Lima, 15 de agosto de 2026.- La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el fuerte sismo de magnitud 7,7 registrado frente a la isla de Flores, en Indonesia. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis mantiene el monitoreo permanente del evento.

El terremoto ocurrió durante las primeras horas del sábado 15 de agosto y tuvo su epicentro a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una profundidad cercana a los 15 kilómetros.

El movimiento sísmico generó inicialmente una alerta de tsunami en sectores de Indonesia. Sin embargo, esta fue levantada aproximadamente tres horas después, luego de registrarse olas inferiores a un metro en algunas zonas del país asiático.

El terremoto sí provocó daños en Indonesia. Reportes posteriores informaron de personas fallecidas y heridas, además de derrumbes, deslizamientos, cortes de electricidad y evacuaciones preventivas. Unos 2.000 habitantes de Nagekeo fueron evacuados de sus viviendas ante el riesgo generado por las réplicas y las condiciones de las edificaciones.

Para el Perú, sin embargo, el escenario es distinto. Tras evaluar los parámetros del terremoto, la Dirección de Hidrografía y Navegación determinó que el evento no genera tsunami en el litoral peruano, por lo que no existe una alerta para las costas nacionales.

La vigilancia está a cargo del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, que tiene la misión de analizar y monitorear los grandes eventos sísmicos que puedan representar una amenaza para el litoral peruano. El sistema permanece operativo para evaluar cualquier variación que pudiera modificar el escenario inicialmente establecido.

La diferencia entre la magnitud de un terremoto y la posibilidad de que genere un tsunami es importante. No todo sismo fuerte produce este fenómeno: también influyen su ubicación, profundidad, mecanismo y el desplazamiento del fondo marino. Por ello, la evaluación técnica de los organismos especializados resulta determinante antes de emitir una alerta.

El terremoto ocurrido en Indonesia vuelve a recordar la importancia de mantener activos los sistemas de vigilancia y alerta temprana en un país como el Perú, ubicado en una zona de elevada actividad sísmica. La población debe atender únicamente los comunicados de las autoridades competentes y evitar difundir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria.

Hasta el momento, el sismo de magnitud 7,7 registrado en Indonesia no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano. La Marina de Guerra mantiene el monitoreo a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación y comunicará cualquier modificación en la evaluación oficial.

Lima, 13 de agosto de 2026. El Gobierno de Keiko Fujimori acaba de crear, mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, con vigencia durante 2026 y 2027. La norma la define como órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones ante el peligro inminente y las etapas de preparación y respuesta. La comisión será presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego e integrada por Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

El problema es que el Perú no carece de instituciones ni de comisiones para enfrentar El Niño. Desde 1977 funciona el ENFEN, organismo científico y técnico permanente encargado de estudiar, monitorear y alertar sobre el fenómeno; además, el país cuenta con el SINAGERD, creado como un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, cuya conducción corresponde a la PCM. La propia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 establece que la prevención y reducción del riesgo deben articular a los distintos sectores y niveles de gobierno.

La experiencia más reciente debería encender todas las alarmas. Después del Niño Costero de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), acompañada de un enorme programa de inversiones. Sin embargo, seis años después, la Contraloría concluyó que el proceso había fracasado en aspectos fundamentales: de unos S/25 mil millones asignados, se habían gastado S/21 mil millones, pero seguían prácticamente pendientes soluciones integrales para las cuencas, defensas ribereñas, represas y reforestación. Más grave aún, de casi 6.000 servicios de control realizados, en 62 % de los casos las entidades no habían tomado acciones correctivas frente a riesgos advertidos.

Y el problema no fue solamente incapacidad de gestión. La Contraloría identificó 845 funcionarios de los tres niveles de gobierno con 1.982 responsabilidades, de las cuales 715 eran de carácter penal, 206 civiles y 1.061 administrativas. Investigaciones periodísticas también documentaron presuntas irregularidades en obras de prevención financiadas por la ARCC; en Piura, por ejemplo, se identificaron 131 funcionarios con presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas y un perjuicio económico estimado en más de S/25,8 millones. Es decir, la reconstrucción dejó una lección incómoda: crear estructuras extraordinarias y movilizar miles de millones no garantiza prevención, calidad ni transparencia.

El balance tampoco mejora cuando se revisa el desempeño más reciente. En julio de 2026, la Contraloría informó que 32 obras vinculadas a la Reconstrucción con Cambios ejecutadas bajo la modalidad Gobierno a Gobierno habían sufrido variaciones de 140,7 % en sus costos y de 332,6 % en sus plazos respecto de lo previsto inicialmente. El antecedente resulta especialmente relevante ahora que el Ejecutivo vuelve a organizar una instancia excepcional para enfrentar El Niño. La pregunta periodística es inevitable: ¿qué mecanismos nuevos de control, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas tendrá esta comisión para impedir que la urgencia vuelva a convertirse en una puerta para sobrecostos, retrasos o responsabilidades que aparecen cuando el desastre ya pasó?

Hay además una alerta institucional que no debería pasar inadvertida. La nueva comisión depende de la Presidencia de la República, pero su conducción efectiva recae en el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que la PCM —ente rector del SINAGERD— no figura como integrante permanente, aunque el presidente del Consejo de Ministros refrenda la resolución. La comisión puede convocar a otros ministros, gobiernos subnacionales y privados, pero esa posibilidad no equivale a una articulación intergubernamental permanente. Esto resulta crítico porque la propia legislación del SINAGERD exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, prevención, reducción del riesgo y participación de actores locales.

La creación de la comisión, por tanto, no es necesariamente una mala decisión; el riesgo está en repetir el modelo de reacción institucional que aparece cuando la amenaza ya está encima. El Gobierno afirma que existen unos 1.900 puntos críticos y que inicialmente priorizará 569, mientras ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y la propia resolución advierte una posible magnitud fuerte y sin descartar un escenario extraordinario hacia finales de 2026. El verdadero examen para Keiko Fujimori no será cuántas comisiones crea, sino si logra convertir información científica en prevención territorial, coordinar efectivamente con regiones y municipios, ejecutar obras técnicamente sólidas, proteger los recursos públicos y evitar que la historia de la Reconstrucción con Cambios vuelva a repetirse. El Perú no necesita otra comisión que llegue después del desastre: necesita un Estado que llegue antes.

Pucallpa, 13 de agosto de 2026.- El paro regional indefinido en Ucayali llegó este jueves a su cuarto día sin una solución a la vista, con bloqueos en distintos tramos de la carretera Federico Basadre, largas colas en los grifos, dificultades para el transporte y creciente preocupación por el abastecimiento de alimentos y otros productos. La protesta, impulsada por el Frente de Defensa de Ucayali, transportistas y organizaciones sociales, comenzó como respuesta al fuerte incremento de los combustibles, pero ha incorporado también demandas vinculadas con infraestructura, salud, seguridad y servicios públicos.

La crisis golpea con especial dureza a Pucallpa porque el combustible es un insumo indispensable para movilizar personas y mercancías en una región amazónica con elevados costos logísticos. Transportistas reportan que el diésel llegó a S/22 por galón, mientras el combustible regular pasó de alrededor de S/16 a S/20 en algunos grifos; otros reportes registran precios todavía mayores en determinados establecimientos. La escasez provocada por los bloqueos ha multiplicado las colas y dejado establecimientos sin atención, agravando un problema que termina trasladándose directamente al bolsillo de las familias.

La situación dejó además una consecuencia especialmente grave: un paciente que era trasladado en ambulancia desde Aguaytía hacia Pucallpa murió durante el trayecto, en medio de los bloqueos. El caso, reportado por EFE y otros medios, expone el límite crítico al que puede llegar una paralización cuando la interrupción de las vías termina comprometiendo el acceso oportuno a servicios de emergencia. La protesta social es un derecho, pero la crisis también está afectando a ciudadanos que no participan de ella y que requieren transitar para recibir atención médica, trabajar o abastecerse.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener la emergencia mediante una mesa de trabajo con autoridades regionales, Petroperú, Osinergmin y otros actores. Entre las medidas evaluadas figura trasladar dos tanques de Aguaytía Energy a Petroperú para ampliar la capacidad de almacenamiento de combustible en la región. Sin embargo, el anuncio todavía no resuelve el problema inmediato de las carreteras bloqueadas ni responde plenamente a la exigencia de los dirigentes, quienes reclaman la presencia de una comisión de alto nivel del Ejecutivo en Ucayali.

La protesta tampoco permanece confinada a Ucayali. En Loreto se reportaron bloqueos en la carretera Iquitos-Nauta y movilizaciones en Nauta contra el incremento de los combustibles, mientras que en otras regiones del país también se registran medidas de fuerza o advertencias de nuevas paralizaciones. No obstante, la situación no es idéntica en toda la Amazonía: en Iquitos, el gremio de choferes negó una convocatoria general a paro y sostuvo que el transporte urbano continuaba funcionando.

El conflicto constituye, además, la primera crisis social de magnitud que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori, apenas 16 días después de asumir la Presidencia. El escenario tiene una particular carga política: Ucayali fue una de las regiones donde Fuerza Popular obtuvo mayor respaldo en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con los resultados reportados para la región, Fujimori alcanzó 52,56 % de los votos válidos, frente al 47,44 % de Roberto Sánchez. Ese respaldo electoral no puede confundirse con apoyo actual o participación de todos esos electores en la protesta, pero sí revela la velocidad con la que las expectativas sociales pueden transformarse en presión contra un gobierno recién instalado.

A esta hora, el principal riesgo es que una crisis inicialmente centrada en el precio del combustible termine convirtiéndose en un conflicto social de mayor alcance, con impactos sobre alimentos, transporte, actividades productivas, servicios esenciales y economía familiar. El Gobierno ha anunciado medidas, pero la población movilizada reclama resultados concretos. Para la administración Fujimori, el desafío no consiste únicamente en garantizar combustible: debe demostrar capacidad de diálogo, anticipación y respuesta frente a una Amazonía que vuelve a advertir que el costo de vivir y producir lejos de Lima no puede seguir siendo trasladado exclusivamente a sus ciudadanos.