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Economía
¿Por qué el Estado peruano debe recuperar el sistema ferroviario?

Ferrovías Central Andina (FCCA), empresa privada que opera el Ferrocarril Central del Perú, desde que fue concesionada por el Estado peruano en 1999 a finales de la dictadura del Alberto Fujimori, cuyos principales accionistas son: ADR Inversiones SAC, Juan Olaechea y Cía. SRLtda., Desarrollo Ferroviario CO., Inversiones Andino SA, y Cía. de Minas Buenaventura SAA.
Habría solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una adenda a su contrato de concesión para garantizar ingresos mínimos anuales y extender su control hasta el 2044. De confirmarse, esta propuesta implicaría que, si la venta de pasajes a S/3 no cubre las expectativas de rentabilidad de la empresa, el Estado peruano –es decir, los contribuyentes– debería cubrir la diferencia con fondos públicos. Este esquema, que traslada el riesgo empresarial al erario nacional mientras asegura ganancias privadas, refleja un modelo de concesiones que ha generado críticas en el Perú por priorizar el lucro privado sobre el bienestar de los peruanos. Es hora de preguntarnos: ¿por qué seguimos cediendo activos estratégicos como el sistema ferroviario a empresas que operan solo si se les garantiza rentabilidad? La respuesta apunta a una solución: el tren debe volver a manos del Estado para convertirse en un servicio público rentable al servicio del bien común.
El sistema ferroviario peruano, incluyendo sus vías y estaciones, fue construido y mantenido históricamente con fondos públicos, como se detalla en los registros del MTC y la historia de Ferrocarriles del Perú. Estos activos son parte del patrimonio nacional y tienen un valor estratégico para conectar el interior del país, dinamizar economías locales y garantizar el acceso al transporte, especialmente en zonas donde las alternativas son limitadas. Sin embargo, bajo el modelo de concesión actual, regulado por contratos como el de Ferrovías (firmado en 1999 para el Ferrocarril Central Andino), una empresa privada puede operar un servicio público mientras traslada riesgos financieros al Estado. Este modelo no es exclusivo del ferrocarril; casos como los peajes de Lima o el aeropuerto de Chinchero han mostrado cómo las asociaciones público-privadas (APP) pueden generar beneficios desproporcionados para privados a costa del erario, según informes de la propia Contraloría General de la República.
Recuperar el control estatal del sistema ferroviario no es una idea utópica, sino una necesidad estratégica. Ejemplos internacionales, como el Metro de Santiago en Chile, gestionado por una empresa estatal, o los sistemas ferroviarios mixtos en Europa, muestran que la administración pública puede ser eficiente si se implementa con transparencia y planificación. Un ferrocarril estatal en el Perú permitiría fijar tarifas accesibles, priorizar rutas que conecten comunidades marginadas y alinear el sistema con una estrategia nacional de desarrollo, como se plantea en el Plan Nacional de Transporte del MTC. En lugar de operar bajo la lógica del lucro privado, incluso de interés foráneo, el tren podría ser un motor de inclusión social, llevando progreso a departamentos donde el transporte público es precario.
No obstante, la estatización enfrenta desafíos. La gestión de empresas estatales en el Perú, como Petroperú o Sedapal, ha sido criticada por ineficiencias y casos de corrupción, según reportes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, pero es igual o mejor que las empresas privadas con pocos mecanismos de transparencia y control. Recuperar la concesión de Ferrovías podría implicar costos legales, como indemnizaciones, y requeriría una inversión significativa para modernizar la infraestructura, que, según el MTC, lleva décadas sin mejoras sustanciales. Una alternativa viable sería un modelo mixto, donde el Estado retenga el control de las vías y estaciones, licitando la operación a privados bajo regulaciones estrictas que garanticen tarifas accesibles y calidad en el servicio.
Lo que no podemos permitir es perpetuar un modelo donde el lucro privado se subsidia con recursos públicos. Si los reportes sobre la adenda de Ferrovías son ciertos, el MTC debe rechazar cualquier propuesta que priorice ganancias privadas sobre el interés público. El tren Chosica-Lima, y el sistema ferroviario en general, debe ser un servicio eficiente, accesible y al servicio de todos los peruanos.
El Redactor
Economía
Keiko Fujimori declara S/1,13 millones ante la Contraloría: S/1,016 millones figuran en «otros»

La presidente registra S/1’016,123.31 en el rubro “otros”, principalmente asociado a ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Como candidata declaró solamente un Subaru valorizado en S/115,998.
Lima, 25 de agosto de 2026.- La presidente Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría General de la República un patrimonio total de S/1’132,121.31 al inicio de su gestión, según su primera declaración jurada de ingresos, bienes y rentas como jefa de Estado.
El documento registra S/115,998 en el rubro bienes y S/1’016,123.31 en “otros”, categoría que comprende principalmente ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Además, Fujimori consignó ingresos mensuales de S/35,568 provenientes del sector público.
¿Qué declaró como candidata?
El contraste adquiere relevancia porque en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026, Fujimori declaró como bien mueble un Subaru Forester, adquirido en 2017, valorizado en S/115,998. No registró bienes inmuebles a su nombre.
En esa misma declaración consignó S/271,853.45 de ingresos correspondientes al año 2024, provenientes del sector privado.
La diferencia entre los S/1’132,121.31 declarados actualmente y los S/115,998 correspondientes al vehículo es de S/1’016,123.31. Sin embargo, esta diferencia no puede interpretarse automáticamente como un incremento patrimonial irregular, debido a que las declaraciones responden a formatos y categorías diferentes.
El millón está registrado como “otros”
El principal elemento que requiere seguimiento es el rubro “otros”, donde la actual declaración ante Contraloría registra S/1’016,123.31.
Las fuentes públicas consultadas señalan que esta categoría comprende ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Sin embargo, la información pública no permite identificar todos los detalles de las cuentas o instrumentos financieros involucrados.
Por ello, con la información disponible no es posible afirmar que se trate de dinero adquirido recientemente ni atribuirle un origen irregular.
El antecedente de 2011
La comparación con su última declaración como congresista ofrece otro dato relevante. Al culminar su periodo parlamentario en 2011, Fujimori declaró S/117,500 en bienes y S/603,700 en el rubro “otros”, por un total de S/721,200.
La pregunta pendiente
El dato que requiere mayor explicación pública no es únicamente el monto total declarado, sino la composición y origen de los S/1’016,123.31 registrados actualmente en “otros” y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales anteriores.
La información publicada por la Contraloría permite conocer los montos generales, pero no todos los detalles de los activos financieros declarados.
Pulso27.com considera que la transparencia patrimonial de los altos funcionarios debe permitir a la ciudadanía comprender no solo cuánto se declara, sino también cómo está compuesto el patrimonio y cómo evolucionó entre una declaración y otra.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha incorporado una explicación de la presidenta Keiko Fujimori sobre la composición específica del monto registrado en el rubro “otros”.
Economía
Transportistas de Lima y Callao anuncian paro del 25 de agosto contra extorsión y sicariato

Lima, 20 de agosto de 2026.- La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización del transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las propuestas que aseguran haber presentado.
El reclamo: seguridad para trabajar
Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.
Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.
Una violencia que ya deja víctimas
La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.
Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.
El paro todavía puede evitarse
La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.
El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.
Actualidad
Ministro Elmer Cuba genera rechazo por plantear reducción de ministerios

Lima, 18 de agosto de 2026.- El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, genera rechazo por sus declaraciones sobre las lluvias que afectan a Lima y por confirmar que el Gobierno evalúa reducir el número de ministerios. El titular del MEF señaló que podrían fusionarse dos o tres carteras, mientras sectores políticos cuestionan sus expresiones frente a la emergencia que afecta a familias de Lima Sur.
Cuba sostuvo que las lluvias ocurren en distintas ciudades del mundo y pidió no exagerar por las inundaciones registradas en la capital. Sus declaraciones fueron cuestionadas debido a los aniegos que afectan sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde vecinos han enfrentado acumulación de agua, dificultades para desplazarse y afectaciones en sus viviendas y calles.
La controversia aumentó luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori cuestionara la posición de su ministro. La mandataria sostuvo que Cuba no estaría considerando la magnitud de los daños, las pérdidas materiales y el dolor que vienen soportando las familias afectadas por las lluvias.
En medio de esta polémica, Cuba confirmó que el Ejecutivo evalúa fusionar dos o tres ministerios pequeños con otras carteras. Según explicó, no se trataría de eliminar las funciones del Estado, sino de redistribuirlas dentro de una estructura gubernamental diferente para buscar una administración más eficiente.
La propuesta, sin embargo, abre un debate mayor: ¿reducir ministerios hará realmente más eficiente al Estado? La reorganización podría implicar modificaciones en competencias, presupuestos y estructuras administrativas, por lo que cualquier decisión requeriría una evaluación técnica y política antes de convertirse en una reforma concreta.
El titular del MEF precisó que la reducción de ministerios todavía se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una decisión definitiva ni una prioridad inmediata del Ejecutivo. Actualmente, el Gobierno tiene entre sus principales preocupaciones la respuesta frente al fenómeno de El Niño, el abastecimiento y precio de los combustibles y la situación de Petroperú.
La discusión llega cuando el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta sus primeras pruebas de gestión. Mientras el Ejecutivo analiza cómo reorganizar el aparato estatal, las lluvias han puesto nuevamente sobre la mesa problemas estructurales de Lima, como el drenaje urbano, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.
Para sus críticos, las declaraciones de Cuba reflejan una preocupante distancia entre la mirada económica del Gobierno y la realidad cotidiana de las familias afectadas. Para el ministro, en cambio, el debate debería centrarse en qué estructura estatal permite prestar mejores servicios públicos y utilizar mejor los recursos del país.
La polémica deja dos preguntas sobre la mesa: ¿la reducción de ministerios será una verdadera reforma para hacer más eficiente al Estado o solo una reorganización administrativa? Y, frente a las lluvias que ya afectan a miles de ciudadanos, ¿está el Gobierno preparado para demostrar que puede responder con eficiencia cuando la emergencia golpea directamente a la población?
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