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Transportistas de Lima y Callao paralizarán actividades este 5 de enero contra extorsiones y sicariato

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Este jueves 5 de enero, los transportistas de Lima Metropolitana y Callao realizarán un paro nacional para exigir al gobierno de Dina Boluarte medidas concretas contra la ola de extorsiones, atentados y sicariato que afecta a conductores y pasajeros. La medida de fuerza, convocada por diversos gremios del transporte urbano, busca visibilizar la grave inseguridad que enfrentan a diario. Según los organizadores, el 80% de los transportistas es extorsionado por delincuentes, quienes exigen «cupos» bajo amenazas de violencia.

Gustavo Lino Adrianzén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Web de Presidencia del Consejo de Ministros

La paralización incluirá marchas pacíficas que partirán desde distintos puntos de la ciudad y culminarán en el Cercado de Lima. Entre las principales demandas destacan la implementación de mayores medidas de seguridad, la revisión de normativas del sector y la mejora de las condiciones laborales. Los convocantes esperan que el gobierno atienda sus reclamos y frene la creciente criminalidad que, según afirman, ha dejado a muchos transportistas en la indefensión.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre el paro y advirtió que no se tolerarán actos de violencia ni disturbios durante las protestas. «La PNP no permitirá ningún acto que afecte el patrimonio público o privado, ni la integridad de las personas. Acompañaremos a quienes marchan de manera pacífica, pero al lanzamiento de la primera piedra, el diálogo se termina», afirmó. Santiváñez aseguró que las fuerzas del orden estarán desplegadas para garantizar la seguridad durante la movilización.

Comunicado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó la convocatoria al paro, insinuando que estaría siendo impulsada por organizaciones ilegales. «La paralización no contribuye en nada con la seguridad. Es un paro convocado por grupos que buscan desestabilizar el orden público», declaró. Adrianzén instó a los transportistas a buscar canales formales para expresar sus reclamos y aseguró que el gobierno está trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, señaló que el paro tiene un trasfondo político y beneficiaría principalmente a los transportistas informales. «Cuando se paraliza la ruta formal, aparecen los informales, quienes aumentan los precios de los pasajes. Estas convocatorias parecen estar destinadas a favorecerlos», afirmó. Pérez Reyes destacó que los gremios formales no se sumarán al paro y que el MTC ha coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad durante la jornada.

Mientras tanto, los transportistas insisten en que su lucha es por la seguridad y la vida. «No queremos más extorsiones, no queremos más muertes. Exigimos que el gobierno nos proteja», expresó un representante del gremio. La movilización de este jueves promete ser una de las más significativas en los últimos años, reflejando el descontento de un sector clave para la movilidad en la capital.

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Triunfo de la izquierda en Chile: Jeannette Jara del Partido Comunista se impone en la primera vuelta presidencial

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Chile, 16 de noviembre de 2025 – En un escenario que mantiene en vilo a Latinoamérica, la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas ha cerrado con resultados preliminares que posicionan a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista y la coalición Unidad por Chile, en primer lugar, con el 26,71% de los votos al 82,97% de las mesas escrutadas, según los datos oficiales más recientes del Servicio Electoral de Chile (Servel). José Antonio Kast, del Partido Republicano y representante de la derecha radical, se ubica segundo con el 24,12%, lo que obliga a competir entre ambos el próximo 14 de diciembre. Otros candidatos como Evelyn Matthei (13,8%) y Franco Parisi (18,9%) no avanzaron, aunque su influencia podría inclinar la balanza en la segunda vuelta, en un proceso con una participación histórica del 85% entre más de 15 millones de electores obligatorios.

La contienda, marcada por debates intensos sobre reformas sociales, seguridad y economía, refleja la polarización en Chile, pero también el vigor de la izquierda progresista que Jara representa como exministra de Trabajo de 51 años. Con un margen estrecho de 2,59 puntos sobre Kast, Jara ha capitalizado el descontento con el modelo neoliberal y el apoyo al legado de Gabriel Boric, enfocándose en propuestas de equidad laboral y salud universal. «La esperanza de un Chile más justo está viva; iremos a la segunda vuelva con la fuerza del pueblo», declaró Jara en sus primeras palabras post electorales, arropada por simpatizantes en Santiago. Kast, por su parte, llamó a la unidad de la derecha para revertir la tendencia, en un contexto donde la izquierda radical consolida su espacio en la región.

Para Perú y Latinoamérica, estos resultados avivan el optimismo por el potencial triunfo de la izquierda en un país clave como Chile, que podría impulsar alianzas en migración, transición energética y combate a la desigualdad, beneficiando directamente a naciones vecinas. Analistas ven en el resultado como una oportunidad para que Jara amplíe su base con moderados, fortaleciendo la agenda progresista frente al conservadurismo global. Mientras el escrutinio avanza hacia el 100%, este proceso recuerda que el cambio social en Sudamérica es un camino de perseverancia, invitando a soñar con un continente más unido e inclusivo bajo liderazgos transformadores.

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Venezuela activa «defensa total» ante amenaza de invasión de EE.UU.

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Lima, 13 de noviembre de 2025 – Venezuela ha activado una «defensa total» con el despliegue de 200.000 efectivos militares en respuesta a la creciente presencia de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Bajo el Plan Independencia 200, anunciado el 11 de noviembre, Caracas puso en máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo medios terrestres, aéreos, navales y sistemas de defensa rusos S-300, para proteger su soberanía frente a lo que Nicolás Maduro califica como «la mayor amenaza en 100 años».

La escalada comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración de Donald Trump intensificó su presencia militar, justificándola como una operación antinarcóticos contra cárteles como el Tren de Aragua. La llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, escoltado por destructores y con 15.000-16.000 efectivos, marca el mayor despliegue estadounidense en el Caribe en 35 años. Washington reporta haber destruido 20 botes y causado 76 muertes, acciones que Venezuela denuncia como «ataques extrajudiciales» que violan la soberanía regional.

Maduro ha preparado una «república en armas», movilizando millones de milicianos y planificando una resistencia guerrillera en caso de invasión, mientras expertos advierten que la superioridad tecnológica de EE.UU. contrasta con la ventaja geográfica venezolana para una guerra asimétrica. La tensión ha generado preocupación global, con la ONU y la OEA llamando a la desescalada diplomática. La postura beligerante de Washington debe priorizar el diálogo multilateral para evitar un conflicto que agravaría la crisis humanitaria venezolana, ya golpeada por una economía contraída un 70% y migración masiva.

Organizaciones sociales peruanas han convocado marchas en Lima para repudiar la intervención estadounidense, exigiendo soluciones regionales sí realmente se trata de la lucha contra el narcotráfico sin recurrir a la fuerza. La ausencia de un pronunciamiento del gobierno peruano contrasta con las condenas enérgicas de países como Honduras, Cuba, México y Colombia, que han calificado el despliegue como una «amenaza de intervención» extranjera que debe ser rechazada por todo latinoamericano.

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Represión policial en contra de marcha por derechos laborales de los profesores del SUTEP

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Lima, 13 de noviembre de 2025 – Miles de maestros del SUTEP protagonizaron un combativo paro nacional de 24 horas, exigiendo al Congreso y al Gobierno el cumplimiento de promesas incumplidas: pensiones dignas para jubilados, aumento salarial de S/200 y el 6% del PBI para educación. En la capital, la marcha hacia el Palacio Legislativo fue reprimida por la Policía Nacional, que usó gases lacrimógenos y fuerza física para bloquear el avance. Pese a la violencia, los docentes lograron llegar al carril frontal del Congreso, alzando su voz contra un Estado que, según denuncian, abandona al magisterio.

El dirigente de jubilados, Soto, denunció haber sido pateado por efectivos policiales, un acto que indignó a los manifestantes y se viralizó en redes sociales. “No nos callarán; luchamos por derechos, no por migajas”, declaró Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien criticó al Ejecutivo por observar la Ley 3864, que beneficiaría a 162.000 cesantes y jubilados. La intervención policial, calificada como desproporcionada, no detuvo la protesta, que también exigió el pago del bono excepcional de S/487 y la derogatoria de la Ley 32242, vista como una amenaza al empleo docente.

Este paro, respaldado por más de 6.000 maestros en Lima y miles en regiones, expone la crisis del sector educativo, relegado por un Gobierno que prioriza ajustes fiscales sobre la deuda social. El SUTEP advierte que, sin respuestas concretas, escalará sus medidas de lucha. Mientras el Congreso posterga el debate y el Minedu declara la huelga “improcedente”, la ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo la educación seguirá siendo la última rueda del coche?

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