La ofensiva israelí en Gaza, intensificada desde octubre de 2023, ha provocado un desplazamiento forzado de 1.9 millones de palestinos, el 90% de la población, según la ONU. Órdenes de evacuación, como la del 6 de octubre de 2024, han empujado a miles hacia zonas superpobladas como Al-Mawasi, sin acceso a refugio, agua o alimentos. Organismos como Amnistía Internacional denuncian estas evacuaciones como transferencias forzosas, un crimen de guerra, y acusan a Israel de imponer condiciones de vida que constituyen genocidio, según un informe de la ONU que identifica cuatro de los cinco actos genocidas de la Convención de 1948.

Países como Qatar, con $1,300 millones invertidos desde 2012, y Alemania, con 70 millones de euros en 2025 para proyectos de agua, han intentado aliviar la crisis, pero el bloqueo israelí, que desde marzo de 2025 impide la entrada de ayuda, ha frustrado estos esfuerzos. La UNRWA, que alberga a 148,000 desplazados en 116 refugios, no ha recibido suministros en cinco meses, mientras UNICEF lucha por proveer agua y apoyo a niños desplazados. La falta de acceso humanitario ha llevado a una hambruna generalizada, con 1,373 muertos cerca de sitios de distribución de alimentos desde mayo de 2025, según la ONU.

La comunidad internacional enfrenta críticas por su inacción. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado tres veces desde 2024 que Israel facilite ayuda humanitaria, pero estas órdenes son ignoradas, según Human Rights Watch. Expertos como Francesca Albanese instan a sanciones y embargos de armas, argumentando que la inacción perpetúa un “genocidio en tiempo real”. Mientras miles de palestinos huyen sin destino seguro, la comunidad global debe actuar urgentemente para garantizar el retorno de los desplazados y detener la catástrofe humanitaria.

El acceso a Machu Picchu permanece suspendido debido a bloqueos en la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, iniciados el 14 de septiembre. Las empresas PeruRail y Ferrocarril Transandino detuvieron sus operaciones por seguridad ante obstrucciones con piedras, árboles y excavaciones no autorizadas en el sector de Qoriwayrachina, afectando a cientos de turistas nacionales y extranjeros.

El conflicto surge tras el cambio en la concesión del servicio de buses entre Aguas Calientes y la ciudadela, pasando de Consettur Machupicchu S.A.C. a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó protestas de pobladores y gremios.

Algunos turistas han sido evacuados mediante operaciones coordinadas, mientras otros han usado plataformas artesanales para trasladarse. La Defensoría del Pueblo informó que los bloqueos se suspendieron temporalmente hasta las 08:00 horas del 17 de septiembre para facilitar el traslado de los afectados.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y autoridades locales acordaron un plan de contingencia para resolver la logística del transporte en un plazo de cinco días a partir del 19 de septiembre. Los visitantes pueden reprogramar entradas o solicitar reembolsos, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El impacto económico se estima en más de S/ 2 millones diarios, afectando a miles de negocios turísticos en la región.

La congresista Margot Palacios Huamán, no agrupada, presentó el Proyecto de Ley N° 11385/2024-CR el pasado 30 de mayo, proponiendo un octavo retiro de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/26,750, de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización (CIC) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hoy, durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, Palacios defendió la iniciativa destacando la necesidad de proteger los intereses de los afiliados frente a las restricciones impuestas por la reciente reforma previsional (Ley N° 32123). La congresista criticó la mala administración de las AFP, señalando que, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas han generado pérdidas económicas significativas para los aportantes en los últimos 20 años.

Palacios argumentó que el retiro de fondos es una medida urgente para aliviar la crisis económica que enfrentan millones de peruanos, en un contexto de pobreza monetaria que afecta al 29% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En su exposición, la legisladora enfatizó que el dinero pertenece a los trabajadores y debe estar disponible para cubrir necesidades inmediatas, como salud, educación y alimentación. Además, cuestionó la legitimidad del sistema previsional actual, afirmando que “ha perdido credibilidad” debido a las bajas pensiones que reciben los afiliados, muchas de las cuales no superan los S/600 tras décadas de aportes.

El proyecto de Palacios, que busca superar los límites establecidos por la reforma previsional, se suma a otras 24 iniciativas similares en debate en la Comisión de Economía, que este 17 de septiembre aprobó por mayoría un dictamen para autorizar un retiro de hasta 4 UIT (S/21,400). Aunque el respaldo del Ejecutivo y la presión ciudadana fortalecen la viabilidad de estas propuestas, el BCRP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierten que un nuevo retiro podría dejar a 8.6 millones de afiliados sin fondos para su jubilación, agravando el riesgo de pobreza en la vejez. El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se espera un intenso debate antes de su posible aprobación.