En una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ocho trabajadores mineros secuestrados por una organización criminal fueron rescatados en una bocamina del sector Los Alisos, en el centro poblado de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención, denominada “Impacto”, se ejecutó tras varios días de labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar donde permanecían retenidos.

Durante el operativo se produjo un intenso enfrentamiento armado, luego de que los delincuentes abrieran fuego contra las fuerzas del orden para impedir el rescate. Como resultado, cuatro militares resultaron heridos de bala y fueron evacuados de emergencia al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables, según el último reporte médico.

Este nuevo episodio refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta Pataz, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado. Las bandas que operan en la zona utilizan armamento de largo alcance y recurren al secuestro y la extorsión para consolidar su control sobre las bocaminas con alta producción de oro.

Pese al rescate, pobladores y representantes del sector minero han expresado su preocupación por la persistencia de la violencia, a pesar de los sucesivos estados de emergencia decretados en la provincia. El sector Los Alisos es considerado uno de los puntos más críticos por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior informaron que las operaciones en Pataz continuarán de manera sostenida hasta desarticular a las bandas delictivas que mantienen en zozobra a la región. En tanto, los ocho trabajadores rescatados reciben atención médica y apoyo psicológico antes de reencontrarse con sus familiares.

Lima, 08 de mayo de 2026.- Decenas de agricultores y pobladores del Valle de Tambo llegaron a la capital para participar en una movilización hacia la sede del Poder Judicial, con el objetivo de exigir la anulación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Perú. Los manifestantes sostienen que el documento técnico se encuentra desactualizado y carece de legitimidad social.

La protesta coincidió con la audiencia de la acción de amparo presentada por dirigentes del valle contra el Ministerio de Energía y Minas. Según los demandantes, el EIA aprobado perdió vigencia técnica y legal debido a los cambios ambientales, demográficos y sociales registrados en la provincia de Islay desde su última actualización.

Con banderas verdes y consignas como “Agro sí, mina no”, los manifestantes recorrieron diversas avenidas del Centro de Lima para expresar su rechazo al proyecto extractivo. Los dirigentes señalaron que el Estado pretende reactivar la iniciativa minera sin contar con el respaldo de la población local.

Los representantes del Valle de Tambo advirtieron que la explotación minera a tajo abierto pondría en riesgo los recursos hídricos y la actividad agrícola de la zona, considerada el principal sustento económico de miles de familias. Asimismo, cuestionaron que el actual EIA no garantice la protección del ecosistema del río Tambo ni la seguridad alimentaria de la población.

“No solo defendemos nuestro territorio en las calles, también lo hacemos en los tribunales”, afirmó uno de los voceros de la delegación durante la movilización. Los manifestantes pidieron al Poder Judicial actuar con independencia y priorizar los derechos fundamentales de la población frente a los intereses económicos vinculados a la gran minería.

Por su parte, Southern Perú ha reiterado en los últimos meses su disposición al diálogo y su intención de impulsar el proyecto bajo estándares de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los dirigentes y organizaciones sociales del Valle de Tambo consideran que la relación de confianza con la empresa quedó fracturada tras años de conflicto.

La movilización concluyó de manera pacífica en los exteriores del Palacio de Justicia, bajo resguardo policial. Los dirigentes anunciaron que permanecerán atentos a la decisión judicial y advirtieron que, si el fallo no favorece sus demandas, evaluarán intensificar las medidas de protesta en la región Arequipa.

Huancavelica 27 de abril 2026.– La investigación por la muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el VRAEM se ha intensificado tras la aparición de nuevas versiones que cuestionan la actuación de las fuerzas del orden y del sistema de justicia.

Un sobreviviente del hecho denunció que fue obligado por militares a declarar que el grupo transportaba droga. Según indicó, su testimonio inicial fue dado bajo amenazas y sin abogado, por lo que posteriormente se retractó ante una fiscalía de derechos humanos, asegurando que no llevaban sustancias ilícitas ni armas.

La defensa de las familias sostiene que no existe evidencia que vincule a las víctimas con el narcotráfico y que el uso de la fuerza fue injustificado. Además, cuestionó la validez de las primeras diligencias al considerar que se habrían vulnerado garantías básicas.

En paralelo, los ocho militares investigados recuperaron su libertad luego de que venciera el plazo de detención preliminar sin que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva. La defensa anunció que presentará una queja ante el órgano de control por presuntas omisiones en la actuación fiscal.

Las versiones sobre el operativo siguen enfrentadas. Mientras familiares y comuneros afirman que los jóvenes regresaban de una actividad deportiva cuando fueron atacados, las Fuerzas Armadas sostienen que actuaron en legítima defensa durante una intervención contra el narcotráfico.

La población de Colcabamba ha expresado su rechazo a lo ocurrido y denuncia un uso desproporcionado de la fuerza. Los familiares de las víctimas exigen justicia y una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos.

El caso continúa en desarrollo y los nuevos testimonios podrían ser determinantes para establecer responsabilidades penales en un hecho que ha generado conmoción y cuestionamientos a las instituciones.