Lima, 8 de agosto 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori ha desatado un nuevo pulso con los trabajadores del Estado al anunciar acciones de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas en el Congreso anterior. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, confirmó que se impugnarán las normas que otorgan gratificaciones y CTS al régimen CAS, mejoran las pensiones de maestros cesantes, homologan el CAFAE para servidores del régimen 276 en gobiernos regionales y reforman las pensiones de militares y policías. El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la ofensiva no es homogénea. El MEF interpondrá directamente las demandas contra la Ley 32563 (CAS) y la Ley 32424 (CAFAE). En cambio, las impugnaciones a las leyes de pensiones —32581 (maestros) y 32561 (fuerzas armadas y policiales)— ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú, entidad con legitimidad constitucional para actuar en estas materias. El MEF, como ministerio, no figura entre los sujetos habilitados por la Constitución para demandar directamente ante el Tribunal Constitucional.

La ofensiva alcanza a cientos de miles de personas. La Ley 32563 beneficia a más de 350 mil trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, pero el Ejecutivo ya reglamentó el pago de forma gradual: este año equivale al 10 % de la remuneración (mínimo S/300) y subirá hasta el 100 % recién en 2030. El Consejo Fiscal estima un costo anual de S/3.000 millones, lo que ha encendido las alarmas en el MEF.

Esta gradualidad ya provocó el primer choque. El Frente Nacional de Trabajadores CAS (con Derechos), que agrupa a más de 40 sindicatos, denuncia que el reglamento desnaturaliza el espíritu de la ley. Su vocera, Mirelly Ticona, ha criticado abiertamente la decisión del Ejecutivo y el gremio ya anunció movilizaciones para exigir el pago íntegro. Para ellos, no es un tema técnico: es el cumplimiento de un derecho ya reconocido.

La segunda norma, la Ley 32581, equipara la pensión de maestros jubilados con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, unos S/3.300 mensuales. El Consejo Fiscal calcula un impacto anual de S/8.000 millones. El reglamento aún no ha sido aprobado, lo que ha generado reclamos del SUTEP. Su secretario general, Lucio Castro Chipana, ha advertido que sin financiamiento «la norma nace muerta» y ha exigido al Gobierno garantizar el presupuesto.

La tercera controversia es la Ley 32424, que homologa el incentivo CAFAE para administrativos del régimen 276 en regiones, con un costo estimado de S/2.621 millones anuales. Organizaciones como FENTRAGORES, CITE Perú, FENUTTSA y FENSUTACE han sostenido mesas técnicas con el MEF y defienden la homologación. El Congreso modificó en marzo pasado algunos artículos y estableció un nuevo plazo para su reglamentación.

La cuarta norma, la Ley 32561, reordena las pensiones de militares y policías. El Consejo Fiscal estima su impacto en S/46.000 millones en valor presente —compromisos futuros, no un desembolso anual—. Fue aprobada por insistencia del Congreso, tras ser observada por el Ejecutivo, y contó con el impulso del congresista José Cueto, quien la defendió como una reforma de largo plazo.

El MEF insiste en que el Estado no puede asumir compromisos sin respaldo financiero. El ministro Cuba advierte que, sin correctivos, el déficit fiscal podría saltar de 1,8 % a 3 % del PBI desde 2027, con efectos sobre la deuda pública y el riesgo país. Pero los trabajadores plantean otra pregunta: ¿puede hablarse de sostenibilidad cuando el Estado mantuvo durante años regímenes desiguales y funciones permanentes sin los mismos derechos? El caso CAS es paradigmático: fue el expresidente José María Balcázar quien promulgó la ley en marzo de 2026, y ahora el Gobierno fujimorista busca tumbar su constitucionalidad.

El escenario es, así, una batalla por los límites de los derechos laborales y previsionales. El Ejecutivo invoca la responsabilidad fiscal; los sindicatos defienden leyes ya aprobadas y advierten que el equilibrio presupuestario no puede ser excusa para postergar sus reivindicaciones. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, los gremios ya han dejado claro que no aceptarán que el costo del ajuste recaiga sobre sus derechos. La confrontación, advierten, podría volver a las calles en las próximas semanas.

Lima, 3 de julio 2026.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) encendió las alarmas tras advertir que el Ejecutivo evaluaría impulsar cambios que afectarían derechos laborales, luego de conocerse la filtración de un presunto documento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) relacionado con un pedido de facultades legislativas.

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, reconoció que el reciente anuncio del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y de la Pensión 65 representa un avance, pero sostuvo que resulta insuficiente frente al alza del costo de vida. Afirmó además que estas medidas son producto de las movilizaciones sindicales realizadas durante las últimas semanas.

Según el dirigente, el documento filtrado plantearía reformas que podrían flexibilizar el despido, limitar derechos sindicales y revisar los días de descanso con el argumento de elevar la productividad. Advirtió que dichas medidas podrían afectar especialmente a trabajadores sindicalizados.

La central sindical recordó el impacto de las reformas laborales aplicadas durante la década de 1990 y exhortó a la clase trabajadora a mantenerse organizada y en permanente vigilancia frente a cualquier iniciativa que implique una reducción de derechos conquistados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el contenido del documento mencionado por la CGTP. Tampoco se ha presentado públicamente un proyecto de ley con las modificaciones señaladas, por lo que las afirmaciones corresponden a la posición expresada por la organización sindical.

La Habana, 31 de julio 2026.- El Gobierno de Cuba anunció la implementación progresiva de un amplio paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, consideradas por analistas como la reforma más profunda del modelo económico cubano desde el triunfo de la Revolución en 1959. Durante la clausura del VII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que las medidas buscan fortalecer el socialismo, ampliar los espacios para la iniciativa económica y preservar las conquistas sociales, descartando que respondan a exigencias de Estados Unidos o a una transición hacia el capitalismo.

El mandatario sostuvo que las reformas son el resultado de una decisión adoptada «de manera colegiada y democrática, en consulta con el pueblo», y precisó que 120 de las 176 medidas ya están listas para su aplicación. Entre los principales cambios figuran una mayor autonomía para las empresas estatales, la ampliación de las actividades permitidas al sector privado, nuevos incentivos a la inversión nacional y extranjera, así como transformaciones en la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos. Al mismo tiempo, reiteró que no habrá privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni de los servicios considerados esenciales para el Estado.

Díaz-Canel atribuyó buena parte de la crisis económica que atraviesa la isla al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, las cuales calificó de «bloqueo económico y cerco energético». Según explicó, las restricciones impuestas por Washington, incluida una orden ejecutiva emitida este año para sancionar a países que suministren combustible a Cuba, habrían limitado severamente el abastecimiento energético nacional, agravando los apagones y las dificultades para el funcionamiento de la economía. Estados Unidos, por su parte, denomina a estas medidas un embargo económico y sostiene que forman parte de su política de sanciones contra el Gobierno cubano.

Diversos organismos internacionales y la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas han cuestionado durante años las sanciones estadounidenses por su impacto sobre la economía y la población cubanas. No obstante, especialistas y centros de investigación coinciden en que la actual crisis responde también a factores internos, entre ellos la baja productividad, el deterioro de la infraestructura, la limitada capacidad de generación de divisas, la reducción del turismo, la inflación, la caída de la producción agrícola y las rigideces acumuladas del modelo económico estatal.

En ese contexto, numerosos economistas consideran que las reformas representan una apertura significativa hacia mecanismos de mercado dentro del sistema socialista, con características que algunos comparan con los procesos desarrollados en China y Vietnam. Sin embargo, el Gobierno cubano insiste en que el propósito no es instaurar un modelo capitalista, sino modernizar la economía bajo la conducción del Estado y del Partido Comunista, manteniendo el control sobre los sectores estratégicos y la garantía de los servicios públicos universales.

Respecto a las relaciones bilaterales, Díaz-Canel reiteró la disposición de La Habana para mantener un diálogo con Washington basado en el respeto mutuo y la soberanía de ambos países, aunque rechazó que las reformas económicas constituyan una concesión frente a la política estadounidense. Hasta el momento, no existe evidencia pública de que las 176 transformaciones hayan sido acordadas como condición en las conversaciones entre ambos gobiernos, aunque diversos analistas sostienen que la severidad de la crisis económica y el endurecimiento de las sanciones han creado un escenario que aceleró la necesidad de introducir cambios estructurales.

Las reformas cubanas se desarrollan en un momento de alta complejidad económica y geopolítica para la isla. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una actualización soberana del modelo socialista para garantizar su sostenibilidad, sectores académicos y observadores internacionales consideran que su éxito dependerá de la capacidad para incrementar la producción, atraer inversiones, mejorar la eficiencia del aparato estatal y reducir el impacto combinado de las restricciones externas y de los problemas estructurales internos que afectan desde hace varios años a la economía cubana.