Ayacucho, jueves 15 de enero 2026.- La ciudad de Huamanga del histórico departamento de Ayacucho, fue escenario de un multitudinario y festivo encuentro popular donde la congresista Margot Palacios Huamán oficializó su candidatura al Senado Nacional por el partido Juntos por el Perú, con el número 8. El evento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y esperanza, con la presencia de sus dirigentes y simpatizantes provenientes de Junín, Huancavelica, Apurímac y de las once provincias ayacuchanas.

Organizaciones campesinas, sindicatos de trabajadores, juventudes universitarias, frentes sociales y colectivos culturales se dieron cita al encuentro político para expresar su respaldo a la lideresa ayacuchana. Durante su intervención, Palacios agradeció el acompañamiento masivo y reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al pueblo, impulsando una agenda basada en la justicia social, la soberanía nacional y el fortalecimiento de la educación pública gratuita y de calidad.

En un discurso cargado de emoción, la congresista destacó sus raíces en el Perú profundo y señaló que su postulación al Senado Nacional representa la continuidad de una lucha histórica por la recuperación de la patria y una representación política honesta y coherente. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y consignas de apoyo, reflejando el vínculo cercano que mantiene con las bases populares.

El acto político tuvo también un carácter simbólico al concretarse la juramentación del Comité Regional de Apoyo y de los Comités Provinciales, quienes acompañarán su candidatura durante el proceso electoral general 2026. Este paso marca el inicio de una etapa de organización y movilización popular en Ayacucho, con el pueblo como protagonista activo de su campaña.

Asimismo, resaltó su compromiso con la juventud y la educación, recordando su labor parlamentaria en favor de la creación de universidades tecnológicas en diversas regiones del país. Con el respaldo del movimiento popular y el número 8 en la lista de Juntos por el Perú, su candidatura se proyecta como una opción representativa del sur andino y de amplios sectores del país rumbo al Senado Nacional.

¿Quién es Margot Palacios Huamán?

Margot Palacios es una política peruana, nacida en el histórico departamento de Ayacucho, sur del Perú, congresista de la República para el periodo 2021–2026, identificada con la izquierda popular democrática y las luchas sociales del Perú profundo. Profesional de las Ciencias de la Comunicación y servidora pública del Estado, ha desarrollado su trayectoria política con un fuerte vínculo a las organizaciones populares y sociales, campesinas y juveniles, priorizando la defensa de los derechos de los pueblos andinos, amazónicos y sectores históricamente excluidos de las grandes ciudades del país.

Durante su labor parlamentaria, se ha destacado por impulsar una agenda centrada en la justicia social, la soberanía nacional, la descentralización y el fortalecimiento de la educación pública, promoviendo la creación de universidades tecnológicas en diversas regiones del país, defendiendo los derechos fundamentales de las comunidades campesinas y nativas, fiscalizando la gestión gubernamental a nivel nacional y subnacional. Fue actora clave en la defensa de la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 2021, votando en contra de la vacancia de Pedro Castillo y denunciando a nivel nacional e internacional la represión y las muertes perpetradas por el régimen de Dina Boluarte.

Su perfil político se caracteriza por una postura crítica frente al sistema político capitalista y el modelo neoliberal vigente en Perú y algunos países de Latinoamérica, a la desigualdad y la corrupción, así como por su coherencia con los principios y valores del movimiento popular del campo y la ciudad, y su compromiso con una representación política desde el pueblo y para el pueblo.

Lima, 16 de enero de 2026 – Cientos de motociclistas se concentraron esta tarde en la emblemática Plaza San Martín, en el corazón del Centro Histórico de Lima, como parte de una manifestación pacífica pero enérgica contra las nuevas medidas regulatorias anunciadas por el Gobierno. La movilización, convocada por diversas asociaciones del gremio, incluyó una marcha que partió de puntos como el Campo de Marte y avanzó hacia el centro de la capital, generando importante congestión vehicular en avenidas principales. Los participantes, en su mayoría repartidores, trabajadores independientes y conductores informales, expresaron su rechazo a lo que consideran medidas discriminatorias que afectan su principal fuente de ingresos.

El foco principal de las demandas es el rechazo al decreto supremo anunciado recientemente por el Ejecutivo, que busca prohibir nuevamente el transporte de más de un acompañante en motocicletas (limitando a conductor + un pasajero). Voceros del sector, como representantes de colectivos similares a los que lideraron protestas en 2025, argumentaron que esta restricción vulnera sus derechos laborales y económicos. “Para el Estado soy un ciudadano de segunda categoría. Pago mis impuestos, pero me discriminan y criminalizan mi herramienta de trabajo”, señaló un dirigente en declaraciones recogidas durante la concentración. Los manifestantes recordaron que, aunque la delincuencia utiliza motos en algunos casos, la solución no debe recaer en estigmatizar a todo el gremio.

Otro punto recurrente en los reclamos es la persistencia de normas anteriores, como el uso obligatorio de chalecos reflectantes con número de placa (vigente en Lima y Callao), que ya generó múltiples marchas en 2025. Los motociclistas insisten en que estas disposiciones no han demostrado efectividad real para reducir la inseguridad, sino que solo generan incomodidad, discriminación y perjuicio económico. “El chaleco nos marca como posibles delincuentes, pero los robos siguen ocurriendo igual”, afirmaron varios participantes, quienes exigen diálogo directo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Interior para revisar y derogar estas regulaciones.

La protesta transcurrió de manera pacífica, con fuerte presencia policial resguardando el perímetro de la Plaza San Martín y las vías aledañas. No se reportaron incidentes de violencia ni enfrentamientos, aunque sí una notable afectación al tránsito en el Cercado de Lima durante varias horas. Organizaciones como las que agrupan a repartidores y mototaxistas anunciaron que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, podrían escalar las acciones con movilizaciones nacionales similares a las de mayo y abril del año pasado.

Los motociclistas, que representan una parte esencial de la movilidad urbana en Lima (con un parque vehicular estimado en cientos de miles de unidades solo en la capital), reiteraron su llamado al Gobierno para que priorice medidas integrales de seguridad vial y ciudadana en lugar de restricciones que impactan directamente en la economía de miles de familias. La Plaza San Martín, símbolo histórico de luchas sociales, volvió a ser escenario de estas voces que demandan ser escuchadas.

Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.