El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.

La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.

En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.

Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.

En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.

Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.

En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y su reciente demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio.

Esta acción ha desencadenado un intenso debate sobre el papel del Defensor del Pueblo, la integridad de las instituciones públicas y la lucha contra la criminalidad en el Perú.

La demanda del Defensor del Pueblo podría debilitar los esfuerzos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, pues contraviene tratados internacionales como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida.

El Decreto Legislativo n.° 1373, promulgado con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos graves, se ha convertido en el centro de una controversia que trasciende lo meramente legal para adentrarse en cuestiones de ética pública y gobernanza. La demanda presentada por Gutiérrez no solo cuestiona aspectos específicos de la ley, sino que también pone en tela de juicio la alineación de las acciones del Defensor del Pueblo con el interés público y la seguridad nacional.

La presentación de esta demanda por parte de Gutiérrez, genera suspicacias. El hecho de que admitiera no haber consultado con especialistas externos a la Defensoría para desarrollar el informe y la demanda, levanta cuestionamientos sobre la objetividad y rigurosidad del proceso.

Algunos aspectos controversiales

La naturaleza del Decreto Legislativo n.° 1373, busca combatir la adquisición ilícita de bienes y fondos de procedencia ilegal. La oposición del Defensor a esta ley podría interpretarse como una protección indirecta a las actividades ilícitas.

El Ministerio Público (MP) argumenta que la Constitución no protege la propiedad adquirida ilícitamente, mientras que la posición del Defensor del Pueblo (DP), ignora este principio fundamental, haciendo una interpretación sesgada de la Constitución.

El MP enfatiza que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación, sino una restauración del orden jurídico. La oposición del DP a este concepto podría interpretarse como una falta de comprensión de esta distinción legal crucial.

Mientras el MP sostiene que el proceso no viola este principio, ya que solo aborda situaciones preexistentes de origen ilícito, la posición del DP, malinterpreta la aplicación de este principio en el contexto de la extinción de dominio.

Se subraya que la ley incluye garantías del debido proceso. La demanda del DP subestima estas salvaguardias legales existentes.

El MP advierte que el éxito de la demanda representaría un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica, por ello la acción del DP, nos plantea serias preocupaciones sobre las motivaciones y el impacto de la acción

Cuestionamiento de motivos:

1) La demanda del Defensor genera dudas sobre sus verdaderas motivaciones, especialmente considerando los casos anteriormente mencionados que lo involucran.

2) La acción del Defensor podría interpretarse como un intento de obstaculizar herramientas legales importantes para combatir la criminalidad.

3) La posición del Defensor parece basarse en una interpretación discutible de la Constitución y las leyes, lo que podría indicar una falta de rigor jurídico o una intención deliberada de tergiversar la ley.

4) De prosperar la demanda, podría debilitar significativamente la capacidad del Estado para combatir delitos graves, lo que tendría implicaciones serias para la seguridad nacional.

5) Esta acción del Defensor del Pueblo podría dañar seriamente la credibilidad de la institución que representa, cuyo propósito es proteger los derechos de los ciudadanos, no potencialmente facilitar actividades ilícitas.

6) En conclusión, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra la Ley de Extinción de Dominio parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional. Esta acción, junto con los casos anteriormente mencionados, plantea serias dudas sobre la idoneidad de Josué Gutiérrez para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo y sugiere la necesidad de una revisión urgente de su posición y acciones en este importante cargo público.

Finalmente

La demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra aspectos clave del Decreto Legislativo n.° 1373 sobre Extinción de Dominio representa un momento crítico en la historia reciente del Perú. Esta acción no solo desafía una herramienta legal crucial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sino que también pone de manifiesto preocupantes interrogantes sobre la integridad y las motivaciones de una de las figuras que debería ser garante de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.

El rechazo categórico de esta demanda por parte del Ministerio Público, respaldado por argumentos sólidos basados en el derecho nacional e internacional, subraya la gravedad de la situación. La posición del Defensor del Pueblo no solo parece ir en contra de los intereses de la justicia y la seguridad nacional, sino que también amenaza con socavar años de esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica en el país.

Este episodio sirve como un llamado de atención sobre la importancia de mantener la integridad y la independencia de las instituciones públicas. También resalta la necesidad urgente de reevaluar los mecanismos de selección y supervisión de altos funcionarios públicos, para asegurar que quienes ocupan cargos de tal relevancia actúen siempre en beneficio del interés común y no en función de agendas personales o políticas cuestionables.

En última instancia, el desenlace de esta controversia no solo determinará el futuro de una importante herramienta legal, sino que también pondrá a prueba la solidez del sistema democrático peruano y su capacidad para defender el estado de derecho frente a acciones que podrían comprometer la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

El Directorio de Petroperú presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera la empresa, señalando que requería 2,200 millones de dólares adicionales para su reflotamiento y planteando la necesidad de una «gestión privada» de la empresa estatal. Esta propuesta generó preocupaciones sobre una posible privatización encubierta.

En el Portal institucional de Petroperú se publicaron cinco informes que fueron elaborados por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam, el cual tenía como objetivo reforzar la gobernanza, sostenibilidad financiera y las operaciones a nivel nacional de la compañía, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 023-2022.

Los informes, fueron aprobados por el Directorio y presentados a la Junta General de Accionistas en julio de 2023, así mismo en el mismo espacio virtual están publicadas las acciones de restructuración que aprobó el Directorio de la empresa y que supuestamente se ejecutarían durante el presente año, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 004-2024. (https://petroperu.com.pe/transparencia/plan-de-reestructuracion/)

Entonces ¿Qué paso?

El Directorio de Petro Perú publicó un sorpresivo y alarmante comunicado bajo un informe de la consultora Arthur D. Little/Columbus; planteando la instalación de una administración privada como “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”
El directorio parece tener una visión sesgada y desfavorable hacia la empresa estatal, buscando potencialmente su «remate» a empresas privadas, regalando activos y subsidiando posibles pérdidas.

Por su parte el gobierno, a través del portavoz presidencial, desestimó categóricamente la propuesta de gestión privada y ha asegurado que Petroperú no será privatizada.
Frente a los hechos, por la transparencia de los hechos, el Directorio pleno de Petroperú debe renunciar renuncie debido a su concepto sesgado sobre la empresa estatal y su enfoque limitado, que no considera aspectos cruciales como la seguridad energética.

Ante estos hechos presentados, el directorio de Petroperú ha perdido la confianza del gobierno y su propuesta de gestión privada ha generado dudas sobre sus intenciones. Por lo tanto, se puede argumentar que, en aras de la transparencia y para restablecer la confianza en la empresa estatal, el directorio completo debería renunciar y permitir un nuevo liderazgo que aborde los desafíos de Petroperú desde una perspectiva más equilibrada y acorde con los intereses nacionales.

El Silencio del Gobierno ante una Propuesta Polémica

El directorio de Petroperú presentó el pasado 8 de mayo un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera de la empresa estatal, proponiendo una «gestión privada» como la mejor opción para hacer frente a la crisis. Esta propuesta generó inmediatas sospechas de una posible privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
A pesar de la gravedad de la propuesta y las preocupaciones que suscitó, el gobierno guardó un preocupante silencio durante casi una semana. No fue hasta el 14 de mayo que el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, salió a desestimar categóricamente la propuesta de gestión privada, asegurando que Petroperú no sería privatizada.

Este prolongado silencio por parte del Ejecutivo es inaceptable y genera dudas sobre la transparencia y la defensa de los intereses nacionales en torno a este tema crucial. ¿Acaso el gobierno estaba considerando seriamente la propuesta del directorio? ¿Qué motivó esta demora en tomar una posición clara frente a una iniciativa que amenazaba con entregar un activo estratégico a manos privadas?

Es fundamental que el gobierno brinde una explicación detallada a la ciudadanía sobre los hechos que rodearon esta polémica propuesta. ¿Qué llevó al directorio a plantear esta opción tan controversial? ¿Se realizaron los análisis adecuados para proteger los intereses nacionales? ¿Existieron influencias externas o conflictos de intereses que pudieron haber sesgado la decisión?

Además, el gobierno debe aclarar su posición sobre el futuro de Petroperú y cómo abordará los desafíos financieros y operativos de la empresa sin comprometer su carácter estatal y su importancia estratégica para el país.

La ciudadanía merece respuestas claras y transparencia absoluta en un tema tan sensible como este. El silencio inicial del gobierno y la falta de una estrategia definida para Petroperú solo alimentan la desconfianza y las sospechas sobre posibles intereses ocultos.

Es momento de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y renueve totalmente el Directorio de Petroperú afín de garantizar que los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú serán salvaguardados en cualquier decisión sobre el futuro de Petroperú.