Regional
Congresista Margot Palacios lidera esfuerzos decisivos para la rehabilitación y reconstrucción de la vía Los Libertadores

La congresista Margot Palacios Huamán, ha encabezado una campaña incansable para abordar los desafíos que enfrenta la vía Los Libertadores, la ruta vial más importante que conecta la región de Ayacucho con la costa peruana. Tras una serie de acciones estratégicas y articuladas, la congresista ha logrado avances significativos que allanan el camino para la rehabilitación y reconstrucción de esta importante infraestructura vial.
El deterioro de la vía Los Libertadores se agravó más por haber cumplido su vida útil, que en varias oportunidades ocasionó accidentes que lamentar, el más reciente accidente fue el trágico despiste de una unidad de la empresa de transportes CIVA, ocasionando la pérdida de vidas humanas (17 personas) y heridos de consideración (18).

Antes de dicho accidente, la congresista Palacios ya venía realizando acciones. El 29 de febrero de 2024 solicitó al Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) la declaratoria del estado de emergencia en las carreteras de Ayacucho, con el fin de movilizar recursos y acciones urgentes.
El 13 de marzo del 2024, solicitó al MTC un informe pormenorizado del mantenimiento de las vías de carácter nacional e interregional que conectan las vías en el departamento de Ayacucho; asimismo, en esta misma fecha, la congresista Palacios, convocó a una mesa técnica de trabajo con Provías Descentralizado, motivada por su constante preocupación por el impacto del deterioro y las recientes lluvias estaba sufriendo la infraestructura vial de la región, en dicha mesa técnica, se abordó se el estado del contrato, los plazos de la obra vial, el presupuesto y los avances de los trabajos de mantenimiento, así como las acciones preventivas y la respuesta de emergencia ante un posible colapso de la plataforma vial. Su objetivo fue alertar y dejar en evidencia las deficiencias y retrasos que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios de las carreteras.

Tras estas gestiones, el 24 de abril de 2024, la congresista Margot Palacios, presentó el proyecto de Ley N° 07679, que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la reconstrucción del asfaltado de la carretera doble vía Los Libertadores. Esta ley es clave para viabilizar la asignación de recursos públicos y garantizar el financiamiento de las obras de rehabilitación y mantenimiento.
LA AUSENCIA DE OSCORIMA
El 25 de marzo de 2024 se realizó una mesa de trabajo para discutir la situación de la Vía Libertadores a la cual asistieron funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el director de Gestión Vial, y el jefe de la Unidad Zonal de Ica; para brindar declaraciones sobre el impacto del deterioro agravada también por las fuertes precipitaciones fluviales en la vía Los Libertadores, el estado actual del mantenimiento, el presupuesto y avance físico de los trabajos, la evaluación de riesgos y desafíos, la identificación y priorización de áreas que requieren intervención inmediata, y el desarrollo de planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Uno de los ausentes a esta reunión de urgencia fue el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, y el director regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, Beltrán Barzola Ayala, quienes – simplemente – no asistieron a la reunión.

Cabe resaltar que la congresista Palacios no se detuvo allí. El 9 de mayo de 2024, solicitó la citación urgente del Ministro de Transportes y el director de Provías Nacional ante el Congreso, exigiendo que rindan cuentas sobre la inacción en el mantenimiento de la vía Libertadores, cuyo deterioro podría afectar el éxito de los próximos Juegos Bolivarianos a realizarse en Ayacucho.
Además, el 16 de mayo de 2024, Palacios reiteró su solicitud mediante el oficio N° 659 -2023-2024-MPH citando a las autoridades del sector Transportes, en busca de información detallada sobre los contratos, arbitrajes, desembolsos y presupuestos destinados al mantenimiento de esta crucial arteria vial.
Producto de estas solicitudes, el ministro de Transportes y Comunicaciones fue citado para el día lunes 27 de mayo a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, donde responderá un cuestionario de preguntas referente a la vía Los Libertadores.
EL CONSORCIO SANTA GABRIELA
Cabe recordar que el consorcio de Santa Gabriela ganó el proceso de licitación para la construcción de la vía de los Libertadores, motivo por el cual se le dio un adelanto de 18 millones. La empresa en mención, invirtió hasta junio del 2023, apenas 8 millones, para luego interponer una medida cautelar en el cual se ha podido evidenciar que la ejecución del consorcio Santa Gabriela solo construyo 41,21 km, faltando ejecutarse 79,79 km.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional, actualmente solo le da mantenimiento de bacheo a la parte faltante de la carretera a través de administración directa. Es decir, esta entidad del estado solo viene haciendo los trabajos de mantenimiento en la vía Los Libertadores con una temporalidad de cada tres meses.

La evidente incapacidad del gobernador regional de Ayacucho frente a los problemas surgidos en la ejecución del proyecto, resalta la importancia de la intervención de la congresista Margot Palacios para impulsar soluciones efectivas y asegurar el avance de las obras de rehabilitación y reconstrucción de esta vital arteria vial para la región de Ayacucho y otros departamentos.
La persistencia y determinación de la congresista Palacios Huamán a través de un cronograma de acciones articuladas en abordar esta problemática, está demostrando su compromiso inquebrantable con el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la zona.
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FENTAGRO denuncia intoxicación masiva y falta de prevención en empresa agroexportadora de Ica

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO) de Perú denunció este viernes 7 de noviembre un nuevo caso de intoxicación laboral que habría afectado a más de 50 trabajadores de la empresa Exportadora Frutícola del Sur – Grupo Athos, en el departamento de Ica. Según el pronunciamiento sindical, los afectados realizaban labores de cosecha de arándanos destinados a la exportación y fueron evacuados de emergencia a los hospitales Augusto Hernández y Félix Torrealva de ESSALUD debido a la gravedad de los síntomas, como se puede observar aquí: https://www.facebook.com/share/v/172mVeVSQn/
El gremio sindical señaló que este incidente se suma a una serie de accidentes laborales graves ocurridos en la misma empresa durante el último año, entre ellos la pérdida de extremidades por parte de trabajadores. FENTAGRO advierte que estos hechos evidencian un incumplimiento sistemático de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como una deficiente fiscalización por parte de las autoridades competentes. En su comunicado, la organización acusa a la empresa de no proporcionar equipos de protección ni capacitaciones adecuadas en seguridad laboral.
Ante esta situación, FENTAGRO solicitó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aumentar el número de inspectores en la región Ica, donde actualmente —según la federación— solo existen seis inspectores y quince auxiliares. El sindicato exigió además sanciones ejemplares para las empresas que incumplen las normas de seguridad, reiterando que “la exportación no debe significar exponer la vida ni la salud de los trabajadores”.
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Poder Judicial inicia proceso oral contra militares acusados de ejecutar a seis miembros de una familia en Ayacucho

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho ha logrado que se disponga el inicio del juicio oral contra los exmilitares Wilfredo Mori Orzo, Said Amand Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes por su presunta responsabilidad en el delito de crimen de lesa humanidad en la modalidad de asesinato, ocurrido en marzo de 1985 en la zona de Chungui, provincia de La Mar (Ayacucho). Según la imputación fiscal, los acusados actuaron como autores mediatos al ordenar la detención y ejecución extrajudicial de una familia conformada por un padre, una madre y sus cuatro hijos —de edades de 1, 7, 9 y 11 años—, sin orden judicial y tras sindicaciones por presunta colaboración con la organización subversiva Sendero Luminoso.
Las víctimas fueron trasladadas a la base militar de Chungui, donde, según la acusación, se les ejecutó mediante disparos de arma de fuego en la cabeza, a pesar de encontrarse en absoluta indefensión. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa ubicada aproximadamente a 190 metros de la base, en la quebrada de Chuschihuaycco.
En su momento, familiares y sobrevivientes denunciaron que esa práctica respondía a una política represiva sistemática diseñada desde altos mandos militares para eliminar presuntos enemigos del Estado, argumentación que la Fiscalía pone en el centro de su acusación.
Para los deudos de la familia y otros habitantes de Chungui la decisión de llevar el caso a juicio oral representa un paso fundamental hacia la justicia. El engranaje procesal avanza luego de décadas de impunidad, y los familiares han expresado que esperan que la instancia garantice “verdad, justicia y reparación” integral. Ahora el caso está programado para su trámite ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual deberá examinar la prueba documental, pericial y testimonial sobre la imputación.
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Comunidades de Chumbivilcas denuncian amenaza del proyecto minero Crespo

Cusco, 5 de noviembre de 2025 | Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, denunciaron que el proyecto minero Crespo, operado por Apumayo S.A.C., pone en riesgo el glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás, fuentes de agua vital para más de 15,000 personas en distritos como Santo Tomás, Llusco y Quiñota. Acusan al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Cultura (MINCUL) de omitir funciones al aprobar el proyecto sin estudios suficientes sobre los impactos ambientales y culturales, según un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Los representantes exigen la nulidad de los permisos y la declaración de la zona como intangible, considerando el cerro Curasma un sitio sagrado.
El conflicto, que se intensifica desde febrero de 2025 con protestas y alertas comunitarias, refleja tensiones por la falta de consulta previa y antecedentes de contaminación, como el derrame de una poza de Apumayo en 2024. La empresa niega la presencia de glaciares activos y asegura cumplir con la normativa, mientras que el Estado ha promovido mesas de diálogo sin resultados concretos. Los dirigentes, han anunciado una movilización para el 11 de noviembre para presionar por una respuesta inmediata.
“Exhortamos al Estado a que no espere que se genere cualquier acontecimiento para que nos puedan escuchar”, declaró un representante de Ccollpa Ccasahui, comunidad afectada. La movilización busca visibilizar la amenaza a los recursos hídricos y culturales, en un contexto donde la minería representa el 60% de las exportaciones peruanas, pero enfrenta crecientes demandas por sostenibilidad. Las autoridades locales y el gobierno central aún no han emitido un pronunciamiento oficial tras la denuncia de hoy.
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