Golpe en marcha. La moción para remover a los magistrados fue admitida a debate en el pleno con 69 votos a favor del fujicerronismo y sus satélites. La Junta de Portavoces acordó que el debate de la destitución será este viernes a las 3 p.m.

El Pleno del Congreso admitió a debate la moción de orden del día para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones.

Los votos de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País y Renovación Popular, otra vez, fueron determinantes para admitir este pedido.

Con ello, la Junta de Portavoces fue convocada de inmediato para definir cómo será el debate. La destitución de los magistrados será deliberada este viernes a las 3 p.m. Cada consejero tendrá 15 minutos para ejercer su defensa y el tiempo de intervención de las bancadas será de dos horas en el hemiciclo.

Para remover a los miembros de la Junta, necesitan de 87 votos a favor. Para ello, los promotores de este golpe deben conseguir los votos de la izquierda y de los investigados en el caso Los Niños.

Los promotores
La moción, como se sabe, fue presentada por Renovación Popular, por iniciativa de los congresistas Alejandro Muñante y Jorge Montoya, tras la suspensión de la fiscal Patricia Benavides del cargo de titular del Ministerio Público.

La JNJ suspendió a la abogada debido a que está investigada como presunta líder de una organización criminal, conformada también por su exasesor Jaime Villanueva. Los chats de WhatsApp de Villanueva que salieron a la luz demuestran cómo desde la Fiscalía de la Nación se tejió una red con algunos parlamentarios para capturar el sistema de justicia.

Defienden a su fiscal
Así quedó reflejado cuando el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sustentó su pedido de destitución contra los consejeros. Muñante, su colega de bancada, sostuvo que no hay argumentos sólidos para demostrar la existencia de una organización criminal liderada por la fiscal Benavides.

El congresista no agrupado Alex Flores le recordó que el exasesor Jaime Villanueva lo menciona en una de sus conversaciones de WhatsApp.

Los legisladores de izquierda Alex Flores y Víctor Cutipa alegaron que la suspensión de la fiscal Benavides responde a que es urgente que ella se someta a una investigación con garantías. “Estamos hablando de una exfiscal que habría incurrido en actos de organización criminal”, recordó Cutipa.

La propuesta de Renovación Popular señala que la JNJ no respetó el debido proceso para suspender a la abogada Benavides.

Cutipa recordó que la fiscal fue citada a rendir su versión, pero en esa misma audiencia se retiró sin dar declaraciones.

Es incierto si los magistrados serán removidos, pues los defensores de la exfiscal de la Nación necesitan dos tercios del total de los votos para lograr su cometido.

Al cierre de esta nota, según fuentes parlamentarias, los legisladores que apoyaron la admisión al debate del pedido de Renovación Popular se encontraban en la sala Francisco Bolognesi analizando cómo obtener los 87 votos.

Se encuentran esta vez contra el reloj: el 15 de diciembre vence la legislatura.

Aprovechan crisis para sus contrarreformas
Lo que sí consiguieron previamente es un nuevo golpe contra la educación universitaria al ampliar hasta el 2025 el plazo para que los docentes universitarios sin especialización puedan conseguir un posgrado, y mientras eso, seguir dictando cátedra. Esta contrarreforma también contó con el aval del fujicerronismo.

Organismos internacionales rechazan esta amenaza
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado peruano “que todos los procedimientos que puedan resultar en las destituciones de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”. Indicó que los controles políticos de las personas operadoras de justicia “basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas resultan contrarios a las garantías de independencia”.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia (Cejil) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) indican: “Alertamos a la comunidad internacional de que la remoción masiva e inmediata de los miembros de la JNJ, sin permitirles ejercer su derecho de defensa ni observar un debido proceso, es un ataque institucional prohibido por derecho internacional”. Supone “un quiebre al orden constitucional”.