Estados Unidos ha ejecutado en septiembre una serie de ataques militares contra embarcaciones venezolanas en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico ¿Con qué derecho?. El primer operativo, ocurrido el 2 de septiembre, dejó once muertos tras el hundimiento de una lancha rápida que, según Washington, estaba vinculada al grupo criminal Tren de Aragua. Desde entonces, se han registrado al menos otros tres ataques, con más fallecidos y la destrucción de nuevas embarcaciones, lo que ha despertado preocupación en América Latina, incluida la región andina.

Diversos gobiernos y organismos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones, señalando que Estados Unidos no cuenta con autorización internacional para hundir embarcaciones en aguas internacionales ni para aplicar castigos letales sin debido proceso. El presidente colombiano, Gustavo Petro, incluso ha pedido una investigación penal contra altos funcionarios estadounidenses, mientras organizaciones civiles advierten que estas operaciones violan principios básicos del derecho internacional y ponen en riesgo a pescadores y comunidades caribeñas.

El trasfondo político es evidente: la administración Trump utiliza la llamada “guerra contra las drogas” como excusa para intensificar la presión militar sobre Venezuela y proyectar fuerza en la región. Lejos de resolver el problema del narcotráfico, los ataques generan un clima de intimidación y abren la puerta a una escalada de tensiones que puede impactar también a países vecinos como Perú, que mantiene vínculos comerciales y migratorios con Venezuela. Con este accionar, Washington reaviva un escenario de injerencia que amenaza con desestabilizar aún más el continente.

Nueva York, 24 de septiembre de 2025 – La presidenta Dina Boluarte desató un escándalo diplomático al burlarse del presidente estadounidense Donald Trump durante un foro del Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en Nueva York. «Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay», afirmó, aludiendo al megapuerto de US$1.300 millones operado por Cosco Shipping, inaugurado en noviembre de 2024, que ha generado tensiones con EE.UU. por la creciente influencia China. El comentario, grabado por TV Perú y viral en X con miles de interacciones, fue calificado como «imprudente» por analistas, en un contexto donde Washington evalúa aranceles del 60% a mercancías que pasen por Chancay, según Bloomberg.

La mandataria, cuya aprobación cae al 5% según el IEP, agravó el papelón al invitar a 20 empresarios iberoamericanos a invertir en un Perú “estable”, ignorando las protestas masivas de la Generación Z que desde el 13 de septiembre exigen la derogación de la Ley N.º 32123 de AFP —que beneficia a bancos privados con comisiones del 1,5% en un país con 70% de informalidad laboral (INEI)— y su vacancia por corrupción. Boluarte minimizó las marchas, que dejaron 20 heridos por represión policial el 20-21 de septiembre, y las 60 muertes de 2022-2023, atribuyéndolas a “narrativas falsas” de narcotráfico y minería ilegal, mientras audios del premier Eduardo Arana evidencian vínculos con delincuencia.

Este incidente, sumado a su interrupción en la ONU por exceder el tiempo, expone la desconexión de un régimen que prioriza giras internacionales —20 días fuera en 2025— sobre una crisis interna con 205 homicidios en agosto (INEI) y protestas juveniles inspiradas en movimientos como el de Nepal. Con una nueva marcha convocada para el 27 y 28 de septiembre, expertos como Omar Coronel advierten que la burla a Trump y la negación de la realidad nacional hunden la credibilidad de Boluarte, proyectando un 2026 de mayor conflicto si no hay rectificación.

El gobierno de Daniel Noboa ha profundizado su apuesta por el modelo neoliberal con la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde septiembre de 2025. El precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, una medida presentada como clave para ahorrar 1.100 millones de dólares anuales y cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la decisión ha detonado protestas masivas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto a gremios de transportistas y trabajadores.

Aunque el Banco Central del Ecuador (BCE) reportó un crecimiento del 3,9 % en el primer semestre de 2025, el Banco Mundial proyecta que la economía cerrará el año con apenas 1,9 %, lo que evidencia la fragilidad de un modelo que prioriza el pago de deuda externa sobre las necesidades sociales. Las compensaciones anunciadas —9,2 millones de dólares para transportistas y 78 millones para agricultores— resultan insuficientes frente al incremento del costo del transporte y de la canasta básica, golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

La aparente mejora económica contrasta con el aumento de la deuda pública, que alcanzó los 83.256 millones de dólares en enero de 2025, un 6 % más que en 2024. El FMI estima un crecimiento del 1,7 % y una inflación del 1,3 % para este año, pero las cifras no reflejan el costo social: una contracción del 2 % en 2024, un estado de excepción en ocho provincias, 24 detenciones y denuncias de represión policial. Las protestas han incluido bloqueos de carreteras y una marcha de más de 100.000 personas en Cuenca, mientras el gobierno endurece su discurso y amenaza con sanciones bajo cargos de “terrorismo”.

Analistas describen el modelo de Noboa como autoritario y extractivista, pues privilegia los intereses externos sobre el bienestar de la población y consolida una economía dependiente y desigual. Pese a contar con reservas internacionales por 8.451 millones de dólares a agosto de 2025, el Ejecutivo se niega a revertir la eliminación del subsidio, lo que podría escalar el conflicto hacia un paro nacional indefinido.

La crisis ecuatoriana, seguida con atención en países vecinos como Perú, constituye una alerta sobre los riesgos de aplicar políticas neoliberales que, al ignorar las demandas populares, amenazan la estabilidad regional y perpetúan la pobreza. Se hace cada vez más urgente, advierten especialistas, avanzar hacia un modelo económico inclusivo y soberano.