Barcelona 18 de abril 2026.– En el marco de la Cumbre Global Progresista 2026 (GPM2026), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha elevado el tono de su discurso en relación con Israel, planteando la necesidad de revisar de manera profunda los vínculos del país con la Unión Europea ante la situación en Oriente Medio.

Durante su intervención principal, Sánchez defendió que Europa debe actuar con mayor firmeza frente a lo que calificó como incumplimientos del derecho internacional, y señaló que mantener relaciones privilegiadas con Israel resulta incompatible con los principios fundacionales del bloque comunitario. En ese contexto, instó a considerar medidas que incluyan su exclusión de ciertos marcos de cooperación europea.

El mandatario español subrayó que la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil deben situarse en el centro de la política exterior europea, especialmente ante la crisis en Gaza. “No se puede mirar hacia otro lado”, afirmó, insistiendo en que la credibilidad de la Unión Europea depende de la coherencia entre sus valores y sus acciones.

En paralelo, Sánchez mantuvo encuentros con líderes internacionales afines, con quienes coincidió en la necesidad de reforzar el multilateralismo y avanzar hacia una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Estas reuniones consolidan un bloque de países que presionan por cambios en la política global hacia el conflicto.

España, que en los últimos meses ha incrementado su protagonismo diplomático, también reiteró su apoyo al reconocimiento del Estado palestino como parte de una solución de dos Estados. Esta postura, sin embargo, sigue generando divisiones dentro de la Unión Europea, donde no existe una posición unificada.

Con este planteamiento, el Gobierno español busca influir en la agenda europea y acelerar un debate interno sobre los límites de sus relaciones exteriores, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones y una fuerte presión política sobre las instituciones comunitarias.

Los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 90% de actas procesadas, muestran un escenario de alta fragmentación política. En el plano legislativo, varias organizaciones ya superan la valla electoral del 5%, lo que les permitiría obtener representación en el Congreso. Fuerza Popular encabeza las preferencias con alrededor de 17%, seguida por otras agrupaciones que se mantienen por encima del umbral mínimo.

Entre los principales partidos que estarían pasando la valla destacan el liderado por Keiko Fujimori con aproximadamente 17% de los votos; así como las fuerzas vinculadas a Roberto Sánchez con cerca de 12% y Rafael López Aliaga con alrededor de 11.9%. Otras agrupaciones se ubican entre el 6% y 8%, consolidando su ingreso al Parlamento. Las proyecciones indican que estos porcentajes variarían levemente, manteniéndose dentro de esos rangos al cierre del conteo.

En la contienda presidencial, Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, lo que prácticamente asegura su presencia en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (≈12%) y Rafael López Aliaga (≈11.9%), quienes mantienen una diferencia mínima dentro del margen estadístico. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre quién acompañará en el balotaje.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa evaluando actas observadas y recursos de nulidad. Este proceso será determinante para oficializar tanto a los partidos que superan la valla electoral como a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, una vez concluya el escrutinio total.

En este contexto, el país se encamina a una definición ajustada, con una segunda vuelta aún abierta y un Congreso fragmentado. Pero, casi definido a que Juntos por el Perú liderado por Roberto Sánchez obtenga su pase a la segunda vuelta electoral, como ya lo habíamos advertido en las notas anteriores a las elecciones generales del 12 de abril.

El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.

La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.

En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.

Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.

En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.

Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.

En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.