La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el 11 de septiembre de 2025, con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509 presentada contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
La denuncia, formulada por el ex Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, acusaba a Boluarte y a seis exministros – Pedro Miguel Angulo Arana; Luis Alberto Otárola Peñaranda; César Augusto Cervantes Cárdenas; Jorge Luis Chávez Cresta; Víctor Eduardo Rojas Herrera; y Vicente Romero Fernández- de supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual.

El informe detalla que estos hechos ocurrieron durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con un saldo oficial -según el contenido de la denuncia- de 49 personas fallecidas y 250 heridas. El documento fue sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En su exposición, sostuvo que no existen “elementos probatorios irrefutables” que permitan acreditar que los denunciados emplearon la estructura estatal con la intención de causar muertes o lesiones, ni un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados dañosos.

Entre los críticos del informe, la congresista Margot Palacios manifestó que este habría sido elaborado de manera apresurada, con el propósito de impedir que el Ministerio Público profundice la investigación y sancione a Dina Boluarte y sus ministros de Estado. Otros legisladores también cuestionaron que la decisión del Congreso retrase cualquier posibilidad de judicialización hasta después del término del mandato presidencial actual.

Con esta votación, el Congreso archiva formalmente el camino parlamentario para acusar constitucionalmente a Boluarte por estos hechos, aunque el Ministerio Público puede continuar con sus investigaciones enviando eventualmente cargos si encuentra mérito.

El dirigente social Nelson Palomino La Serna denunció que presuntamente se estarían cobrando cupos laborales para acceder a puestos en el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM). Según indicó en declaraciones a radio Studiovraem, una persona identificada como “María” estaría vinculada a estas prácticas y afirmó contar con audios que sustentarían sus señalamientos.

Por otro lado, el exsecretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), Julián Pérez Mallqui, cuestionó la designación de Rogelio Huamani Carbajal como director ejecutivo del PROVRAEM. Aseguró que su nombramiento habría sido “apadrinado” y que la dirigencia actual de la Fepavrae tendría conocimiento de esa situación.

Asimismo, Pérez criticó el rol del sindicato de la entidad, al que acusó de mantener acuerdos con directivos designados. Ante ello, solicitó que la dirigencia de la Fepavrae convoque a una reunión con representantes de la cuenca del VRAEM para evaluar medidas frente a estas presuntas irregularidades.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso el 3 de septiembre de 2025 la liberación de la ex primera ministra Betssy Chávez, tras declarar fundado un recurso de habeas corpus presentado por su defensa. La decisión se basó en la determinación de que la extensión de su prisión preventiva, iniciada en junio de 2023, carecía de fundamentos legales suficientes, vulnerando su derecho a no sufrir detenciones arbitrarias. Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión en relación con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, salió del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos tras más de dos años de reclusión.

La resolución del TC ha generado diversas reacciones. Sectores afines a Chávez, como miembros de Podemos Perú, celebraron el fallo, considerándolo una corrección a excesos judiciales, mientras que congresistas de bancadas como Avanza País criticaron la decisión, argumentando que Chávez tuvo un rol activo en un atentado contra el orden constitucional. La Defensoría del Pueblo destacó la sentencia como un precedente contra detenciones arbitrarias, enfatizando la importancia de respetar los plazos legales en los procesos judiciales.

A pesar de su liberación, el proceso penal contra Chávez continúa. El Ministerio Público, que solicita 25 años de prisión por rebelión, podría presentar un nuevo pedido de prisión preventiva, citando el riesgo de fuga debido al intento de la ex primera ministra de refugiarse en la Embajada de México tras los eventos de 2022. El caso sigue siendo objeto de debate público, reflejando las tensiones políticas y sociales en torno a la justicia en el país.