se vio opacado por la detección de una cámara del Congreso de la República (código 25459) utilizada para grabar y transmitir el mitin, un acto que viola el Reglamento Interno del Congreso y la Ley N.° 27815, reavivando críticas sobre el uso de recursos estatales para fines proselitistas, una práctica recurrente asociada al clientelismo fujimorista.

El responsable directo, Daniel Constantino Luza Amesquita, técnico de la Oficina de Participación Ciudadana y aportante de Fuerza Popular, renunció el 1 de noviembre tras la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por el Congreso, iniciado el 31 de octubre. La investigación, que podría derivar en cargos por peculado de uso (pena de 2 a 4 años), también apunta a posibles responsabilidades de supervisores, incluida la Primera Vicepresidencia a cargo del fujimorista Fernando Rospigliosi. Este incidente revive cuestionamientos sobre las tácticas clientelistas del partido, que históricamente ha recurrido a dádivas y movilización de recursos para captar apoyo electoral, como se denunció en el caso Cócteles por presunto lavado de activos.

El uso de bienes públicos en el lanzamiento de Fujimori refuerza la percepción de un populismo que apela a promesas de mano dura y beneficios directos, mientras se vale de estructuras estatales para fines partidarios. Aunque Fuerza Popular niega responsabilidad directa y atribuye el hecho a una «falta individual» de Luza, las evidencias de su vínculo con el partido y la falta de supervisión en la Mesa Directiva fujimorista alimentan el escepticismo. Con Fujimori empatada en un ínfimo segundo lugar (7% según Ipsos, octubre 2025), este escándalo podría complicar su estrategia en un contexto electoral competitivo, donde la transparencia y la ética pública ganan relevancia.

Lima, 4 de noviembre de 2025 – Un nuevo paro de transportistas urbanos sacudió Lima y Callao este martes, afectando a millones de usuarios ante la paralización de más de 8,000 buses de más de 250 empresas. Convocado por gremios como Transportistas Unidos y CONET Perú, el «apagado de motores» respondió a la escalada de inseguridad, con 47 choferes asesinados en 2025 por extorsiones y sicariato. Marchas pacíficas desde Carabayllo, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho exigieron mayor protección policial y reuniones con el gobierno, mientras la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) garantizó el funcionamiento pleno del Metropolitano, Metro Líneas 1 y 2, y corredores complementarios.

El paro, iniciado a las 6:00 a.m., generó aglomeraciones en paraderos y un alza de hasta cuatro veces en los precios de pasajes informales. Instituciones como EsSalud reprogramaron citas médicas, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso clases virtuales en colegios. Aunque gremios como la Cámara de Transporte Urbano (60% del sector) no se sumaron, el impacto fue severo en conos Norte, Sur y Este. La Policía Nacional desplegó operativos en puntos críticos como la avenida Néstor Gambetta (Callao) y la Panamericana Sur, evitando bloqueos pero reportando tensión en algunos sectores.

Tras diálogos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, los gremios levantaron parcialmente el paro al mediodía, restableciendo el servicio de manera progresiva. Sin embargo, líderes como Martín Ojeda advirtieron que las protestas podrían reactivarse si no se implementan medidas efectivas contra el crimen organizado. El estado de emergencia vigente desde el 22 de octubre en Lima y Callao no ha frenado los ataques, y la ciudadanía exige soluciones urgentes para un sector clave de la economía limeña.

Lima, 4 de noviembre de 2025 – El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras la decisión de este país de otorgar asilo político de Betssy Chávez, acusada de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022. La Cancillería peruana, liderada por Hugo de Zela, calificó el asilo como un “acto inamistoso” y una injerencia en asuntos internos, ordenando la salida de la encargada de la embajada mexicana, Karla Ornelas. México, por su parte, rechazó la medida como “desproporcionada” y expresó preocupación por el impacto en los aproximadamente 20,000 peruanos residentes en su territorio, quienes podrían enfrentar dificultades en trámites consulares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, defendió el asilo a Chávez como un derecho amparado por la Convención de Caracas de 1954, alegando irregularidades en su proceso judicial en Perú. En un comunicado, México lamentó la decisión peruana y advirtió que la ruptura de lazos diplomáticos afectará a los connacionales peruanos, especialmente en trámites como renovación de pasaportes, visas y asistencia legal. Aunque los servicios consulares permanecerán activos, la ausencia de una embajada operativa podría generar demoras y complicaciones, en un contexto donde México es el principal socio comercial de Perú en América Latina, con un intercambio de 10,000 millones de dólares anuales.

La comunidad peruana en México, concentrada principalmente en Ciudad de México y Guadalajara, expresó incertidumbre ante la crisis diplomática. “Necesitamos claridad sobre cómo se gestionarán nuestros documentos; muchos dependemos de estos trámites para trabajar y estudiar”, señaló Ana Morales, representante de la Asociación de Peruanos en México. La SRE mexicana reiteró su compromiso con el diálogo para mitigar el impacto y mantener los lazos históricos con Perú, pero la escalada de tensiones, que incluye antecedentes como la expulsión del embajador mexicano en 2022, sugiere un panorama complejo para la reconciliación bilateral en el corto plazo.