Las movilizaciones del 24 de octubre reunieron a jóvenes y organizaciones sociales que cuestionan la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y los incendios forestales. En Lima, la Policía impidió que la marcha avanzara por la avenida Abancay, mientras que en Arequipa los manifestantes exigieron medidas de prevención y atención a las comunidades afectadas.

Lima, 24 de octubre de 2026.- Jóvenes, estudiantes y colectivos sociales salieron a las calles el sábado 24 de octubre para expresar su rechazo a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno frente a la crisis ambiental. Las protestas, vinculadas a la convocatoria de la denominada Generación Z, también incluyeron cuestionamientos políticos a Keiko Fujimori y demandas de mayor atención a los problemas que afectan a la población.

En la capital, los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín desde las 4 de la tarde y recorrieron calles del Centro Histórico. Durante la movilización, avanzaron por vías como el jirón de la Unión y la avenida Grau, con dirección a la avenida Abancay. En ese sector, efectivos policiales impidieron que la marcha continuara hacia las inmediaciones del Congreso de la República. Los participantes expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron respuestas concretas de las autoridades.

La convocatoria también tuvo repercusión fuera de Lima. Reportes periodísticos mencionaron movilizaciones o convocatorias en Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Puno y otros departamentos. Entre las principales preocupaciones estuvieron la inseguridad, la crisis ambiental y la exigencia de una mayor intervención estatal.

AREQUIPA: PROTESTA TAMBIÉN POR LOS INCENDIOS FORESTALES

En Arequipa, jóvenes vinculados a la Red de Juventudes de Arequipa (RUJA), estudiantes, familias y otros ciudadanos fueron convocados a concentrarse en la plaza España. Además de la preocupación por la inseguridad, sus demandas se centraron en la prevención de incendios forestales, la protección de la flora y fauna y la atención a las comunidades perjudicadas.

David Calizaya, identificado en los reportes periodísticos como vocero de la Generación Z en Arequipa, cuestionó la respuesta de las autoridades ante los incendios y planteó la necesidad de investigar sus causas. Entre las demandas difundidas por los organizadores figuraron la creación de una comisión investigadora en el Congreso y medidas de apoyo y reparación para las poblaciones afectadas.

JULIACA: CONTINÚAN LOS RECLAMOS POLÍTICOS Y DE JUSTICIA

En Juliaca, Puno, familiares de personas fallecidas durante las protestas de enero de 2023 y dirigentes locales expresaron el viernes 23 de octubre su rechazo a la anunciada visita de Keiko Fujimori. Según un reporte de prensa, Fujimori no acudió a la actividad prevista y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, asistió en su lugar. Este episodio refleja la continuidad de los reclamos políticos y de justicia en la región, aunque corresponde a un hecho anterior y distinto de las movilizaciones convocadas para el sábado 24.

En otras ciudades también se difundieron convocatorias y expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad y la atención de los problemas regionales. Sin embargo, es necesario distinguir entre las marchas cuya realización fue reportada y aquellas de las que solo se difundieron anuncios previos. Tampoco corresponde atribuir automáticamente todas las protestas regionales a una misma organización.

DEMANDAS QUE EXIGEN RESPUESTAS CONCRETAS

Las movilizaciones pusieron en primer plano una agenda que combina el rechazo a la inseguridad ciudadana con la preocupación por los incendios forestales y la exigencia de una respuesta estatal más efectiva. Los participantes cuestionaron la actuación de las autoridades y reclamaron medidas que atiendan tanto las necesidades de Lima como las de las regiones.

El desarrollo de estas protestas plantea al Gobierno el reto de responder a las demandas ciudadanas mediante acciones verificables, transparencia y diálogo, respetando el derecho a la manifestación pacífica. La dimensión nacional de la jornada deberá precisarse con información local y balances oficiales que permitan establecer la participación y las incidencias registradas en cada ciudad.

El fuego amenaza comunidades, bosques y cultivos, mientras persisten interrogantes sobre el presupuesto ejecutado, la magnitud de la ayuda y los recursos desplegados. El Gobierno anunció apoyo aéreo y asistencia agraria, pero la información pública consultada no permite establecer cuánto dinero se destinó específicamente a los damnificados ni cuánto se ha gastado hasta el momento.

Lima, 13 de octubre de 2026.- Perú enfrenta una nueva emergencia ambiental. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones y 334 focos de calor. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 35 incendios activos y 16 controlados. La diferencia entre ambos registros dificulta establecer un balance nacional único y actualizado, mientras el fuego continúa amenazando territorios rurales y comunidades indígenas.

Pérdidas humanas y territorios afectados

Los reportes periodísticos sitúan en diez el número de personas fallecidas por incendios forestales durante 2026. Las pérdidas materiales incluyen viviendas destruidas, cultivos afectados, pastizales quemados y ganado muerto. Un balance difundido por el COEN contabilizó 8.599 hectáreas de cobertura natural afectadas, aunque otras estimaciones nacionales y regionales presentan cifras superiores. Estas diferencias requieren una consolidación oficial que permita dimensionar los daños y calcular las necesidades de recuperación.

En Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, comunidades asháninkas enfrentan las consecuencias del fuego. Los reportes disponibles señalan aproximadamente 350 hectáreas de bosque y 80 hectáreas de cultivos afectados, diez viviendas destruidas y alrededor de 50 familias perjudicadas. La pérdida de áreas forestales, terrenos agrícolas y recursos naturales compromete la economía familiar y la seguridad alimentaria de estas poblaciones. La emergencia plantea, además, la necesidad de proteger territorios indígenas cercanos a espacios naturales de conservación.

Dos helicópteros y un avión: ¿cuánto cuesta la respuesta?

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció el despliegue de dos helicópteros equipados con helibaldes en Cusco y un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea del Perú para apoyar las operaciones contra el fuego. La Presidencia informó sobre estas medidas el 11 de octubre, con prioridad en Cusco y Junín. Sin embargo, la información oficial consultada no precisa las horas de vuelo contratadas o utilizadas, el costo operativo de las aeronaves, el combustible consumido ni el número total de descargas efectuadas. Tampoco ofrece un consolidado del personal movilizado, los equipos terrestres y los recursos logísticos empleados.

La falta de un monto consolidado no demuestra que el Estado carezca de presupuesto para responder. El problema es que, con la información pública localizada, no se puede determinar cuánto dinero se ha comprometido, cuánto se ha devengado o pagado ni qué proporción corresponde a cada región. El Decreto Supremo N.° 069-2026-PCM, que actualiza el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 para 2026, establece que las intervenciones se financian con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esa disposición no equivale a un balance del gasto ejecutado durante la emergencia actual.

Ayuda agraria: anuncios sin balance integral

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante Agro Rural y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), contempla acciones de apoyo a productores afectados, con insumos agrícolas, semillas y recursos para la alimentación del ganado. No obstante, para evaluar el alcance real de estas medidas se necesita conocer cuántos kits, pacas de heno, kilogramos de semillas y otros bienes fueron entregados efectivamente, en qué localidades, a cuántas familias y con qué costo unitario y total. Los anuncios de entregas programadas no deben contabilizarse como ayuda recibida.

Tampoco se dispone, en las fuentes consultadas, de un inventario nacional consolidado de viviendas que serán reconstruidas, hectáreas que recibirán apoyo para su recuperación, animales que serán repuestos o familias que accederán a asistencia económica directa. En consecuencia, no es posible establecer si los bienes anunciados cubren las necesidades identificadas. La publicación de padrones de beneficiarios, actas de entrega, cantidades distribuidas y presupuestos por intervención permitiría verificar la cobertura y evitar que la ayuda quede únicamente en anuncios institucionales.

Comunidades en primera línea y prevención pendiente

En varias zonas, los pobladores, las brigadas comunales, los bomberos y las autoridades locales participan directamente en las labores de contención. Los reportes sobre Río Tambo advierten dificultades para responder a incendios en territorios de difícil acceso. Esta participación resulta fundamental, pero debe acompañarse de equipos adecuados, capacitación, protección para los brigadistas y mecanismos de asistencia inmediata para quienes pierden sus viviendas y medios de vida.

La quema de pastizales y vegetación figura entre los principales factores humanos asociados a estos siniestros. La sequía, la falta de lluvias y los vientos pueden facilitar la propagación del fuego. Aunque el país cuenta con el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, la magnitud de los daños obliga a examinar no solo las operaciones de emergencia, sino también los recursos destinados a prevención, vigilancia, equipamiento y recuperación ambiental. Sin información presupuestaria comparable, resulta difícil evaluar la eficacia del gasto público.

La emergencia deja una exigencia concreta al Ejecutivo: publicar un balance verificable de los recursos movilizados, el gasto ejecutado y la ayuda entregada por región. Ese informe debería incluir los costos de las operaciones aéreas y terrestres, el número de equipos y efectivos desplegados, las cantidades de bienes distribuidos, las familias atendidas y los compromisos pendientes. Mientras continúen los incendios, la población necesita saber no solo qué acciones anuncia el Gobierno, sino también qué recursos utiliza, a quiénes llegan y qué resultados producen.

La disputa por las cabeceras de cuenca en Ayacucho lleva dos años en una mesa técnica, pero los compromisos estatales acumulan retrasos. En Putka, la actividad minera continúa bajo cuestionamiento de las organizaciones agrarias, mientras la protección de Razuhuillca permanece en trámite. El último reporte de la Defensoría registra el caso sin avances durante agosto de 2026.

Ayacucho, 22 de setiembre de 2026.- El conflicto socioambiental de Huanta no se limita a una controversia entre agricultores y operadores mineros. Desde el 25 de septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo registra la exigencia de la población civil y de organizaciones agrarias para paralizar actividades mineras en las zonas altas y proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. El caso comprende los distritos de Chaca y Huanta y permanece activo.

La importancia del territorio en disputa está relacionada con la función hídrica de Razuhuillca. El sistema de abastecimiento de Huanta se alimenta de un conjunto de cuerpos de agua ubicados en la parte alta de la cuenca del río Huanta, entre ellos Pampaccocha, Yanaccocha, Piscoccocha, Chacaccocha y otros cuerpos asociados. SEDA Ayacucho identifica al sistema Razuhuillca como una fuente de abastecimiento para la provincia y describe una red de aproximadamente 15,9 kilómetros desde la zona alta hasta la infraestructura de tratamiento.

Putka: el punto crítico de la actividad minera

La actividad minera en Putka, distrito de Chaca, es uno de los principales focos de la controversia. La propia Defensoría registra que las organizaciones sociales demandan la paralización de los operadores mineros y la adopción de mecanismos que eviten la contaminación del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. En enero de 2026, según la información proporcionada para este informe, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental verificó la existencia de bocaminas en el sector, entre ellas una denominada “Minería Joselito FC”.

El conflicto adquiere una dimensión adicional porque la controversia no involucra únicamente a la minería formal. En reportes anteriores, la Defensoría describió el caso de Huanta como una disputa vinculada a actividades mineras formales e informales próximas a la cuenca de Razuhuillca y señaló la preocupación por la protección de las cabeceras de cuenca.

Dos años de mesa técnica y pocos resultados

La respuesta institucional se ha canalizado principalmente mediante una mesa técnica en la que participan la Federación Agraria Campesina, Indígenas y Nativas de la Provincia de Huanta (FANCINPH), el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, comisiones de usuarios, regantes y agricultores, además de la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Ayacucho. La agenda incluye fiscalización, protección de cabeceras de cuenca y una eventual área de conservación.

El problema aparece al revisar el cumplimiento de los compromisos. Para febrero de 2026 se acordó que la ANA respondiera a la FANCINPH, realizara una reunión técnica sobre la Resolución Directoral N.° 0918-2025-ANA y trabajara mecanismos de protección de las cabeceras. También se encargó a la Dirección Regional de Energía y Minas gestionar resoluciones para paralizar las operaciones mineras de Putka. El último reporte defensorial disponible señala que estos compromisos registraron “sin avances durante el mes” de agosto.

El área de conservación sigue sin concretarse

Una de las principales demandas es la creación del Área de Conservación Regional Razuhuillca. Sin embargo, debe distinguirse entre una propuesta de conservación y un área natural protegida oficialmente creada. El SERNANP establece que las ACR son áreas administradas por los gobiernos regionales y que su establecimiento está sujeto a un procedimiento específico de evaluación.

En el caso de Razuhuillca, la documentación de la mesa técnica contempla que el Gobierno Regional de Ayacucho presente la delimitación y coordenadas de la propuesta, mientras las organizaciones sociales asumieron el compromiso de presentar una propuesta de área de conservación. En el reporte correspondiente a agosto de 2026 no aparece registrado un avance que permita considerar concluido ese proceso.

La brecha entre el anuncio político y el trámite administrativo

La disputa también expone la distancia entre los anuncios de las autoridades y los procedimientos que efectivamente determinan qué actividades pueden continuar. En agosto de 2024, durante la escalada inicial del conflicto, la Defensoría pidió al Ejecutivo una mesa de alto nivel debido al paro y al bloqueo de vías provocado por las protestas contra las actividades mineras en la cordillera de Razuhuillca.

La experiencia posterior muestra que una declaración política de protección del agua no equivale por sí misma al cierre definitivo de operaciones mineras. Las decisiones dependen de procedimientos administrativos, competencias regionales y nacionales, fiscalizaciones y, en determinados casos, de la evaluación de la autoridad minera nacional. Esa cadena institucional explica parte de la diferencia entre lo anunciado públicamente y lo que finalmente ocurre en el territorio.

Un problema que trasciende Huanta

La disputa de Razuhuillca se inserta en una problemática nacional más amplia: la superposición o proximidad de actividades mineras con fuentes de agua y ecosistemas sensibles. Un informe defensorial sobre pequeña minería y minería artesanal advirtió problemas asociados a la superposición de concesiones con recursos hídricos y señaló que el marco vigente no prohíbe expresamente determinadas superposiciones, lo que puede generar conflictos y dificultades de ordenamiento territorial.

Los datos más recientes muestran, además, que la conflictividad socioambiental continúa siendo el principal componente de los conflictos sociales en el país. En agosto de 2026, la Defensoría registró 188 conflictos sociales, de los cuales 138 estaban activos; 84 se encontraban en proceso de diálogo. La institución contabilizó también 187 acciones colectivas de protesta durante ese mes.

Razuhuillca: el conflicto sigue abierto

En Huanta, la discusión ya no gira únicamente alrededor de si existe o no minería en las zonas altas. El punto central es quién garantiza que las actividades económicas sean compatibles con la protección de una fuente hídrica estratégica para la población y la agricultura. Mientras las organizaciones reclaman protección efectiva, las autoridades continúan trabajando mediante mecanismos técnicos y administrativos que, hasta agosto de 2026, no habían producido un cierre definitivo de la controversia.

El dato más relevante del último reporte oficial es precisamente la ausencia de avances. Dos años después de instalada la mesa técnica, la Defensoría mantiene el caso como un conflicto socioambiental activo y registra compromisos pendientes relacionados con la protección de las cabeceras, la fiscalización minera y la propuesta de conservación. En Razuhuillca, el problema no es solamente quién extrae recursos del territorio: es cuánto tiempo puede permanecer sin resolver una disputa sobre el agua que abastece a Huanta.