Lima, 3 de junio de 2026.– El debate sobre un posible indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo ha vuelto a instalarse en el centro de la agenda política durante el gobierno transitorio de José María Balcázar. Desde febrero de este año, declaraciones ambiguas del mandatario, solicitudes legales presentadas por el entorno del exjefe de Estado y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo han alimentado una creciente incertidumbre en medio del proceso electoral.

La controversia se reactivó incluso antes de la llegada de Balcázar al poder. Un día antes de su elección como presidente de transición, la defensa de Castillo, liderada por Walter Ayala, presentó una solicitud formal de indulto alegando una presunta persecución política. La situación despertó sospechas debido a declaraciones previas del entonces congresista, quien había señalado que una eventual gracia presidencial podría ser evaluada.

Las dudas se intensificaron durante las primeras semanas de gobierno. Mientras el 19 y 20 de febrero el Ejecutivo aseguró que el indulto “no estaba en agenda”, apenas un día después Balcázar afirmó que revisaría cualquier solicitud presentada formalmente. El aparente cambio de posición generó cuestionamientos desde el Congreso y abrió un intenso debate político sobre el alcance de las decisiones de un gobierno cuya principal misión era garantizar la estabilidad y conducir las elecciones generales.

Entre marzo y abril, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia recibió diversas solicitudes vinculadas al exmandatario recluido en el penal de Barbadillo. Sin embargo, una de las más relevantes fue declarada inadmisible el 30 de abril por observaciones administrativas y falta de documentación. Pese a ello, nuevos pedidos y gestiones continuaron llegando desde simpatizantes y sectores cercanos a Castillo.

La polémica volvió a escalar el 13 de mayo durante una actividad oficial en Iquitos, cuando Balcázar respondió sobre el tema señalando que cualquier decisión “depende de que presente su solicitud correspondiente”. Paralelamente, reportes periodísticos y versiones difundidas en medios y redes sociales mencionaron presuntas presiones internas y cambios dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales, mientras el Ministerio de Justicia insistía en negar una liberación inminente.

Especialistas consultados sostienen que el principal obstáculo sigue siendo jurídico. La sentencia contra Pedro Castillo aún se encuentra en etapa de apelación y no tiene carácter firme, requisito habitual para un indulto convencional. En ese escenario, cualquier derecho de gracia de carácter humanitario requeriría la acreditación de condiciones médicas excepcionales. Mientras tanto, el gobierno mantiene una posición cautelosa que evita cerrar definitivamente una posibilidad que continúa generando polarización política en la recta final de la transición.

Ciudad de México, 3 de junio de 2026.- A solo ocho días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, México atraviesa un escenario de creciente tensión social y política marcado por protestas magisteriales y nuevos roces diplomáticos con Estados Unidos, factores que generan preocupación sobre el contexto en el que el país recibirá uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Este martes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), considerada el sector disidente del magisterio mexicano, protagonizaron movilizaciones en el centro de Ciudad de México que derivaron en enfrentamientos con fuerzas policiales. Durante las protestas, los manifestantes derribaron e incendiaron al menos dos estructuras promocionales vinculadas al Mundial ubicadas en Paseo de la Reforma, cerca de áreas destinadas a actividades para aficionados.

Los docentes mantienen una serie de exigencias que incluyen un incremento salarial del 100 %, la derogación de la reforma pensionaria de 2007 y el retorno a un sistema de jubilación solidario. El gremio rechaza el aumento del 9 % planteado por el gobierno y ha advertido sobre una posible huelga nacional indefinida, además de nuevas movilizaciones durante el torneo internacional para visibilizar sus demandas.

Ante la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración mantiene canales de diálogo abiertos con la CNTE y aseguró que varias de las demandas han sido atendidas dentro de las limitaciones presupuestarias del Estado. La mandataria reconoció que no existen recursos suficientes para cubrir todos los pedidos sindicales y señaló que durante las protestas hubo actos de provocación, reiterando que la vía para resolver el conflicto será el diálogo.

Paralelamente, el gobierno mexicano elevó el tono de sus cuestionamientos hacia Estados Unidos tras rechazar solicitudes de extradición emitidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Sheinbaum denunció lo que calificó como intentos de injerencia extranjera y afirmó que asuntos internos del país deben resolverse exclusivamente por los mexicanos.

En medio de este escenario, especialistas advierten que la combinación de conflictos sociales internos y tensiones diplomáticas podría impactar la imagen internacional de México en su condición de sede compartida del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la organización del torneo avanza según lo previsto y que las mesas de negociación entre autoridades y representantes del magisterio continúan activas para evitar nuevas crisis en la antesala del evento.

Lima, 1 de junio de 2026.- A seis días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, presentó este lunes un equipo técnico multidisciplinario integrado por 124 profesionales y dio a conocer un nuevo documento programático denominado “Un Nuevo Proyecto para el Perú”, el cual será la base de una eventual gestión gubernamental.

La actividad se realizó en el local de campaña de JP en el Centro de Lima, un día después del debate presidencial. Durante su intervención, Sánchez diferenció esta propuesta del plan presentado en la primera vuelta y afirmó que se trata de “el plan con el que realmente gobernaremos”, elaborado sobre la base de un “nuevo pacto económico y social”.

El anuncio se produce en medio de una estrategia orientada a ampliar el respaldo político de cara al balotaje. Tras obtener su principal votación en el sur andino con una agenda centrada en cambios estructurales, la candidatura busca ahora acercarse a sectores de centroizquierda, independientes y votantes moderados en un escenario de alta polarización política.

El documento, dividido en ocho ejes, identifica problemas como la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y las dificultades de gobernabilidad. Entre sus principales propuestas destaca impulsar un proceso democrático para una nueva Constitución, cuya modalidad sería definida por la ciudadanía mediante mecanismos como referéndum o una asamblea constituyente.

En materia económica, el plan plantea una “economía mixta” con énfasis en la economía popular, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPES), el impulso del mercado interno y la inversión privada bajo regulación estatal. Asimismo, incorpora referencias a la estabilidad macroeconómica y una posición más pragmática frente a los acuerdos internacionales vigentes.

Respecto a seguridad ciudadana, propone derogar normas que, según el planteamiento, favorecen al crimen organizado, impulsar una reforma estructural de la Policía Nacional, fortalecer los sistemas de inteligencia y construir cinco nuevas megacárceles. También plantea ampliar el acceso a salud y educación, reforzar programas sociales y acelerar la descentralización e inversión regional.

El equipo técnico presentado reúne especialistas y exministros en áreas como economía, salud, educación y desarrollo regional. Entre las figuras más visibles se encuentran Pedro Francke, Hernando Cevallos, Anahí Durand, Manuel Rodríguez Cuadros, Gustavo Guerra García y Ernesto Zunini. Mientras sus aliados consideran que la propuesta apunta a garantizar gobernabilidad, sectores de izquierda han expresado críticas al considerar que algunas posiciones representan una moderación respecto al discurso inicial de campaña.