Piura, 01 de setiembre de 2026.- La inspección se originó en una solicitud de fiscalización presentada por la FETRIMAP-CGTP. SUNAFIL identificó dos infracciones muy graves que afectarían a 40 trabajadores de un establecimiento de Compañía Food Retail S.A.C., identificado en el expediente como Plaza Vea–Vivanda, en Piura.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) propuso una multa total de S/ 84 316 contra Compañía Food Retail S.A.C. por excluir de la jornada laboral el tiempo que sus trabajadores destinaban al cambio de uniforme. La actuación inspectiva se produjo a partir de una solicitud presentada por la Federación de Trabajadores de Mercados, Supermercados y Afines (FETRIMAP-CGTP).

La investigación corresponde al establecimiento ubicado en la avenida Grau N.° 555, Piura, y está contenida en el Acta de Infracción N.° 325-2025-SUNAFIL/IRE-PIU. De acuerdo con el documento, la inspección identificó dos infracciones calificadas como muy graves y consideró a 40 trabajadores afectados.

El uniforme era obligatorio, pero el tiempo para cambiarse no era reconocido

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el artículo 28 del Reglamento Interno de Trabajo de la compañía. Según lo recogido en el acta, dicha disposición excluía de la jornada efectiva el tiempo destinado al cambio de vestimenta.

El problema señalado por la inspección es que el propio reglamento establecía la obligatoriedad del uso del uniforme y contemplaba consecuencias frente a su incumplimiento, incluso la posibilidad de impedir el ingreso del trabajador a las instalaciones.

Desde la perspectiva de los trabajadores, el punto central es que la empresa imponía una condición necesaria para prestar servicios, pero trasladaba el tiempo empleado en cumplirla fuera de la jornada laboral. La FETRIMAP-CGTP considera que esta práctica supone cargar sobre el tiempo personal del trabajador una obligación vinculada directamente con la prestación del servicio.

Precedentes laborales respaldan el reconocimiento del tiempo

El acta inspectiva recoge como sustento el precedente de observancia obligatoria establecido mediante la Resolución de Sala Plena N.° 016-2023-SUNAFIL/TFL, así como el criterio desarrollado en la Casación Laboral N.° 9387-2014, Lima Norte.

De acuerdo con estos criterios, cuando el cambio de uniforme se realiza en el centro de trabajo por exigencia del empleador y resulta necesario para desarrollar las labores, dicho periodo forma parte de la jornada de trabajo.

Bajo esta interpretación, un reglamento interno no podría excluir unilateralmente ese periodo del tiempo efectivo de trabajo cuando concurren las condiciones establecidas por la normativa y la jurisprudencia laboral.

SUNAFIL ordenó corregir el reglamento

Durante la fiscalización, SUNAFIL requirió a la compañía modificar la disposición cuestionada y acreditar que el reglamento corregido había sido entregado a los trabajadores comprendidos en la investigación.

La empresa cuestionó la competencia territorial de los inspectores para disponer modificaciones sobre un documento de alcance nacional y sostuvo que el plazo otorgado para cumplir la medida era irrazonable. Sin embargo, el personal inspectivo dejó constancia de que esos argumentos no impedían el cumplimiento de la medida requerida y que no se acreditó su subsanación en ese extremo.

Por ello, la actuación inspectiva terminó considerando no solo la exclusión del tiempo de cambio de uniforme, sino también el incumplimiento de la medida de requerimiento formulada por la autoridad laboral.

Dos infracciones y S/ 84 316 en multas propuestas

La primera infracción fue calificada como muy grave, conforme al numeral 25.6 de la normativa inspectiva referida al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Por este concepto se propuso una multa de S/ 42 158.

La segunda corresponde al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y fue calificada como muy grave bajo el numeral 46.7, con otra multa propuesta de S/ 42 158.

En conjunto, ambas sanciones alcanzan S/ 84 316. Sin embargo, esta cifra corresponde a una propuesta contenida en el acta de infracción y no constituye todavía una multa firme. El caso debe continuar dentro del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

La discusión también alcanzó las horas extras

La fiscalización incluyó además la revisión de la compensación y el pago de horas extras correspondientes a un trabajador. En ese extremo, la empresa presentó documentación que fue considerada suficiente por SUNAFIL, por lo que la autoridad dio por cumplido el requerimiento.

De esta manera, las infracciones que sustentan la propuesta económica se concentran en dos aspectos: la exclusión del tiempo destinado al cambio de uniforme de la jornada laboral y la falta de subsanación de la disposición observada.

FETRIMAP-CGTP exige reconocer el tiempo de los trabajadores

Para la FETRIMAP-CGTP, el caso pone en discusión un aspecto concreto de las condiciones laborales: el tiempo que una persona emplea para cumplir una obligación impuesta por su empleador no debería convertirse automáticamente en tiempo personal no remunerado cuando dicho cumplimiento es necesario para ingresar y prestar servicios.

La organización sindical exige que la empresa corrija la disposición cuestionada y respete íntegramente el tiempo que sus trabajadores destinan a cumplir las exigencias establecidas para el desarrollo de sus labores.

El sindicato también reivindica la intervención de la autoridad inspectiva como mecanismo para hacer cumplir las normas laborales y sostiene que la fiscalización se originó precisamente en la acción de los trabajadores organizados para denunciar una situación que, a su juicio, afectaba el reconocimiento efectivo de su jornada.

El caso de Compañía Food Retail S.A.C. queda ahora sujeto al procedimiento administrativo correspondiente. La decisión final determinará si las infracciones propuestas por SUNAFIL son confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto, mientras que para los trabajadores la controversia de fondo permanece: si el cambio obligatorio de uniforme, realizado por exigencia de la empresa y necesario para prestar el servicio, debe ser reconocido como parte de la jornada laboral.

Tumbes, 27 de setiembre de 2026.- Las lluvias intensas de febrero marcaron en Tumbes la primera señal concreta de un fenómeno que meses después adquiriría una dimensión mayor. Aunque el ENFEN sitúa el inicio del actual Niño Costero en marzo de 2026, las precipitaciones y crecidas de ríos registradas desde el 18 y 19 de febrero ya habían puesto a prueba la capacidad de respuesta de la región norte.

Río Tumbes puso en riesgo la producción agrícola

Uno de los primeros impactos se produjo en la cuenca del río Tumbes. La crecida del cauce alcanzó niveles críticos y provocó la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de cultivos, principalmente en sectores agrícolas de la provincia de Tumbes. El episodio afectó una economía rural altamente expuesta a las variaciones del caudal y a las lluvias procedentes también de la parte alta de la cuenca.

La situación no quedó restringida al campo. Durante la última semana de febrero se registraron calles inundadas, aniegos, interrupciones y restricciones en servicios, además de problemas de transitabilidad en distintos puntos de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. La dimensión inicial del daño quedó reflejada en el reporte difundido por el COER: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas afectadas —cinco inhabitables—, tres instituciones educativas dañadas y 1.100 metros de vías vecinales deterioradas.

Los distritos incluidos entre los más afectados fueron Tumbes, Corrales, San Jacinto, La Cruz, Casitas, Zarumilla y Aguas Verdes. El incremento de los caudales también generó situaciones de aislamiento. En Zarumilla, por ejemplo, agentes policiales utilizaron drones para localizar y rescatar a cuatro niños que habían quedado rodeados por las aguas en una chacra de cultivo de banano.

La emergencia llegó antes del peor escenario

La respuesta estatal no comenzó después de los desbordes. El Ejecutivo ya había declarado en enero el estado de emergencia en distritos de Tumbes y otras regiones por peligro inminente ante intensas precipitaciones mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM. La medida buscaba habilitar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación frente al escenario climático previsto.

Cuando las lluvias se intensificaron, las medidas pasaron del plano preventivo a la atención directa. El sistema de agua potable tuvo restricciones y la Unidad Ejecutora Tumbes desplegó cisternas para atender a unas 3.500 familias. De los 19 vehículos disponibles, nueve se encontraban operativos en puntos estratégicos el 26 de febrero, mientras otros permanecían disponibles o en mantenimiento. También se intensificaron trabajos de limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado.

El sector productivo también ingresó en el esquema de respuesta. El 28 de febrero, un equipo técnico del Ministerio de la Producción se trasladó a Tumbes para coordinar con el COER, INDECI y el Gobierno Regional el registro de daños en el SINPAD. La delegación inspeccionó además el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cancas, cuya operatividad había sido restablecida, mientras se ejecutaban trabajos de drenaje.

La afectación económica potencial iba más allá de la infraestructura urbana. Agricultura y pesca quedaron expuestas a una temporada de lluvias que podía prolongarse. PRODUCE verificó los niveles de los ríos Tumbes y Bocapán y mantuvo el monitoreo de ambos cauces, mientras que las lluvias obligaron a reforzar la vigilancia sobre desembarcaderos y actividades productivas.

La prevención avanzó, pero el riesgo no desapareció

Durante los meses siguientes continuaron las medidas de prevención. En julio, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes informó la culminación de trabajos de descolmatación, limpieza y eliminación de material excedente en drenes, canales y quebradas, intervenciones que, según el sector, beneficiaron a más de 265 familias agricultoras y protegieron cerca de 930 hectáreas de cultivos e infraestructura.

En paralelo, la ANIN informó avances en infraestructura de protección. La quebrada La Jardina, en San Jacinto, cuenta con diques y otras obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones; además, la entidad reportó la implementación del Sistema de Alerta Temprana del río Tumbes, con una población potencial beneficiaria superior a 126 mil personas.

Septiembre abre una nueva etapa de vigilancia

El escenario actual es más exigente que el registrado al comienzo del año. El último comunicado oficial disponible del ENFEN, publicado el 14 de septiembre, mantiene la Alerta de El Niño Costero y proyecta que el fenómeno continúe hasta mediados del otoño de 2027. Para la región Niño 1+2, el organismo estima la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El mismo pronóstico advierte que entre septiembre y noviembre las lluvias en la costa norte podrían ubicarse por encima de lo normal, con episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Asimismo, ENFEN prevé que los ríos del norte de la vertiente del Pacífico presenten caudales superiores a lo normal principalmente desde noviembre.

El balance de febrero, por tanto, funciona como una primera fotografía de la vulnerabilidad de Tumbes: 18 damnificados, 495 afectados, 163 viviendas dañadas, infraestructura educativa golpeada, vías deterioradas y cientos de hectáreas agrícolas bajo el agua. El desafío para las autoridades ya no consiste únicamente en responder a una emergencia, sino en determinar si las obras preventivas, los sistemas de alerta y la capacidad de evacuación y drenaje estarán operativos cuando llegue el periodo de lluvias más exigente previsto por ENFEN.

La disputa por las cabeceras de cuenca en Ayacucho lleva dos años en una mesa técnica, pero los compromisos estatales acumulan retrasos. En Putka, la actividad minera continúa bajo cuestionamiento de las organizaciones agrarias, mientras la protección de Razuhuillca permanece en trámite. El último reporte de la Defensoría registra el caso sin avances durante agosto de 2026.

Ayacucho, 22 de setiembre de 2026.- El conflicto socioambiental de Huanta no se limita a una controversia entre agricultores y operadores mineros. Desde el 25 de septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo registra la exigencia de la población civil y de organizaciones agrarias para paralizar actividades mineras en las zonas altas y proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. El caso comprende los distritos de Chaca y Huanta y permanece activo.

La importancia del territorio en disputa está relacionada con la función hídrica de Razuhuillca. El sistema de abastecimiento de Huanta se alimenta de un conjunto de cuerpos de agua ubicados en la parte alta de la cuenca del río Huanta, entre ellos Pampaccocha, Yanaccocha, Piscoccocha, Chacaccocha y otros cuerpos asociados. SEDA Ayacucho identifica al sistema Razuhuillca como una fuente de abastecimiento para la provincia y describe una red de aproximadamente 15,9 kilómetros desde la zona alta hasta la infraestructura de tratamiento.

Putka: el punto crítico de la actividad minera

La actividad minera en Putka, distrito de Chaca, es uno de los principales focos de la controversia. La propia Defensoría registra que las organizaciones sociales demandan la paralización de los operadores mineros y la adopción de mecanismos que eviten la contaminación del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. En enero de 2026, según la información proporcionada para este informe, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental verificó la existencia de bocaminas en el sector, entre ellas una denominada “Minería Joselito FC”.

El conflicto adquiere una dimensión adicional porque la controversia no involucra únicamente a la minería formal. En reportes anteriores, la Defensoría describió el caso de Huanta como una disputa vinculada a actividades mineras formales e informales próximas a la cuenca de Razuhuillca y señaló la preocupación por la protección de las cabeceras de cuenca.

Dos años de mesa técnica y pocos resultados

La respuesta institucional se ha canalizado principalmente mediante una mesa técnica en la que participan la Federación Agraria Campesina, Indígenas y Nativas de la Provincia de Huanta (FANCINPH), el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, comisiones de usuarios, regantes y agricultores, además de la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Ayacucho. La agenda incluye fiscalización, protección de cabeceras de cuenca y una eventual área de conservación.

El problema aparece al revisar el cumplimiento de los compromisos. Para febrero de 2026 se acordó que la ANA respondiera a la FANCINPH, realizara una reunión técnica sobre la Resolución Directoral N.° 0918-2025-ANA y trabajara mecanismos de protección de las cabeceras. También se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas gestionar resoluciones para paralizar las operaciones mineras de Putka. El último reporte defensorial disponible señala que estos compromisos registraron “sin avances durante el mes” de agosto.

El área de conservación sigue sin concretarse

Una de las principales demandas es la creación del Área de Conservación Regional Razuhuillca. Sin embargo, debe distinguirse entre una propuesta de conservación y un área natural protegida oficialmente creada. El SERNANP establece que las ACR son áreas administradas por los gobiernos regionales y que su establecimiento está sujeto a un procedimiento específico de evaluación.

En el caso de Razuhuillca, la documentación de la mesa técnica contempla que el Gobierno Regional de Ayacucho presente la delimitación y coordenadas de la propuesta, mientras las organizaciones sociales asumieron el compromiso de presentar una propuesta de área de conservación. En el reporte correspondiente a agosto de 2026 no aparece registrado un avance que permita considerar concluido ese proceso.

La brecha entre el anuncio político y el trámite administrativo

La disputa también expone la distancia entre los anuncios de las autoridades y los procedimientos que efectivamente determinan qué actividades pueden continuar. En agosto de 2024, durante la escalada inicial del conflicto, la Defensoría pidió al Ejecutivo una mesa de alto nivel debido al paro y al bloqueo de vías provocado por las protestas contra las actividades mineras en la cordillera de Razuhuillca.

La experiencia posterior muestra que una declaración política de protección del agua no equivale por sí misma al cierre definitivo de operaciones mineras. Las decisiones dependen de procedimientos administrativos, competencias regionales y nacionales, fiscalizaciones y, en determinados casos, de la evaluación de la autoridad minera nacional. Esa cadena institucional explica parte de la diferencia entre lo anunciado públicamente y lo que finalmente ocurre en el territorio.

Un problema que trasciende Huanta

La disputa de Razuhuillca se inserta en una problemática nacional más amplia: la superposición o proximidad de actividades mineras con fuentes de agua y ecosistemas sensibles. Un informe defensorial sobre pequeña minería y minería artesanal advirtió problemas asociados a la superposición de concesiones con recursos hídricos y señaló que el marco vigente no prohíbe expresamente determinadas superposiciones, lo que puede generar conflictos y dificultades de ordenamiento territorial.

Los datos más recientes muestran, además, que la conflictividad socioambiental continúa siendo el principal componente de los conflictos sociales en el país. En agosto de 2026, la Defensoría registró 188 conflictos sociales, de los cuales 138 estaban activos; 84 se encontraban en proceso de diálogo. La institución contabilizó también 187 acciones colectivas de protesta durante ese mes.

Razuhuillca: el conflicto sigue abierto

En Huanta, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si existe o no minería en las zonas altas. El punto central es quién garantiza que las actividades económicas sean compatibles con la protección de una fuente hídrica estratégica para la población y la agricultura. Mientras las organizaciones reclaman protección efectiva, las autoridades continúan trabajando mediante mecanismos técnicos y administrativos que, hasta agosto de 2026, no habían producido un cierre definitivo de la controversia.

El dato más relevante del último reporte oficial es precisamente la ausencia de avances. Dos años después de instalada la mesa técnica, la Defensoría mantiene el caso como un conflicto socioambiental activo y registra compromisos pendientes relacionados con la protección de las cabeceras, la fiscalización minera y la propuesta de conservación. En Razuhuillca, el problema no es solamente quién extrae recursos del territorio: es cuánto tiempo puede permanecer sin resolver una disputa sobre el agua que abastece a Huanta.