Lima, 30 enero 2026.- La 3° Movilización por la Educación – BECAS 2026, convocada por la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), se desarrolló el viernes 30 de enero de 2026 en el frontis del Congreso de la República (cruce de Av. Abancay con Jr. Junín, Cercado de Lima), desde las 9:00 a.m. Cientos de jóvenes postulantes a Beca 18, becarios actuales, exbecarios y familias se congregaron de forma pacífica para demandar el financiamiento integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu).

La acción protestó contra el recorte presupuestal que limita las becas nuevas a unas 10.000 plazas —frente a las 20.000 o hasta 38.000 prometidas inicialmente— y el prolongado retraso en la publicación de los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) de noviembre 2025, afectando a más de 100.000 postulantes en situación de vulnerabilidad. Los participantes, muchos con pancartas, banderas de RENAJUV y megáfonos, entonaron consignas como “Con los recursos de las becas no se juega”, “Pronabec no se negocia” y “#JuntosPorLaEducación”.

Líderes de la organización, incluido Anthony Ramos Vargas (presidente de RENAJUV), criticaron el “pase de responsabilidades” entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la falta de transparencia y el silencio oficial. Se entregó un petitorio simbólico al Congreso solicitando la publicación inmediata de la lista de preseleccionados y un aumento urgente del presupuesto para evitar que miles de jóvenes talentosos queden excluidos del acceso a la educación superior.

La marcha transcurrió sin incidentes violentos ni detenciones, concentrándose en la explanada bajo condiciones climáticas adversas. Candidatas al Senado Nacional como Margot Palacios y Mirtha Vásquez destacaron en sus redes la determinación de los manifestantes y la urgencia de respuestas concretas de parte del gobierno, señalando que varias universidades ya cerraron inscripciones mientras persiste la incertidumbre. El gobierno, ante la presión acumulada de esta y marchas previas (diciembre 2025 y 9 de enero frente al MEF y Minedu), reiteró el compromiso de al menos 10.000 becas nuevas para 2026, con la lista de preseleccionados prevista para antes de mediados de febrero —un avance parcial que los organizadores atribuyen directamente a la visibilización generada por las movilizaciones.

Esta fue la tercera concentración consecutiva de RENAJUV en defensa de las becas, enmarcada en una crisis presupuestal donde solo se asignaron cerca de S/50 millones frente a solicitudes mucho mayores. Padres y postulantes enfatizaron que el retraso no es solo técnico, sino una dilación que pone en riesgo la movilidad social de generaciones vulnerables. La protesta generó eco en redes y medios, reforzando críticas al gobierno interino por priorizar insuficientemente la educación en un contexto de desigualdad persistente en el acceso a la universidad.

RENAJUV calificó la jornada como un éxito al mantener el tema en la agenda pública y política, aunque advirtió que la lucha continúa. Los jóvenes no descartan nuevas acciones si no hay anuncios firmes en las próximas semanas. La movilización resalta la demanda colectiva por tratar la educación como un derecho real y no como promesa incumplida, en un Perú donde miles de egresados de secundaria ven truncadas sus oportunidades por barreras económicas y administrativas.

Lima, 18 de enero de 2026 — La capital peruana conmemora este domingo sus 491 años de fundación española, en una jornada que mezcla actos protocolares, actividades culturales y deportivas gratuitas, pero bajo un tono de sobriedad marcado por la suspensión de la tradicional Serenata a Lima en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente vial.

Todo comenzó el 18 de enero de 1535, cuando el verdugo español Francisco Pizarro clavó el rollo en el valle del Rímac para erigir la Ciudad de los Reyes, elegida por su fertilidad, proximidad al puerto del Callao y trazado en damero español sobre el paisaje prehispánico. El nombre indígena Limaq (deformado a Lima) prevaleció sobre la denominación oficial, dando inicio a una urbe que se convertiría en capital del Virreinato más rico de América, resistiendo terremotos como el de 1746, invasiones de otros imperios y la ocupación chilena de 1881.

Sin embargo, a lo largo de casi cinco siglos, el centralismo limeño se consolidó como una estructura agobiante que concentra poder político, económico y administrativo en la capital, atrayendo recursos y población del interior de Perú. Hoy, con más de 10.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Lima representa cerca de un tercio del padrón electoral nacional y recibe la mayor parte del presupuesto nacional, perpetuando críticas por desigualdad territorial real y brechas que alimentan percepciones de que el país “no funciona para la mayoría”, según encuestas recientes, pero según datos oficiales, planteando escenarios de cambios urgentes por los nuevos habitantes de este territorio de fundación española.

Esta vez, la celebración se ve opacada por la inseguridad galopante, considerada una de las peores épocas desde la implementación del sistema y su modelo económico desigual. En los primeros días de enero de 2026 ya se registran decenas de muertes violentas, con Lima liderando las cifras de homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, un estudio de Ipsos revela que el 73% de los limeños vive con miedo a la delincuencia, y el 48% no se siente a gusto en la ciudad, un deterioro drástico que coincide con protestas de transportistas y comerciantes exigiendo medidas efectivas al Estado.

A 491 años de su fundación, Lima enfrenta su paradoja histórica: una metrópoli diversa que se reinventa diariamente para mantenerse habitable, pero atrapada entre su legado fundacional, el peso del centralismo y la urgencia de combatir una criminalidad originada en sus estructuras económicas que amenaza su vitalidad cotidiana. Hoy, entre la carrera Lima Corre 10K, pasacalles multiculturales, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala, la capital se mira a sí misma con orgullo y preocupación real, recordando que su historia no es solo de resistencias pasadas, sino de desafíos presentes que demandan respuestas urgentes, cambios urgentes para dar fin a las grandes desigualdades como factores de sus grandes males que podrían tocar la puerta más temprano que tarde.

Lima, 06 de enero 2026.- El 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y, de manera particularmente alarmante, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Esta medida, publicada en El Peruano, transfiere las investigaciones a fiscalías especializadas bajo el argumento de optimizar recursos y unificar la persecución penal. Sin embargo, expertos y representantes de víctimas coinciden en que representa un grave debilitamiento institucional, especialmente en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde al menos 49 civiles perdieron la vida por represión policial y militar.

El Eficavip, creado en marzo de 2023, era el único equipo dedicado exclusivamente a investigar las muertes y lesiones graves en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo episodios como la masacre de Juliaca (18 fallecidos en un solo día) y Ayacucho. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que muchas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con uso excesivo de fuerza letal. La disolución de este equipo dispersa las carpetas fiscales, elimina la coordinación especializada y genera riesgos de dilaciones procesales, en un contexto donde las investigaciones ya avanzaban lentamente y enfrentaban estancamientos en la responsabilidad de altos mandos.

La decisión de Gálvez no es aislada: él mismo fue investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto —cuyo equipo también se desactiva—, por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial que incluyó audios comprometedores con César Hinostroza. Aunque Gálvez niega cualquier implicancia y califica el caso como «una invención», su restitución en 2025 por el Tribunal Constitucional y su rol actual como fiscal interino generan un evidente conflicto de intereses. Esta sombra de parcialidad se extiende al Eficavip, donde abogados de deudos como Juan José Quispe denuncian que la medida busca «proteger» a altos mandos policiales y al Ejecutivo, instalando un «manto de impunidad».

Reacciones no se han hecho esperar. José Ugaz advierte que la desactivación favorece a investigados con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2026, mientras Silvana Carrión lamenta el debilitamiento de la lucha anticorrupción. Para las víctimas de las protestas, es «un día negro para el Ministerio Público», como lo calificó Quispe, pues muchas investigaciones ni siquiera alcanzan tres años y ahora corren riesgo de prescripción o archivo. Aunque Gálvez deslinda responsabilidad personal y promete continuidad en subsistemas especializados, la pérdida de equipos autónomos implica menor especialización y mayor burocracia.

En un país marcado por la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, esta reestructuración no solo cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que envía un mensaje preocupante: las vidas perdidas en 2022-2023 podrían quedar sin justicia plena. Urge una supervisión independiente para garantizar que las investigaciones no se diluyan, y que las víctimas —y no los intereses políticos— sean el centro de la persecución penal.